viernes, 4 de mayo de 2012

Izquierda Unida de Albacete reitera su oposición a la Escuela de Pilotos de la OTAN

ALBACETE.- Izquierda Unida ha reiterado su rechazo a la instalación en Albacete de la Escuela de Pilotos de la OTAN, con motivo del inicio de un nuevo curso TLP de la institución, que ha supuesto la llegada de 36 aeronaves que realizarán continuos ejercicios de vuelo desde la Base Aérea entre las 13.30 y las 18.00 horas durante 15 días.

   En un comunicado, IU ha recordado que esta instalación de la OTAN a Albacete fue aceptada y decida de manera unilateral por el anterior gobierno de Zapatero, sin previo conocimiento ni debate en el Congreso de los Diputados ni con el consenso de la sociedad albaceteña.
   IU, que ha sido la única organización política que se ha opuesto tajantemente a esta instalación, ha señalado que la celebración de estos cursos supone más ruido, mayor inseguridad y la apuesta porque Albacete sea la sede de un programa de una organización militar como la OTAN, al servicio de determinados intereses internacionales.
   Según el coordinador local de IU, Héctor García Valenzuela "esta instalación no ha traído ningún beneficio económico ni de empleo para la esta ciudad, ni es una apuesta por un nuevo modelo de desarrollo económico y social, dejando fuera, por supuesto, nuestra clara apuesta por el pacifismo y la solidaridad entre pueblos".
   En este sentido, IU ha denunciado denunciar que a pesar de los continuos recortes presupuestarios en educación, sanidad y servicios sociales, el presupuesto militar en el año 2012 asciende a 18.337 millones de euros, siendo Defensa la segunda cartera menos recortada con sólo un 1,3 por ciento de la totalidad de fondos para defensa.

El paro sube en 1.735 personas en abril en Castilla-La Mancha

TOLEDO.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en Castilla-La Mancha al término del mes de abril fue de 251.360 personas, lo que supone un aumento de 1.735 respecto al mes de marzo.

   De esta forma, en términos relativos, el aumento del paro durante el cuarto mes del año en la Comunidad Autónoma fue del 0,70 por ciento respecto al mes anterior, ha informado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
   A nivel nacional, el número de parados se situó al finalizar abril en 4,74 millones de personas, tras bajar en el mes en 6.632 desempleados, con un descenso porcentual del 0,14% respecto a marzo.
   El paro subió en cuatro de las cinco provincias de Castilla-La Mancha durante el mes pasado. Así, en Albacete el mes de abril finalizó con 120 nuevos desempleados, de tal forma que el número de parados se situó en 51.564, de los que 23.913 son hombres y 27.651 mujeres. Los parados menores de 25 años en esa provincia se sitúan en 6.471, de los que 3.469 son hombres y 3.002 mujeres.
   En Ciudad Real, el número de parados se situó en 66.462, 1.069 más que el último mes. Del total de parados en esta provincia, 31.659 son hombres y 34.803 mujeres. Los menores de 25 años parados en esta provincia al término del pasado mes eran 9.948, de los que 5.301 son hombres y 4.647 mujeres.
   La provincia de Cuenca cerró en abril con 20.553 desempleados, al sumar los 48 nuevos parados. Del total de personas en paro de esta provincia, 10.242 son hombres y 10.359 mujeres. La cifra de menores de 25 años desempleados que quedó en la provincia de Cuenca ascendió a 2.563, 1.412 de ellos hombres y 1.151 mujeres.  
   En la provincia de Guadalajara, el mes de abril se cerró con un total de 24.105 parados, 20 desempleados menos que el mes anterior. Del total de desempleados de la provincia, 11.750 eran hombres y 12.355 mujeres. El pasado mes se cerró con 2.441 personas de menos de 25 años, 1.269 de ellos hombres y 1.172 mujeres.
   Finalmente, en la provincia de Toledo abril terminó con 88.628 parados, 518 nuevos. Del total de desempleados en la provincia 43.476 son hombres y 45.152 mujeres. Los menores de 25 años parados ascienden a 10.415, de los que 5.729 son hombres y 4.686 mujeres.
   Por sectores, en la provincia de Albacete el desempleo subió en 37 personas en Agricultura, 52 en Industria, 22 personas en el sector Servicios y 29 en el Colectivo Sin Empleo Anterior, mientras que descendió en 20 personas en Construcción.
   En Ciudad Real se registraron 180 parados más en Industria, 176 en Construcción, 569 en el sector Servicios y 183 en el Colectivo Sin Empleo Anterior, mientras que descendió en 39 personas en Agricultura.
   En la provincia de Cuenca, de los 48 nuevos desempleados del pasado mes, 57 pertenecen al sector Industria, 50 al de Servicios y 18 al colectivo Sin Empleo Anterior. Por el contrario, los parados han descendido en 25 personas en el sector Agricultura y en 52 en Construcción.
   Por su parte, en la provincia de Guadalajara, el sector de la Industria registró 16 personas paradas, 12 el de Servicios y 23 el Colectivo Sin Empleo Anterior, mientras que en Agricultura bajó en 42 personas y 29 en Construcción.
   Por último, en Toledo, donde abril se cerró con 518 parados, 133 procedían del sector de la Industria, 35 de Construcción, 355 del sector Servicios y 45 del Colectivo Sin Empleo Anterior, mientras que descendió en 50 personas en el sector de la Agricultura.

Nuevo pago por reestructuración del viñedo

TOLEDO.- La Consejería de Agricultura ha pagado en este ejercicio 42,5 millones de euros a los viticultores que se han acogido a la línea de reestructuración y reconversión del viñedo. En total han sido 2.750 agricultores de toda Castilla-La Mancha los que se han beneficiado de estas ayudas.

   Esta semana se ha procedido a realizar un nuevo pago de 22,5 millones de euros, del que se han beneficiado 1.483 viticultores, que han finalizado la reestructuración, reconversión o transformación de vaso a espaldera en un total de 4.767 hectáreas de viñedo, ha informado la Junta en nota de prensa.
   Los 42,5 millones abonados, el 37 por ciento corresponde a 805 viticultores de la provincia de Ciudad Real, donde más superficie se ha solicitado reestructurar; Albacete ha recibido el 33 por ciento de los fondos, de los que se han beneficiado 832 viticultores; Cuenca el 17 por ciento de los fondos, para 757 viticultores; Toledo ha recibido el 12 por ciento, para 346 viticultores; y en Guadalajara se han beneficiado 10 viticultores, con un importe de 95.138 euros.
   Gracias al incremento de 30 millones de euros de remanentes de otras medidas, conseguidos para la región en el último reparto de fondos entre comunidades autónomas para la reestructuración del viñedo, otorgada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se ha podido llegar a más viticultores que tenían la inversión realizada en ejercicios anteriores y aún no habían recibido la subvención.

La Asociación de Militares critica los "contratos basura" de tropa y marinería

GIJÓN.- El presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, ha criticado este viernes  los "contratos basura" a los que están sometidos el personal de tropa y marinería, y ha reprochado que sean ellos, "eslabón más débil" de las Fuerzas Armadas en la protección de sus derechos, los que vayan a tener que soportar más recortes retributivos, de acuerdo al último anuncio del Gobierno Central.

