martes, 4 de diciembre de 2012

Agricultura crea el registro público de las Vías Pecuarias

TOLEDO.- El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este martes una orden de la Consejería de Agricultura por la que se crea el registro público de las Vías Pecuarias pertenecientes a la Red Regional de Castilla-La Mancha y la incorporación a dicho registro de los Inventarios de Vías Pecuarias de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

   Con este registro se recopila, ordena y actualiza toda la información existente en el Fondo Documental de Vías Pecuarias; resultando unos listados de carácter provincial ordenados por término municipal en los que se enumeran las Vías Pecuarias clasificadas y sus principales características, según explica dicha orden.
   Los Inventarios de Vías Pecuarias de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo están depositados en la Dirección General de Montes y Espacios Naturales de la Consejería de Agricultura, la cual procederá cada dos años a la actualización y revisión de los mismos.
   La Red Regional de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha cuenta con un total de 3.223 vías pecuarias, con 14.579 kilómetros de longitud y 56.333 hectáreas de superficie.
   En concreto, el Inventario de la provincia de Albacete comprende 234 vías pecuarias, que se distribuyen en 67 Cañadas, 23 Cordeles, 59 Veredas, 47 Coladas, 28 Abrevaderos y 10 Descansaderos, con una longitud de 1.839 kilómetros y una superficie de 7.672 hectáreas.
   El de la provincia de Ciudad Real comprende 476 vías pecuarias, que se distribuyen en 100 Cañadas, 122 Cordeles, 96 Veredas, 86 Coladas, 44 Abrevaderos y 28 Descansaderos, con una longitud de 3.689 kilómetros y una superficie de 15.816 hectáreas.
   El Inventario de la provincia de Cuenca comprende 686 vías pecuarias, que se distribuyen en, 164 Cañadas, 62 Cordeles, 73 Veredas, 214 Coladas, 105 Abrevaderos y 68 Descansaderos, con una longitud de 2.584 kilómetros y una superficie de 9.406 hectáreas.
   El de la provincia de Guadalajara comprende 1.068 vías pecuarias, que se distribuyen en 201 Cañadas, 163 Cordeles, 160 Veredas, 297 Coladas, 68 Abrevaderos y 179 Descansaderos, con una longitud de 2.835 kilómetros y una superficie de 11.359 hectáreas.
   Finalmente, el Inventario de la provincia de Toledo comprende 759 vías pecuarias, que se distribuyen en 61 Cañadas, 163 Cordeles, 201 Veredas, 263 Coladas, 24 Abrevaderos y 46 Descansaderos, con una longitud de 3.632 kilómetros y una superficie de 12.080 hectáreas.

Cospedal y Page, peor valorados que en julio

TOLEDO.- Los castellano-manchegos han bajado la valoración de la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, y del secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page, respecto a la que tenían de ellos en el mes de julio y les han puntuado con un 3,53 (sobre 10) y un 4,09, respectivamente, frente a los 4,25 y 5,02 puntos que les dieron hace cuatro meses.

   Así figura en la segunda edición del Barómetro Sociopolítico regional elaborado por el Colegio de Licenciados y Doctores en Ciencias Políticas y Sociología de Castilla-La Mancha, donde el 99,2 por ciento dice conocer a la presidenta regional y el 75,9 por ciento a García-Page.
   En cuanto a los principales problemas que detectan los ciudadanos de la Comunidad Autónoma, se sitúa en desempleo (55 por ciento), seguido de la economía, la deuda y el despilfarro (10 por ciento), la sanidad (8 por ciento) y la educación (6 por ciento).
   En cuanto a la valoración de la situación económica de la región dentro de un año, más de un 34 por ciento considera que será "peor" y un 26,5 por ciento que no variará. Preguntados por su situación personal dentro de doce meses, un 54,5 por ciento cree que seguirá siendo igual y un 26,3 por ciento que "empeorará".

Las CC.AA. registran un déficit del 1,14% del PIB hasta septiembre

MADRID.- Las comunidades autónomas registraron un déficit de 9.790 millones, el 0,93% del PIB, hasta el mes de septiembre en términos de Contabilidad Nacional, aunque si se valora la cifra en términos homogéneos (descontando los anticipos a cuenta), contabilizaron un déficit de 11.978 millones de euros, el 1,14% del PIB.

   Esta cifra de déficit es superior a la registrada al término del primer semestre, que en términos de Contabilidad Nacional se situó en el 0,77% del PIB.
   Así lo ha adelantado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en rueda de prensa, donde ha explicado que las comunidades autónomas "están haciendo un gran esfuerzo" y que los resultados logrados hasta la fecha permiten pensar que "se puede conseguir el objetivo" de déficit de las comunidades para 2012, que se sitúa en el 1,5% del PIB, pero no lo garantizan.
   "Esto no es la puerta para relajarse, es la muestra de que se puede alcanzar el objetivo. Nuestra responsabilidad es insistir en que el cumplimiento del 1,5% es fundamental para salir de esta crisis", ha dicho.
   Por ello, Montoro ha asegurado que el Gobierno sigue sin tener en mente nuevas medidas de control del déficit para este año, pero reclamará por carta "una por una" a todas las comunidades autónomas que cumplan los ajustes comprometidos en sus planes económico-financieros. "Tienen obligación de cumplir el programa", ha añadido.
   En este punto, Montoro ha señalado que el riesgo de incumplimiento del déficit "no es coincidente" con la posición que ocupa cada comunidad autónoma y que "alguna con situación aparentemente más cómoda también está en riesgo", de ahí el envío generalizado de cartas.
   Por otro lado, el ministro de Hacienda ha recalcado que cuando se conozcan los datos definitivos de ejecución presupuestaria a final de año será el momento de valorar quien ha incumplido y si es preciso aplicar las sanciones que se establecen en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
   En términos de Contabilidad Nacional, todas las comunidades autónomas han registrado déficit hasta septiembre, salvo País Vasco (+0,25%) y Asturias (+0,63%). Los déficit más destacados se registraron en Murcia (-2,23%) y Navarra (-2,04%), en este último caso, por razones de calendario, que superan el objetivo previsto para este año, por delante de Extremadura (-1,40%) y Andalucía (-1,35%).
   A continuación se situaron, Cataluña (-1,26%), Canarias (-1,21%), Galicia (-1,17%), Cantabria (-1,08%), Aragón (-0,85%), Castilla y León (-0,80%), Madrid (-0,79%), Castilla-La Mancha (-0,76%), Comunidad Valenciana (-0,59%), Baleares (0,33%) y La Rioja (-0,24%).

Soria asegura que Paradores iría a la suspensión de pagos si no se hace un ERE

GETAFE.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado este martes que la empresa Paradores iría a una situación concursal y de suspensión de pagos si no se lleva a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y se procede al cierre transitorio de algunos paradores nacionales.

   Soria ha señalado que la empresa Paradores, en el año 2004, tenía una situación de tesorería positiva de unos 45 millones de euros que tenía invertidos en bonos del Tesoro pero que, a finales del año 2011, esa situación ya no solo no es positiva sino que es "una situación de tesorería negativa de 113 millones de euros".
   Por ello, el ministro de Industria ha apuntado que ahora se encuentran ante la tesitura de hacer un ERE y "proceder al cierre transitorio de algunos paradores, o bien, proceder a una situación concursal y de suspensión de pagos".
   "El Gobierno cree que Paradores Nacionales es y debe seguir siendo una marca de referencia en el sector turístico español, por lo que el objetivo es salvar la empresa aunque hay que adoptar unas medidas ciertamente dolorosas como es un ERE", ha advertido el ministro tras ser preguntado por este asunto durante la inauguración de la fábrica de Loewe, en Getafe.

El Gobierno defiende convertir cajas en fundaciones para controlar a los bancos

BRUSELAS.-   El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha defendido que las cajas de ahorros que han transferido su negocio bancario a un banco se transformen progresivamente en fundaciones y ha dicho que de este modo podrán seguir manteniendo el control sobre las entidades a que dieron origen.

