lunes, 2 de julio de 2018

Lo dicho por la ministra para la Transición Ecológica en 'El País'


MADRID.- La gestión del agua es uno de los retos medioambientales de España, según Teresa Ribera. La ministra para la Transición Ecológica advierte hoy en El País: "estamos a punto de recibir la notificación de multas coercitivas muy importantes por el incumplimiento de las obligaciones de saneamiento y depuración".

El anterior Gobierno intentó lograr un pacto nacional del agua, que incluyó negociaciones entre PP y PSOE. Ribera no renuncia a buscar lo mismo. "Me encantaría y me comprometo a intentarlo. Creo que el anterior Gobierno trabajó en muchos temas de agua, algunos pueden formar parte de elementos que se ofrezcan para el pacto del agua". 
Sin embargo, añade: "Repasando los 30 últimos años de nuestra historia, por no remontarnos más atrás, uno se da cuenta de lo que nos cuesta como país, como sociedad, entender la trascendencia que tiene este recurso y la trascendencia que tiene ponerse de acuerdo en cómo utilizarlo". 
Y, ¿pondrá fecha de caducidad al trasvase del Tajo al Segura? "Las aportaciones extraordinarias deben ser eso. Durante muchos años hemos tenido delante el mito del déficit hídrico, cuando en realidad no hay cuencas deficitarias ni excedentarias, porque cada cuenca tiene lo propio de cada una. Puede ser que en algún momento se necesite un apoyo extraordinario, pero hay que dimensionar las cosas y que no pase a ser la regla: lo extraordinario no se puede convertir en ordinario, que todos los meses o todos los años tengamos que hacerlo. 
Eso plantea problemas muy serios en cuanto al caudal ecológico, de calidad del recurso. Claro que tenemos que garantizar un acceso a agua potable para consumo humano en las regiones más secas, y pensar en cuáles son las necesidades para otros usos industriales y económicos. 
Pero, en ese caso, las soluciones tienen que ser distintas, más eficientes y hay que partir de una premisa fundamental: no podemos pensar en una política de agua basada en aquello que se demande se tiene que ofertar. (...) No tiene sentido pensar en que vamos a impulsar macrodesarrollos urbanísticos o grandes explotaciones de regadío porque, aunque no haya agua, ya nos la darán".

El Gobierno plantea una revolución fiscal para que los autónomos paguen por sus ingresos reales

MADRID.- El Gobierno quiere dar un vuelco a la fiscalidad de los trabajadores autónomos. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha planteado la necesidad de revisar la cotización de los trabajadores por cuenta propia para ligarla a los ingresos reales que perciben. “No es razonable que un autónomo que tenga unos ingresos en un mes de 150 euros tenga que pagar una cuota de 300 euros”, ha apuntado.

Valerio ha advertido de que algunos autónomos “están sobrecotizando y otros infracotizando”. Y es que mientras algunos no tienen ingresos suficientes siquiera para abonar la cuota mensual, “tres de cada cuatro autónomos están cotizando por debajo de sus ingresos”, ha apuntado antes de participar en el foro Nuevos retos para autónomos y emprendedores, organizado por la Asociación de Trabajadores Autónomos de Madrid (ATA) y el Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM) dentro de los cursos de verano de El Escorial.
“Debería haber un acuerdo para que los autónomos pudiesen cotizar en función de sus ingresos reales” como ocurre con los trabajadores por cuenta ajena, que pagan en función de sus salarios. Además, Trabajo propone que los autónomos puedan pagar sus cotizaciones trimestralmente y aplicar correcciones a lo largo del año, dado que sus ingresos pueden ser muy diferentes entre un mes y otro.
Valerio ha adelantado que su departamento trabaja en un plan de lucha contra la explotación laboral. “Suena a que es algo de países del tercer mundo, pero en este país se están dando casos”, ha indicado.
En un momento de auge de nuevos modelos empresariales, amparados en la etiqueta de economía colaborativa o de gig economy (pequeños encargos esporádicos), la ministra ha apuntado “está genial siempre y cuando no se utilice sólo como eslogan” porque en ocasiones “esconde un abuso al autónomo”. 
“No se debe utilizar la legislación laboral de manera abusiva cuando implica peores condiciones de trabajo”, ha sentenciado.
La ministra de Trabajo  ve “absolutamente intolerable” la proliferación de los falsos autónomos. “Están utilizando a personas que necesitan un empleo y que quieren salir de situación de desempleo ofreciéndoles que coticen como autónomos, para que sean ellos los que adquieran los medios que necesitan para hacer ese trabajo”. 
Valerio ha adelantado que la Inspección de Trabajo intensificará su labor para combatir la proliferación de la figura de los falsos autónomos.

COAG Murcia recuerda a la ministra Ribera que la cuenca del Segura es "deficitaria estructuralmente"

MURCIA.- La Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas de Murcia, (COAG), ha recordado a la ministra de la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que "sí existen cuencas deficitarias en nuestro país y el Segura es una de ellas" y ha manifestado que "el agua que recibimos los regantes no es gratis, sino que la pagamos bien".

COAG Murcia se ha referido de esta forma a las declaraciones efectuadas por Ribera en una entrevista concedida al diario 'El País', en las que afirma que "algo extraordinario, como los trasvases, no se puede convertir en ordinario".
El presidente de COAG, Miguel Padilla, se pregunta "si las declaraciones de la ministra quieren decir que nos van a retirar las desaladoras, o si olvida que el agua que recibimos también se destina a consumo humano", según informaron fuentes de esta organización agraria en un comunicado.
Las afirmaciones de la titular de Transición Ecológica llevan a los agricultores de la Región de Murcia a dudar sobre un posible pacto del agua, que hoy ven más lejos que nunca, "pese a las grandes inversiones realizadas por el Estado, la Unión Europea y los propios agricultores para consolidar la producción agrícola en la Región".
Padilla asegura tener dudas sobre el futuro de los regadíos en la Región de Murcia "puesto que con estos planteamientos tienen los días contados".

López Miras pide una reunión urgente con Ribera para aclarar la posición sobre trasvases

MURCIA.- El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, ha exigido hoy una "reunión urgente" con la ministra de Energía y Medio Ambiente, Teresa Ribera, para aclarar la posición del gobierno central sobre los trasvases y le ha pedido también que visite la región para rectificar la idea de que en el país no hay cuencas deficitarias.

López Miras ha respondido así a la entrevista con la ministra que publica hoy el periódico "El País" en la que Ribera considera en relación con los trasvases que "lo extraordinario no se puede convertir en ordinario" y habla del "mito del déficit hídrico cuando en realidad no hay cuencas deficitarias ni excedentarias".
"No salgo de mi asombro", ha asegurado el presidente al respecto, y ha lamentado que esas declaraciones generan "incertidumbre" y "ponen fin a las esperanzas de los murcianos para el futuro", por lo que ha insistido en que la entrevista le genera "perplejidad y asombro".
Por eso, ha exigido una "reunión urgente" con el Gobierno central para abordar esta cuestión y ha pedido a la ministra que visite en persona la Región de Murcia para conocer de peimrea mano su situación respecto a la falta de agua.
Además, ha pedido al PSOE murciano que "cumpla el Pacto Regional del Agua", que en su artículo 35 marca el compromiso de todos los partidos firmantes a trasladar ese acuerdo a sus direcciones generales.
"Un gobierno con estos planteamientos y que defiende estas cuestiones me va a tener siempre en frente", ha advertido, y ha insistido en el déficit estructural de la cuenca del Segura, que recogen incluso los planes de cuenca, y se no existiría si hubiera "interconexiones" entre cuencas, ha subrayado.

La ministra Teresa Ribera resucita el fantasma de la caducidad del Trasvase

MURCIA.- La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, vuelve a agitar el fantasma de la caducidad del trasvase Tajo-Segura. En una entrevista publicada hoy por El País la titular de Medio Ambiente del Gobierno de Pedro Sánchez defiende que las aportaciones de caudales entre cuencas deben ser "algo extraordinario" y pone en duda la existencia de cuenca defitarias, lo que ha sembrado la alarma entre los regantes. 