   El representante de la asociación militar ha indicado que además también va a recaer sobre la tropa y marinería un recorte de personal de 2.000 efectivos, sin que se conozca los criterios que se van a seguir.
   Según él, quieren dejar este Cuerpo en 81.000 personas, en lugar de los 83.000 actuales, algo que se hará de forma "inminente", aunque ha sospechado que en el futuro habrá más. En el ámbito estatal, la tropa y marinería representa el 60 por ciento.
   Ha explicado, asimismo, que la tropa y marinería son los únicos "semifuncionarios" a contrato temporal y que en cualquier momento, sin que medie ningún procedimiento judicial, le pueden echar "simplemente porque cae mal a un jefe". En esta situación de contrato temporal pueden estar hasta los 45 años, mientras que el tope de inmigrantes es del 9 por ciento -ahora ronda un 7%--.
   Unido a ello, ha indicado que desde hace unos seis años los militares están imbuidos en dos leyes que les están "machacando", que son la Ley de Tropa y Marinería y la de la Carrera Militar, hechas de espalda a los propios militares y con desconocimiento de la verdadera problemática que tienen.
   La Ley de Carrera Militar frustró las expectativas que tenían "muy claras" de hasta dónde podían ascender, al establecer una nueva progresión para los militares que afecta "negativamente" a un 80 por ciento de los integrantes de las Fuerzas Armadas
   Ha destacado que en 2011, gracias al impulso de AUME, se aprobó la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas, por la que, entre otras cosas, se les reconoce el derecho a manifestarse y se les permite contar con representación en los órganos que les afectan.
   No obstante, ha reprochado algunos incumplimientos, como la constitución del órgano de interlocución con el Ministerio -Consejo de personal--, la creación del Observatorio de la vida militar y la modificación de la Ley de la Carrera Militar. "Son tres incumplimientos claros por parte del Gobierno de un mandato parlamentario", ha apostillado.
   Ha advertido sobre que "hay una clara intención por parte de los cuarteles generales de tratar de reducir e incluso anular el asociacionismo profesional". Como ejemplo, ha citado la creación de las llamadas Comisiones Técnicas, de forma paralela al Consejo de personal, y que emulan a unos antiguos consejos asesores de personal cuyo cometido era estudiar las quejas de los militares, pero que estaban controlados por los mandos, según él. "Ni las quejas ni las propuestas llegaban a ningún sitio", ha dicho.
   También ha mostrado su preocupación respecto a que la Subsecretaría de Defensa haya dictado unas recomendaciones para cómo hacer valer el derecho de reunión dentro de los cuarteles, cuando ya está regulado. Tratan de controlar de alguna forma estas reuniones, a su juicio, al dejar a criterio de los mandos el que pueda prohibirla o no autorizarla. "No nos quieren", ha dicho sobre el asociacionismo militar.
   Por todo ello, la asociación ha reclamado ser oídos por el Gobierno para poder aportar soluciones. "No entendemos que se nos empiece a ningunear", ha señalado, al tiempo que ha reprochado que los cuarteles generales sigan haciendo normativas que sean ataques directos al asociacionismo profesional mientras que a ellos se les sigue sin recibir. Es por ello, que no ha descartado el manifestarse si no se les atiende y escucha.

El Gobierno de Cospedal se querella contra dos consejeras de Barreda por supuesto "fraude funcionarial"

ALBACETE.- El Gobierno de María Dolores de Cospedal se ha querellado contra la exvicepresidenta del Gobierno de José María Barreda --María Luisa Araújo--, contra la exconsejera de Cultura --Soledad Herrero-- y contra el expresidente de la empresa pública Gicaman --Juan Cámara Fernández de Sevilla-- por supuesto "fraude funcionarial" en relación con la compraventa en 2008 de un inmueble de Ciudad Real.

   La querella, presentada este viernes ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, también está dirigida contra Manuel Sánchez-Montañés, administrador de la sociedad Promociones y Construcciones Aldea Fernández SL, empresa a la que se compró el inmueble.
   En concreto, el escrito recoge que en octubre de 2008 la empresa pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) --por mandato de la Junta-- adquiere de la sociedad Promociones y Construcciones Aldea Fernández un inmueble de la calle Ronda de Ciruela número 24 de Ciudad Real, con una superficie construida de 412 metros cuadrados, por un precio de 4.538.924 euros, cuando dicha sociedad compró este inmueble en 2006 a la Cruz Roja por valor de 3.353.647 euros.
   De este modo, la querella señala que se produjo "una elevación injustificada en el precio de compra" del inmueble. "Esta diferencia de más de un millón de euros carece de justificación, tratándose de un inmueble que es definido en múltiples ocasiones como objeto de rehabilitación" y que a día de hoy "continúa estando en mal estado de conservación y no está incluido en el catálogo de bienes y espacios protegidos ni tampoco ocupado por oficinas públicas".
   En el escrito se indica que en abril de 2007 el delegado provincial de la Junta en Ciudad Real, José Fuentes Pastrana, propone a Araújo que Promociones y Construcciones Aldea Fernández permute dicho inmueble a la Junta a cambio de que ésta le entregue tres edificios, permuta que no llegó a realizarse.
   Fue finalmente Gicaman quien adquirió el edificio después de que el Consejo de Gobierno de 30 de septiembre de 2008 aprobara el Convenio de colaboración entre la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, la Consejería de Cultura y Gicaman, para que se ubicara allí la sede administrativa de la Delegación provincial de esta última Consejería en dicho municipio.
   Dicho acuerdo del Consejo de Gobierno autoriza un gasto plurianual de 5.957.799 euros desde 2009 a 2016 a Gicaman por el pago de este inmueble, pero la querella resalta que esta aportación no se justifica porque no responde a cuantías de la propia compraventa.
   Estas cantidades responden a los intereses del préstamo que Gicaman firma con un banco y al propio beneficio que obtiene esta empresa pública con esta operación, agrega. "Estos gastos para la Junta de Comunidades podrían haberse evitado si ésta hubiera adquirido directamente de los propietarios, sin establecer el artificio o fraude en la contratación que venimos describiendo", argumenta.
   Además, señala que la Junta de Comunidades, después de haber concertado con los particulares ese precio superior al del tráfico normal, encarga a Gicaman la compra del inmueble cuando podía haberlo realizado directamente evitándose unos gastos injustificados de "beneficio" de esta empresa pública.
   Así, dice que no se justifica en ningún documento la necesidad de la intervención de Gicaman, ni tampoco se entiende que la Administración autonómica carezca de medios propios para articular una compraventa de un Inmueble.
   De este modo, concluye que la Junta de Comunidades podría haber adquirido directamente el Inmueble sin necesidad del artificio de sociedad interpuesta y sin necesidad del pago de las cuantías que no corresponden al precio de la compraventa (o a los intereses del préstamo), puesto que cuenta con sus servicios de patrimonio.
   La Junta considera así que se ha podido cometer un fraude funcionarial tipificado en el Código Penal, que señala que "la autoridad o funcionario público que "se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años.
   Por ello se suplica al Juzgado que admita este escrito y proceda de inmediato a la incoación de diligencias previas para averiguar los hechos y determinar las personas criminalmente responsables.

Fomento plantea un plan para "ganar eficiencia" en tren y aeropuertos

MADRID.- El Consejo de Ministros ha "abordado" un informe presentado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, sobre las "reformas estructurales" que prevé abordar en su Departamento en ámbitos como el transporte aéreo y el ferroviario, con el fin de "mejorar la eficiencia de estos servicios y ahorrar costes".