   El memorándum de entendimiento del rescate bancario para España exige que todas las cajas, incluso las que no han recibido ayudas, reduzcan su participación en entidades de crédito hasta un nivel no mayoritario.
   El Gobierno está elaborando la norma para aplicar este requisito, que se realizará en "plazos suficientemente dilatados", de años, para no obligar a ninguna entidad a vender "rápidamente". "Se van a establecer como tramos para definir la posición real de lo que es la caja como accionista del banco al cual ha transferido la actividad bancaria", ha señalado.
   "Lo que busca fundamentalmente la norma es que estas cajas de ahorros se vayan convirtiendo en fundaciones de carácter bancario y de carácter especial. Eso es lo que va a buscar la norma y eso es lo que estamos viendo con la Comisión, con el Banco Central Europeo y con el Fondo Monetario Internacional", ha explicado Guindos en rueda de prensa tras participar en el Ecofin.
   Una vez que las cajas se conviertan en fundaciones ya no se les aplicará la obligación de renunciar al control de los bancos que crearon. "Es cierto", ha confirmado el ministro de Economía.
   "Aquí el principio básico es que no tiene sentido que una caja de ahorros, que es una entidad de crédito, que ha transferido todo su negocio bancario a un banco, sea la que controle el banco. Porque la actividad bancaria tiene que estar centralizada en una entidad que tiene que ser el banco", ha indicado Guindos.
   La norma que negocia el Gobierno con la troika establecerá las condiciones para crear cajas de ahorro a futuro, con "limitaciones desde el punto de vista geográfico" y un "gobierno corporativo" que "sea mucho mejor para evitar los problemas que tuvimos en el pasado".

La autopista Ocaña-La Roda, declarada en concurso con una deuda de 522,08 millones de euros

MADRID.- La autopista AP-36, que une Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete), ha sido declarada en concurso voluntario de acreedores con un pasivo de 522,08 millones de euros por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid.

   Se trata de la cuarta vía de pago de las que actualmente afrontan problemas financieros que se declara en quiebra, tras las radiales de Madrid R-3, R-4 y R-5, y la Madrid-Toledo.
   El juez considera que de la documentación aportada por las sociedades concesionarias de la autopista, Inversora de Autopistas de Levante y Autopista Madrid Levante Concesionaria Española, "se desprende su estado de insolvencia".
   El auto de declaración de concurso permite que los gestores de la vía mantengan sus facultades de administración, pero sometidas a la intervención de la administración concursal.
   Dado el pasivo con que cuenta la autopista, el juez ha designado a dos administradores concursales, al abogado Vicente Flores Argente, y a Banco Sabadell, en este caso en representación de los acreedores.
   El auto de declaración de concurso, con fecha de este martes 4 de diciembre, mantiene una medida cautelar por la que prohíbe a las entidades financieras acreedoras de la autopista "retener, disponer o hacer suyo de cualquier modo" el saldo existente en las cuentas de las concesionarias de la vía.
   No obstante, el juez indica que esta medida cautelar se mantiene "a expensas de que se tramiten las oposiciones planteadas frente a la misma" por los procuradores de un grupo de entidades.
   Se trata de CaixaBank, BBVA, Caixa Banco de Investimento, Banco de Valencia, Royal Bank of Scotland (RBS), Banco Santander, Banco Sabadell, HSBC, Banco Caixa Geral, Banco CCM, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Société Générale, Deutsche Bank, Natixis, Landesbank Hessen-Thurigen Girozentral y Unicaja Banco, según enumera el juez en su auto.
   La autopista Ocaña-La Roda solicitó el pasado 19 de octubre el concurso de acreedores ante la "inminente imposibilidad" de afrontar los pagos de su deuda financiera y por el hecho de que las medidas de apoyo anunciadas por Fomento "no habían sido efectivamente implementadas".
   La vía está participada por Cintra (Ferrovial), que controla un 55% del capital, Sacyr (40%) y la antigua Kutxa (5% restante). Forma parte de la decena de autopistas que actualmente afrontan desequilibrios por el sobrecoste que soportaron al expropiar los terrenos para su construcción, y la caída de los tráficos por la crisis.
   La autopista, de 183 kilómetros y en servicio desde 2004, supuso una inversión de unos 523 millones de euros y se concibió como una alternativa a la A-3. En la primera mital de este año contabilizó una intensidad media diaria de tráfico de unos 2.622 vehículos, un 16,8% menos respecto a un año antes, según los últimos datos del Ministerio de Fomento.

Gobierno y FEMP harán una propuesta conjunta sobre la reducción de concejales

MADRID.- El Gobierno de Mariano Rajoy y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) realizarán una "propuesta conjunta" en relación con la reducción de concejales y la "homogeneización" del sueldo de los alcaldes y ediles.

   Así lo ha anunciado el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, después de mantener un encuentro en el Palacio de la Moncloa con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, un encuentro que ha calificado de "francamente positivo" y que ha durado casi dos horas.
   "Hemos trasladado al presidente nuestra visión y hemos acordado realizar una propuesta conjunta del Gobierno y las entidades locales. No somos ajenos al debate. Consideramos que todos tenemos que hacer un esfuerzo y ver cuál es la situación real de los concejales en las entidades locales", ha señalado, para recordar, no obstante, que en lo que se refiere a los sueldos, hay municipios en los concejales "no reciben ningún tipo de retribución salarial".
   En este sentido, De la Serna le ha mostrado al presidente del Gobierno la disposición de la FEMP de llegar a un "acuerdo conjunto" de Gobierno central y entidades locales sobre sueldos y reducción de concejales, si bien ha precisado que en lo que se refiere a los salarios, son partidarios de que la "propuesta inicial de debate" salga de la Federación.
   "Dentro de la Federación tenemos que abrir ese proceso y someterlo a los grupos políticos", ha aclarado, para añadir que la vía por la que apostaría el Gobierno sería la de "homogeneizar" los salarios. "Todo parece indicar que la propuesta iría por esa vía, pero hay que esperar a que esa propuesta esté encima de la mesa", ha advertido.
   Ante la propuesta inicial de reducir un 30 por ciento el número de concejales recogida en el borrador de la Ley de gobierno local, ha dicho que fue "una estimación orientativa" y que ahora se ha abierto un "proceso de negociación común".
   En este sentido, el presidente de la FEMP ha subrayado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas presentó este verano un "documento base" que "está siendo modificado" y que esperan contar con el nuevo texto en breve para seguir trabajando y alcanzar un acuerdo.
   Finalmente, De la Serna ha precisado que la homogeneización de sueldos y la reducción del número de concejales no formará parte de la ley para la reforma de la Administración Local en la que trabaja el Gobierno, ya que se trata de materias reguladas por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). "Nunca ha formado parte", ha reiterado.

La reforma local obligará a las CCAA a financiar al 100% los servicios a ayuntamientos

MADRID.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha anunciado este martes que la reforma de la Administración Local que prepara el Gobierno reforzará los convenios de colaboración entre comunidades autónomas y ayuntamientos para la prestación de determinados servicios por parte de las entidades locales, de modo que se garantice el cien por cien de la financiación y su continuidad en el tiempo.