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto, Lucas Jiménez, espera reunirse lo antes posible con la ministra y con los altos cargos del Gobierno que tomaron posesión la semana pasada para invitarles a visitar los regadíos de la cuenca. 
Lucas Jiménez recuerda también que la existencia del déficit del Segura está recogida en los Planes de cuenca y resalta que se trata de "documentos técnicos", que deben ser tenidos en cuenta por el Ministerio.
Ocho años después de que el Congreso de los Diputados paralizara las pretensiones de Castilla-La Mancha de poner fecha de caducidad al Acueducto, la nueva ministra reabre un debate que se saldó con el aumento del caudal mínimo para trasvasar caudales del Tajo al Segura de 240 a 400 hectómetros cúbicos.
Teresa Ribera sostiene que "algo extraordinario, como los trasvases, no se puede convertir en ordinario".
En concreto, a la pregunta de si pondrá fecha de caducidad al trasvase del Tajo al Segura, afirma que las aportaciones extraordinarias "deben ser eso", y ha recordado que "durante muchos años hemos tenido delante el mito del déficit hídrico, cuando en realidad no hay cuencas deficitarias ni excedentarias, porque cada cuenca tiene lo propio de cada una".
La ministra ha reconocido que "puede ser que en algún momento se necesite un apoyo extraordinario, pero hay que dimensionar las cosas y que no pase a ser la regla: lo extraordinario no se puede convertir en ordinario, que todos los meses o todos los años tengamos que hacerlo".
"Eso plantea problemas muy serios en cuanto al caudal ecológico, de calidad del recurso", según la ministra, quien asegura que "claro que tenemos que garantizar un acceso a agua potable para consumo humano en las regiones más secas, y pensar en cuáles son las necesidades para otros usos industriales y económicos".
Sin embargo, en ese caso, puntualiza que "las soluciones tienen que ser distintas, más eficientes y hay que partir de una premisa fundamental". A su juicio, "no podemos pensar en una política de agua basada en aquello que se demande se tiene que ofertar".
"No tiene sentido pensar en que vamos a impulsar macrodesarrollos urbanísticos o grandes explotaciones de regadío porque, aunque no haya agua, ya nos la darán", ha aclarado.
Al ser preguntada por el Pacto Nacional del Agua que emprendió el anterior Gobierno, incluyendo negociaciones entre PP y PSOE, la ministra no renuncia a buscar lo mismo. "Me encantaría y me comprometo a intentarlo", ha garantizado.
Ha considerado que el anterior Gobierno "trabajó en muchos temas de agua", y "algunos pueden formar parte de elementos que se ofrezcan para el pacto del agua". 
Sin embargo, añade, "repasando los 30 últimos años de nuestra historia, por no remontarnos más atrás, uno se da cuenta de lo que nos cuesta como país, como sociedad, entender la trascendencia que tiene este recurso y la trascendencia que tiene ponerse de acuerdo en cómo utilizarlo".

La Corona agoniza / Ruth Toledano *

Para las cosas esenciales nunca es el momento ni hay tiempo, así que es obvio que el gobierno de Sánchez no va a hacer nada que ponga en cuestión la Jefatura del Estado, el Reino de España. Los socialistas monárquicos (esa contradicción en sus términos) dirán que no es el momento. Los socialistas republicanos dirán (entre dientes) que en esta legislatura no hay tiempo. O viceversa. Tanto monta monta tanto. Tiempo tampoco hubo ni era el momento en las legislaturas anteriores. Acaso en las del más allá.

Pero se pongan como se pongan unos y otros socialistas o no la Corona agoniza. Se la puede mantener como se mantuvo a Franco: enchufada al aparato para mantenerla con vida, aunque vegetativa; entubada para que le llegue el oxígeno a un cerebro de encefalograma plano. Me refiero a la muerte orgánica de la monarquía, a la expiración gráfica del régimen (no vaya a ser que acabe en la cárcel acusada de faltar a los Borbones, cosa a la que, por otra parte, tengo todo el derecho, faltaría más). Otra cosa es la imposición, que nos obliguen a tener una muerta encima (no hay más que verla, por lo suelos, valga la paradoja). Se impone con provocación: el exhibicionismo de la fuerza necrófila.


La última escenificación de esta muerte tan poco apasionante ha tenido lugar en un recóndito paraje de Catalunya. Allí, en un salón de bodas de los célebres cocineros para omnívoros hermanos Roca (ni siquiera en su muy exclusivo restaurante, donde la factura asciende a unos 300 euros por barba hipster) se hizo entrega este año del Premio Princesa de Girona, que concede la Fundación homónima. 

La transacción tuvo lugar allí porque el jefe no electo o rey solo fue bien recibido en un salón de bodas de pueblo (no se me ofendan los de pueblo, que yo también lo soy, a ver si nos entendemos). Tras la entrega de estos exóticos galardones (para quien no lo sepa, la princesa de Girona es Leonor de Borbón y Ortiz, 12 años, heredera del trono no electo de España, y dejo  aquí la Wikipedia para los más noveleros) solía celebrarse en el Auditori de Girona un encuentro llamado  Rescatadores de Talento (baste decir que es patrocinado, entre otros, por Ferrovial, Nestlé, Novartis, Gas Natural, Abertis, Indra, BBVA… En fin, gente talentosa que sabe lo que rescata). Pero este año no pudo ser: el Auditori de Girona se encontraba en obras. Work in progress.

Fue todo muy pedestre y tan premonitorio como la chupa de agua que cayó el día de la boda entre Felipe de Borbón y Letizia Ortiz hace catorce años. Tanto ha llovido desde 2004 que hasta tienen un cuñado en chirona y una hermana que fue infanta de todo y es duquesa de nada. En Girona también llovía el otro día. 

La escena exhalaba una atmósfera de acto semiclandestino que solo rompió la llamativa apariencia de la ahora llamada reina (vestido rojo como rosa de un logo, pelo tirante como negociación de un divorcio). Felipe y Letizia llegaron juntos en un coche que no conducían y se trataron como si no se hubieran dirigido la palabra jamás. Parecían esos invitados a una boda incapaces de ocultar que se han pasado la noche discutiendo.

El aspecto terrible que ambos lucían, esa mezcla entre soberbia y tristeza, entre altivez y desolación, es la viva imagen de la monarquía, la representación más gráfica de un régimen que, aunque se desmorona, se aferra a su existencia como a un paraguas gris. Todo en su espacio es falso y falaz. La presunta calma de él. La presunta autonomía de ella. Todo es tan presunto. Ya no está arriba la Corona: flota en una altura abismal que solo conduce al precipicio, al vacío. Por algo los acompañaba un astronauta.

¿Por qué seguimos haciendo el paripé? ¿Por qué seguimos diciendo que el rey está vestido? ¿Por qué se nos obliga a simular que no nos damos cuenta de que esa institución (esa familia, esas personas, esa gente) a nadie sirve  ya ni nada une? ¿Por qué no reconocer que son perjudiciales o, al menos, que agonizan? ¿Por qué esos patrocinios? ¿Nadie que llega al poder va a hablar nunca con sinceridad? ¿No es el momento? ¿No hay tiempo? ¿Cuándo es el tiempo de la evolución? ¿Cuándo el tiempo de la dignidad? 

Si es tiempo de exhumar los restos del dictador que nos legó a los Borbones, es tiempo de liquidar su herencia. Todo ante notario, por supuesto (no se me vaya a malinterpretar y acabe en Brieva).


(*) Periodista


jueves, 28 de junio de 2018

'Pacma' pide una Ley ‘Cero’ que acabe con los toros y los circos con animales


MADRID.- El Partido Animalista Pacma ha entregado este jueves en el Congreso de los Diputados las 220.000 firmas recogidas en apoyo de su Ley Cero de bienestar animal, que sigue siendo "asignatura pendiente" del Congreso un año después de haberla presentado en la Cámara Baja.

El documento, articulado en su integridad por el Partido Animalista, supone una “ley muy completa” que habla en “todos los términos en los que se maltrata y perjudica a los animales en nuestro país”, ha indicado su portavoz, Laura Duarte.
Duarte ha destacado como puntos “más perjudiciales” para los animales y que la sociedad “más demanda” la prohibición de la tauromaquia, la caza, los circos con animales o el sacrificio en perreras.
La petición llevada por Pacma al Congreso en mayo de 2017 instaba a los grupos con representación parlamentaria a que se comprometieran y sacaran adelante esta ley “imprescindible”, aunque hasta ahora, según Duarte, “ninguno” se ha mostrado dispuesto a llevarla a trámite.
No obstante, la portavoz de Pacma ha reconocido ciertos “signos de aparente interés” en el nuevo Gobierno, ya que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, “ha dado a entender” su preocupación sobre la situación de los animales “a nivel general, no solamente en circos, granjas o perreras”.
Duarte confía en que esta voluntad se materialice, ya que, “a pesar de que el arco parlamentario está igual repartido y las cosas no son fáciles”, es posible llegar a acuerdos con el resto de grupos.
En mayo de 2017, Pacma lanzó una campaña de recogida de firmas a través de la web leycero.es que en sólo dos horas, según sus promotores, recabó 5.000 apoyos, y publicó en su página web un calendario de acciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Málaga.

'Hefame' supera en 2017 los 1.300 millones de euros en ventas, un 5% más que en 2016

MURCIA.- Grupo Hefame acaba de presentar durante las Juntas Preparatorias sus resultados del pasado ejercicio. Los últimos datos analizados del cierre y balance final de 2017, que se han presentado ante la Asamblea, sitúan la cuota de mercado de Hefame en un 10,97%, entrando ya por méritos propios dentro del ranking de los tres principales players del sector de la distribución en España. Grupo Hefame ha superado los 1.300 millones de facturación y un crecimiento en el pasado ejercicio superior al 5%.