   Así lo indicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda posterior a la reunión del Consejo, en la que aseguró que el Ejecutivo no abordó "el asunto de las autovías", esto es, la eventual articulación de un peaje en estas carreteras para sufragar su mantenimiento.
   "No se ha abordado el asunto de las autovías y sí se han abordado asuntos de reordenación de servicios aeroportuarios y determinadas medidas para garantizar mayor seguridad jurídica en vivienda y alquiler", detalló la vicepresidenta.
   Según Sáenz de Santamaría, a partir de este informe, la titular de Fomento "irá presentando al Consejo de Ministros distintos proyectos normativos para mejorar la eficacia y racionalizar los ámbitos de su competencia", insistió.
   En relación a la eventual entrada de capital privado en la prestación de determinados servicios, se limitó a indicar que "se concretará cuanto se presenten dichos proyectos normativos", si bien apuntó que se abordará en línea "con lo habitual en estos sectores" y con lo que se viene realizando en otros países.  
   En cuanto al informe que Pastor llevó a la reunión del Consejo de Ministros de este viernes, la vicepresidenta indicó que versa "sobre reformas estructurales en el ámbito de su Departamento".
   "Una necesaria reordenación para ganar en eficiencia y en eficacia, y reducir costes en determinados servicios públicos de gran interés para los ciudadanos como pueden ser aeropuertos y servicios ferroviarios y en determinadas políticas, como la de la vivienda", explicó.
   "A raíz de este informe, el Ministerio de Fomento está trabajando en distintas normas que permitirán reformas estructurales en el ámbito de un Departamento crucial para ganar en eficiencia en la prestación de unos servicios públicos que debe hacerse con criterios de racionalidad y mayor eficacia de lo que se venía haciendo", concluyó.

Fomento presentará un proyecto de ley para el sector inmobiliario

MADRID.- El Ministerio de Fomento prevé tener listo "antes del verano" el anteproyecto de Ley de Regeneración Urbana y Fomento del Alquiler, un texto que abordará un conjunto de reformas destinadas a reactivar el sector de la vivienda, según anunció el secretario general de Infraestructuras, Gonzalo Ferre.

   Entre las medidas que prevé impulsar destaca la eliminación de "cargas injustificadas en materia de suelo y urbanismo", la supresión de "trabas" en la renovación y generación urbana, y el fomento del alquiler para garantizar el acceso a la vivienda.
   "Los instrumentos que Fomento tiene actualmente en materia de vivienda y suelo se han demostrado claramente insuficientes para la recuperación del sector y por ello resulta necesario un conjunto de reformas", detalló Ferre.
   Durante su intervención en la Comisión de Infraestructuras de la CEOE, el alto cargo de Fomento indicó que este cambio normativo irá acompañado con un nuevo Plan Estatal de Vivienda, para el que Fomento también reclamará la colaboración del capital privado.
   "Es preciso abordar medidas para reactivar el sector", indicó Ferre quien detalló que "desde que en 2007 se pinchó la burbuja especulativa" se construyen un 90% menos de viviendas, casi un tercio del actual parque de pisos tiene más de treinta años de antigüedad y existe un 'stock' de pisos sin vender de unas 700.000 viviendas.

El Gobierno recupera las competencias sancionadoras en las cuencas hidrográficas

MADRID.- El Consejo de Ministros ha derogado la anterior normativa en materia de agua y ha aprobado un Real Decreto Ley que establece que será el Estado el que asuma "directamente" las competencias de policía hidráulica en las cuencas hidrográficas intercomunitarias con el objetivo de conseguir una gestión "mucho más eficiente en materia de agua".

   Según ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es el Estado "para evitar duplicidades y solapamientos", el que asume las competencias también en el procedimiento sancionador, ya que, según ha insistido esta ha sido "siempre" una competencia del Estado.
   Concretamente, ha precisado que se deroga la normativa anterior en materia de agua y se establece que será el Estado el encargado de asumir "íntegramente" la gestión y las competencias de policía hidráulico en las confederaciones hidrográficas de las cuencas hidrográficas intercomunitarias.
   En este sentido, ha recordado que el pasado mes de marzo, el Tribunal Constitucional "dejó sentado" el principio de unidad de cuenca, especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas comunidades autónomas. A raíz de esta sentencia, ha dicho que el Gobierno anterior aprobó un RDL que permitía a las comunidades autónomas asumir las competencias de gestión del dominio público hidráulico en aquellas cuencas intercomuntiarias, lo que significaba  que cada comunidad autónoma asumía competencias de policía hidráulica, fundamentalmente sancionadoras, en la parte de la cuenca que correspondía a su territorio.
   Sin embargo, Sáez de Santamaría ha subrayado que para el Ejecutivo "es más necesario que nunca" que en el ámbito de organización territorial del Estado se proceda a una "clara delimitación de competencias" entre las distintas administraciones a fin de ser eficientes y, en la medida de lo posible, garantizar la unidad de mercado, evitar los solapamientos y duplicidades y una "mayor eficiencia y eficacia" en beneficio de los ciudadanos.
   La vicepresidenta ha manifestado que se trata de "no multiplicar costes por 3, lo que evitará muchos problemas a los ciudadanos y ahorrará mucho dinero al Estado".
   Así, ha añadido que el Real Decreto tiene "mucho que ver" con la necesidad de lograr una gestión "más eficiente" de las aguas y evitar procedimientos sancionadores en el ámbito medioambiental con duplicidades y para evitar la ruptura de la unidad de mercado que va en perjuicio de los ciudadanos y de la calidad del medio ambiente.
   Además, ha dicho que el Gobierno estima que el agua es un "recurso escaso" y que es un dominio público "de todos los españoles", por lo que el Estado asume "todas las funciones de policía en la gestión de las confederaciones hidrográficas.
   "De acuerdo con el principio de unidad de cuenca establecido por la Constitución, entendemos que debe ser el Estado para evitar duplicidades, solapamientos, actuaciones contradictoras o diferentes en algo como el procedimiento sancionador del mal uso del agua quien asuma íntegramente esa gestión de policía en las confederaciones hidrográficas", ha sentenciado.
   Por otro lado, la vicepresidenta ha explicado que el Real Decreto también simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta "especialmente" a la Red Natura 2000 para que los usuarios y municipios "tengan claras" las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.
   Esta modificación que se incluye en el Real Decreto Ley pretende evitar "duplicidades y solapamientos" que estaban perjudicando a la gestión municipal y de los usuarios en las zonas protegidas, ya que en un mismo espacio natural se podían dar a la vez distintas figuras de protección, lo que provocaba una "gran complejidad" sobre el régimen jurídico aplicable o la administración competente en su gestión.
   "El Real Decreto Ley establece una coordinación de todas esas calificaciones con participación de los municipios afectados en la calificación y la gestión que puede hacerse", ha apuntado.
   Por otro lado, Sáez de Santamaría ha manifestado que el Real Decreto Ley "abre la senda" a la simplificación de los procedimientos administrativos en garantía de la unidad de mercado.
   De este modo, ha dicho que este es el caso "paradigmático" de los residuos, y ha puesto de ejemplo que un traslado de residuos que pasara por varias comunidades autónomas, necesitaba permiso notificado de la comunidad autónoma de salida y de llegada, un procedimiento que considera "complejo" para el traslado de residuos dentro del espacio español, lo que supone "múltiples dificultades" para empresas, usuarios o quienes llevan a cabo la gestión ordinaria de ese traslado, a la hora de obtener las autorizaciones de los sistemas colectivos o de responsabilidad ampliada del productor.
   Con el nuevo texto, se modifica también la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para "simplificar y reducir" las cargas administrativas que estaban provocando "incertidumbre e inseguridad" en la aplicación de la norma.
   Concretamente las principales modificaciones que se refieren a este ámbito son las relativas a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), con el objetivo de evitar "imprecisiones, incoherencias e interpretaciones ambiguas" de la normativa. Por ello, se modifica su redacción y se precisa el alcance de la aplicación de los SDDR.
   Asimismo, se establece en los casos en los que las características del residuo, sus dificultades de valorización o eliminación o el incumplimiento de los objetivos de gestión determinen que la aplicación de estos sistemas resulte la más adecuada.
   En cuarto lugar, el Real Decreto Ley adapta también la normativa para la subasta de derechos de emisión, con lo que se reforma la Ley del Mercado de Valores con el objetivo de adaptar la normativa española a la europea y permitir de este modo el nuevo sistema de subasta de derechos de emisión de CO2.
   Finalmente, la adaptación normativa impulsa el acceso de las empresas españolas al futuro sistema de reparto de emisiones de una manera "competitiva e igualitaria" con el resto de Europa, todo ello en el marco del objetivo general de lucha contra el cambio climático.
   Las primeras subastas de derechos de emisión comenzarán durante el segundo semestre de 2012, aunque cobrarán mayor importancia a partir de 2013. La UE en su conjunto subastará en 2012 un volumen de 120 millones de derechos de emisión, de los cuales a España le corresponde subastar algo más de 10 millones.