   Según ha explicado De la Serna en rueda de prensa en Moncloa tras reunirse durante casi dos horas con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, actualmente "muchos de los servicios" que prestan las entidades locales "se hacen con convenios de colaboración que no tienen estabilidad en el tiempo y cuya financiación no está asegurada".
   "Eso hace que en momentos en que se reduce la aportación de las comunidades autónomas el propio servicio queda en entredicho y las entidades locales se ven abocadas a su sustitución, a su modificación o a su desaparición", ha denunciado.
   Así, ha confirmado que la nueva ley contemplará que "cuando una entidad local vaya a desarrollar un servicio por encomienda de la comunidad autónoma, el ayuntamiento tenga asegurado el cien por cien de la financiación y lo haga de una manera estable en el tiempo para planificar los recursos adecuadamente y con una cierta garantía".
   "No es una ley de haciendas locales pero consigue avanzar en este campo de una manera decidida", ha reconocido, para añadir que "contiene algunos artículos que mejoran mucho la relación institucional entre las diferentes Administraciones Públicas".
   En este sentido, ha manifestado que le parece "muy positivo" que "por primera vez el Gobierno central introduzca una cláusula de salvaguarde" lo que hacen los ayuntamientos actualmente "sin ningún tipo de cobertura jurídica".
 "Va más allá, garantizando la prestación en el tiempo", ha valorado, para añadir que desde la FEMP plantean que la nueva ley establezca un plazo determinado de años durante los que deba garantizarse la prestación del servicio.
   "Creemos que el hecho de que esa partida figure en los Presupuestos de la comunidad autónoma no es garantía suficiente, por eso aquí también pedimos un poco más: que se establezcan mecanismos dentro de la Ley que garanticen que ese dinero va a llegar", ha señalado, para añadir que "quizás una de las vías podría ser la retención de los ingresos a las Comunidades Autónomas si no cumplen".
   Asimismo, De la Serna ha destacado el hecho de que la reforma de la Administración Local pretenda clarificar competencias municipales para evitar duplicidades ya que es algo que desde las entidades locales llevan "toda la vida" reclamando, sobre todo en lo que se refiere a las "competencias impropias" que asumen los ayuntamientos cuando son responsabilidad de otras administraciones y que, tal y como ha denunciado De la Serna, suponen un coste de 10.000 millones de euros.
   "Lo más importante es lo que tiene que ver con la distribución de competencia. El saldo cualitativo que podemos alcanzar es aquel asociado a la clarificación de competencias para evitar duplicidades. Pensamos que esa clarificación de competencias mejoraría el funcionamiento de las administraciones públicas, y el ratio de eficiencia. Nos referimos a Sanidad, Educación y Servicios Sociales", ha detallado.
   Por otra parte, ha señalado que todavía queda por definir qué entidad supramunicipal será la que se encargue de prestar aquellos servicios que los ayuntamientos no vean rentable y eficiente o no estén en condiciones de prestar.
   En este sentido, ha reconocido que la asunción de dichas competencias por parte de las diputaciones provinciales es una posibilidad planteada en algunos documentos de trabajo "parciales" de cara a elaborar el anteproyecto de la ley, pero no es definitivo. "Lo que demuestra es que se está trabajando intensamente en la reforma. No debemos pronunciarnos sobre documentos parciales", ha manifestado.

Torres-Dulce manifiesta su compromiso contra la corrupción

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha manifestado este martes que existe un amplio consenso social respecto al establecimiento de "un nivel de tolerancia cero" frente a la corrupción, y que esta posición es la que asume el Ministerio Fiscal porque no puede permitir que este fenómeno "siga envenenando el funcionamiento de la economía, su imagen internacional, la integridad de las arcas públicas, la probidad en las relaciones comerciales y el cabal desempeño de las prerrogativas y funciones publicas".

   Torres-Dulce se ha manifestado en este sentido durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde acudió a presentar el contenido de la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2011.
   Sobre la Fiscalía Anticorrupción, manifestó que "está asumiendo la investigación de las mas complejas formas de delincuencia económica."  
   Para Torres-Dulce, "junto con la furiosa agresión del terrorismo no hay forma mas devastadora de ataque a la democracia  y a sus valores que  la devaluación de las instituciones por la venalidad de sus responsables".
   Por ello, el fiscal general de Estado insistió en su "beligerante compromiso contra esta lacra "con la conciencia clara de que en esta partida nos jugamos mucho mas que un mero interés económico".
   En esta lucha, considera que la Fiscalía Anticorrupción constituye una pieza clave que debe ser reforzada en sus medios personales y materiales como unidades adscritas a la misma y la plena colaboración de órganos de la administración que sean requeridos
   A lo largo de su comparecencia, convocada para que diera cuenta de la última Memoria de la Fiscalía, correspondiente a 2011, Torres-Dulce ha manifestado que los delitos contra la Administración Pública han experimentado un ligero descenso en su conjunto, aunque con incrementos en modalidades delictivas de gran trascendencia.
   Así, por el número de procedimientos incoados la prevaricación administrativa ha experimentado un aumento cercano al 30 por ciento en 2011, mientras que el cohecho se ha visto incrementado en un 45 por ciento y el tráfico de influencias en un 44 por ciento. Las causas por  malversación de caudales públicos durante el pasado año subió en un 25 por ciento.
   Según Torres-Dulce, los citados incrementos se deben "quizá a una mayor eficacia de la persecución de este tipo de delito", si bien reconoce que existe un "deficiente tono ético en el desempeño de determinados cargos" sobre el que "debemos reflexionar".
   Torres-Dulce ha realizado un diagnóstico de la situación de la institución y ha expresado sus quejas por la actual distribución de competencias, que hace que la gestión de los recursos que precisa la Fiscalía para trabajar dependa de hasta 13 proveedores diferentes entre Ministerio y Comunidades Autónoma.
   Ello ha provocado, a juicio del fiscal general, que mientras existe un Ministerio Fiscal que ha apostado por la especialización, la oficina fiscal "ha permanecido ajena a esta transformación".
Además, ha resaltado el escaso ratio de funcionarios por fiscal (del 0,8 por ciento), lo que obliga a los fiscales a asumir tareas organizativas que le restan tiempo para su labor principal.
   Igualmente, ha dicho que actualmente en el mapa tecnológico de la Fiscalía conviven hasta diez aplicaciones diferentes y a advertido de la incompatibilidad de los diferentes sistemas, lo que supone un "serio obstáculo" para la labor del Ministerio Público.
   Al igual que hizo con ocasión de su comparecencia antes de ser designado fiscal general, el pasado mes de enero, Torres-Dulce ha manifestado la importancia que para él tiene el principio de independencia fiscal y ha anunciado la presentación del Libro Blanco del Ministerio Fiscal antes de que finalice el propio periodo de sesiones.  
   Igualmente, ha denunciado el excesivo esfuerzo que requiere la dedicación de los fiscales a las infracciones leves o faltas, que alcanzaron en 2011 los 300.000 juicios "El grado de alarma que generan en la sociedad es tan de escasa entidad que se dispersan y debilitan de manera innecesaria" las energías del Ministerio Público.
   De los 4.477.380 procedimientos incoados en el orden penal durante 2011, más del 90 por ciento se archivan. El fiscal viene a formular anualmente 300.000 son acusaciones, que se dividen en 150.000 diligencias urgentes ( 43 por ciento por delitos contra la seguridad vial y 25 por ciento por violencia de género") otras tantas procedimientos abreviados y apenas un uno por ciento procedimientos ordinarios, referidos a los delitos más graves como homicidios, violaciones etc.
   La Memoria también recoge que aunque en 2011 no se produjo ningún atentado terrorista --sí hubo cinco acciones de terrorismo callejero--, el número de detenidos por terrorismo etarra ascendió a 82, 61 menos que en 2010.    

El ministro Soria niega el cierre definitivo de siete paradores y puntualiza que será "temporal"

MADRID.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha aclarado este martes que el Gobierno no está actualmente "planteando cierres definitivos de siete Paradores", entre ellos el de Albacete, tal y como ayer avanzaron los sindicatos, sino "temporales".