Los directivos de la cooperativa farmacéutica, Carlos Coves, presidente y Javier López, director de Grupo Hefame, han presentado conjuntamente las principales conclusiones de la estrategia implementada en los últimos tres años de gestión y la línea de trabajo para el nuevo plan estratégico hasta el 2020. 

Las Juntas Preparatorias han tenido lugar, durante el mes de junio, en las ciudades de Málaga/Granada, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia y Madrid y han finalizado con la Asamblea General de delegados del Grupo, elegidos con anterioridad en las diferentes Juntas para representar a la totalidad de los socios de la cooperativa. En éstas, el Consejo Rector y la dirección de la compañía han dado cuenta detallada de la gestión a sus socios y han presentado las cuentas anuales del Grupo para someterlas a debate y aprobación.

“2017 ha sido un año para la consolidación y hemos batido todos nuestros récords en facturación y cuota de mercado”, ha puntualizado Coves.

 “Estamos muy satisfechos con los hitos obtenidos y esperamos seguir impulsando un gran número de servicios tecnológicamente avanzados, que ya nos diferencian de la competencia, para que nuestro socio pueda competir en este mercado con el objetivo claro de dar más información, más apoyo al paciente, compras más atractivas y dirigidas a través de las Redes Sociales. ¿Y, qué mejor asesoramiento podemos tener en temas de salud que la del propio farmacéutico, y, además, teniendo más de 20.000 puntos de atención en nuestro país?”. 

Por su parte, Javier López ponía de relieve la importancia de los objetivos logrados en la estrategia que finalizaba en el 2017, que se centraban en una estrategia sostenible para mantener la solidez financiera, cohesión interna y un mejor servicio a los socios, y ahora Grupo Hefame se embarca en un nuevo plan estratégico hasta 2020.

“Grupo Hefame ha protagonizado en este pasado ejercicio un crecimiento del 5%, ganando así cuota de mercado. Tras mejorar la política comercial de nuestros socios, el ebitda generado alcanzó la cifra de 9.8 millones de euros, incrementándose un 18% respecto a 2016”, comentaba Javier López.

En 2017, Grupo Hefame ha acortado distancias entre almacenes y establecimientos abriendo un nuevo almacén en Tortosa (Tarragona) y próximamente el abrirá un nuevo almacén, a la vanguardia tecnológica, en Valencia para expandir y mejorar el servicio a nuestros socios”. 

De 2015 a 2017 ha abierto nuevas rutas mejoradas gracias a la apertura de almacenes en Albacete, Tortosa, Granada y Melilla y la modernización realizada en la sede central de Murcia. 

“Estamos mejorando de manera sustancial las  rutas y nuestra principal preocupación sigue y seguirá siendo siempre que los medicamentos lleguen a su hora a las farmacias”, apuntaló López durante sus intervenciones” 

Para ello, en el pasado ejercicio, Hefame continuó con el plan de inversiones en activos fijos, precisamente en proyectos basados en la robotización y modernización de las plataformas logísticas de los diferentes almacenes que tiene la distribuidora española, así como en el desarrollo del software que soporta la actividad.

El presidente Coves, por su parte, recalcaba que, “vamos a seguir siendo punta de lanza para nuestro socio y seguir mejorando su relación/comunicación con el paciente y entregar un servicio digitalizado a la farmacia”. 

A día de hoy, puntualizaba, “Grupo Hefame está ayudando a cientos de farmacias, y a más de 900 farmacias en todo el territorio, que no disponen de los medios necesarios, a dotarse de la tecnología adecuada con F+Online (www.fmasonline.com)”. 

El proyecto más importante en el que se ha embarcado Grupo Hefame estos últimos años ha sido la Farmacia F+, desde donde los farmacéuticos pueden ya vender, facturar y controlar su comunicación con sus pacientes.

Los 'sin papeles' tendrán sanidad tras pasar 90 días en España

MADRID.- Los inmigrantes en situación irregular podrán acceder a la atención sanitaria en igualdad de condiciones que los españoles siempre que lleven empadronados en España un mínimo de 90 días o, en su defecto, que acrediten su situación de vulnerabilidad a través de los servicios sociales.

Así lo recoge el borrador que ha presentado hoy la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, a las comunidades autónomas y que se plasmará en un real decreto para modificar la reforma sanitaria aprobada en 2012 por el Gobierno del PP, que retiró la tarjeta sanitaria a los 'sin papeles'.
Montón, que ha presidido hoy su primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el único punto del orden del día del acceso universal a la sanidad pública, ha asegurado que en 2012 no existía ninguna razón que justificara la exclusión sanitaria que se plasmó en el real decreto.
Residir un mínimo de 90 días en España o acreditar vulnerabilidad a través de un informe social son las "garantías" que establecerá el real decreto para que no haya "agujeros negros", de tal forma que no haya "ningún abuso" y que ningún ciudadano que lo necesite se quede desatendido.
En la rueda de prensa posterior a la reunión, la ministra ha admitido que desde entonces las comunidades han buscado soluciones para atender a los inmigrantes en situación irregular, pero esto ha ocurrido de una manera "no armónica y desigual", por lo que ha considerado que ahora es el momento de "dar un paso adelante y construir de manera unitaria".
La reforma planteada por Sanidad trata de recuperar el derecho a la protección de la salud para este colectivo "en las mismas condiciones que las personas de nacionalidad española", vinculándolo al concepto de ciudadanía, mientras que desliga la atención sanitaria del concepto de asegurado, como establecía la reforma de 2012.
Esta reforma retiró la tarjeta sanitaria a los 'sin papeles' (unos 840.000), de forma que se les excluyó de la atención primaria -excepto a menores y a embarazadas- y se limitó su asistencia a los servicios de urgencias.
En este sentido, Montón ha recordado que distintos organismos internacionales han constatado que la asistencia sanitaria a través de la Atención Primaria es "menos gravosa" que la que se realiza a través de los servicios de urgencias y ha rechazado, como argumenta el PP, que la universalidad suponga un sobrecoste a las CCAA porque todas ellas están proporcionando ya esa atención.
La ministra de Sanidad confía en poder implementar esta medida "lo más rápidamente posible" y ha dicho que quedaría derogado automáticamente lo anterior, en referencia a las medidas puestas en marcha por las CCAA.
Se trata, según Montón, de sustituir "todo el articulado que habla de exclusión sanitaria por otro que hable de universalidad".
Montón ha dicho que de esta reunión han salido con unas "ideas básicas" para llevar adelante la norma y ha explicado que propondrá la creación de una Comisión Mixta para hacer seguimiento de su implementación tal y como hizo en la comunidad valenciana en su época de consejera.
Montón ha recordado que como consejera llevaba tres años pidiendo, junto con la mayoría de las CCAA, la eliminación de la exclusión sanitaria y ha considerado una "proeza" que en tres semanas como ministra se haya celebrado un Consejo Interterritorial con este tema como único punto del orden del día.

Italia bloquea la cumbre europea sobre inmigración y pone a Merkel contra las cuerdas

BRUSELAS.- El Gobierno italiano bloqueó este jueves la adopción de conclusiones de los temas abordados en la primera sesión de trabajo de la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) hasta ver si es posible llegar a un acuerdo sobre política inmigratoria que satisfaga sus demandas. Un bloqueo que supone un duro revés a la canciller alemana, Angela Merkel, que llegó a la Cumbre con el desafío de los conservadores bávaros, que exigen un giro derechista a su política migratoria.

Fuentes europeas indicaron que el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, defendió en la reunión que debe aplicarse el principio de que “nada está acordado hasta que todo está acordado” y que Roma se reserva el derecho de evaluar su posición sobre todas las partes del documento final hasta que se conozcan las decisiones en inmigración.
Minutos después, el Consejo Europeo confirmó en un comunicado que “un Estado miembro reservó su posición sobre las conclusiones completas”, por lo que “no se ha acordado ninguna conclusión” hasta el momento.
Esto obligó a posponer hasta este viernes, tras la segunda jornada de cumbre, la rueda de prensa del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, prevista inicialmente para este jueves.
En la primera sesión de trabajo, que comenzó a las 13.00 GMT, los Veintiocho abordaron los avances en las políticas de seguridad y defensa, la situación del comercio global tras la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027 y las sanciones a Rusia por el derribo del avión MH17. 
Fuentes europeas indicaron que había acuerdo entre el resto de Estados para aprobar las conclusiones sobre estos puntos y que, a la vista del bloqueo italiano, los líderes debatieron durante más de 30 minutos el procedimiento a seguir en ese caso y concluyeron que sin unanimidad no podían aprobarse.
El debate sobre inmigración ha comenzado ya durante la cena de trabajo de los líderes y continuará tras la misma para acordar cambios en la gestión migratoria europea. El objetivo es dar respuesta a una crisis que, admiten, es política y no de refugiados (las llegadas a la UE por el Mediterráneo se han reducido en un 96 % desde la crisis de 2015).
Conte, que preside un gobierno integrado por los antisistema del Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga, ya había advertido a su llegada a la cumbre de que Italia no descartaba vetar el acuerdo si no obtenía garantías de una mayor solidaridad de sus socios. 
“Italia no necesita declaraciones verbales, sino hechos concretos. Esta es la ocasión adecuada (…) En lo que a mí respecta, estoy dispuesto a sacar todas las consecuencias debidas”, dijo.
El nuevo Ejecutivo de coalición italiano, que abandera una retórica anti-inmigración, está decidido a bloquear un acuerdo si no se recogen los puntos esenciales de su propuesta migratoria.
Para Italia, uno de los principales puntos de llegada a Europa de migrantes irregulares, el acuerdo solo será posible si recoge la creación de centros para inmigrantes en países de origen y tránsito, reconoce que los desembarcos en Italia lo son en Europa y la responsabilidad debe ser compartida en la UE, apoya cambiar el sistema de Dublín que obliga a pedir asilo en el país de llegada y se prioriza la financiación para el Norte de África.

