El Gobierno italiano aprueba la reducción del número de provincias de 86 a 51

ROMA.- El Gobierno italiano ha dado luz verde este miércoles a la ley que prevé la reducción del número de provincias del país de 86 a 51 a partir de 2014 con el objetivo de ahorra gastos al Estado, según ha anunciado el ministro de Función Pública, Filippo Patroni Griffi. Según el Gobierno, la medida ahorrará 40 millones de euros al año.

   El consejo de ministros ha aprobado el decreto ley de reforma y con ello se ha puesto en marcha el "proceso irreversible" de reducción del número de provincias, ha explicado. "A partir de enero, y en coherencia con la gobernanza, se reducirán la juntas provinciales", ha indicado el ministro, si bien la supresión definitiva de las provincias tendrá lugar en enero de 2014.

   Según ha explicado Patroni Griffi, en noviembre de 2013 se celebrarán las elecciones para elegir los gobiernos de provincias, que serán "completamente nuevas tanto por sus dimensiones como por sus funciones".

   El objetivo del Gobierno de Mario Monti, además de reducir gastos, es racionalizar competencias como la gestión de las carreteras o de la educación, y además permitirá que algunos ayuntamientos puedan pasar a otra provincia más cercana y con la que tienen mayor afinidad.

   La nueva ley también prevé la creación a partir del 1 de enero de 2014 de las ciudades metropolitanas que sustituirán las provincias de los principales núcleos urbanos del país. En concreto, se constituirán diez ciudades metropolitanas: Roma, Turín, Milán, Venecia, Génova, Bolonia, Nápoles y Reggio Calabria.

Aena pacta con los sindicatos un ERE para un máximo de 1.600 trabajadores

MADRID.- Aena ha firmado con los sindicatos CCOO, UGT y USO un plan de viabilidad que recoge importantes medidas de flexibilidad interna, así como desvinculaciones voluntarias, al que podrán acogerse, hasta el próximo 31 de diciembre, todos los trabajadores del gestor aeroportuario hasta un máximo de 1.600.

En un comunicado, la compañía pública indicó que el plan suscrito con los sindicatos es un expediente de regulación de empleo (ERE) "en una empresa actualmente en pérdidas".

El gestor aeroportuario, que cuenta actualmente con una plantilla que ronda los 15.000 empleados, indicó que la medida "forma parte de las numerosas actuaciones contenidas en el Plan de Eficiencia Aeroportuaria para garantizar su futuro, entre las que destacan una significativa reducción de gastos de explotación, disminución de horarios operativos, rentabilización y optimización de las actuales infraestructuras, así como la fusión de sociedades para evitar duplicidad de costes".

En concreto, se trata de extinciones voluntarias de contrato a las que podrán acogerse todos los trabajadores fijos que se encuentren en activo. La preferencia a la hora de aceptar las solicitudes de bajas las tendrán los empleados de los aeropuertos deficitarios, después los de los Servicios Centrales y finalmente los trabajadores del resto de los centros.

La indemnización general será de 20 días por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades, cuantía que podrá ser incrementado en ocho días, si en el plazo de seis meses el trabajador no hubiera conseguido, a través de un plan de recolocación, encontrar un nuevo empleo.

Además, por su singularidad y mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, aquellos empleados de más de 55 años con una antigüedad mínima de 10 años en la empresa que transcurridos seis meses desde la extinción de su contrato no hayan logrado su recolocación, podrán ver incrementada su indemnización en 11 días adicionales (72% de media del salario total) con respecto al resto de los trabajadores que se acojan al plan.

La compañía indicó que "en ningún caso" se contempla la realización de nuevas contrataciones para la cobertura de las vacantes producidas por la aplicación del plan y que el coste de estas salidas no supondrá la utilización de dinero de los contribuyentes, sino que se asume íntegramente por Aena, toda vez que ésta "no percibe aportación económica alguna de los Presupuestos Generales del Estado".

Además, Aena se ha comprometido con el Ministerio de Empleo a hacerse cargo, cuando entre en beneficios, de las prestaciones por desempleo y las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores mayores de 50 años acogidos a este plan según lo dispuesto en el Real Decreto 1484/2012 de 29 de octubre sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de 50 o más años. 

El gestor aeroportuario es la primera empresa de España que aplicará esta reciente normativa laboral.

En el ámbito de este plan no se producirán jubilaciones anticipadas previstas legalmente para los trabajadores de 61 o 63 años. Así, la empresa financiará los Convenios Especiales con la Seguridad Social a partir de la extinción del contrato de los trabajadores y hasta su jubilación.

Dos investigadoras de la UCLM, premiadas por sus trabajos sobre el azafrán

ALBACETE.- Las investigadoras de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) pertenecientes al laboratorio de Biología y Fisiología Vegetal del Instituto Botánico del campus de Albacete, Ángela Rubio Moraga y Almudena Trapero Mozos, han obtenido el primer y segundo premio, respectivamente, en la categoría de investigadores, en la primera edición del 'Premio Anual.

 Fundación Valeriano González', entidad dedicada al fomento de la investigación sobre el azafrán en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete (ETSIA).

   Estos reconocimientos han sido entregados por el hijo de Valeriano González y presidente de la Fundación, Luis González, en el acto de clausura de las Jornadas del Azafrán 2012 celebradas en el salón de actos de la Diputación de Albacete

   El tema de investigación ha sido'Aplicaciones biomédicas del azafrán y compuestos derivados' y los premios han sido dotados con 2.500 y 1.500 euros. La concesión de estos premios es "una demostración más del apoyo por parte de las empresas del sector del azafrán de la región a la I+D+i", ha señalado el presidente de la Fundación.

   El primer premio ha correspondido a la investigadora y profesora asociada de la Facultad de Farmacia de Albacete Ángela Rubio Moraga con el trabajo 'Saponinas Procedentes del Cormo de Crocus Sativus como Adyuvantes para Vacunas', realizado con la colaboración entre la UCLM y el Ludwig Institute for Cancer Research de la Universidad de Lausanne y publicado en la revista Vaccine en el 2012.