   "De momento estamos negociando el ERE con los representantes de los trabajadores, con reuniones a lo largo de todos estos días, y la empresa está estudiando el cierre temporal de 7 paradores porque queremos evitar el cierre definitivo", recalcó tras el acto de entrega de las Medallas y Placas al Mérito Turístico.
   Fuentes sindicales explicaron ayer que la empresa planea cerrar siete establecimientos de la red y cierres temporales en otros 27 de los 94 paradores existentes, medidas que se sumarían al ERE presentado por la cadena para la extinción de 644 trabajadores, casi el 14% de la plantilla.
   Sin embargo, Soria insistió en que las medidas que se están planteando, "entre ellas el ERE y el cierre temporal, que no definitivo, de algunos paradores, se hacen porque el ajuste de gasto de 20 millones de euros durante 2012 ha sido claramente insuficiente para salvar la empresa".
   Para el ministro, Paradores es una "referencia en el sector turístico español", y por eso hay que "preservarla". Por eso, a su juicio, "no hay otra opción que el ERE y los cierres temporales, porque la alternativa sería un proceso concursal de suspensión de pagos", que el Gobierno va a "intentar por todos los medios evitar".
   "El problema es que Paradores se ha metido en una estrcutura de gastos que no era afrontable con el nivel de ingresos que tenía. Sobre una situación de claro saneamiento con 45 millones de euros invertidos en Bonos del Tesoro en 2004, se ha pasado a una situación negativa en 113 millones de euros en 2011", argumentó.

El Gobierno y PP intentan avanzar en la reforma de administraciones públicas

MADRID.- El Gobierno y el Partido Popular intentarán dar un impulso a la reforma de las administraciones públicas que ha puesto en marcha Mariano Rajoy con el objetivo de racionalizar estructuras, procedimientos y recursos. Para ello se han convocado sendas reuniones, una en Moncloa más centrada en el ámbito local y otra en 'Génova' con carácter más autonómico.

   Así, el presidente del Gobierno recibirá en el Palacio de la Moncloa al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, que le trasladará la disposición de las entidades locales para trabajar en la reforma de la administración con "la máxima lealtad institucional, consenso y diálogo".
   A la misma hora, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; y el vicesecretario de Política Autonómica y Local del partido, Javier Arenas, abordarán la reforma de las administraciones públicas en la sede del PP.
   A este encuentro asistirán también los consejeros de Presidencia y de Administraciones Públicas de las comunidades en las que gobierna el PP; así como los portavoces del PP de estas materias de las CCAA en las que no gobiernan. El objetivo es "coordinarse" y poner en común propuestas para racionalizar recursos y reducir estructuras.
   Cospedal ha explicado este lunes que pretenden introducir el criterio de eficacia en todas las administraciones, mediante la eliminación de duplicidades y la limitación de competencias que cada una debe asumir. Se trata, ha proseguido, de introducir el criterio de sostenibilidad en la gestión pública para hacerla lo más eficiente posible.
   La 'número dos' del PP ha señalado que están trabajando en propuestas que quieren compartir y estudiar "en el buen sentido con el PSOE en aras de conseguir un gran acuerdo". Por el momento, los responsables de Política Municipal de los dos principales partidos ya han mantenido algún contacto para dar pasos en la reforma de la administración local.
   Fuentes del PP han explicado que la vicepresidenta del Gobierno informará este martes de los trabajos de la comisión de estudio para la reforma integral de las Administraciones Públicas que se constituyó hace pocas semanas y que tiene que elevar una propuesta formal antes del próximo 30 de junio.
   El objetivo de esta comisión es auditar de "abajo a arriba" las administraciones para hacer viable una estructura de Estado, de reparto de competencias y de responsabilidades que "ha funcionado muy bien" pero que es "insostenible" en tiempos de crisis, en palabras de Sáenz de Santamaría.
   Una de las primeras propuestas de esa comisión ha sido la reducción del número de coches oficiales del parque móvil del Estado, que supondrá un ahorro para las arcas públicas de 10,5 millones de euros en los dos próximos años.
   Por su parte, Montoro dará cuenta en esta reunión en 'Génova' de cómo marchan los trabajos para la reforma de la Administración Local, que pretende clarificar competencias municipales para evitar duplicidades (supondrá un ahorro de al menos 3.500 millones de euros).
   Esa reforma apostará también por la supresión de más de 3.000 entidades locales menores y mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no está asegurada y la eliminación de más de 21.000 concejales en las próximas elecciones municipales.
   Precisamente, Cospedal y Arenas mantuvieron el pasado jueves un encuentro con representantes de distintas federaciones de municipios del país, en el que subrayaron la apuesta del PP por reducir el número de concejales y los sueldos, así como mejorar la financiación municipal, aclarar las competencias, reforzar las diputaciones y eliminar buena parte de las mancomunidades.
   Fuentes del PP han asegurado que se trata de una reunión "ordinaria" en el marco de las muchas que organiza cada semana el partido para "coordinarse" con el Ejecutivo y han señalado que el objetivo de esta cita no es dar el visto bueno a ningún texto concreto que vaya a ir ya al Consejo de Ministros.
   En principio, desde el Gobierno se tiene intención de aprobar antes de que acabe el año la reforma de la Ley de Gobierno Local, clave en el marco de reformas estructurales anunciadas por Mariano Rajoy para esta legislatura.

lunes, 3 de diciembre de 2012

Multan con más de un millón a tres productores de vino de C-LM

MADRID.-   La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas por valor de más de un millón de euros a tres asociaciones de productores de vino de las denominaciones de origen de Valdepeñas y Castilla-La Mancha por determinar y poner límite al precio que los bodegueros asociados deben pagar por la uva. 

   Se trata de dos asociaciones de la Denominación de Origen Valdepeñas (Asevivaldepeñas y AMBV) y una de la de La Mancha (Asevicaman) directamente relacionada con la primera, puesto que comparten entre sí secretario general.
   Según ha informado este lunes el organismo dependiente de Economía, estas actuaciones se realizaron en el momento del inicio de la campaña, en el mes de septiembre, momento en que se recolecta la mayor parte de la uva.
   En concreto, el consejo de la CNC ha explicado que se trata de comportamientos llevados a cabo por las asociaciones, conjuntamente y de forma paralela entre ellas, trasmitiendo a sus asociados los precios y mandando mensajes sobre los mismo y, en algunos casos, sobre la reducción con el fin de que cada bodeguero no decida por su cuenta el precio a pagar, armonizando por tanto la política comercial de compra de la uva.
   Competencia ha destacado que estas infracciones de la normativa de competencia perjudican a todos los consumidores, pero también de forma directa a los productores agrícolas.
   En este sentido, la legislación de competencia es igualmente aplicable a las conductas anticompetitivas llevadas a cabo por los agricultores y a las que se realizan en otros eslabones de la cadena de valor agroalimentaria, protegiendo siempre a los operadores económicos que compiten lealmente en el mercado.
   En abril del pasado año, la dirección de investigación de la CNC abrió un expediente sancionador contra el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdepeñas por una posible conducta anticompetitiva, que habría consistido en la fijación del precio de la uva en el marco de la Denominación de Origen Valdepeñas.
   Las conductas analizadas tenían su origen en un escrito remitido por la Comisión Regional de la Competencia de Castilla-La Mancha, que informaba de una posible infracción de la normativa de competencia.
   En el marco de la instrucción de dicho expediente la dirección de investigación de la CNC realizó inspecciones el 2 de marzo de 2011, procediendo a ampliar la incoación, en vista de la información recabada, contra Asevivaldepeñas, AMBV y Asevicaman, todo ello en relación con el precio de compra a los productores de uva para la elaboración de vino de las Denominaciones de Origen Valdepeñas y La Mancha en las campañas 2009-2010 y 2010-2011.
   Por ello, el consejo de la CNC ha impuesto una sanción de 746.871 euros a Asevivaldepeñas; de 270.443 euros a Asevicaman, y de 13.370 euros a AMBV.
   Finalmente, ha declarado que no ha resultado acreditada la responsabilidad de la Asociación Interprofesional de la Denominación de Origen Valdepeñas (Intervaldepeñas).

El PP detrae casi 28 millones de implantes, fármacos, recetas y material

TOLEDO.- El Grupo Parlamentario Popular ha detraído casi 28 millones de euros de distintas partidas recogidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos de 2013 relativas a implantes, productos farmacológicos, recetas y material, entre otras, a fin de evitar los recortes salariales que iban a afectar a personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) contemplados en ese mismo texto.