Un bloqueo que pone contra las cuerdas a Merkel

En el otro lado de la mesa, la canciller alemana, Angela Merkel, partidaria de la acogida, necesita un acuerdo europeo para contentar a su ministro del Interior, Horst Seehofer, y evitar el colapso del Gobierno en un momento de auge del partido ultraderechista AfD.
Desde hace semanas la atención política en Alemania está centrada en la exigencia de Seehofer de implantar su llamado “plan maestro” para contener la llegada de refugiados e inmigración ilegal. 
Se sabe que consta de 63 puntos, que el ministro no ha presentado por falta de consenso con la canciller y cuyo punto más conflictivo es el propósito de impedir la entrada a Alemania de refugiados rechazados y registrados anteriormente en otro país europeo. Para conseguirlo, está dispuesto a cerrar las fronteras, lo que Merkel rechaza mientras insiste en la necesidad de buscar una política migratoria común en la UE.
Merkel ha defendido que, a falta de acuerdos europeos, podrían sellarse pactos bilaterales con los países implicados para abordar el problema, una opción que apoya España. Roma, sin embargo, pide primero un acuerdo a Veintiocho.
En este contexto, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, presentó este jueves el refuerzo de las fronteras exteriores y las plataformas en países terceros como una medida necesaria para evitar otras propuestas “realmente duras”. 
“La alternativa a esto sería un avance caótico hacia el cierre de las fronteras, también dentro de la UE, así como conflictos crecientes entre Estados miembros de la UE”, advirtió.
Según se recoge en el último borrador de conclusiones, los líderes respaldarán desarrollar “plataformas regionales de desembarco” fuera de la UE en cooperación con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En estas plataformas se determinaría, antes de su partida hacia Europa, si se trata de inmigrantes económicos o de refugiados que sí tienen derecho a protección.

La subida fiscal del diésel pone en alerta a más de 200.000 autónomos

MADRID.- La subida fiscal del gasóleo sería una buena noticia para la lucha contra el cambio climático, pero mala para los millones de usuarios de los vehículos que usan ese carburante. Sobre todo, para aquellos que los necesitan para trabajar, pero no tienen acceso a las bonificaciones fiscales, razona Expansión

Es el caso de algo más de 200.000 autónomos que trabajan gracias a sus coches o furgonetas de tracción diésel, según las estimaciones de la Federación Nacional de Autónomos (ATA) para este diario. Entre ellos, hay nada menos que 40.000 taxistas, 20.000 repartidores, 25.000 agentes comerciales y miles de conductores de ambulancias, agentes de seguros, floristerías, trabajadores de la construcción, empresas de movimientos de tierras y un largo etcétera.
La idea que maneja el Gobierno es que se equipare gradualmente el impuesto especial del gasoil al de la gasolina. El primero es de 30,7 céntimos por litro; el segundo, de 40,25. Es decir, la carga impositiva aplicada al diésel subiría hasta 9,55 céntimos, un 31%. El precio medio del gasóleo era, ayer, de 1,233. Este tipo de carburante está marcando su récord desde 2014. Con la reforma del Ejecutivo, pasaría a ser de 1,328 euros, 0,2 céntimos por encima del precio que marcaba ayer la gasolina sin plomo 95. De esta forma, llenar un depósito de 60 litros de gasóleo pasaría de costar 74 euros a 79,7, o sea 5,7 euros más.
Los bonificados, en principio, seguirían siendo los agricultores y los camioneros, pero no se puede descartar que en el futuro se articulase un alivio a otros profesionales.
Hay que recordar que, según los últimos datos de la DGT, en España hay 17,9 millones de vehículos con tracción diésel frente a 13,6 millones de vehículos que usan gasolina. En España, hay 541.751 furgonetas y camiones que consumen gasolina y 4.342.980 que usan gasóleo. Nada menos que siete veces más. Dicho de otra forma, por cada vehículo profesional de gasolina, hay ocho con gasoil.

La precariedad frustra a los jóvenes: ya solo tres de cada diez se emancipan

ZARAGOZA.- La crisis y la precariedad del empleo están frustrando la carrera vital de los jóvenes españoles: siete de cada diez de entre 18 y 30 años siguen viviendo con sus padres mientras apenas tres se emancipan, según reconoce el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia y que recoge Público.

La falta de posibilidades de emancipación se ha intensificado en los últimos años con un avance de cuatro puntos en términos generales que ha reducido por debajo del 19% la tasa de jóvenes de 20 a 24 años que se emancipan y ha elevado por encima de la mitad el grupo de los de entre 25 y 30 que continúan viviendo con sus padres, una edad a la que hace unas décadas era habitual que las parejas hubieran formado su propia familia. 
Según indica una respuesta anterior a Heredia, entre 2012 y 2016 la cifra de jóvenes emancipados ya se había reducido en 930.000, al pasar de 4,14 millones a 3,21, una caída del 22%.
Las trabas económicas para el desarrollo de un proyecto vital están teniendo consecuencias demográficas, entre las que destacan sus efectos en la natalidad: la edad a la que se tiene el primer hijo se ha retrasado más de un año y medio en una década (de los 29 años y tres meses a casi 30 años y once meses) y se acerca a los 30 años y medio en el caso de las españolas, mientras, en ese mismo periodo, la tasa de natalidad se desplomaba casi un 25%, al pasar de 11,27 nacidos por cada mil habitantes a 8,37, con un registro de solo 7,5 entre los autóctonos.
“Los elementos clave en este fenómeno son, sobre todo, la falta de empleo y la mala calidad del empleo que existe”, explica el economista y politólogo Saúl Pérez, que señala esa situación como uno de los obstáculos que impiden que los jóvenes puedan acceder a una vivienda y emanciparse.

La caída de los salarios y la ocupación entre los jóvenes

Los datos oficiales revelan cómo tras la crisis se ha reducido a la mitad el empleo juvenil en España, con una caída de ocupados de 16 a 30 años de casi 2,5 millones (de 4,9 a 2,5) y un aumento de casi 300.000 parados (de 728.000 a 1,06 millones). 
Y también ponen sobre la mesa cómo esa reducción del empleo ha ido acompañada de un notable desplome de los salarios en esas franjas de edad, con mermas de más de 1.500 euros anuales entre los de 25 a 29 años (de 17.434 a 15.876) y superiores a los 2.800 entre los de menor edad (de 9.960 a 7.128), lo que deja la horquilla salarial entre 1.134 y 509 euros brutos mensuales (en 14 pagas).
Así, no resulta para nada extraño que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN) concluya que el riesgo de pobreza afecte a un 37,6% de los jóvenes de 16 a 29 años. “Decenas de miles de jóvenes han tenido que irse al extranjero a buscar una oportunidad que no encontraron en nuestro país”, señala el diputado.
“Se dice que no se debe destinar más del 30% del salario al pago de la vivienda, pero con los salarios actuales y los precios de alquiler a muchos jóvenes les resulta prácticamente imposible acceder a una casa”, indica Pérez, que recuerda cómo, paralelamente, “desde la crisis los bancos han restringido la concesión de las hipotecas porque los salarios no alcanzan para pagarlas, especialmente en el caso de los jóvenes”.
“El Gobierno de Rajoy ha machacado a la juventud, les hizo optar únicamente entre dos opciones: la cartilla del INEM o el pasaporte”, asegura Heredia, que destaca cómo “miles de jóvenes han tenido que volver a casa de sus padres” ante el panorama de las “altas tasas de paro juvenil, empleo muy precario y salarios miserables”.