   En este estudio preclínico se muestra una profunda caracterización inmunológica de las saponinas triterpénicas aisladas del cormo del azafrán así como su aplicación 'in vivo' como adyuvantes en vacunas, siendo capaces de incrementar tanto la respuesta inmune humoral como la celular.

   El segundo premio ha recaído en la investigadora de la UCLM Almudena Trapero Mozos con el trabajo 'Caracterización de una Glucosiltranferasa Involucrada en la Formación de soforósidos de Kaempferol y Quercetina en Crocus Sativus', realizado con la colaboración entre la UCLM y el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de la Universidad de Valencia y publicado en la revista Journal of Plant Physiology en el 2012.

   Este estudio se ha caracterizado una glucosiltransferasa aislada de azafrán, que juega un papel en la formación de los soforosidos de flavonoles. Los flavonoides, en particular el kaempferol y la quercetina, son componentes potenciales de una dieta saludable ya que actúan como agentes antioxidantes.

   Los efectos de estos compuestos dependen en gran medida de la actuación de estas glucosltransferasas ya que su absorción intestinal viene determinada en gran medida por la presencia de azucares en su estructura.

Barrios de 13 ciudades españolas, entre ellas Albacete, amanecen "empapeladas" con los sueños de 64 chicos gitanos

ALBACETE.- La Fundación Secretariado Gitano ha "empapelado" barrios de trece ciudades españolas que han amanecido este martes con distintos carteles en los que aparecen los sueños de futuro de 64 chicas y chicos gitanos junto con sus fotografías y el lema 'Gitanos con estudios, Gitanos con futuro'.

   La iniciativa se ha llevado a cabo en Valencia, Murcia, Albacete, Pamplona, Vitoria, Santander, Oviedo, Sabadell, Zaragoza, Valladolid, Madrid, Badajoz y Granada y tiene como objetivo promover entre los chicos y chicas de etnia gitana y su entorno más cercano la importancia de terminar los estudios de secundaria para poder elegir "lo que ser en un futuro", según ha explicado la entidad.

   La fundación asegura que, a pesar de los avances de la población gitana en materia de educación, solamente dos de cada diez adolescentes gitanos que empiezan la educación secundaria logran acabarla. Por ello, la entidad ha considerado "esencial" que la juventud gitana pueda encontrar  referentes que "le demuestren que es posible" terminar los estudios.

   Por otra parte, la campaña incluye una gala que se celebrará el próximo 13 de noviembre y que será presentada por el humorista de Gomaespuma, Juan Luis Cano, para entregar el 'Premio Fundación Secretariado Gitano 2012', que este año recaerá en la eurodiputada gitana, Lívia Járóka, y de los 'Premios FSG. 30 años'.

   Así, la entidad pretende llamar la atención de la comunidad educativa y de las Administraciones públicas para que se impliquen en la labor de paliar las necesidades educativas de la comunidad gitana y para que impulsen medidas que acaben con la "situación de desventaja" de la comunidad gitana, según ha explicado.

Los ciudadanos de Albacete podrán consultar el anteproyecto de Presupuestos en la web municipal

ALBACETE.- El Concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Albacete, Juan Carlos Lopez Garrido, ha informado de que  "en un ejercicio de transparencia y por primera vez en la historia del Ayuntamiento" el Anteproyecto de Presupuestos del Ayuntamiento de Albacete para el ejercicio 2013 está ya a disposición de todos los ciudadanos en la web municipal, www.albacete.es.

   Lopez Garrido ha recordado que es la primera vez en los últimos 25 años que el Gobierno Municipal aprobará los presupuestos antes de que comience el año en el que se van a aplicar, entrando en vigor el próximo 1 de enero del año 2013, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

   El Gobierno Municipal, según el edil, "demuestra así una vez más credibilidad y rigor en la aprobación del presupuesto, y de este modo todas entidades que se relacionen con el Ayuntamiento conocerán con tiempo suficiente y antelación cuales son las aportaciones que se tiene previsto realizar, siendo por primera en la historia el proyecto general de presupuestos público y accesible en la web municipal".

Los entes públicos podrán hacer despidos colectivos con 20 días por año

MADRID.- Los entes, organismos y entidades públicas podrán acogerse al procedimiento de despido colectivo por causas económicas (con indemnizaciones de 20 días por año trabajado) para desprenderse de personal laboral si la Administración Pública de la que forman parte hubiera tenido déficit presupuestario en el ejercicio anterior y si el crédito presupuestario del ente, organismo y entidad afectada se hubiera minorado en un 5% en el ejercicio en curso y en un 7% en los dos ejercicios anteriores.

   A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las reducciones efectuadas en el presupuesto inicial como, respecto al ejercicio corriente, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria, según consta en el reglamento de los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

   El reglamento, en vigor desde este miércoles, describe los pasos a seguir cuando las empresas privadas quieran hacer ERE de extinción (despidos colectivos), de suspensión y de reducción de jornada, y regula además el procedimiento que deberá utilizar el sector público en estos mismos casos y sólo con efectos sobre su personal laboral.

   En cuanto a los ERE del sector público, en el reglamento se especifica que se entenderán que concurren causas económicas cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria "sobrevenida y persistente" para la financiación de los servicios públicos, considerándose que es persistente si se alarga durante tres trimestres consecutivos.

   Se precisa, no obstante, que se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria cuando se den las siguientes circunstancias: que la Administración Pública en la que se integra el departamento, órgano, ente organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario en el ejercicio anterior y "que los créditos del departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores".

   Se podrá iniciar un procedimiento de despido colectivo en el supuesto en el que, en un periodo de 90 días, el despido colectivo afecte al menos a diez trabajadores en aquellos departamentos ministeriales, entes y organismos dependientes de la Administración General del Estado, consejerías de las comunidades autónomas o entes vinculados a las mismas y entidades de la Administración Local que ocupen a menos de 100 trabajadores.