Las CCAA cerrarán el año con un déficit del 2,2%

MADRID.- Las comunidades autónomas registrarán en 2012 un déficit, en términos de Contabilidad Nacional, del 2,2% del PIB, desviándose siete décimas del objetivo fijado para este año (1,5% del PIB), de manera que tampoco en 2012 cumplirán con sus compromisos, según cálculos difundidos este viernes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

   Tras los malos resultados de 2011, cuando sólo cumplió con el objetivo la Comunidad de Madrid, Fedea estima que en 2012 habrá tres comunidades que sí logren el objetivo de déficit y además con holgura: Madrid, que registrará un déficit del 0,8% del PIB, siete décimas mejor que el objetivo; La Rioja, con un déficit del 1% del PIB, y Galicia, cuyo déficit, según Fedea, se situará en el 1,1%.
   El resto de las regiones no cumplirán con el objetivo de este año, de acuerdo con las estimaciones de la Fundación. Las mayores desviaciones las experimentarán Castilla-La Mancha, con un déficit del 4,9% para el conjunto del año; Murcia (déficit del 3,7% del PIB), Baleares (déficit del 3,4%), y la Comunidad Valenciana (3,3% del PIB).
   Les seguirán Cataluña, que registrará un déficit del 3% del PIB, el doble que el objetivo fijado; Cantabria (2,7% del PIB); País Vasco (2,6%); Navarra (2,5%); Andalucía (2,4%); Aragón (2,3%); Extremadura (2,2%); Asturias y Canarias (déficit del 2% en ambos casos), y Castilla y León (1,7%).
   "De confirmarse nuestras estimaciones, las comunidades autónomas no van a cumplir nuevamente sus compromisos", subraya Fedea, que advierte de que España "se juega mucho" y que, por tanto, no puede permitirse que vuelvan a incumplir.
   En este sentido, anima al Gobierno a hacer "todo lo posible para disciplinarlas", incluso, si fuera necesario, recurriendo a la intervención de las mismas.
   No obstante, Fedea recuerda que sus estimaciones pueden ser corregidas con nuevas medidas y planes de reequilibrio por parte de las comunidades y, de hecho, cree que hay dos iniciativas que apuntan a esa dirección.
   Así, la Fundación recuerda que antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera del mes de mayo, las CC.AA. deben revisar sus presupuestos para incluir medidas adicionales con las que completar el ajuste fiscal y conseguir así la aprobación del Plan de Reequilibro Económico y Financiero 2012-2014.
   Asimismo, Fedea recuerda que los recortes en sanidad y educación, que según los datos oficiales supondrán un ahorro total de 10.000 millones de euros, no afectarán a la totalidad del ejercicio 2012, sino a seis meses aproximadamente, por lo que su impacto será de 5.000 millones de euros.

El Gobierno convoca a las CC.AA. para analizar sus planes de ajuste

MADRID.- La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado que el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF), en el que se analizarán los planes de ajuste económico y financiero de cada una de las comunidades autónomas, se reunirá "probablemente el 16 de mayo" y, en todo caso, en esa semana.

   En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría reiteró que las comunidades autónomas "tienen que ser muy responsables en el objetivo común de salir de la crisis" y, para ello, "deben cumplir los objetivos de déficit", que obligan a reducirlo al 1,5% en 2012.
   Todas las comunidades autónomas han cumplido hasta ahora con su obligación de entregar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sus planes de ajuste y lo han hecho en tiempo y hora, antes de las 00:00 del pasado 30 de abril.
    Ahora habrá que ver si estos planes son suficientes para situarlas en la senda de cumplimiento de los objetivos o si, por el contrario, el Gobierno pone en marcha el engranaje previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que en última instancia contempla la posibilidad de intervenciones ya en el mes de septiembre.
   Fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro aseguraron que los gobiernos autonómicos al completo han pedido al Gobierno ayuda para confeccionar estos planes y han descartado que haya que poner en marcha estos mecanismos de intervención forzosa.
   De ello se desprendería que Hacienda espera dar el visto bueno a todos los planes. De hecho, el Gobierno cree que entre los 10.000 millones de ahorro que se recogen en estos planes y los 10.000 millones adicionales por los recortes en sanidad y educación, las comunidades autónomas tienen capacidad financiera para cumplir con esos objetivos de déficit.
   Sin embargo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha recordado esta semana a las comunidades autónomas que en caso de no poder hacer frente a estos compromisos pueden recurrir al mecanismo voluntario recogido en las misma Ley de Estabilidad para pedir ayuda especial al Gobierno, lo que en la práctica supone una intervención voluntaria.

Salir de la austeridad / Ignacio Ramonet *

“La mejor fortaleza de los tiranos,
 es la inacción de los pueblos”
Maquiavelo

Como una sensación de asfixia. Es lo que padecen muchos ciudadanos en varios países de la Unión Europea (UE), afectados por tanta reducción, tanto recorte y tanto ajuste. Una sensación agudizada por la comprobación de que la alternancia política no modifica la “furia austeritaria” de los gobernantes. 

En España, por ejemplo, a una sociedad vapuleada por las brutales ­medidas de ajuste adoptadas a partir de mayo de 2010 por el Presidente (socialista) José Luis Rodríguez Zapatero, el candidato del conservador Partido Popular (PP) Mariano Rajoy prometió, durante la campaña de las elecciones generales del pasado 20 de noviembre, el “cambio” (1) y “devolver la felicidad”. Venció con mayoría absoluta. Pero nada más tomar posesión de su cargo, emprendió a su vez la más agresiva operación de recortes sociales de la historia reciente de ­España.

Lo mismo ocurrió en otros Estados; en Grecia, por ejemplo, o en Portugal. Recordemos que, en este país, en junio de 2011, el socialista José Sócrates, después de imponer cuatro impopulares programas de “disciplina fiscal” y aceptar un no menos detestado plan de rescate de la troika (2), perdió las elecciones. Pero el vencedor conservador, Pedro Passos Coelho, ­actual Primer Ministro, muy crítico antes con las políticas de recortes de los socialistas, no tardó en afirmar, una vez elegido, que para cumplir con las exigencias de la UE, su objetivo era “aplicar una dosis aún mayor de austeridad” (3)...