700 euros por un piso de 40 metros

En el caso del alquiler, portales especializados como Idealista cifran el aumento de los precios en el último año en un 18,3%, con un promedio de 10,6 euros por metro cuadrado que sitúa en 424 la renta de un piso de 40 metros y en 636 la de uno de 60, mientras otros como Fotocasa estiman el alza en el 12,4% en los últimos quince meses.
Los precios del alquiler alcanzan niveles inasumibles para la mayoría de los jóvenes en Madrid y Barcelona, donde las medias alcanzan, respectivamente, los 15,9 y los 17,6 euros por metro cuadrado; es decir, 636 y 704 euros por un piso de 40 metros.
“Los jóvenes son uno de los principales perfiles de demandantes de alquiler, pero se enfrentan a un boom de los precios” que los hace inalcanzables, anota Pérez.
Fotocasa, por su parte, pone en entredicho la ortodoxia económica de esos aumentos de precios, en los que tiene una influencia fundamental el sector de los pisos vacacionales. 
“La demanda de alquiler cae un 36% en un año debido a que hay menos jóvenes (de 18 a 34 años) activos en el mercado que en 2017”, señala el portal inmobiliario, que añade que “si en 2017 había un 14% de personas mayores de 18 años que habían alquilado o intentado alquilar una vivienda, en 2018 ese porcentaje es del 9%”.

La imposibilidad de alquilar una casa

Esa tendencia resulta especialmente acusada en el caso de los menores de 24 años: el porcentaje de los que han conseguido alquilar vivienda este 2018 ha caído un 58%, mientras el descenso alcanza el 25% entre los que tienen de 25 a 34, según ese mismo portal.
Solo un 5% de los primeros y un 12% de los segundos logró una casa de arriendo, mientras la participación de los jóvenes en el mercado del alquiler caía un 39%, al pasar del 28% al 17% en un año.
Este aumento de los precios corre, paradójicamente, en paralelo a un incremento de la oferta como consecuencia de la salida al mercado de las casas adquiridas como inversión por particulares en los últimos años y de la movilización de miles de inmuebles por bancos y fondos de inversión. Y pone sobre la mesa la desidiosa política de vivienda del Gobierno central y la mayoría de los autonómicos en las últimas décadas, que han situado el parque social de alquiler del país a la cola de la UE.

Las primarias del PP pueden terminar en un absoluto ridículo / José Oneto *

El cierre oficial de la lista de los militantes del Partido Popular que participarán en la elección del líder que substituirá a Mariano Rajoy al frente del partido, ha supuesto un verdadero fiasco sobre la tan cacareada fortaleza del partido que acaba de ser desplazado del poder, sino que el desarrollo de las primarias populares puede terminar en el más preocupante de los ridículos. 

Aunque quien ha ideado las normas de actuación y funcionamiento de esas primarias, el vicesecretario de organización Fernando Rodríguez Maíllo, insista en que los militantes que participarán en ese proceso insólito en el PP, en uno de los peores momentos de su reciente historia, no llegarán ni siquiera al ocho por ciento de la militancia, una cifra que a quien, en este momento maneja el aparato, le parece lo más natural del mundo.

Que un partido que según ha confesado recientemente a Carlos Alsina en Onda Cero, la secretaria general Dolores de Cospedal, tiene 780.000 afiliados (se ignora si han dado de baja a los muertos y a los que han anunciado su marcha por descontento político o porque se han pasado a Ciudadanos) y no tenga ni 70.000 militantes dispuestos a votar en las primarias del jueves  5 de Julio, significa que el PP tiene la militancia menos participativa de cualquier partido político europeo o, por el contrario, nunca ha tenido esos 780.000 afiliados (869.000, según las últimas cifras oficiales) el partido con más afiliados de España, según han venido repitiendo de forma machacona sus dirigentes.

Una cifra realmente insólita que algún medio ha recordado que es algo más alta, no mucho, que los 61.986 militantes que se presentaron en la listas de las elecciones municipales. O sea una cifra de militantes que podría englobar a los que tienen algún cargo de cualquier tipo en las distintas Administraciones y a sus familiares. Esos pocos más de 66.000 militantes que votarán al fututo Presidente del partido contrastan con el 80% de los militantes del PSOE que en otras primarias históricas eligieron a Pedro Sánchez, secretario general del partido. Pablo Iglesias fue votado por 55.275 inscritos, el 34,5% del censo, en febrero de 2017.

Cómo estará la situación interna, que el único que ha dado la voz de alarma de algo que resulta escandaloso, ha sido Pablo Casado con un argumento demoledor: “Si no hemos sido capaces de ilusionar y movilizar a nuestros afiliados ¿cómo vamos a ilusionar al país?”. 

Otro candidato, el ya famoso Joserra, también ha sido el único que ha propuesto cambios en las reglas de funcionamiento para no terminar haciendo el ridículo. Su preocupación es tal que incluso se ha atrevido a preguntarle en un pasillo del Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,  qué es lo que hay que hacer en unas primarias y se ha quedado sorprendido cuando le ha oído decir al Presidente del Gobierno que “ir contra el aparato del partido”.

El resto calla como si no fuera con ellos. Margallo, uno de los candidatos más creíbles, en señal de protesta por lo que no deja de ser un gran ridículo político, en el que él  no debería participar, debería, eso sí,  en señal de protesta, retirarse. Las dos restantes candidatas, bautizadas en algún periódico europeo como “las dos generalas”,  han tenido  reacciones esperadas: las reglas son las reglas y no se pueden cambiar a mitad del partido. Las dos piensan que pueden controlar el aparato y también a los compromisarios en una segunda vuelta.

Más ladina, Sáenz de Santamaría, la vicetodo, que nunca se ha interesado por el partido ni ha querido saber lo que pasaba porque siempre se resistió a ser militante, y siempre ha querido ir de “independiente”, aunque estaba en el Comité Ejecutivo, ha encontrado a quienes deberían pronunciarse como miembros del “Aparato” del partido: Cospedal y Pablo Casado. Ella, Santamaría, no se pronuncia. Ella es una mujer de poder, de Gobierno (es lo único que le interesa), y no de partido.

Y ella participa en estas primarias, no como candidata a la Presidencia del Partido, sino en función de que la presidenta del Partido es también la candidata a la Presidencia del Gobierno y cree que ese puesto es suyo, como si lo hubiese heredado. Pero puede haber muchas sorpresas, porque cada vez se sabe más del obscuro y misterioso papel que desempeñó: bolso puesto en el escaño del Presidente del Gobierno, refugiado en ese momento, en un restaurante de la calle de Alcalá, al lado del Congreso con sus más leales, entre los que no estaba la vicetodo.


(*) Periodista y economista


miércoles, 27 de junio de 2018

El informe del Tribunal de Cuentas revela que el PP no llega a 140.000 militantes

MADRID.- El Partido Popular (PP) cuenta con menos de 140.000 militantes al corriente de pago si atendemos al balance económico que el partido facilita al Tribunal de Cuentas. El PP dice tener 869.535 afiliados. Pero según reconoce en su propia página web, los ingresos por "afiliados, adheridos y simpatizantes" son 5.011.042 euros. Si la cuota afiliación es de 36 euros al año, el total de militantes sería 139.194 personas, un 84% menos de los que el PP asegura tener, revela hoy www.vozpopuli.com.

Los 64.523 afiliados inscritos para votar en las primarias del próximo 5 de julio han supuesto un golpe a la credibilidad de este proceso de primarias inédito en la historia del PP. Son apenas un 7,42% del censo, y poco más del doble de los cargos electos del partido. Un cálculo que supuestamente beneficia más a María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, con poder orgánico en las comunidades, que a Pablo Casado. Si el PP hubiera depurado el censo en función de los ingresos reconocidos ante el Tribunal de Cuentas, el porcentaje de inscritos sería el 53,64% del total.
La escasa participación prevista ha llevado a algunos candidatos a solicitar que se amplíe el plazo de registro. Es el caso de Casado, que ha sugerido esa posibilidad en un acto de campaña en Logroño. El aspirante José Ramón García Hernández ha ido más lejos. García Hernández ha exigido eliminar la barrera de la inscripción para que todos los afiliados puedan votar. 
"El PP está bordeando el ridículo", dijo. Los dos candidatos más votados el 5 de julio se enfrentarán por el liderazgo del partido en el congreso extraordinario de los días 20 y 21 de julio. El ganador será elegido por los compromisarios. Todo indica que el PP no cambiará las reglas del juego a mitad del partido.
Isabel Benjumea es la directora de la red Floridablanca, un think tank vinvulado al PP. Este grupo presentó una propuesta de nueve medidas para regenerar el PP en febrero del 2016. El último punto de la lista era precisamente la actualización del censo de militantes. "En el modelo de la dirección del Partido Popular ningún militante sabe cuántos afiliados hay en el partido, ni cuántos están al corriente de cuota (y, por tanto, tienen derecho a votar)”, decían entonces.
El tiempo ha acabado dando la razón a Floridablanca, que recibió críticas internas cuando quiso llevar esta propuesta al congreso que volvió a ganar Mariano Rajoy en febrero del 2017. "Cabe preguntarse, ¿qué renovación puede salir de un Congreso sin un censo de militantes cuya autenticidad esté verificada?", dice Benjumea en conversación con Vozpópuli.
Según Benjumea, el problema es que el PP no tiene un Comité de Garantías que supervise el censo y compruebe la identidad de las personas que se han inscrito. "Los datos que hemos conocido son un recuento. El afiliado manda a su sede una solicitud, que se envía a la dirección provincial y de ahí a la nacional", dice. 
"No hay una agente externo que controle los datos facilitados por los distritos. No es un sistema garantista, porque la identidad de los militantes no está verificada". 
El número tan sumamente elevado de afiliados del que siempre ha hecho gala el PP se explica por varias razones. "Históricamente ser afiliado del PP no implicaba ningún derecho. Tú decías que tenías 9.000 y nadie decía nada, porque ese militante en realidad no tenía derecho a nada", explica Benjumea. 
"Los diferentes distritos inflaban el censo para ganar poder. Y los líderes regionales utilizaban esta cifra como una manera de sumar compromisarios, y por lo tanto peso, en los congresos del partido". 
El PP repartía sus compromisarios en función de territorios, pero también había un cuota asignada por número de militantes.
En opinión de Benjumea, el PP conoce perfectamente que la cifra no es real. Por eso, dice, Floridablanca pidió actualizarla. "Nadie se quería poner delante del espejo, porque es un proceso muy duro", asegura. 
"El PSOE lo hizo en su momento. Cuando abres un proceso (primarias) de estas características en el que los afiliados van a ejercer el derecho de sufragio no queda más remedio que hacerlo. Y por eso es importante tener una comisión de garantías", añade.
La organización de Benjumea elaboró un estudio propio utilizando datos que facilita Hacienda sobre el número de personas que declara pagar una cuota de afiliación a un partido político para desgravar. 
Según este cálculo, el PP no llegaba ni a los 100.000 militantes. El dato de Hacienda es sesgado, porque no es obligatorio declarar tu militancia política al fisco. Y de hecho mucha gente no lo hace. Sólo 95.000 españoles declaran en el IRPF que pertenecen a un partido, según los últimos datos disponibles.