   También se podrá poner en marcha el despido colectivo si los afectados son el 10% de los laborales de una plantilla compuesta por entre 100 y 300 trabajadores o si el número de afectados es de 30 trabajadores en una plantilla de más de 300 trabajadores.

   El personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo tendrá prioridad de permanencia en los entes públicos afectados por el despido colectivo. Si la entidad promotora del procedimiento no hubiera establecido esta prioridad, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o autoridad autonómica equivalente podrán aplicar dicha prioridad si lo ven adecuado a las circunstancias.  

   El procedimiento de despido colectivo se iniciará por escrito mediante la comunicación de la apertura del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores y, con independencia de la causa alegada (económicas, técnicas, organizativas o de producción), dicha comunicación deberá contener una memoria explicativa de las causas del despido "y su relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria", así como los criterios que se han tenido en cuenta para el establecimiento de la prioridad del personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo.

   En los despidos colectivos por causas económicas, las administraciones públicas deberán acreditar que existe la mencionada situación de insuficiencia presupuestaria, los presupuestos de los dos últimos ejercicios y, en su caso, las modificaciones de los créditos presupuestarios, la plantilla del personal laboral, el plan de ordenación de recursos humanos (si éste se ha tramitado), y una certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable donde conste que concurre la citada insuficiencia presupuestaria.

   Además de a los representantes de los trabajadores, el organismo promotor del despido tendrá que enviar una copia de la comunicación de apertura del procedimiento a la autoridad laboral. También tendrá que informar al Ministerio de Hacienda o a la autoridad autonómica equivalente en el caso de que el despido afecte, respectivamente, al personal laboral de la Administración General del Estado o a las comunidades autónomas, quienes podrán acordar la aplicación de la prioridad antes mencionada, con carácter vinculante, y emitir informe sobre el procedimiento.

   El periodo de consultas con los representantes de los trabajadores en los ERE del sector público se regirá por normas similares a las fijadas para los procedimientos iniciados por empresas privadas: al menos dos reuniones en empresas de menos de 50 trabajadores y al menos tres en empresas de 50 o más trabajadores. En el primer caso, el periodo de consultas no podrá superar los 15 días naturales y en el segundo no podrá sobrepasar los 30 días.

   No obstante, el periodo de consultas podrá darse por finalizado cuando las partes alcancen un acuerdo o cuando no se vean capaces de alcanzarlo, lo que deberán comunicar expresamente a la autoridad laboral.

   Las empresas públicas (también las privadas) que pretendan un despido colectivo de más de 50 trabajadores deberán incluir en la documentación inicial un plan de recolocación externa para los afectados por el ERE. En el caso del sector público, dicho plan será elaborado por el servicio público de empleo y en el caso de las empresas privadas, por empresas de recolocación autorizadas.

   Al finalizar el periodo de consultas, se informará del resultado a la autoridad laboral competente, al Ministerio de Hacienda (en el caso de que el despido afecte a la Administración General del Estado) o a la Dirección General competente (en el caso de comunidades autónomas).

Las concesionarias de autopistas podrán solicitar préstamos a Fomento

MADRID.- Las empresas concesionarias de autopistas de peaje podrán solicitar préstamos participativos al Ministerio de Fomento para compensar una parte de la falta de ingresos que sufren como consecuencia de la caída del tráfico a raíz de la crisis económica.

   Así consta en una de las enmiendas presentadas por el PP al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013, incorporada ya a la norma, y con la que se refuerza las garantías a las concesionarias para "facilitar la negociación" con estas empresas, "atendiendo a las especiales circunstancias por las que están atravesando y garantizando que cualquier actuación que pueda realizarse quede sometida a las disponibilidades presupuestarias".

   La enmienda modifica la Ley del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal para que parte de las cantidades reclamadas por las compañías a través de la cuenta de compensación se pueda cubrir con un préstamo participativo concedido por el Ministerio de Fomento y que las concesionarias podrán solicitar durante los primeros meses de cada ejercicio.

   Las condiciones de este préstamo serán las que se designen de forma general en los Presupuestos Generales del Estado, y se permite reequilibrar la concesión para que las empresas puedan devolver el importe del préstamo y sus intereses.

   "Las cantidades consignadas en la cuenta de compensación y las entregadas en los préstamos participativos, así como los intereses devengados, se consideran pagos a cuenta a descontar del importe que, en concepto de responsabilidad patrimonial, pudiera serle exigido a la Administración con ocasión de la resolución del contrato concesional", añade la enmienda.

   Además, el PP ha incluido, también vía enmienda, tres nuevas autopistas --la de Alicante-Cartagena, la de Santiago-Orense y la de León-Astorga-- al listado de vías que, desde 2011, pueden tener una cuenta de compensación, donde se consigna anualmente la diferencia entre los ingresos reales por los peajes y el 80% de las estimaciones de ingresos que se hicieron en el plan económico financiero de la oferta de licitación.

   También se ha ampliado en cuatro años (hasta 2018) el tiempo en que funcionarán estas compensaciones, que se limitan al 49% del importe resultante de "sumar los ingresos anuales de peaje de la concesión y la cantidad a consignar".

   Por otra parte, se reconoce la posibilidad de que las concesionarias sean declaradas en concursos de acreedores, en cuyo caso los saldos de la cuenta de compensación y los intereses devengados serían exigibles "en todo caso" por la Administración, que recuperaría así parte de los recursos cedidos a las empresas.

   Además, se autoriza al Gobierno para que, "si las circunstancias económicas de las sociedades así lo aconsejan", pueda excluirlas de todas estas medidas (préstamos participativos, compensaciones, etc.); si bien el saldo de las cuentas de compensación devengará intereses a partir de 2014, excepto para las gestoras de las tres nuevas vías incorporadas a la medida, que deberán esperar a 2016.