¿De qué sirven entonces las elecciones si en lo esencial, o sea las políticas económicas y sociales, los nuevos gobernantes hacen lo mismo (incluso en peor grado) que los precedentes? Quienes se hacen esta pregunta dudan, de hecho, de la democracia. En el marco de la Unión Europea, se ha perdido el control ciudadano sobre una serie de decisiones que determinan la vida de la gente. En realidad, las exigencias –prioritarias– de los mercados están limitando seriamente el funcionamiento democrático. Muchos gobernantes (de izquierda y de derecha) están convencidos de que los mercados tienen siempre razón. Y de que el problema, según ellos, es precisamente la democracia, el debate público. Prefieren inversores competentes a “electores inconscientes”.

Por su parte, los ciudadanos tienen el sentimiento de que, dictada por los mercados, existe en Europa hoy una agenda oculta con dos objetivos concretos: reducir al máximo la soberanía de los Estados y desmantelar por completo el Estado de bienestar. Si quedan dudas a este respecto, basta leer las recientes declaraciones de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), en las que afirma: “El modelo social europeo está muerto y quien dé marcha atrás en los recortes presupuestarios provocará una sanción inmediata de los mercados (...) En cuanto al Pacto Fiscal europeo (4), se trata en realidad de un avance político mayor porque gracias a ese tratado los Estados pierden una parte de su soberanía nacional” (5). Más claro, imposible.

En realidad vivimos en una suerte de despotismo ilustrado en el que la democracia se define menos por el voto o por la posibilidad de escoger, que por el respeto de reglas y tratados (Maastricht, Lisboa, MEDE (6), Pacto Fiscal) adoptados ­hace tiempo o en vías de rati­ficación ante la indiferencia ­general, y que resultan verdaderas cárceles jurídicas sin posible evasión.

De ahí, de nuevo, las preguntas de tantos ciudadanos defraudados: ¿sirve de algo votar, si estamos condenados a elegir gobernantes cuya función consistirá en aplicar reglas y tratados definidos una vez por todas? (7).

Tenemos un caso de “disimulación democrática” ante los ojos: ­precisamente el del Pacto Fiscal europeo. ¿Por qué no existe un debate público sobre este Pacto, actualmente en vías de adopción, que va a condicionar la vida de millones de ciudadanos? Como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) del que depende, ese Pacto constituye un ataque brutal contra los derechos de los ciudadanos. Obligará para siempre a los Estados firmantes (entre ellos España) a reducir gastos sociales, salarios  y pensiones. Priorizará además la autoridad de la Unión Europea sobre las ­políticas presupuestarias de los ­Estados miembros. Y limitará las competencias de los Parlamentos nacionales, restándoles soberanía y convirtiendo a veces a algunos países en meros protectorados europeos (8).  

¿Se puede salir de semejante situación? Las elecciones presidenciales en Francia abren quizás una perspectiva. No tanto por los millones de electores que, hartos y desesperados, votaron por una extrema derecha antieuropeísta y xenófoba. Sino porque el propio candidato socialdemócrata François Hollande –favorito según todas las encuestas–, ha prometido, a ese respecto, cambiar las cosas. 

Consciente de que la elección del presidente de Francia afecta el curso de Europa, Hollande exige, en particular, añadir al Pacto Fiscal un paquete de medidas de estímulo, solidaridad y crecimiento. Y también que el BCE baje los tipos de interés y preste directamente a los Estados (y no a los bancos privados) para abrir de inmediato la senda de la recuperación. 

Aunque los cambios demandados son mínimos y sin duda insuficientes, Hollande se opone a la canciller alemana Angela Merkel y al Bundesbank, quienes dictan en realidad las políticas económicas y financieras de la UE. Pero el socialista francés precisó que si Alemania no aprueba estas modificaciones, Francia no ratificará el Pacto Fiscal.

¿Qué pasará si, una vez elegido, Hollande mantiene su idea de sacar a Europa de la “opresión austeritaria” y de la recesión, impulsando reformas estructurales y estimulando el crecimiento? Dos cosas pueden ocurrir. Primera posibilidad: los mercados, como avisó Mario Draghi, atacan de inmediato a Francia y la ponen contra las cuerdas; Hollande se acobarda,  da marcha atrás, acaba inclinándose como sus amigos socialdemócratas Zapatero, Sócrates y Papandreu ante la especulación y se convierte a su vez en el líder de izquierda más impopular de la historia de Francia.

Segunda posibilidad: sabiendo que en la UE nada se puede hacer sin Francia, segunda economía de la zona euro (y quinta del mundo), Hollande mantiene su posición y la radicaliza.  Decide  apoyarse en la movilización de las fuerzas populares europeas (empezando por las del Frente de Izquierda de Jean-Luc Mélenchon), recibe el soporte de muchos gobiernos europeos partidarios asimismo de políticas de estímulo y de crecimiento; ­consigue modificar la línea del BCE-Bundesbank. Y acaba por demostrar que cuando, en una democracia, el mandato del pueblo coincide con una firme voluntad política no hay objetivo que no se pueda alcanzar.

(1) “Súmate al cambio” fue su lema de campaña, copiado del que utilizó el Presidente chileno Sebastián Piñera (derecha) en su carrera electoral victoriosa de 2010.
(2) Constituida por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
(3) Jornal de Noticias, Lisboa, 29 de febrero de 2012. Las políticas austeritarias de Passos Coelho están conduciendo a Portugal a una catástrofe social semejante a la de Grecia; el 15% de la población activa está sin empleo (35% de los jóvenes), 25% de los portugueses se halla bajo la línea de la pobreza, y se calcula que, este año,  la recesión será del 3,3%. En los últimos seis meses ha habido ya dos huelgas generales: el 24 de noviembre de 2011 y el 22 de marzo de 2012.
(4) Impulsado por Alemania, el Pacto Fiscal o Tratado para la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, fue firmado el 2 de marzo de 2012 en Bruselas, con la excepción del Reino Unido y de la República Checa, por 25 Estados de la UE. Obliga a cada país firmante a incluir en su Constitución un límite de déficit estructural del 0,5% y contempla sanciones automáticas para quienes sobrepasen el 3%. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2013.
(5) The Wall Street Journal, Nueva York, 23 de febrero de 2012.
(6) Mecanismo Europeo de Estabilidad, organismo intergubernamental creado por el Consejo Europeo (los 27 jefes de Estado y de gobierno de la UE) en marzo de 2011. Entrará en vigor el 1 de julio de 2012. Sustituye al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF).
(7) Léase: Christophe Deloire, Christophe Dubois, Circus politicus, Albin Michel, París, 2012.
(8) Léase: Ignacio Ramonet, “Nuevos protectorados”, Le Monde diplomatique en español, marzo de 2012.

Del endeudamiento insostenible a los presupuestos inviables / Ángel Tomás Martín *

La reciente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, sin que haya existido voluntad unánime de debate constructivo, tan necesario como exigía la peor crisis económica española soportada en el último medio siglo, y que desde el último trimestre del 2007 viene progresivamente agravándose y en recesión, no ha resuelto ni va a corregir el desorden en el funcionamiento de los mercados, las valoraciones de los activos, la regeneración y potenciación de las Entidades de Crédito, la reactivación de la economía y de la actividad laboral, la balanza negativa comercial y el imprescindible incremento de la actividad exportadora y expansión internacional.