   Además de estos 28 millones, los 'populares' detraen casi 30 millones de otras partidas salariales del personal de Sanidad para así alcanzar un total de 57 millones con los que se dará cumplimiento al acuerdo alcanzado entre el colectivo de médicos de la región y el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz.
   Así figura en dos de las 12 enmiendas presentadas por el PP al Proyecto de Ley con las que se incrementa en 3.5000.000 euros el complemento de productividad Tipo I, en 7.874.210 euros el complemento de atención continuada del personal sanitario facultativo, en 6.835.660 euros el complemento de atención continuada para el personal sanitario no facultativo, en 1.195.880 euros el complemento de atención continuada de personal no sanitario y en 37.742.640 euros el complemento de carrera.
   En concreto, el PP reduce la partida de productos farmacéuticos en 964.190 euros, la de productos farmacéuticos de la red hospitalaria en 2.533.819 euros, la de implantes baja en 5.400.000 euros, la de material del laboratorio baja en 1.639.010 euros, la de material de radiología baja en 4.280 euros y la de material de medicina nuclear disminuye en 96.300 euros.
   La partida denominada 'otro material sanitario' baja en 6.936.930 euros, la de conciertos con instituciones de atención especializada con entidades privadas baja en 1.803.700 euros, la del club de diálisis disminuye en 904.830 euros, la de terapia insuficiencia respiratoria a domicilio por oxigenoterapia baja en 1.141.470 euros, y la de recetas médicas disminuye en 6.492.000 euros.
   Asimismo, se detrae dinero de los sueldos del Grupo A1 y Grupo A (excepto personal de cupo) a los que se les quitan 3.772.150 euros; y de los sueldos del Grupo A1 y Grupo A de personal de cupo de donde se quitan 35.600 euros.
   El PP también retira 3.739.350 euros de los sueldos del Grupo A2 y Grupo B (excepto personal de cupo), 20.060 euros de los sueldos del Grupo A2 y Grupo B de personal de cupo, 495.830 euros de los sueldos del Grupo C1 y Grupo C, 1.962.880 euros de los sueldos del Grupo C2 y Grupo D, 680.560 euros de los sueldos del personal de agrupaciones profesionales y del Grupo E, y 2.190.150 euros del dinero destinado a antigüedad.
   Igualmente, se detrae dinero de la partida del complemento de destino, que disminuye en 4.778.210 euros; del complemento específico de personal no sanitario se quitan 637.430 euros; del complemento específico de personal facultativo se quitan 2.251.180 euros; y del complemento específico de personal sanitario no facultativo se detraen 1.395.800 euros.
   Además, la partida del complemento específico por turnicidad de personal sanitario no facultativo disminuye en 169.730 euros, la partida del complemento específico por turnicidad de personal no sanitario disminuirá en 35.160 euros, la partida de complementos transitorios absorbibles bajará en 12.110 euros y las retribuciones complementarias de cupo disminuirán su presupuesto en 16.150 euros.
   También disminuirá el dinero presupuestado para el complemento por Incapacidad Temporal en 39.300 euros, el dinero de los sueldos del Grupo A1 y Grupo A para sustituciones en 136.180 euros, el de los sueldos del Grupo A1 y Grupo A del personal estatutario eventual en 51.770 euros, el de los sueldos del Grupo A2 y Grupo B para sustituciones en 2.633.250 euros, la partida de sueldos del Grupo A2 y Grupo B para personal estatutario eventual en 155.480 euros, los sueldos del grupo C1 y Grupo C para sustituciones en 34.310 euros y los sueldos del grupo C1 y Grupo C de personal estatutario eventual en 18.080 euros.
   Asimismo, el PP disminuye la partida destinada a los sueldos del Grupo C2 y Grupo D para sustituciones en 130.580 euros, la de sueldos del Grupo C2 y Grupo D de personal estatutario eventual en 63.680 euros, los sueldos del personal de agrupaciones profesionales y del Grupo E para sustituciones en 37.670 euros, la de sueldos del personal de agrupaciones profesionales y del Grupo E para personal estatutario eventual en 14.110 euros, las retribuciones complementarias para sustituciones en 2.565 euros y las retribuciones complementarias de personal estatutario eventual en 422.670 euros.
   Finalmente, el PP disminuye la partida de retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual en 18.280 euros, la de retribuciones básicas y otras remuneraciones en 604.090 euros, y la de personal contratado de investigación en 18.730 euros.
   De otro lado, el PP ha presentado una enmienda por la que autoriza al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) al pago de gastos farmacéuticos y material sanitario por un importe máximo de hasta 14 millones de euros --frente a los 10 millones de euros actuales--, sin necesidad de que ese gasto sea autorizado por el Consejo de Gobierno.
   Otra de las enmiendas actualiza en un 1,02 por ciento a partir del 1 de enero de 2013 las tasas de la comunidad autónoma que no aparecen recogidas en la Ley de Tasas y Precios Públicos de la región. En concreto, las que aparecen recogidas en la Ley Reguladora del ciclo integral del agua de la región y sus modificaciones, en la Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha y sus modificaciones y en la Ley de Regulación de Tasas en materia de Industria, Energía y Minas.
   El Partido Popular ha presentado otras dos enmiendas relativas al tipo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos y la devolución del gasóleo de uso profesional y a los actos jurídicos documentados --ambos impuestos transferidos del Estado-- para ajustar su textualidad a la nueva denominación y características, sin que en ninguno de los dos casos haya, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del PP, Francisco Cañizares, "incremento ni descenso" de partidas.
   De otro lado, y como ya hiciera el PP en el Presupuesto de 2012, ha incluido otra enmienda que recoge que en el próximo ejercicio el sueldo del personal empleado público de la Administración de la Junta no sea inferior en 2013 a 1.192 euros mensuales.
   En otra de sus enmiendas, a la autorización del Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para adecuar las retribuciones del personal al servicio de la Administración a las que establezca la Administración del Estado, el PP añade las que sean "necesarias para garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado a la Junta y a cada organismo autónomo" en el caso de que exista una "desviación en la ejecución prevista".
   El texto recoge que el consejero de Hacienda informe mensualmente al Consejo de Gobierno sobre el desarrollo de la ejecución presupuestaria.
   De otro lado, el portavoz del Grupo Popular ha dado cuenta de dos de las enmiendas presentadas por el PP a su propia Proposición de Ley de reforma del Reglamento de las Cortes, que modifican el artículo 11 y 12, a fin de que la Mesa de las Cortes decida los acuerdos sobre la Seguridad Social de los diputados.
   En cuanto al Proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el PP ha presentado una enmienda "aclaratoria" donde se recoge la "autonomía" presupuestaria de las Cortes, ya que en el texto original "aparecía como un órgano más del Gobierno", ha explicado Cañizares.

La UCLM convoca 2.381 becas de movilidad internacional

TOLEDO.-   Los estudiantes interesados en obtener una beca Erasmus, Leonardo y otros programas de movilidad internacional pueden solicitar alguna de las 2.381 plazas convocadas por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para el curso 2013-14 hasta el próximo 21 de diciembre.