IU defiende el pacto con el PSOE en Ossa de Montiel para desplazar al PP y sus políticas de la Alcaldía

ALBACETE.- El coordinador de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, Daniel Martínez, ha señalado que su formación ha pactado con el PSOE de Ossa de Montiel para hacerse con la Alcaldía del municipio y así desplazar al PP y sus políticas del Ayuntamiento.

   Para el coordinador regional de IU, el nuevo equipo de gobierno de la localidad responde a la necesidad de "parar las políticas de derechas y demuestra la vocación de gobierno de la organización, incluso en los momentos más difíciles".

   Daniel Martínez ha realizado una visita de trabajo a la localidad de Ossa de Montiel y ha mantenido una extensa reunión de trabajo con buena parte del nuevo equipo de gobierno que encabeza la nueva Alcaldesa María Mora.

   En esta primera toma de contacto, el dirigente regional de IU ha valorado de forma muy positiva la formación de una nuevo equipo de gobierno, tras un pacto entre PSOE e IU, que posibilita "desplazar al PP a la oposición, pero sobre todo y mucho más importante, dar un giro radical a las políticas y la acción de gobierno que se venía desarrollando hasta la fecha en la localidad".

   Para Martínez "la decisión tomada por la asamblea local de IU es un gran ejemplo y un modelo a seguir, ya que viene a demostrar que la izquierda alternativa no solo está en la oposición, sino que es capaz de dar un paso al frente y gobernar, aunque sean en momentos y circunstancias tan complicadas como las que se dan en Ossa de Montiel".

   Por su parte, María Mora, nueva alcaldesa de la localidad, ha transmitido la ilusión con la que afronta este nuevo reto y la preocupación por la situación que atraviesa el consistorio, fruto de la gestión irresponsable y autoritaria del anterior equipo de gobierno.

   "La transparencia, la legalidad y atender las necesidad del pueblo sin elementos partidistas, son principios básicos de actuación y objetivos del gobierno conjunto".

   "Ante el maltrecho estado de las arcas municipales, que apenas garantizan hacer frente a las nóminas de los trabajadores, afrontaremos medidas de rigor y austeridad presupuestaria, que no pasarán por despidos y recortes en políticas sociales".

   En este sentido, Mora ha criticado la nefasta gestión del anterior Alcalde, poniendo como ejemplo el impagado desde hace más de un año del IRPF y la seguridad social de los trabajadores, dejando un agujero en conjunto superior a 1.800.000 euros y una desviación anual de 250.000 euros en el 2012.

   En cuanto a los "conocidos impagos" de la Junta de Comunidades, María Mora ha señalado "la necesidad de que el Gobierno regional afronte el pago de la deuda que mantiene con el Ayuntamiento, que supera los 600.000 euros, y en estos momentos pone en peligro empleos y la prestación de servicios básicos para los vecinos".

El PP seguirá permitiendo sueldos públicos desproporcionados en las diputaciones

MADRID.- La décimo novena Unión Intermunicipal que ha celebrado esta semana el Partido Popular ha servido para dejar claro lo que ya sabíamos. A saber, Mariano Rajoy y su equipo interpretan la reforma de la Administración Pública Local reforzando aquellas instituciones donde su presencia es mayoritaria.
En tanto que el PSOE y UPyD abogan por suprimir las diputaciones provinciales, los conservadores pretenden reforzar el ámbito competencial de una figura creada tras las invasiones napoleónicas. Esto implica más presencia en los órganos de poder, más influencia, más sueldos públicos para sus cargos electos, más subvenciones para los grupos populares, más asesores y cargos de confianza y más control sobre los presupuestos públicos, en este caso, sobre los planes provinciales, médula del gasto de las diputaciones. Además, no podemos olvidar que cada cargo aporta un porcentaje de su sueldo al PP, cifra que desconocemos pese a haber solicitado el dato a varios diputados, alcaldes y concejales.
El camino emprendido por el Gobierno seguirá permitiendo que muchos presidentes de diputaciones y otros cargos o asesores de las mismas perciban unos sueldos públicos totalmente desproporcionados con el resto de retribuciones de cargos públicos. Sin ir más lejos, el presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve cobra 14 pagas de 8.265 euros brutos, además de las dietas que percibe del Ayuntamiento de Martorell. El viernes, el director de Sueldos Públicos presentó un escrito por registro de entrada para solicitando los criterios utilizados para fijar unos sueldos que entendemos, a todas luces, fuera de lugar. No se entiende, por ejemplo que el jefe de Prensa, cargo de confianza, nombrado 'a dedo' cobre más de 70.000 euros brutos, cifra que supera lo que cobra un ministro. El presidente de la Diputación de Almería, el de Valencia o Zaragoza también son ejemplos de cargos que cobran más que Gallardón, Arias Cañete o De Guindos.
Los diputados provinciales no los eligen directamente los ciudadanos con su voto. Su elección es indirecta ya que son los propios concejales y alcaldes que han obtenido el respaldo de los votantes los que tienen la última palabra. Es decir, son los compañeros de partido los que deciden quién es diputado provincial.

Más competencias

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta afirmó en la Intermunicipal que "se persigue un modelo territorial que valore el papel del municipalismo y garantice una prestación adecuada de servicios". "Hay que potenciar el papel de las diputaciones", ha subrayado.

Tras realizar un repaso al papel histórico de las diputaciones en nuestro país, Beteta insistió en que se necesita un modelo "que fortalezca el ámbito competencial, apoyo y complemento de los municipios, respetando las peculiaridades establecidas por las Comunidades Autónomas con competencias en materia de régimen local".
Asimismo, el secretario de Estado señaló que nuestro país necesita "un modelo en el que las diputaciones aglutinen competencias y servicios a prestar en el territorio de forma subsidiaria cuando los procesos de evaluación de los estándares de calidad que se fijen o las ineficiencias así lo determinen".