Pero es aún más grave desaprovechar los espacios de bonanza y optimismo colectivo e invertir, gastar, y administrar de manera indiscriminada y, casi siempre sin talento. Hemos olvidado durante demasiado tiempo los errores cometidos en las últimas crisis del siglo pasado, consintiendo políticas económicas torpes y egoístas, despreciando el obligado "equilibrio presupuestario" y el de las cuentas Públicas, que nos han llevado al actual estado de deterioro interno y exterior. No hemos sabido librarnos de los mal llamados "talentos de la política económica", que solo albergaban grandes dosis de pretenciosa vanidad, sin asumir la gran responsabilidad que se les otorgaba.

Obligados por la necesidad inaplazable de un cambio de ciento ochenta grados que pueda salvarnos del precipicio a cuyo borde nos encontramos, se han adoptado medidas previas urgentes para hacer posible el gran cambio de medidas estructurales armónicas con la economía global de la que formamos parte. Todo ello, obliga a volver a una escrupulosa disciplina presupuestaria, cuya confección entraña un problema de dificilísima solución integradora: EL ENDEUDAMIENTO GIGANTESCO INASUMIBLE, (ni a corto ni a medio plazo), CON UN PRESUPUESTO DE INGRESOS POSIBLE, que aun en el caso del mayor optimismo recaudatorio, no podrá cumplirse en el estado de recesión en que nos encontramos. Tengamos presente que una solución basada solamente en la presión fiscal dura, ni recaudará más, ni propiciará el crecimiento económico. Solo el progreso de la economía puede permitir el crecimiento del Presupuesto de Ingresos.

No es posible en el corto espacio de este artículo hacer un análisis profundo de los recientemente aprobados Presupuestos Generales del Estado, pero intentaremos en un esfuerzo de síntesis, demostrar, a nuestro juicio, la incompatibilidad de su contenido con la atención al servicio de la deuda pública, considerando el notable incremento del pago de intereses, en el marco del deterioro de la calificación de las agencias, y la angustiosa prima de riesgo. En suma, teniendo en cuenta las dificultades crediticias que ya encontramos en los mercados financieros.

El crecimiento de stock de deuda pública es explosivo. En 2008 partimos de 456.000 millones de € y que ha venido incrementándose, año tras año, hasta alcanzar 849.000 millones de € en el 2011, más la de este año, no inferior a 50.000 millones de €. Por tanto, en cinco años hemos visto subir nuestras obligaciones financieras en más de 400.000 millones de €. Seguimos sin administrarnos bien, aunque suenan fuertemente las alarmas, y persiste el peligro de alto desequilibrio y de posible intervención.

Resumamos diciendo: el endeudamiento sigue subiendo sin haber aplicado fórmulas de contención, sube el desempleo y las obligaciones sociales; tenemos una prima de riesgo cada vez más alta e indigerible presupuestariamente, un gasto corriente mantenido o incrementado, mientras se desmorona la inversión pública; no se promueven medidas de impulso a la economía, no se sanea el sistema Bancario, ni hay liquidez para la economía real. Y siendo cierto todo esto, ¿Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que los Presupuestos recientemente aprobados son viables, impulsan la riqueza, y cumplen con la extraordinaria trascendencia y alta misión de la política económica de los gobiernos?

Pese a los antecedentes y hechos reales adversos con los que se contaba, sin poner en duda el esfuerzo y buena voluntad, el proceso operativo no parece que haya venido marcado por el sistema mundialmente reconocido y aplicado como el mejor, el más drástico y efectivo: "El Presupuesto Base Cero", ya que los acuerdos y reglamentación del Tratado de Maastricht han resultado incompletos, permisivos e ineficaces. Tampoco será posible cumplir con el servicio de la deuda ya contraída, y con los presupuestos posibles, si no se emite o consigue deuda a muy largo plazo, con una economía en recesión.

Los Gobiernos, en la mayoría de los casos, no están ciñéndose con la obligada disciplina presupuestaria; esa es una de las razones de la debilidad de Europa.

(*) Economista y empresario

jueves, 3 de mayo de 2012

Rajoy plantea "repensar" la coordinación y el reparto de competencias entre administraciones públicas

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró hoy convencido de que no se debe "desandar" ni la configuración autonómica del Estado, ni la inclusión de España en la UE, pero sí cree que se debe "repensar" y "evaluar" la coordinación entre las instituciones administrativas del Estado y el reparto de competencias, con la supresión de "duplicidades innecesarias".

   El jefe del Ejecutivo realizó estas afirmaciones durante la toma de posesión de José Manuel Romay Beccaría como presidente del Consejo de Estado. Un acto al que han acudido, además de los presidentes del Congreso y el Senado, los ministros de Justicia, Exteriores, Sanidad, la presidenta de la Comunidad de Madrid y la secretaria general del PP.
   En su discurso, Rajoy defendió las reformas que está llevando a cabo porque se asientan en un "mandato inequívoco" de los ciudadanos en las urnas y aseguró que tienen una doble orientación, por una parte, consolidar los logros del Estado del bienestar y, por otra, "potenciar el ámbito de autonomía de las personas y erradicar las cortapisas externas a la libertad con que deben regir su destino, su vida y su vocación profesional".
   En su intervención, apeló al espíritu con el que se realizó la Constitución de Cádiz y dijo que su ejemplo debe servir de "estímulo" y de "guía" para afrontar con "valentía, determinación y equilibrio" los "profundos cambios" que necesita el país. En este punto, aseguró que estos cambios sólo se pueden llevar a cabo desde el "espíritu de concordia" que tuvo su "más elevada cima en la Constitución de 1978".
   Y refiriéndose a ésta última, dejó clara su opinión de que la Constitución Española dio un "paso original, decisivo y de gran calado" que, añadió, "en modo alguno debe ser desandado". Se trata, señaló de la "configuración autonómica del Estado". Tampoco, puntualizó, se debe desandar el camino de la inserción de España en la UE, "que ha sido el motor de algunas de nuestras modificaciones constitucionales".
  Sin embargo, considera que ambas circunstancias "invitan", ahora que son tiempos de crisis, a "repensar y evaluar" la estructuración más adecuada de los poderes públicos.
   Para ello y buscar "mayor eficacia" en las instituciones administrativas "a todos los niveles" dijo que "será preciso arbitrar fórmulas más eficientes, de coordinación y reparto de competencias, de eliminación de duplicidades innecesarias, de solapamientos indeseables, con supresión incluso, de entidades y organismos que no resisten una prueba objetiva de utilidad o cuyo coste resulte desproporcionado para los ciudadanos".
   Rajoy considera que esta será una tarea "delicada" y que requerirá el conocimiento de la realidad y la "intuición de la evolución futura, viable y deseable" de las estructuras institucionales públicas. Por ello, dijo que cuenta con el "saber acumulado" del Consejo de Estado, al que se comprometió a consultar, y con el Centro de Estudios Constitucionales.
   En este contexto, deseó al nuevo presidente y a los consejeros de Estado "mucha suerte y mucho tesón" porque, dijo, en esta Legislatura van a "tener mucho trabajo" y la asistencia de este órgano al Gobierno "va a ser más necesaria que nunca" y destacó la "privilegiada reputación de autoridad" que ha logrado el Consejo de Estado.
   El jefe del Ejecutivo destacó los valores de Romay Beccaría como un hombre de "diálogo, consenso y conciliación", así como su "altura como jurista de reconocido prestigio" que se une a una "experiencia vital y laboral singularmente rica".