   En nota de prensa la universidad ha explicado que para optar a alguna de estas ayudas, entre otros requisitos, es preciso acreditar el nivel B1 de inglés, cuyas pruebas se celebran estos días en todos los campus.
   A partir de segundo curso de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o ingeniería técnica se puede solicitar una beca de estudios Erasmus para realizar una estancia temporal en universidades y otros centros de educación superior en alguno de los 30 países europeos que ofrecen plazas.
   Además de estar matriculado en la UCLM en el próximo curso académico, es preciso tener una nota media en el expediente igual o superior a 5, ser nacional de alguno de los países acogidos al convenio y acreditar como mínimo el nivel B1 de inglés.
   La beca Erasmus, compatible con otras ayudas o préstamos, está dotada el próximo curso con 111 euros mensuales procedentes del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE), a los que debe sumarse la cuantía complementaria que otorga el Ministerio de Educación español.
   En los últimos años, esta suma comprendía unos 150 euros mensuales hasta un máximo de ocho meses y 150 euros adicionales para cada alumno beneficiario de una beca general durante el curso inmediatamente anterior.
   Además de 2.023 becas de estudios, la UCLM ofrece para el próximo curso académico 127 becas de prácticas en empresas europeas dentro del programa Erasmus. Los requisitos son prácticamente los mismos que para las becas de estudios, si bien en esta modalidad el estudiante puede elegir entre acogerse a las plazas concertadas o buscar por su cuenta la empresa u organización de destino.
   La cuantía de las becas incluye 300 euros mensuales aportados por el OAPEE y 300 adicionales concedidos por el Ministerio de Educación en las mismas condiciones que en las becas de estudios.
   Para que la UCLM reconozca la carga docente de las prácticas en el extranjero, la estancia, de entre tres y seis meses de duración, deberá realizarse obligatoriamente entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de septiembre de 2014.
   También ofrece prácticas el programa Leonardo Da Vinci, que incluye para el  próximo curso académico 53 becas en empresas y organizaciones de 17 países. Estas plazas, para las que la empresa evalúa directamente los conocimientos de idiomas del solicitante, cuentan con una dotación económica de entre 2.423 y 5.180 euros según el país de destino, además de 300 euros para la realización de un curso de idiomas en el destino y un seguro de responsabilidad civil.
   Las becas Leonardo, dirigidas a quienes hayan concluido estudios en la UCLM durante los dos últimos cursos anteriores a la fecha de solicitud, no precisan experiencia laboral previa y tienen una duración de 26 semanas, que deberán disfrutarse entre la fecha de la resolución de la convocatoria y el 15 de mayo de 2014.
   Al margen de los programas europeos Erasmus y Leonardo, la UCLM convoca además 178 becas de estudios en universidades de países extracomunitarios, entre los que se encuentran Estados Unidos, México, Canadá o Brasil, entre otros.
   Los interesados, que deben elegir su destino teniendo en cuenta la afinidad de estudios con los cursados en su escuela o facultad, deben haber superado el primer curso de la titulación y contar con una media superior a cinco en su expediente, además de acreditar el nivel B1 de inglés.
   Las becas incluyen matrícula gratuita en la Universidad de destino y, si la solicitud va dirigida a un país latinoamericano, el solicitante puede optar a alguno de los premios al mejor expediente que tradicionalmente otorga Banco Santander.
   El intercambio internacional no Erasmus incluye cuatro becas para lectores de español en las universidades Muskingum, North Dakota y Arcadia (Estados Unidos) y Manipal (India), con distintas remuneraciones según el país de destino.

La democracia, en peligro / Josep Ramoneda

Los movimientos sociales han conseguido que el drama de los desahucios por impago de hipotecas entrara en la agenda pública. El Gobierno ha querido hacer demostración de sensibilidad social y lo ha hecho de la manera más miserable: con un decreto que ni toca nada esencial ni resuelve problema alguno, simplemente los aplaza. Algunos pocos ciudadanos afectados se salvarán del desahucio durante dos años, pero cuando termine este periodo no solo tendrán el mismo problema, sino que lo verán sensiblemente agravado, porque los intereses seguirán corriendo a favor del banco. 

El Gobierno no ha querido cambiar una legislación injusta porque está muy decantada hacia los intereses del acreedor. Y no quiere saber nada de algo tan de sentido común como la dación en pago. Los bancos no querían ningún cambio esencial. Y este Gobierno —como el anterior— se distingue por un temor reverencial a los dioses financieros. Sin embargo, en este país la morosidad familiar es muy baja. Hasta el punto de que se podrían evitar todos los desahucios de primera residencia sin riesgo para el sistema.

Esta misma semana, Europa ha concretado el plan de rescate de las cajas, en unas condiciones muy duras en términos de pérdida de empleo y de reducción de actividad. Se completará así un proceso de transferencia de dinero público al sistema financiero sin que los culpables de este desastre hayan dado la cara. Algunos se han ido de rositas con millonarias indemnizaciones. El comisario Almunia dijo que no es cosa de dar nombres de los responsables de este desaguisado. ¿Por qué, si entre todos estamos pagando sus desmanes? 

Vivimos en plena cultura de la irresponsabilidad: los Gobiernos autónomos justifican sus políticas de austeridad argumentando que España y Europa les obligan. El Gobierno español dice que no hace sino lo que Europa le exige. Miguel Blesa, que gobernó Caja Madrid hasta 2010, niega cualquier responsabilidad porque las cosas que ocurrieron eran imprevisibles y todos hicieron igual.

Esta cultura de la irresponsabilidad es el caldo de cultivo de la desconfianza, del cinismo y de la corrupción. La desconfianza y el cinismo tienen efectos demoledores de descomposición social. La corrupción amenaza al propio sistema democrático. “La cuestión del siglo XX fue: totalitarismo o democracia. La cuestión de hoy es: democracia o corrupción”, escribe André Glucksmann. Todo sistema de poder tiene su régimen de verdad. 

El gobierno de nuestras democracias se legitima cada vez más por un tipo de verdad tecnocrática que, construido sobre la triada crecimiento, competitividad, consumo, “se caracteriza por una concepción de la economía como actividad completamente separada de la vida social, que debe escapar al control de la política” (Tzvetan Todorov). La política queda reducida a la ejecución de las exigencias del dinero, y el valor de cambio se convierte en el único criterio de toma de decisiones tanto en el ámbito de lo público como en el de las opciones morales privadas. Un cultivo ideal para que crezca la corrupción.

Y sin embargo es inevitable plantearse una pregunta: ¿la corrupción se ha extendido por el sistema más que nunca o el nuevo régimen de verdad que opera en nuestras sociedades es más descarado, la hace más visible? Antes el discurso que acompañaba la política ocultaba la corrupción y ahora no alcanza a esconderla, ¿por qué ha aumentado o por qué ha triunfado el cinismo? Probablemente se combinan las dos cosas: la ausencia de proyectos políticos más allá del horizonte económico reduce las motivaciones de los que se dedican a la cosa pública y desmoviliza a los ciudadanos. 

De ahí la sensación de mediocridad creciente de los gobernantes. Pero, al mismo tiempo, un régimen de verdad basado estrictamente en el dinero hace más visible la cruda realidad del sistema de intereses. Michel Foucault lo llamaba el principio de Rosa Luxemburgo: la incompatibilidad entre “la evidencia adquirida de lo que pasa realmente, evidencia adquirida por todos, y el ejercicio de la gobernabilidad por unos pocos”. Luxemburgo había dicho: “Si todo el mundo supiera, el régimen capitalista no duraría 24 horas”. Todo el mundo sabe. Y el capitalismo no se ve amenazado. 

Quizá la explicación esté en lo que Michel Foucault llama el principio de Solzhenitsyn o del terror: “La gobernabilidad en estado desnudo, en estado cínico, en estado obsceno. En el terror, es la verdad, y no la mentira, lo que inmoviliza”. Lo vemos en el miedo ante la crisis que paraliza a la sociedad. La democracia es incompatible con este sistema de gobernabilidad. El capitalismo no está en peligro; la democracia, sí.

Contra los poderes salvajes / Patricio Hernández *

Qué legitimidad tiene un Gobierno salido de unas elecciones democráticas para cambiar el programa que ha sometido a la consideración de los ciudadanos y sustituirlo por otro radicalmente diferente? ¿Pueden los Gobiernos y los partidos que los sostienen sentirse desvinculados de cualquier compromiso con la ciudadanía, como si dispusiesen de una piratesca patente de corso política que les permitiría hacer cualquier cosa?

El Gobierno de Rajoy lleva poco más de un año dirigiendo el país y en este tiempo ha enterrado sus promesas electorales y, so pretexto de que los datos de la realidad no eran los que suponía, ha desarrollado una acción de gobierno que está suponiendo la aplicación de un desconocido programa contrarreformista de drásticos recortes destinado „nada menos„ que a cambiar por completo la constitución material de nuestro estado social y el marco de derechos y libertades de los españoles.