  "Las diputaciones deberán asumir su nuevo carácter organizativo, técnico y cultural para desarrollar funciones prestadoras de servicios directos, lo que exigirá una capacidad de control y una cultura de gestión muy determinada para no perder los valores del servicio público", sostiene.

Una supuesta supresión de las diputaciones debería venir acompañada de una fusión de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Actualmente, en España hay 8.116 municipios.

El trabajo de las diputaciones es fundamental, pero ¿lo es es de sus cargos públicos?

Las autopistas vacías, otra cara de la burbuja española

MADRID.- En la garita del peaje de Leganés, a la entrada de Madrid, los empleados miran a la distancia, pero los coches llegan con cuentagotas: la crisis hace que los españoles deserten de las autopistas, llevando a varias de ellas al borde de la quiebra.

"Hemos solicitado el concurso de acreedores, por cuanto ahora mismo no podemos hacer frente a los vencimientos que tenemos de la deuda... ya estamos en manos del juez", explica José Antonio López Casas, director general de Accesos de Madrid, que gestiona las autopistas Radial 3 y Radial 5.

En el caso de estas dos vías, puestas en marcha en 2004, la carga es pesada: 660 millones de euros de deuda con los bancos, 340 millones con los constructores originarios del proyecto y 400 millones que se deben pagar a los vecinos por las expropiaciones para la construcción de esas autopistas.

Una situación que se repite en los últimos meses en España, cuarta economía de la zona euro en plena recesión.

La autopista Madrid-Toledo fue la primera en solicitar un concurso de acreedores en mayo, seguida en septiembre por las Radiales 3, 4 y 5, que sirven para entrar a la capital y luego continuar hacia Cartagena-Vera y Ocaña-La Roda.

"No hay ninguna sorpresa", comenta Paco Segura, especialista del sector transportes de la ONG Ecologistas en Acción. "En España, del mismo modo que ha habido una burbuja inmobiliaria, ha habido otra burbuja de infraestructuras, y una de las que más se ha desarrollado ha sido la de las autovías", explica antes de denunciar "una situación absolutamente aberrante".

 "Hemos estado construyendo miles y miles de kilómetros de autovías en itinerarios que no tenían la densidad de tráfico que lo justificase", afirma.

"Está fuera de duda que se construyeron demasiadas infraestructuras en un momento determinado, muchas de las cuales han resultado que posteriormente no tienen utilización: ha pasado con carreteras, ha pasado con aeropuertos y antes o después se descubrirá que esta pasando con el AVE", el tren de alta velocidad, admite López Casas.

Esta política, muy activa hasta el estallido de la burbuja en 2008, permitió a España alcanzar auténticos récords: líder europea en kilómetros de autopistas y en número de aeropuertos comerciales de vocación internacional; número dos mundial en kilómetros de vías de alta velocidad, sólo por detrás de China.

Los concesionarios de autopistas ponen cara larga, sufriendo por el frenesí constructor incluso antes del inicio de la crisis, ya que el Estado, mientras daba curso a una serie de vías de peaje, siguió construyendo una red paralela de carreteras gratuitas, muy preferidas por los automovilistas.

La crisis agravó los efectos perjudiciales: en el primer trimestre, el tráfico por las autopistas de pago bajó un 8,2% interanual, alcanzando su nivel más bajo desde 1998, según el ministerio de Fomento.

"Los cálculos más solventes dicen que el tráfico en el entorno de Madrid ha caído en los últimos cinco años en el orden de un 15-20%" y "en nuestro caso ha caído mucho más", se lamenta el propietario de Accesos de Madrid.

"La coyuntura económica nacional hace que el coste del peaje es un elemento que se mide mucho más a la hora de tomar la decisión de si se va por una carretera de pago o no, siempre que hay una alternativa gratuita", destaca Jacobo Díaz, director general de la Asociación Española de Carreteras (AEC). Globalmente, "es evidente que ha habido una sobrevaluación de la demanda estimada y el tráfico real es la cuarta parte frente a lo previsto", añade.

Según Ecologistas en Acción, la autopista Madrid-Toledo sólo ve pasar el 11% del tráfico inicialmente previsto, mientras que en los accesos a la capital, "en casi todas las que están quebrando, prácticamente ninguna llegaba al 40% del tráfico estimado para el que se habían construído", asegura Paco Segura.

"Donde tendríamos que tener 35.000 vehículos diarios, tenemos 10.000", confirma López Casas, mostrándose poco optimista en cuanto a una ayuda del Gobierno, enzarzado en un esfuerzo de austeridad sin precedentes. "Si no hay dinero para prácticamente nada, tampoco debe haberlo para resolver los problemas de los privados", como los concesionarios, concluye.

C-LM aporta el 6,3% de las emisiones españolas de Gases de Efecto Invernadero

TOLEDO.- Castilla-La Mancha aporta el 6,3% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de España, según un informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

   Dicho informe, señala que la comunidad con más emisiones de efecto invernadero es Andalucía, que supone el 15% del total, y que ocupa la segunda posición en consumo de gasoil agrícola y pesquero.

   Inmediatamente después está Cataluña, que supone el 14% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y casi el 14% del consumo de productos petrolíferos y el 13% del gasóleo agrícola y pesquero.

   El informe señala que Asturias supone el 6% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero; Galicia aporta el 7,5%; País Vasco supone el 5,9%; Navarra supone el 2%; Cantabria el 1,7%; y Castilla y León supone el 8,5%.

   El resto de comunidades aportan el 5% en el caso de Aragón; el 2,8% en Baleares; el 8,3% en la Comunitat Valenciana; el 2,5% en el caso de Murcia; el 6,3% en Castilla-La Mancha; el 2,5% en Extremadura; el 6,9% en Madrid; y el 4,1% en Canarias.

   Por lo que respecta a las Ciudades Autónomas, el informe indica que Melilla supone el 0,1% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de España y consume el 0,1% de los productos petrolíferos en 2010, y Ceuta supone el 0,1% y consume el 0,2% de los productos petrolíferos.