La OCDE pide que se reduzcan las ayudas al sector agrícola

PARÍS.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha presentado su informe anual sobre políticas públicas en materia de agricultura, en el que destacó que la mayor parte del apoyo a productores "se dio a través de medidas que perturbaron el comercio", una tendencia que pidió revertir.

"Casi dos tercios del apoyo a los productores en los países que hemos estudiado distorsionan de manera particularmente fuerte las decisiones comerciales", constató el informe presentado hoy en Bruselas, en el que aseguró que la dependencia de estas medidas "incluso ha ido en aumento".

El informe ‘Seguimiento y Evaluación de las Políticas Agrícolas en 2018’ estudia la situación del sector agrícola en los 35 países que forman parte de la OCDE, así como en otras diez economías emergentes: Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Kazajistán, Filipinas, Rusia, Sudáfrica, Ucrania y Vietnam.

Los países de la OCDE destinaron una media de 285.000 millones de euros al año al sector agrícola en el periodo 2015-2017, de los que 205.000 millones (el 72%) fueron entregados como apoyo a los agricultores.

El apoyo público a los agricultores fue equivalente al 18% de sus ingresos, un descenso frente al casi 30% que representó en el periodo 1995-1997.

Por su parte, las diez economías emergentes estudiadas por la OCDE destinaron una media de 266.000 millones de euros al año a sus sectores agrícolas, 233.000 de los cuales (el 84%) estuvieron dirigidos a los agricultores.

Sin embargo, mientras que en la OCDE el apoyo público a los agricultores con respecto a sus ingresos había disminuido sustancialmente en las últimas décadas, en estas economías emergentes la tendencia fue justo la contraria: pasó del 2,9% en el periodo 1995-1997 al 13,5% en el periodo 2015-2017.

Más ayudas en los países emergentes
El informe destacó que, mientras que en la OCDE están abandonando las políticas públicas de apoyo al sector agrícola que "distorsionan el mercado", en las economías emergentes estudiadas estas medidas han crecido hasta representar el 80% del total.

La OCDE también analizó de forma individualizada los casos de los 51 países objeto de estudio, aunque en la Unión Europea (UE) no entró a valorar la situación de los Estados miembros, sino las políticas públicas en el ámbito comunitario.

En este sentido, el informe destacó que alrededor del 50% del apoyo público a los agricultores está condicionado por cláusulas medioambientales obligatorias, mientras que un 8% adicional se puede obtener de cumplir una serie de estándares superiores a los exigidos por ley.

Entre los principales cambios de 2017, la OCDE destacó la simplificación de la Política Agrícola Común (PAC) y el fin de las cuotas impuestas a la producción de azúcar.

El informe recordó que siguen aplicándose "medidas excepcionales" en los sectores lácteo y porcino, así como con respecto a la producción de frutas y verduras.

La OCDE celebró que la UE "haya mejorado la composición de las ayudas en las últimas tres décadas" e hizo especial hincapié en el incremento de los pagos no relacionados directamente con la producción, lo que "ofrece a los agricultores la posibilidad de tomar decisiones sin depender de la acción gubernamental".

En el caso de Latinoamérica, el informe destacó las ayudas dirigidas a productores jóvenes (de entre 18 y 35 años) en Chile o las medidas colombianas de compensación de producción a los productores de algodón y de reestructuración de deuda a los agricultores.

La OCDE recogió también el caso de Brasil y la mejora de su sistema de Inspección Veterinaria, la regularización del proceso de registro de productos químicos en Costa Rica y la creación en Chile del Comité Técnico sobre el Cambio Climático en el marco del ministerio de Agricultura.

El Foro de la Economía del Agua advierte que el modelo económico debe adecuarse a la escasez estructural

MURCIA.- El Foro de la Economía del Agua presentó este miércoles en Murcia ante el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, el Libro Blanco de la Economía del Agua, editado por McGraw-Hill Education, que analiza los desafíos de la gestión del recurso del agua tanto a escala global como doméstica. 

En España, el gran reto es gestionar la escasez estructural de agua en un entorno de necesaria adaptación al cambio climático, que agudiza y hace más imprevisibles eventos como el riesgo de sequías e inundaciones. 
Por eso, el Foro de la Economía del Agua advierte de la necesidad de vincular los modelos de desarrollo económico y social con la insuficiencia crónica de agua, especialmente en una región como Murcia, donde a pesar de las recientes lluvias el nivel de agua embalsada apenas supera el 20% de su capacidad, mientras que en la cuenca del Segura la situación también es complicada, con un nivel de poco más del 30% (20 puntos por debajo de los promedios de los últimos cinco y diez años).
«La falta de agua es un factor limitante, pero no debe abordarse como un conflicto secular, sino como una oportunidad y un estímulo para el desarrollo tecnológico, la investigación y la innovación y el avance hacia un nuevo contrato social sobre el agua», explica el director académico del Foro de la Economía del Agua, Gonzalo Delacámara
«En Murcia se dan las condiciones para que la región se convierta en un modelo exportable de economía circular, aspecto en el que ya lidera, y de cómo gestionar el agua en una zona árida», señala el experto.
Para atender las necesidades de agua presentes y futuras, es crítico optimizar el agua disponible y diversificar las fuentes de abastecimiento, movilizando algunas que están infrautilizadas, no por dificultades tecnológicas sino por la falta de incentivos adecuados, como ocurre con el agua procedente de las plantas desaladoras o la reutilización de agua regenerada. 
Este desafío es extensible a toda España, donde un 20% de su territorio ya está desertificado y hasta tres cuartas partes en riesgo de desertificación.
Para abordar esta situación, el Foro de la Economía del Agua considera que se requiere importantes consensos sociales entre todos los actores clave: sociedad civil, sector público y sector privado. 
En este sentido, Delacámara considera que es saludable la decisión del nuevo Gobierno de integrar en un mismo ministerio Energía y Medio Ambiente. 
Para avanzar en el consenso necesario, entre gobernados y gobernantes, entre usuarios, el Foro considera que es imprescindible que se incluya la realidad del ciclo urbano del agua: aunque el consumo urbano solo represente el 14% de la demanda de agua, es en las ciudades donde se concentra la mayoría de la población en una tendencia que se va a incrementar en los próximos años.
Por eso, garantizar la seguridad hídrica de las ciudades es esencial en la gestión del agua a medio y largo plazo algo que debería estar por encima de intereses partidistas y territoriales, dada la magnitud del desafío. 
La seguridad hídrica se concibe como el resultado de garantizar que la disponibilidad de recursos renovables, en cantidad y calidad, permite atender las demandas presentes y futuras. Sin embargo, esto exige no solo reflexionar sobre la disponibilidad sino sobre la evolución sostenible de la demanda.
La gestión del agua es una gestión de conflictos de uso y sus crisis son crisis de gobernanza. Con el espíritu de crear un espacio independiente de debate donde abordar estos desafíos nació en 2016 el Foro de la Economía del Agua, bajo el auspicio de la Universidad de Alcalá y con la colaboración actualmente de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Granada y la editorial McGraw-Hill
Este esfuerzo ha cristalizado en el Libro Blanco de la Economía del Agua, que contiene, entre otras muchas, aportaciones de altos representantes de Naciones Unidas, la OCDE o el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras instituciones. 
La obra ha sido coordinada por Gonzalo Delacámara (en la imagen), el secretario del Comité Académico del Foro de la Economía del Agua, Francisco Lombardo, y el director del Foro de la Economía del Agua, José Carlos Díez.