La FEMP propone ceder competencias en municipios de menos de 20.000 habitantes

MADRID.- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha defendido la pervivencia de los municipios como instituciones políticas, aunque acepta que los de pequeño tamaño puedan perder su estructura administrativa para que sean otras entidades, como las diputaciones, las que la asuman.

   Según la FEMP, la supresión de municipios no va a cambiar "la realidad en cuanto al asentamiento de la población en nuestro país", por lo que, con independencia de su tamaño, "deben ser respetados como institución política básica", ya que, además, los ayuntamientos son sobre todo "expresión de la voluntad política de sus vecinos".
   No obstante, reconoce que "no todos tienen capacidad suficiente para la prestación de servicios", pero que existen soluciones a este problema, ya que "la solución a las carencias de los municipios de insuficiente capacidad de gestión pasa por la disociación entre su entidad política y su estructura administrativa".  
   Por un lado, propone que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes puedan ceder competencias "que no puedan ser ejercidas por ellos mismos" a entidades mayores, como diputaciones, cabildos o consejos insulares.
   Por otro lado, sugiere la prestación conjunta de servicios con la que los municipios puedan suplir esas insuficiencias de gestión, "sin que ello supusiera la necesidad de crear nuevas instituciones", de modo que advierte de que una nueva ley de gobierno local debería "arbitrar y potenciar" los mecanismos adecuados para ello.
   Así figura en un documento que la FEMP ha enviado a Administraciones Públicas, en el que explica su criterio sobre cómo ordenar las competencias de las entidades locales, una aportación al trabajo que realiza el Gobierno para reordenar el sector público español bajo la exigencia de evitar duplicidades y cumplir la premisa de una competencia, una administración.
   En el texto, de nueve folios, se hace un diagnóstico de la situación de las entidades locales y se proponen vías para reconocerles una serie de competencias y una financiación suficiente, en una ley orgánica de obligado cumplimiento.
   La FEMP dice ser "consciente" de que la Constitución "se olvidó de unas de las instituciones básicas de la configuración" del Estado, al no hacerlas "merecedoras de una regulación de carácter orgánico". En el caso de que esto no cambie, y se siga viendo a las entidades locales como las "hermanas pobres" de las instituciones al no dotarles de una ley orgánica que regule sus competencias, pide que se modifique la regulación del conflicto en defensa de la autonomía local contenido en la Ley del Tribunal Constitucional para "relajar los requisitos de legitimidad para su interposición".
   Además, reclama un "pacto político" que comprometa tanto a Estado como a comunidades autónomas a "respetar la configuración que la ley básica establezca y a los principios en los que se fundamenta el sistema", como son autonomía local, descentralización o suficiencia financiera.
   Así pues, considera que las relaciones entre las administraciones públicas deberían basarse en el "principio de lealtad institucional", garantizando la "autonomía local" frente a lo que ve como "posibles pretensiones de tutela que se pretendan ejercer desde otros ámbitos, eliminando los controles de conveniencia y oportunidad, que estarán expresamente prohibidos".
   Un ejemplo que pone es que la construcción de infraestructuras de competencia estatal autonómica "no puede conllevar la imposición al ayuntamiento donde se ubique de cargas u obligaciones económicas de ningún tipo que le obliguen, bajo mecanismos de naturaleza coactiva, a confinanciarlas a través de distintas fórmulas".
   En el documento enviado al Gobierno, la FEMP viene a insistir, como lleva haciendo desde anteriores legislaturas, en una financiación adecuada a las competencias de las entidades locales, una condición sin la que, según argumenta, "no estarán obligadas a asumir la competencia ni a prestar los servicios o realizar las actividades que de ella se derivan".
   Para la FEMP, existe una "absoluta desconexión del sistema de financiación con el sistema de competencias" de las corporaciones locales, razón a la que atribuye directamente la "escasez de recursos municipales".
   Así pues, reclama que las leyes que supriman o modifiquen cualquier tributo de percepción municipal, provincial o insular que mengüe los ingresos de las haciendas locales arbitrarán "medidas de compensación", además de dotar de "carácter incondicionado" a las transferencias que se reconozcan a las entidades locales por otras administraciones públicas".
   Para evitar duplicidades en la prestación de servicios públicos, la FEMP sugiere atenerse a los principios de estabilidad presupuestaria expuestos en la ley aprobada en el Senado la semana pasada, pero también a "mecanismos de colaboración" entre administraciones para, "desde la lealtad institucional, evitar la duplicidad del servicio".
   En cuanto a la concreción de las competencias que, para la FEMP, deben ejercer las entidades locales, el documento explica en una serie de puntos los requisitos para fijar esos servicios y actividades de los que, a su juicio, deben encargarse estas administraciones.
   A su juicio, no existe en la actual Ley de Bases de Régimen Local una "concreción suficiente de las competencias locales", ya que el listado de materias que incluye está "vacío de contenido competencial", lo que ha llevado a la "confusión en la realización de actividades y prestación de servicios".
   Así, propone que una futura ley de bases que sustituya a la actual reconozca la competencia de los municipios para intervenir en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra entidad, además de la inclusión en esa norma de una listado de materias en las que se reconoce un interés local relevante.
   Entre otras, la FEMP considera que deben ser competencia local las materias relacionadas con urbanismo, medio ambiente, abastecimiento de agua potable, asistencia social primaria, seguridad, protección civil, tráfico y movilidad, promoción turística, políticas activas de empleo o padrón municipal.
   También sugiere que las leyes sectoriales estatales o autonómicas puedan ampliar las competencias establecidas, siempre previo estudio sobre la idoneidad de las mismas basándose en los "principios de autonomía, descentralización, proporcionalidad, subsidiariedad y suficiencia financiera".
   La FEMP cree que también hay que tener en cuenta las características demográficas, geográficas u organizativas del municipio, además de dotar de la financiación adecuada a estas corporaciones para que puedan ejercer dichas competencias.

El PSOE critica que Geacam saque 49 plazas y se despidieran 42 trabajadores

ALBACETE.- El viceportavoz socialista en la Diputación de Albacete, Ramón García, ha tachado de "esperpéntico" que el GEACAM haya publicado una convocatoria para la provisión de 49 vacantes de cara al dispositivo de prevención y extinción de incendios de Castilla-La Mancha, "cuando estas vacantes se han originado como consecuencia del ERE en el que se vieron inmersos los 42 bomberos del SEPEI que trabajaban en dicho dispositivo". 

   La convocatoria de GEACAM, indica el PSOE en nota de prensa, contempla 49 vacantes a cubrir para desempeñar su trabajo en diferentes municipios de la provincia de Albacete, es decir, "para realizar las mismas funciones que llevaban a cabo los 42 bomberos del SEPEI", cuyo ERE se "saldó con 3 jubilaciones, 18 despidos y 21 recolocaciones en peores condiciones".
   En opinión de Ramón García, si el gobierno del PP hubiera tenido realmente intención de preservar el empleo de sus 42 trabajadores hubiera negociado para firmar el convenio con GEACAM para ceder estas personas durante los meses que está activo el dispositivo de prevención y extinción de incendios, tal y como se venía haciendo en años anteriores.
   En este sentido, el viceportavoz del Grupo Socialista ha recordado que si GEACAM no estaba dispuesta a realizar la aportación de años anteriores al convenio, la Diputación de Albacete estaba en condiciones económicas para asumir la parte que esta empresa de la Junta de Comunidades hubiera dejado de poner, "sólo era cuestión de tener voluntad política".
   El viceportavoz socialista ha reiterado que se trata de un despido político que obedece "única y exclusivamente a directrices políticas, y no a una estrategia empresarial o de optimización de recursos".
   El Grupo Socialista ha criticado también el "cinismo" de la presidenta de la región, María Dolores de Cospedal, por tomar estas decisiones y al mismo tiempo "brindar el apoyo del Gobierno de la región a los parados y asegurar que están trabajando para crear empleo".