Amparado en la capacidad legal que le otorga la mayoría parlamentaria, el Gobierno rechaza cualquier obligación de devolver la palabra a los ciudadanos sobre sus profundos ajustes y recortes. Esta misma semana ha tumbado en el Congreso (con la esclarecedora ayuda de UPyD, ojo con estos) la propuesta de someter esta política a referéndum presentada por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el BNG. El argumentario compartido para este rechazo coincide en llamar ´ocurrencia´ a esta idea y acusarla de «ignorar los fundamentos de una democracia representativa», invocando incluso el «aprecio de las dictaduras por los referéndums».

Basta sin embargo con mirar hacia las democracias más consolidadas para ver como se usa sin complejos el referéndum cuando se tiene voluntad de contar con la opinión de los ciudadanos. Es más bien el resultado reciente de algunos de ellos (el ´no´ francés y holandés a la Constitución Europea, la negativa del primer referéndum irlandés sobre este mismo asunto, el rechazo de Islandia a pagar la crisis bancaria o las decisivas derrotas de Berlusconi) el que ha llevado a la actual dirigencia conservadora europea a mostrarse alérgica a estas consultas, e incluso a impedirlas con toda clase de presiones y juego sucio, como hicieron con la propuesta de Papandreu de consultar las medidas de rescate para Grecia, que acabó por costarle el cargo.

Pero para entender cabalmente este rechazo hay que situarlo en el contexto europeo de un reduccionismo democrático que pretende, como vemos, no sólo reducir la democracia a las elecciones, sino desvincular incluso a los electos de compromiso alguno con los elegidos. Las élites políticas extractivas que dirigen los partidos mayoritarios dan muestras así de una concepción patrimonialista de la democracia, la misma que subyace en esa honda expresión de malestar y rechazo que está suponiendo la imparable desafección ciudadana respecto a las derivas degeneradoras de nuestro modelo político. 

El respetado filósofo del derecho italiano Luigi Ferrajoli habla de «la patente insuficiencia de la noción formal de democracia, la hoy prevalente en la cultura política al uso, que la reduce al ejercicio del voto para la formación de la voluntad popular». Observa también que este vaciamiento de la democracia política constituye una auténtica voladura del estado constitucional, un auténtico proceso ´deconstituyente´ que revela «dinámicas antisistema insertas en el interior de las instituciones mismas».

¿En qué están quedando, deberíamos preguntarnos, los derechos constitucionales al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la justicia gratuita, a la salud, al acceso a la cultura, etc.? De ahí que Ferrajoli hable de esta forma neoabsolutista de ejercer el poder como de ´poderes salvajes´.

Ya sabemos que esta rebaja de los estándares democráticos, que esta democracia de baja calidad en que vivimos en España, un país „no se olvide„ de débiles tradiciones democráticas, es paralela y está en relación con la vasta operación emprendida desde 2010 de desmontaje de nuestro tímido estado social, que pretende acabar de forma acelerada con el mayor logro de los 35 años de democracia, modificando profundamente el modelo económico y social, suprimiendo derechos, recortando prestaciones y extendiendo las privatizaciones, como demanda el hegemónico recetario neoliberal imperante en las instituciones europeas y en el „no ya salvaje sino directamente antropófago„ poder financiero.

De ahí esa brutal descalificación de cualquier demanda de participación y consulta a los ciudadanos, incluso la denigración y represión de los que disienten, de los que no consienten la jibarización autoritaria de la democracia puesta en marcha, de los que resisten los cantos de sirena que nos llaman incesantemente a la pasividad, a la indefensión voluntaria, a la aceptación como inevitable de este proceso de desposesión social.

En España la democracia se ha identificado históricamente con el Estado del Bienestar, lo que explica que para desmontar éste haya que restringir aquélla, alentando desde el poder la pérdida de sentido cívico de amplios sectores de la ciudadanía, requisito necesario para fragilizar o suprimir las que creíamos sólidas conquistas sociales.

Pero ya vemos que la resistencia crece por todas partes, que la contestación a este estado de cosas es más robusta cada vez, y que la movilización popular empieza a dar sus frutos. A reforzar esta corriente viene la propuesta de campaña para exigir la convocatoria de un referéndum sobre los recortes que devuelva a la gente la capacidad de decidir sobre una política impuesta, es decir, sin sanción lectoral alguna, que está deteriorando la vida democrática, empobreciendo a la mayoría de la sociedad, abriendo la brecha de la desigualdad y poniendo en situación límite a muchas familias en España.

Esta campaña, impulsada desde el espacio de concertación sindical y social que hemos llamado Cumbre Social, no quiere sustituir a ninguna otra forma legítima de lucha contra la austeridad autoritaria, desde las manifestaciones y huelgas a las distintas formas de desobediencia civil, sino añadir un nuevo instrumento para la concienciación de los ciudadanos sobre lo que está en juego y para reforzar la presión dirigida a impedir que se consume la doctrinaria distopía neoliberal de los actuales poderes salvajes.

(*) Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia

Paradores planea cerrar siete establecimientos, el de Albacete entre ellos


MADRID.- La dirección de Paradores planea cerrar siete establecimientos de la red y cierres temporales en 27 de los 94 paradores que conforman la red, medidas que se sumarían al ERE presentado por la cadena para la extinción de 644 trabajadores, casi el 14% de la plantilla, según informaron fuentes sindicales. Entre ellos estaría el de Albacete.
 
Este lunes quedó constituida la mesa de negociación del ERE, cuyos despidos se repartirán por todo el conjunto de paradores, según indicaron las mismas fuentes, que precisaron que una vez presentado oficialmente, se abrirá un periodo de consultas, que durará un mes.
Los siete paradores para los que la hotelera plantea el cierre total son el de Albacete, el de Manzanares (Ciudad Real), Ayamonte (Huelva), Ferrol (A Coruña), Puerto Lumbreras (Murcia), Teruel y Verín (Ourense).
Los sindicatos han mostrado su "más absoluto rechazo al plan", que afectará a unos 1.500 trabajadores de los 4.600 que tiene en plantilla (400 en servicios centrales), incluidas las salidas, y han pedido "la dimisión del Comité de dirección de la cadena hotelera".
Fuentes sindicales de UGT calificaron de "desproporcionado" y de "inasumible" el plan que la compañía ha puesto sobre la mesa, ya que "perjudicaría la continuidad de la compañía más allá de la extinción de los 644 empleos".
Según UGT, el plan contempla el cambio de su condición de fijos a fijos discontinuos para 856 trabajadores de la plantilla, la supresión del departamento de reservas y del de informática.
En un comunicado CC.OO., aseguró que el cierre por temporada de estos establecimientos afectaría a los contratos de 948 trabajadores, a los que se debe sumar el cierre de nueve servicios de restauración (restaurantes y cocinas).
Paradores convocó este lunes a los representantes del Comité Intercentros de la cadena hotelera, integrado por UGT y CC.OO., a una primera reunión para abrir la negociación del plan de reestructuración planteado por la compañía e iniciar el periodo de consultas, ante las quejas de los representantes sindicales ante la convocatoria del pasado jueves por un defecto de forma.
El Comité Intercentros se ha opuesto a las propuestas de la dirección de la empresa, "por desproporcionadas", ya que temen que escondan "una futura privatización de la red", y mantiene la huelga convocada para el jueves y viernes de esta semana, los dos primeros días del puente de la Constitución.
Los sindicatos, que prevén difícil "un acuerdo", ya avanzaron que a estas protestas podrían seguirles más paros, ante el temor del "desmantelamiento total de la red". Ambas partes se reunirán de nuevo el próximo día 11 de diciembre. Los sindicatos reiterarán a la compañía un plan de futuro y garantía del empleo que incluya "sacrificios compartidos".
Al respecto, fuentes de la cadena pública aseguraron que será, en todo caso, "en la mesa de negociación donde se decida cuáles y cuántos establecimientos podrían llegar a cerrarse", tras reconocer que existen varios establecimientos de la red que acumulan "enormes pérdidas económicas". No obstante, incidieron en que lo que se ha presentado es la extinción de casi el 14% de la plantilla.
Según los sindicatos, entre los establecimientos afectados por los cierres de temporada se encontrarían los establecimientos ubicados en Cataluña: Aiguablava (Girona), Artíes (Lleida), Seo d'Urgell (Lleida), Cardona (Barcelona), Vic-Sau (Barcelona) y Vielha (Lleida).
En Galicia, la cadena contempla cierres parciales en los establecimientos de Vilalba (Lugo), Monforte de Lemos (Lugo), Santo Estevo (Ourense) y Tui (Pontevedra).
En Andalucía, donde se ubican 16 paradores, con una plantilla de 176 trabajadores, serán reconvertidos los paradores de Cazorla (Jaén) y el de Arcos de la Frontera (Cádiz). Según CC.OO., el ERE contempla 118 despidos en Andalucía y 50 modificaciones laborales, tanto de reducciones de jornada como del cambio de contratos fijos en fijos discontinuos.
En Castilla y León, los afectados por cierres parciales son: Benavente (Zamora), Puebla de Sanabria (Zamora), Cervera (Palencia), Gredos (Ávila), Tordesillas (Valladolid) y Villafranca del Bierzo (León).
En Castilla-La Mancha, la compañía plantea cierres parciales en Almagro (Ciudad Real) y Oropesa (Toledo), mientras que en Cantabria serán dos establecimientos los afectados por esta medida Fuente De y Limpias. También se contemplan cierres temporales en Alcañiz (Teruel) y Bielsa (Huesca); en Guadalupe (Cáceres) y en el de Santo Domingo (La Rioja).