Ábalos asegura que el cambio de Gobierno no afectará a los contratos del AVE

MADRID.- El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado hoy que la voluntad del Ejecutivo es que, con carácter general, el cambio de Gobierno no afecte a los compromisos de inversión ni a los contratos en lo que respecta al AVE.

    "No pensamos paralizar nada ni demorar nada, los consejos se están haciendo en las fechas previstas. Este lunes hubo un consejo de Adif y aprobó una serie proyectos, los mismos que tenía previsto antes del cambio de Gobierno", ha dicho Ábalos en respuesta a una pregunta del portavoz de Fomento del PP en el Congreso, Miguel Barrachina.
    Además, ha avanzado, el próximo vieres el Consejo de Ministros aprobará otros tres tramos de AVE por 190 millones de euros, entre ellos uno correspondiente al Corredor Mediterráneo.
    Respecto a la auditoría sobre plazos y obras de AVE que encargará Fomento, Ábalos ha dicho que se hará porque lo importante es no generar falsas expectativas y porque cuando se habla de plazos lo que debe contar es la puesta en servicio y no el final de la obra.
    "A veces se habla de final de obra como si al mismo tiempo uno se subiera en el tren", ha lamentado el ministro, que ha apuntado que en 2015 el gobierno del PP anunció que pondría en servicio 1.000 nuevos kilómetros de AVE -Murcia, Burgos, Granada, Plasencia, Badajoz y variante de Pajares- de los que ninguno está hoy en servicio.

El presidente Sánchez equiparará la fiscalidad del diésel y la gasolina para recaudar 2.100 millones más

MADRID.- El Gobierno de Pedro Sánchez quiere dar un impulso definitivo a la fiscalidad medioambiental, para que la mayor recaudación se traduzca en más gasto contra el cambio climático, y por tanto en un mayor compromiso con la transición ecológica de la economía. 

Una de las primeras medidas que intentará aprobar el Ejecutivo será la equiparación de la fiscalidad del combustible diésel y de la gasolina, según avanzan fuentes socialistas a Expansión.
Actualmente el impuesto especial de la gasolina es de 40,25 céntimos por litro, y el del gasóleo, de 30,7 céntimos. El Ejecutivo calcula que la equiparación de ambos impuestos supondría una recaudación adicional de 2.140 millones de euros si se hiciese de golpe, pero quiere hacerlo "de forma escalonada", según fuentes cercanas a Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica.
"El primer año se recaudarían 600 millones de euros", y así sucesivamente. Es decir, la igualación se lograría "en menos de cuatro años", aseguran las fuentes, que revelan que ya se ha creado un equipo de trabajo en el ministerio y que el Gobierno ya ha decidido dar el paso.

El nuevo gobernador del Banco de España se compromete con la transparencia

MADRID.- En  la toma de posesión de Pablo Hernández de Cos como nuevo gobernador del Banco de España se han dado cita algunas de las principales personalidades del sector financiero y político español. 

En el primer discurso oficial, Hernández De Cos ha estado flanqueado por su predecesor Luís Linde y de la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño. 
En un discurso breve (sólo 6 páginas), pero con claros mensajes sobre lo que quiere conseguir en sus seis años que va a permanecer en el cargo, se ha dedicado a perfilar las que pretende que sean las líneas de su mandato: reforzar la posición negociadora del Banco de España en Frankfurt como reto internacional y a nivel interno recuperar la confianza perdida en la institución apostando por la transparencia y reforzando la alerta temprana de los riesgos económicos.  
Eso sí, ha reivindicado "la independencia" del Banco de España, algo que no siempre ha sido así.
Al acto  han acudido numerosos representantes del mundo de la economía y las finanzas, como el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, el presidente de Bankinter, Pedro Guerrero, el de CaixaBank, Jordi Gual, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, o el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán.
También el director general de la CECA, José María Méndez, el presidente de Sareb, Jaime Echegoyen, el exgobernaodor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el exsubgobernador y expresidente de la AEB, Miguel Martín,  el vicepresidente ejecutivo de Santander España, Juan Manuel Cendoya, o el consejero independiente del Banco de España, Manuel Pizarro.

Concluye hoy el plazo para domiciliar la devolución de la renta

MADRID.- El plazo para domiciliar el resultado a ingresar de la declaración de la Renta 2017 concluye hoy, miércoles, mientras que el viernes es la fecha límite para solicitar citas previas por cualquier vía para la confección de la declaración. La Campaña de la Renta 2017 finaliza el próximo lunes 2 de julio.

El pasado 4 de abril arrancó la campaña para la presentación de las declaraciones por Internet y por teléfono y para solicitar cita previa para el nuevo plan 'Le Llamamos', por el que la Agencia Tributaria (AEAT) llama a los contribuyentes para confeccionar su declaración, así como para realizarlas a través de la nueva 'app', una de las principales novedades de la campaña.
Asimismo, desde el pasado 8 de abril los contribuyentes pueden solicitar de forma previa el servicio de atención presencial de la AEAT para la confección y presentación de la declaración en las oficinas, que comenzó el 10 de abril, sumándose a la presentación telemática y por teléfono que se podía realizar desde el pasado 4 de abril.
Las principales novedades de la campaña son la nueva aplicación móvil de la Agencia Tributaria, que se puede descargar desde el pasado 15 de marzo en las plataformas de Apple y Android; y la solicitud de la cita previa para el Plan 'Le llamamos', por el que la AEAT llama a los contribuyentes previa solicitud y les confecciona y presenta la declaración por teléfono.
Hasta la semana pasada Hacienda había devuelto un importe superior a los 6.000 millones de euros, el 63% de lo previsto para la campaña, y se habían presentado más de 16,9 millones de declaraciones, el 85% de lo estimado, según informan fuentes de la Agencia Tributaria.
La AEAT prevé que en la Campaña de la Renta 2017 se registren 19,94 millones de declaraciones, lo que supone un aumento del 1,1%, de los que 16,65 millones serán individuales (+2%) y 3,29 millones conjuntas (-3,4%).
De ese total, 13,77 millones darán derecho a devolución, un 2% menos, por un importe de 9.468 millones de euros, un 5,3% menos, mientras que 5,24 millones saldrán con resultado a ingresar, un 8% más, por importe de 9.621 millones, un 4,9% más.
Asimismo, estima unas 925.000 declaraciones negativas y otras, lo que supone un incremento del 13,6% respecto al año anterior. Con estas cifras, la AEAT calcula que se registrará un resultado neto positivo de 153 millones de euros, frente al negativo de 823 millones de euros del año pasado.
El organismo realizará unos 136.000 avisos a contribuyentes que ha detectado con pisos en alquiler ofertados en Internet y algo menos de 300.000 avisos por los bonos de fidelización del Santander, así como a quienes hayan regularizado cláusulas suelo.

Peperos al borde de un ataque franquista de nervios / Máximo Pradera *

Mi padre, Javier Pradera, que al frente de Alianza Editorial, tuvo que negociar infinidad de contratos de edición, tenía una máxima que me repetía siempre: Si quieres tener éxito en una negociación, deja siempre que el último euro se lo lleve la otra parte.
 
Su talante moderado y pactista le llevaba a tomarme el pelo cuando me veía metido en pleitos o amenazando con ellos. Siento decirte, hijo mío, que lo tuyo es un trastorno mental llamado querulancia.
 
Al igual que Abraham Lincoln, Pradera estaba convencido de que no hay nada más estresante y angustioso (pleitos tengas y los ganes, dicen los gitanos) que un litigio.

Quienes vuelvan a ver hoy el programa de RTVE Tengo una pregunta para mí dedicado a la Memoria Histórica, en el que Basilio Baltasar entrevista a varios intelectuales (Pradera entre ellos) sobre la polémica ley de Zapatero, se convencerán de que mi padre siempre vio la Transición como una suerte de arreglo extrajudicial. 

Le encantaban las películas americanas de juicios y el modo en que fiscales y abogados estadounidenses luchan siempre hasta el último minuto por ahorrarle tiempo y dinero al contribuyente, cerrando un acuerdo privado entre las partes. Tengo más que constatado que en España tiramos más bien hacia el polo opuesto. Somos capaces de ponerle una demanda a nuestro casero solo porque se niega a cambiarnos la junta de goma de un radiador.

De Shlomo Ben Ami (un híbrido  de político e intelectual por el que sentía gran admiración) Pradera tomó la frase La paz y la justicia son incompatibles.
 
En el sentido de que si de verdad quieres llegar a un acuerdo con la otra parte (en Madrid o en Jerusalén), no puedes emperrarte en que prevalezca un estricto cumplimiento de la justicia: debes permitir, como hacía Pradera en Alianza Editorial con los siempre voraces agentes literarios, que el último euro (por más que  sepas que en puridad te corresponde) se lo lleve la otra parte.