El Gobierno aprueba el reglamento para despedir a empleados públicos

MADRID.- El sector público podrá recurrir a los Expedientes de Regulación de Empleo de forma similar a como lo hace el sector privado, según Libre Mercado. La medida no afectará a los funcionarios, que tienen su puesto asegurado por ley, pero sí al resto de empleados de las administraciones y de las empresas públicas, que tendrán un modelo disciplinario similar al del resto de los trabajadores.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Las principales novedades, presentadas por Fátima Báñez en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, son los cambios en los ERE de la función pública y el endurecimiento de las prejubilaciones para los mayores de 50 años.

La reforma laboral ya contempla la posibilidad de despedir empleados públicos, pero su plena aplicación está a la esperaba de desarrollo reglamentario. El borrador del proyecto se elaboró el pasado julio y clarifica las circunstancias en las que se podrá despedir empleados públicos no funcionarios.

Por un lado, las empresas propiedad del Estado, las autonomías o los ayuntamientos podrán despedir a sus empleados por causas económicas, al igual que hacen las compañías 100% privadas.

En el caso de las administraciones públicas, también se abre la puerta para que puedan aplicar despidos colectivos, aunque estos no afectarán a los funcionarios, sino al resto del personal laboral. El reglamento incluye "tres garantías reforzadas en relación al sector privado":

• Será necesario un informe previo vinculante del órgano competente en materia de función pública. Intervendrá la Inspección de Trabajo cuando afecte al Estado o las autonomías.
• Se refuerzan los requerimientos de documentación justificativa.
• Cuando se trate de causas económicas, la documentación exigida también es más rigurosa, incluyendo los presupuestos del organismo en cuestión.

Además, también en materia de ERE el Gobierno ha anunciado un endurecimiento de las condiciones de los despidos colectivos para los mayores de 50 años. En realidad, con esta medida de lo que se trata es de limitar el uso de las prejubilaciones. Se trata de endurecer la llamada Enmienda Telefónica que puso en marcha el anterior Gobierno socialista y que se conoce así porque se puso en marcha después del último proceso de prejubilaciones puesto en marcha por la compañía de telecomunicaciones.

Quizás sea más sencillo explicar la situación con un ejemplo. Imaginemos que una empresa quería prejubilar a algunos sus trabajadores. Hasta ahora, lo que hacía era llegar a un pacto con estos empleados: primero se iban al paro dos años y cobraban de los servicios públicos de empleo. Por ejemplo, alguien de 55 años en el momento de la prejubilación cobraba dos años el paro y luego pasaba a recibir su paga de la empresa desde los 57 años hasta su jubilación. Normalmente el pacto era cobrar algo menos que su último sueldo (lo habitual era estar entre el 60 y el 80%) durante esos ocho años. Con este esquema, la empresa se ahorraba el pago del paro durante los dos primeros años tras la prejubilación.

Pues bien, con la nueva reforma, las empresas con más de 100 trabajadores que hayan tenido beneficios en los dos últimos años y que inicien o hayan iniciado desde el 27 de abril de 2011 despidos colectivos que incluyan a trabajadores de 50 años o más tendrán que pagar la prestación por desempleo de estos empleados. Este nuevo real decreto amplía la normativa que al respecto sacó adelante el Gobierno socialista en 2011, ya que entonces la obligación de pagar el desempleo de trabajadores de 50 años o mas se limitaba a las empresas de más de 500 trabajadores y siempre que el ERE afectara al menos a un centenar de empleados.

Por último, el Real Decreto que desarrolla este nuevo reglamento, incluye nuevas disposiciones que afectarán a todos los ERE, con el objetivo, según ha declarado la propia Fátima Báñez de "proteger a los trabajadores" ante este tipo de despidos colectivos:

• Nuevo papel de la autoridad laboral: tendrá funciones de vigilancia y control de cómo se desarrolla el período de consultas. También ayudará a las partes implicadas en el procedimientos.
• Regula las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a quien le corresponde la emisión de informe preceptivo.
• Delimita "de modo más objetivo" las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.
• Regula de manera detallada el período de consultas con los representantes de los trabajadores, con el objetivo de las partes lleguen a un acuerdo para tratar de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias.
• Concreta toda la información que el empresario debe aportar a los representantes de los trabajadores.
• Para los supuestos de despido colectivo que afecten a más de cincuenta trabajadores, se establece la obligación de elaborar un plan de recolocación externa.
• En los procedimientos de extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada motivados por fuerza mayor, continúa exigiendo la constatación previa por parte de la autoridad laboral del suceso que motiva dicha fuerza mayor.

Un euro en descubierto en cuenta corriente puede costarle 35 al titular

MADRID.- La necesidad de captar liquidez por parte de los bancos debido a la bajada de su actividad crediticia ha hecho que estas entidades vean en las comisiones de las cuentas bancarias una fuente extra y continua de ingresos. Según el Banco de España (BdE), desde 2011 hasta ahora las comisiones de las cuentas bancarias han subido en España un 15,73%. Este aumento ha hecho que los bancos ingresaran por comisiones más de 9.000 millones de euros en el primer semestre de 2012. Una cantidad a la que las comisiones por descubierto aportan un elevado porcentaje. 

Según Fernando López, responsable de Asuntos Económicos de la confederación de consumidores Ceaccu, las comisiones por descubierto han subido en el último año más de un 20% y, por ello, recomienda a los usuarios de servicios bancarios que no se queden en números rojos, ya que “por un descubierto de un euro los bancos pueden cobrarte entre 15 y 35 euros debido a que tienen una comisión fija, independientemente del valor del descubierto”.