Montoro dice que en el FLA de 2013 se enfatizará aún más la financiación a proveedores

MÁLAGA.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha reiterado este lunes que para 2013 habrá Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para financiar con control por parte de la Administración General del Estado como se está haciendo ahora, y ha asegurado que "todavía enfatizaremos más en el nuevo fondo del año que viene la financiación de proveedores", de forma que este capítulo en las administraciones territoriales "será absolutamente prioritario".

   Montoro, que ha participado en el foro 'Hacienda, administraciones y salida de la crisis', ha señalado que aún es "prematuro" hacer un balance del FLA de este año, ya que el plazo para que se incorpore alguna de las comunidades autónomas de las ocho que no han entrado todavía acaba este lunes, aunque ha apuntado que no espera que entre "ninguna más".
   Además, ha apuntado que "tenemos holgura en el fondo de liquidez actual para que esa financiación se proyecte y continúe el año próximo y atendamos a los servicio que más perentoriamente necesitan los ciudadanos en esta comunidades autónomas".
   En el turno de preguntas, el ministro ha destacado que desde el Gobierno se está "apoyando financieramente a Andalucía", indicando que las últimas cifras de noviembre relativas a FLA son "muy expresivas y en Andalucía --ha continuado-- en la última semana estamos pagando a proveedores 176 millones de euros aplicando este fondo". No obstante, ha indicado que también se está apoyando "a Cataluña, a la Comunidad Valenciana y a otras muchas de menor tamaño, a quien realmente le corresponde y lo requiere".
   Ha incido en que si no se "va más rápido" es porque "a veces, las comunidades autónomas no nos presentan sus facturas", destacando que el "compromiso del Gobierno es liquidar esas facturas".
 "Un país serio no es un país que ignora esas facturas. Tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos la capacidad financiara de hacerlo", ha resaltado.
   Respecto al déficit de las comunidades autónomas, ha asegurado que esta semana se publicará la contabilidad nacional de estas comunidades, relativa al tercer trimestre del año, que ya está elaborada, y dentro de poco se podrá publicar mensualmente la situación "y verán que están encauzadas y los datos traducidos en términos de contabilidad nacional son favorables y positivos".
   Aunque ha insistido en que hay que "cumplir el objetivo de déficit" con el cuarto trimestre de este año, para "poder crear esa confianza", ha dicho que las comunidades autónomas "no son las responsables de esta crisis. Esto es una simplificación". Así, ha recordado que la deuda total de éstas es de 170.000 millones de euros, mientras que "la cifra del 90 por ciento de deuda externa que nos ahoga y asfixia es 900.000 millones de euros".
   No obstante, ha insistido en que de esta crisis "nada más que se sale haciendo los deberes" y ha destacado que actualmente "el estado de las autonomías es más fiable que nunca en la historia lo ha sido", apuntando que existe "una capacidad operativa que es la que tenemos que identificar y reconocer en este momento".

domingo, 2 de diciembre de 2012

La escritora danesa Janne Teller asegura que tenemos "un sistema económico enfermo"

MÉXICO.- La escritora danesa Janne Teller ha afirmado hoy en México que el sistema económico capitalista "está enfermo" y que tiene que ser completamente repensado porque con la crisis global y las dificultades económicas europeas muestra que está agotado.

"Creo que hemos hecho un sistema (económico) enfermo. El mercado es bueno para controlar transacciones económicas básicas pero no para guiar nuestras vidas, como sucede ahora", ha dicho Teller (1964) durante su visita a la XXVI edición de la Feria del Libro de Guadalajara (FIL).
"Mi última novela, 'Ven' (...) se centra un poco en esto. Se interroga sobre cómo podemos tomar decisiones éticas en este mundo moderno dominado por la competencia: qué nos cuesta si lo hacemos y cuánto si no; si podemos escuchar esta voz de la conciencia de alguna manera cuando todo el tiempo somos llevados a correr más deprisa que los demás", explica.
Añade que para ella el colapso de la Unión Soviética y del comunismo a fines del siglo XX "no fue un suceso político sino económico": "El sistema no pudo seguir. Creo que el capitalismo ha llegado ahora a ese punto", sostiene.
Asegura que el modo de organización económica actual "destruye nuestro mundo, nuestro clima, destroza a la gente. Todo es competencia. No importa si uno hace algo bueno para el mundo a menos que uno sea famoso y rico".
Respecto a la crisis en Europa siente que no hay que circunscribirla solo a esa región sino vincularla con "la crisis económica mundial" y de todo el sistema económico capitalista, declara esta escritora europea afincada en Nueva York.
"Si miramos la Primavera Árabe, que toda la gente ha elogiado, sí, ellos tienen Gobiernos autocráticos claros contra los que se levantan. El problema con el sistema de mercado (capitalista) es que es como un torbellino, no tiene un líder, de modo que ¿cómo te rebelas contra eso?", se pregunta.
Abiertamente europeísta y convencida de que la cooperación y el multilateralismo son dos piezas claves para construir un mundo mejor, confiesa que tiene ganas de hablar de todo esto en un ensayo largo que planea escribir.
"Todos los Gobiernos europeos no saben qué hacer porque nadie lidera este sistema o mecanismo. Yo le llamo un 'sistema eyectivo': más rápido, mayor, más grande, más rico, más y más. No existe el valor final", apunta.
En concreto, sobre el divorcio cada vez mayor entre una Europa rica en países del norte y otra empobrecida y con tensiones sociales crecientes en el sur, señala que no se ha sabido dar con una solución adecuada porque la economía real quedó hace años en manos de especuladores.
Considera equivocado ver la crisis como un problema "para los países individuales del sur de Europa" cuando en realidad "es un problema del sistema económico en que vivimos, que cuando desregulamos los mercados financieros en los noventa, los políticos no se dieron cuenta pero le entregaron la economía a gente que apuesta".
"Es tan extraño que regulemos el juego porque es malo para la gente pero ponemos la economía, de la que todos dependemos, en manos de los 'apostadores financieros' más extremos", apunta.
Teller es especialmente crítica con lo que ha estado sucediendo en España: "Los jóvenes españoles están sin empleo por toda la gente que especula. Tenemos que parar eso".