La Transición (decía mi padre) fue una negociación parecida. Los famosos cautivos y desarmados del Ejército Rojo que no fueron exterminados por el sanguinario dictador y se pudrieron en la cárcel durante largos años, así como los exiliados de la República (unos 500.000, según los historiadores más solventes), llegaron a la conclusión, en 1978, de que les compensaba la paz, aunque tuvieran que hacer grandes cesiones.

Lejos de valorar el esfuerzo notabilísimo que llevaron a cabo los perdedores de la Guerra Civil por no llegar a la Ruptura, la derecha española aún se ríe de ellos, con frases a lo Pablo Casado Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién o a lo Rafa Hernando Algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo.
 
El deseo de paz era tan grande en aquellos años, que los rojos renunciaron a buscar los restos de sus familiares y aceptaron convivir con engendros como el Valle de los Caídos o la placa de homenaje a la Legión Cóndor que Ruiz–Gallardón se negó a retirar del cementerio de la Almudena cuando fue alcalde de Madrid.

Pero de la misma manera que en derecho existe algo llamado novación modificativa del contrato, el pacto de la Transición puede y debe ser renovado. Y debe serlo por las mismas razones por las que se cerró el del 78: porque no es posible la paz si se exige un estricto cumplimiento de la justicia. 

Es cierto que en su día se acordó lo que se acordó, pero la derecha (entre la cual hay buenos abogados) debe entender que ningún contrato es para siempre, y que hoy la mayoría de la población española está a favor de esa novación modificativa del acuerdo que fue la Transición. 

Eso afecta tanto a la necesidad imperiosa de cambiar la Constitución (algo a lo que el PP se resiste como gato panza arriba, al grito de Pacta sunt servanda; Santa Rita, lo que se da no se quita, para los que aborrezcan los latinajos) como a admitir sin refunfuñar que el Estado debe ayudar a que los represaliados del franquismo recuperen los restos mortales de sus deudos.

Y atañe también, como no, al Valle de los Caídos. Hay que sacar los restos de Franco y José Antonio de esos lúgubres sepulcros donde reposan desde hace demasiado tiempo y entregarlos a sus familias, como se ha hecho ya con Mola y Sanjurjo –dos de los cerebros del Glorioso Alzamiento– en Pamplona. 

Hay que desmontar también esa ominosa y prepotente cruz de 130 metros, porque es el símbolo de la Cruzada, la sanguinaria operación ilícita de rescate espiritual de la patria en la que se embarcó Franco al grito de Salvaré a España del marxismo aunque tenga que fusilar a la otra media.
 
Y como dice el profesor Julián Casanova, hay que retirar de una vez por todas la Guerra Civil del debate político e introducirlo en los libros de texto.

Para que los españoles (que desconocen en su mayoría lo que de verdad ocurrió en la Guerra Civil) se puedan carcajear cada vez que un político tortillero e ignorante dice bobadas como las de Rafa Hernando: La República trajo un millón de muertos. Ni fueron un millón (500.000, a lo sumo), ni los trajo la República.

La República trajo, en esencia, la abolición de los privilegios de los ricos y los poderosos. Y los muertos los trajeron aquellos que, como Franco, Yagüe y Mola, exterminaron a media España (150.000 muertos solo en la retaguardia) con tal de conservarlos.


(*) Columnista



martes, 26 de junio de 2018

Las tasaciones de viviendas para hipotecas suben un 8,4% hasta marzo

MADRID.- El número de tasaciones de viviendas con fines hipotecarios se incrementó un 8,44% en el primer trimestre, en comparación con el mismo periodo de 2017, según la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV).

El total de las tasaciones efectuadas entre enero y marzo por las 24 sociedades que constituyen la AEV fue de 284.429 valoraciones completas efectuadas, lo que supone un descenso del 5%.

La patronal explica esta caída, la primera en cuatro años, por el número de valoraciones ligadas a requerimientos contables de las entidades financieras, que estima cercano al 17%, debido a la "venta masiva" de carteras de activos inmobiliarios "que se está produciendo" en los últimos meses.

Las entidades financieras, según AEV, están sacando estos inmuebles de los balances bancarios y eliminan así la obligatoriedad de seguir tasándolos periódicamente.

AEV destaca en una nota que, por primera vez desde el inicio de la recuperación, ha descendido el número de tasaciones con fines hipotecarios de edificios en proyecto durante el primer trimestre.

En concreto, cifra este descenso en casi 700 unidades con respecto al primer trimestre del año pasado, hasta cerca del millar de proyectos.

La secretaria general de AEV, Paloma Arnaiz, advierte de un "cierto cambio de composición" de la actividad de las tasadoras, que a su juicio pasarán "paulatinamente a destinar la mayor parte" de sus recursos a la tasación con finalidades hipotecarias.

Lo explica por la venta de carteras que están llevando a cabo las entidades financieras y añade, como novedad para la labor de las tasadoras, el asesoramiento a fondos de inversión y otros nuevos actores en el sector.

Las cotizaciones no cubren la esperanza de vida de los jubilados: se 'agotan' tras 12 años de pensión

MADRID.- Las cotizaciones sociales que un trabajador acumula durante toda su vida laboral se agotan en unos 12 años, esto es, que una vez transcurrido ese periodo de tiempo la Seguridad Social ya habría abonado a los jubilados lo equivalente a los derechos que generaron con sus aportaciones al sistema, según los cálculos de El Mundo. 

Sin embargo, la esperanza de vida supera de manera holgada esa cifra, tanto que según el último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE), los españoles viven una media de 83 años. 
Y si se acude a la misma fuente, se observa que, en el momento de poner fin a su vida laboral, los jubilados presentan hoy una esperanza de vida de unos 21 años superior, lo que indica que vivirán hasta los 86. Por lo tanto, y aunque la Seguridad Social es un sistema de reparto en el que los cotizantes pagan las pensiones de los jubilados actuales, resulta evidente que el desfase existente entre el periodo que acumulan las aportaciones y el que se prolonga la prestación supone otro punto de presión para el diezmado sistema.
«La Seguridad Social española es muy justa. De hecho, es injusta por exceso, porque a los 12 años de haberte jubilado te ha devuelto todas tus cotizaciones», explica José Antonio Herce, director asociado de Analistas Financieros Internacionales (Afi) y presidente del Foro de Expertos Independientes del Instituto BBVA de Pensiones. 
Por ello, entre otros motivos, Herce es un defensor de la necesidad de elevar la edad de jubilación de manera notable y de acometer una profunda reforma en el sistema de la Seguridad Social.
Por su parte, Eduardo Bandrés, director de economía pública de Funcas eleva el periodo en el que se agotan las cotizaciones. En su opinión puede llegar hasta los 15 años en función del régimen, pero aun así ese tiempo sigue siendo inferior tanto a la esperanza de vida actual como a la que presentan los nuevos pensionistas.  
Este aumento de vida y desajuste respecto a lo cotizado se suma, además, a que las prestaciones son cada vez más altas y numerosas. De hecho, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social publicó ayer que en el actual mes de junio, y por primera vez en la historia, la nómina mensual de las pensiones superó los 9.000 millones de euros. 
De esta manera, la nómina mensual de las pensiones prosigue con el marcado ascenso que viene experimentando en los últimos años. De hecho, si se hace una comparativa con la situación de hace 10 años, se observa que en 2008 la factura era de 6.138 millones de euros, lo que supone que en la última década se ha disparado un 46%.
Este espectacular incremento viene dado, como ya se ha señalado, por el mayor importe de las pensiones y por el aumento de las mismas. «La pensión media de jubilación asciende a 1.083 euros, lo que representa un aumento del 1,93% respecto al año pasado», explicaba el informe mensual publicado por Trabajo. 
De nuevo, si se hace una comparación con lo que ocurría antes del inicio de la crisis, el resultado es que se ha producido un incremento de más de 250 euros al mes de media. Asimismo, «la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), alcanza los 937,19 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 1,8%» y unos 220 euros más que en 2008.
Y en cuanto al número total de prestaciones, los datos de la secretaría de Estado de Seguridad Social evidencian que el sistema «supera los 9,6 millones de pensiones contributivas, un 1,13% más respecto al año pasado». 
«Más de la mitad», añade Trabajo, «5.919.154 concretamente, son por jubilación», que son precisamente las que presentan una mayor cuantía media. «2.359.486 corresponden a viudedad; 952.456 a incapacidad permanente; 340.797 a orfandad y 41.748 a favor de familiares», añade.
En este complejo contexto, el propio Gobierno reconoce que la Seguridad Social se encuentra en una situación de déficit casi crónico, tal y como apuntó la semana pasada la ministra de Industria, Reyes Maroto, en Santander. Para atajarlo, Valerio ya ha afirmado que el Ejecutivo se plantea buscar nuevas vías de ingresos a través de impuestos e impulsar una mayores cotizaciones a través de incrementos salariales.