Entre las comisiones que más han subido en los dos últimos años, según el BdE, destacan las de mantenimiento de cuenta corriente, con un incremento del 21,78%, hasta alcanzar los 27,34 euros; la de mantenimiento de cuenta de ahorro, con una subida del 22,36%, y un coste de 26,70 euros, las cobradas por transferencias nacionales (+41,56%), que alcanzan los 4,53 euros, o las cuotas anuales de las tarjetas de débito (+11,66%), que suponen 20,02 euros y las de crédito (+8,99%), por las que el usuario paga unos 37,48 euros. A ellas se suman las comisiones por descubierto cuyo incremento medio ha sido del 20%, pero hay casos en que este ascenso ha llegado hasta el 40%, asegura Fernando López.

El motivo de estas comisiones “desproporcionadas”, según él, es que los bancos tienen unas comisiones fijas, mínimas y máximas, que aplican a los descubiertos independientemente del valor al que asciendan estos. Por ello, “un descubierto de uno o dos euros puede costar al usuario entre 15 y 35 euros, a lo que hay que añadir el interés que te cobra el banco por prestarte ese dinero”, afirma Fernando López.

Estos datos reflejan que en el mercado bancario actual un descubierto en cuenta puede resultar un descuido “muy costoso” para el ciudadano, y el comparador de productos bancarios Helpmycash ofrece un ejemplo: una persona con la cuenta a cero que reciba una factura de la luz por valor de 100 euros, si ésta es abonada por su banco, el usuario le tendrá que pagar los 100 euros más 50,8 euros en gastos y comisiones de descubierto, ya que le aplicarían tres conceptos: unos 35 euros por gastos de reclamación por posiciones deudoras; la comisión por descubierto que, aunque en la mayoría de los bancos es del 4,5%, se establece un mínimo a pagar de 15 euros, y, por último, el interés de demora que responde al ‘préstamo’ que le ha hecho el banco mientras dura el descubierto y que ronda el 29% TAE.

Al aumento de las comisiones ha contribuido de manera directa la entrada en vigor en abril de este año de la Orden de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, según la cual “las comisiones percibidas por servicios prestados por las entidades de crédito serán las que se fijen libremente entre dichas entidades y los clientes”. Las asociaciones de consumidores aseguran que esta norma, “a pesar de su nombre, no aboga precisamente por la protección del cliente”.

Ahora el Banco de España no pone ningún límite a los bancos en relación a sus comisiones. Lo único que les exige es publicar las comisiones que suelen aplicar con mayor frecuencia, es decir, ni todas ni las máximas, por lo que “muchos bancos juegan con la legalidad y con el desconocimiento de los usuarios”, afirma Fernando López. Para evitarlo, considera que el BdE “debe de establecer un tope máximo en el precio de las comisiones para evitar desequilibrios que perjudican al consumidor”.

Aunque las comisiones bancarias “exprimen” los presupuestos de muchos ciudadanos, la mayor parte desconocen lo que pagan por ellas. Las más desconocidas son, según las asociaciones de consumidores, la emisión de cheques bancarios, por las que llegan a cobrar 18 euros, la solicitud de talonarios de cheques que hay entidades que cobran 2 euros por cheque (20 euros el talonario de 10), la reposición de tarjetas por la que cobran 3 euros o ingreso de dinero en efectivo por no titulares que pueden ir de 1,5 euros a 2.

Negociar o pagar

Para evitar el pago de las comisiones bancarias que, como ya adelantó ARNdigital en junio (http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=2561), al usuario pueden costarle entre 350 y 567 euros al año, el afectado puede emprender una serie de iniciativas. Antonio Acosta, letrado de los Servicios Jurídicos de la Asociación de Consumidores Ausbanc, recomienda negociar con el banco. “Todo se puede negociar con la entidad. Si soy un cliente importante de ese banco puedo amenazarles con irme a otro si me siguen cobrando comisiones”. 

También aconseja negociar con la entidad una tarifa plana, es decir, pagar una única comisión por un solo concepto, “por ejemplo, pagar seis euros al mes y así me dejan de cobrar el resto de comisiones que puedan aplicarme”. Por último, propone al usuario acudir a entidades que tienen vinculadas el coste cero de comisiones a la fidelización del cliente. “Si tienes contratado con ese banco un seguro, un fondo de pensiones o tienes domiciliada en él la nómina o la pensión es más fácil que te quiten las comisiones”.

Siempre que se llegue a un acuerdo con la entidad debe reflejarse por escrito, recomienda Antonio Acosta. “No debe limitarse a un acuerdo verbal sino que quede reflejado en un documento, ya que hay bancos que dicen que no cobrarán comisiones y después sí cobran la comisión por descubierto. Hay que dejar claro si esta comisión está incluida o no en el acuerdo”. Además, asegura que cuando un banco decide no cobrar comisiones lo hace voluntariamente, como una atención comercial, pero “dentro de un tiempo, por necesidades de la entidad, puede volver a cobrarla, por ello es importante que cuando se llegue a un acuerdo todo tiene que quedar especificado por escrito”.

Pagan los que menos tienen

Pero no todos los clientes de los bancos pueden ahorrarse las comisiones. “Depende de qué tipo de cliente seas y del número de ceros de tus cuentas”, asegura Fernando López. “El comportamiento de los bancos no es igual con todos sus usuarios, hay una discriminación absoluta que depende de los beneficios que generes a tu entidad. A menor poder adquisitivo menor margen de negociación del cliente y más comisiones tiene que pagar. Cuanto menos dinero tengas más comisiones te cobrará el banco”.

El ascenso continúa

Tras los últimos datos del Banco de España sobre la subida de las comisiones –un 15,73% en los últimos dos años–, todo parece indicar que su ascenso no ha tocado techo y más si se tiene en cuenta la caída de los márgenes de las entidades bancarias y su necesidad de dinero efectivo. A ello hay que añadir los elevados ingresos que obtienen los bancos por este concepto, más de 9.000 millones de euros en el primer semestre de 2012.

Según Antonio Acosta, “la situación por la que atraviesan determinadas entidades financieras les lleva a maximizar hasta el extremo la obtención de liquidez y la subida de las comisiones es una de las maneras de conseguirla, como lo demuestra que antes de la crisis los bancos llegaban a autofinanciar sus gastos corrientes con las comisiones que cobraban a sus clientes”.

http://arndigital.com/economia/noticias/4019/un-euro-en-descubierto-en-cuenta-corriente-puede-costarle-35-al-titular/

El Parlamento de C-LM tendrá entre 27 y 30 diputados, según Vicente Tirado

TOLEDO.- El Parlamento de Castilla-La Mancha tendrá entre 27 y 30 diputados una vez que se modifique el Estatuto de Autonomía para rebajar su número, siguiendo la propuesta de la presidenta regional, María Dolores de Cospedal. La modificación estatutaria se va a intentar sacar con consenso aunque, como ha reconocido el presidente de las Cortes, Vicente Tirado, "si los demás quieren estar en la inacción o no quieren trabajar, no vamos a tener a esta región paralizada". 

  Tirado confía en que esa modificación, que se sustanciará en las Cortes "en el primer periodo de sesiones de 2013" --tras lo que irá al Parlamento nacional y luego volverá al regional-- sea "fruto del consenso" y espera que los socialistas "estén de acuerdo en llegar a él".

   El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha recoge, en el apartado dos de su artículo 10 que las Cortes estarán constituidas por un mínimos de 47 diputados y un máximo de 59. Actualmente, el Parlamento regional está formado por 49 diputados, 25 del PP y 24 del PSOE.

   Tirado insiste en que la voluntad del Partido Popular es la de tener "la mano tendida", lo que no quiere decir que "si los demás no quieren trabajar, no gobernemos". Además, considera que el PSOE debería "apoyar algo que los ciudadanos apoyan" en la calle.

   La reforma estatutaria estará "aprobada lógicamente el próximo año", plazo que el presidente del Parlamento justifica en que "las leyes hay que hacerlas con la suficiente antelación electoral para que todos los partidos tengan un horizonte claro de cuál va a ser la nueva composición de la Cámara".

   Del reparto provincial de escaños el presidente del Parlamento castellano-manchego asegura que todavía no se ha hablado "nada", aunque lo que tiene claro es que el PP no cometerá la "aberración" que cometió el PSOE de "hacer una ley para permitir que quien perdiera las elecciones gobernara".

 "Eso no se va a permitir", recalca.

   "Nosotros no haríamos la golfería de dejar sólo una provincia impar y que las demás no decidieran. Al menos la mayoría tendrán que decidir". En ese sentido irá la propuesta que el PP realizará al PSOE, al que el propio Tirado le ha pedido "que estén tranquilos" porque los 'populares' no van a tener "el cuajo" que tuvieron los socialistas, y al contrario que ellos van a realizar una "ley justa y democrática".  

   Respecto al hecho de que esta propuesta de reducir el Parlamento regional se hiciese escasos meses después de que Cospedal aumentase el número de parlamentarios, Tirado responde que "en cada momento se hizo lo que se tuvo que hacer".

   Aunque no hay cálculos de qué ahorro significará la reducción del número de parlamentarios, el presidente de las Cortes reconoce que será "importante", y que con ese cambio el de Castilla-La Mancha seguirá siendo el Parlamento "más austero" de toda España y seguirá teniendo "superávit" en sus cuentas.

   De otro lado, el presidente del Parlamento regional ha detallado que la iniciativa para rebajar el salario de los diputados regionales estará en disposición de entrar en la Mesa de las Cortes "en unos quince días" y, a partir de ahí, seguirá su trámite parlamentario y la Mesa determinará las cuantías y dietas por asistencia.

   Además, ha señalado que, junto a la rebaja de salarios, se revisarán también las dietas, que serán "incluso más bajas de lo que cobran en el Ayuntamiento de Toledo", y que no se podrán cobrar en cantidad superior a una al día.

   En el Parlamento de Castilla-La Mancha se celebran al mes una media de tres plenos y varias comisiones --de las que no forman parte todos los diputados--, así como una media de entre tres y cuatro reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces, aunque los miembros de éstos últimos órganos quedarían excluidos de la medida.

   Junto a las dietas por asistencia a plenos y comisiones, los diputados tendrán derecho --como ahora-- a unos cien euros mensuales en concepto de teléfono y al pago del kilometraje --actualmente cobran 0,25 euros por kilómetro--, ya que la idea, según Tirado, "es cambiar lo menos posible".

   No obstante, 42 de los 49 diputados actuales se quedarán sin sueldo desde principios de año, en un sistema "parecido" al que actualmente rige en el Parlamento de Castilla y León --región junto a La Rioja que ya aplica este sistema retributivo-- y que permitirá un ahorro "superior al millón de euros anual", lo que hace 4 millones de euros en una legislatura.

   Aunque el detalle de este sistema no se ha abordado con el PSOE más que de manera "extraoficial", el presidente del Parlamento espera y desea el apoyo de los socialistas a la medida. "Si se puede buscar un apoyo yo al menos lo voy a intentar, todo lo que salga por acuerdo es bueno", incide Tirado.

   Vicente Tirado defiende la medida como "ejemplar y valiente" e insiste en que el que se aplicará en Castilla-La Mancha será "un buen sistema, justo", algo que la gente "entiende y valora", ha significado. Además, afirma que "afecta exactamente igual al PP que al PSOE, no es una medida para unos y otros no".

   Sobre la influencia que la rebaja de sueldo pueda tener en los diputados, el máximo responsable del Parlamento considera que "a nadie le obligan a estar en política, se está por vocación" y los políticos "antes que autoridad somos servidores públicos y como tal tenemos que estar trabajando con toda la ilusión".

   Finalmente, y respecto a la posibilidad de que esta medida se extienda al Congreso, Tirado precisa que la situación de la región "no tiene nada que ver" con la nacional. "En Castilla-La Mancha tenemos que hacer un esfuerzo" porque "a nadie le han dejado una losa igual" a la situación económica de esta región. "Mi opinión es que cada Parlamento tiene que hacer lo que considere oportuno", matiza.