Según ANPE, la supresión de 817 plazas es un "grave mazazo" a la Educación

TOLEDO.- El sindicato de la enseñanza ANPE ha señalado que la eliminación de 817 plazas de maestros para el próximo curso por parte de la Junta de Castilla-La Mancha supone un "tremendo y grave mazazo a nuestro ya malogrado sistema educativo castellano-manchego".  

   Según explica, con estas supresiones se hará "inviable" la mejora del sistema educativo y la corrección de los elevados índices de fracaso escolar, superiores al 33 por ciento en la región, "imposibilitando llevar a efecto programas de atención a la diversidad y de refuerzo educativo".
   ANPE indica que atender en condiciones de calidad y equidad al alumnado de Castilla-La Mancha pasa por una "reforma urgente del modelo educativo, obviamente incompatible con la reducción del número de profesionales de la Educación".
 "La escuela no es el lugar donde se custodian los niños sino un espacio donde se debe dar opción al profesional para mejorar los aprendizajes del alumno y poder obtener así cotas eficientes de éxito escolar".
   Por eso, el sindicato se manifiesta "totalmente" en contra de la reciente orden de la Consejería de Educación por la que se publica la plantilla de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria, Colegios rurales Agrupados y Colegios de Educación Especial para el próximo curso 2012-13, "ya que supone la destrucción del modelo de compensación de las desigualdades de los alumnos".
   Según indican, al prescindir de los profesionales de apoyo en los colegios se hará inviable prestar un servicio de calidad y la propia atención a la diversidad, y es en las etapas de infantil y primaria donde se asientan todas las bases del futuro educativo de los alumnos y "es aquí donde deben empezar a corregirse las disfunciones".
   Por otro lado, apuntan que con esta Orden, "una vez más, se ha quebrado el principio de negociación con los legítimos representantes del profesorado, ya que se ha impuesto de manera unilateral por la Consejería sin escuchar a los mismos".
   El sindicato resalta además "el gran número de maestros" que se verán afectados por el cambio forzoso en los destinos y por la disminución de puestos de trabajo en la oferta del Concurso General de Traslados.

Plataforma contra el ATC denuncia presiones del Ayuntamiento para vender parcelas

CUENCA.- La Plataforma contra el cementerio nuclear en Cuenca ha denunciado que el Ayuntamiento de Villar de Cañas está presionando a los propietarios de terrenos para que vendan sus parcelas a los empresarios que quieran instalarse en el municipio. 

   En rueda de prensa, la portavoz de la plataforma, María Andrés, ha denunciado que el Consistorio del municipio que albergará el Almacén Temporal Centralizado está enviando cartas a algunos vecinos para que "malvendan" sus parcelas.
   Andrés ha señalado que por un lado, se habla de expropiación de los terrenos en los que podría construirse la planta nuclear y por otro lado, según Andrés, el Consistorio amenaza a propietarios de terrenos en el casco urbano con expropiarlos en caso de que no urbanicen o vendan dichos terrenos.
   La portavoz ha asegurado que "no se han presentado proyectos empresariales" y es el Ayuntamiento el que de forma unilateral, ha decidido qué solares deben urbanizarse o venderse. Según Andrés, "hay un mapa donde dice qué solares han sido elegidos para entrar en este proceso que de alguna manera, se podría hablar de coacción porque se han decidido unos solares pero no sabemos con qué criterio".
   Desde la plataforma confirman que algunos vecinos se han reunido con representantes municipales que les han trasladado que prevén aplicar la legislación municipal que establece un plazo máximo para urbanizar un terreno después de la compra; si tal plazo no se cumple, el Consistorio tiene capacidad para expropiar la parcela y según la Plataforma, está dispuesto a hacerlo.
   Andrés considera que no hay razones para aplicar la legislación de forma estricta ya que no existen proyectos empresariales reales que urjan disponer de terrenos. En este punto, ha instado a los afectados a ponerse en contacto con la Plataforma que se compromete a orientarles porque ahora mismo "el sitio al que deben dirigirse para asesorarse, es el sitio en el que estás recibiendo presión, así que nadie tenga miedo a una expropiación injusta o hacer una venta que no quiera hacer".
   La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca ha convocado la tercera marcha a Villar de Cañas. Será un nuevo acto de protesta contra la instalación del cementerio nuclear en Cuenca el próximo 6 de mayo. Saldrá a las 11.00 horas de la Urbanización Casalona y llegará a Villar de Cañas entre las 13.00 y 13.30 horas.
   El colectivo llama a los ciudadanos a participar con el objetivo de "parar el nefasto proyecto" que consideran es la instalación del ATC en Villar de Cañas.

Mentís

El alcalde de Villar de Cañas, José María Sáiz, ha asegurado que nunca ha coaccionado a los propietarios de los solares vacíos con los que cuenta el pueblo para que éstos vendieran sus terrenos a empresarios con interés en instalarse en el municipio.
   Así lo ha asegurado después de que la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca haya denunciado que el Ayuntamiento está presionando a los propietarios de terrenos para que vendan sus parcelas.
   El alcalde ha explicado que el pasado Jueves Santo mantuvo una reunión con los dueños de los solares urbanos de la localidad donde por parte del Ayuntamiento se les animó a llegar acuerdos con los posibles inversores, pero "nunca se les presionó".
   En este encuentro, el regidor conquense explicó a los propietarios que el Ayuntamiento compró un terreno con un precio de 70 euros el metro cuadrado para edificar el centro de mayores, y les instó a que éste fuera "un precio aproximado" a la hora de ceder sus propiedades a los empresarios que quieran instalarse en la localidad.
   Sáiz ha subrayado que en la reunión había algunos propietarios a favor y unos pocos en contra, pero que en todo caso "no ha habido ningún problema" con ninguno de ellos. "El Ayuntamiento intenta que los terrenos se vendan a un precio razonable, nada más", ha sentenciado.

Bankia y Mare Nostrum, una losa para De Guindos / José Hervás *

Tras la caída de Lehman Brothers, las dificultades de Mare Nostrum podrían suponer un segundo tropiezo para De Guindos

Expertos conocedores del informe íntegro del Fondo Monetario Internacional sobre el sector financiero español dan por hecho que las dos entidades a las que se refería el resumen ejecutivo del organismo internacional, colocado en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad, son, además de la siempre mencionada Bankia, la SIP Mare Nostrum. De ser como dicen algunos expertos vendría a poner en una situación incómoda al ministro de Economía, que fuera consejero de Mare Nostrum y quien ejercía un gran ascendiente sobre las decisiones del todavía presidente del grupo y presidente de Caja Murcia, Carlos Egea Krauel. La solución no parece sencilla. Frente a quienes demandan decisiones rápidas sobre las cajas con problemas para acabar con la incertidumbre internacional sobre el sector, la respuesta de Economía es que el Banco de España no le apoya en las decisiones. 
Ordóñez querría no tener que intervenir ninguna otra entidad antes de agotar su mandato. Total le quedan 15 días. Y la intervención de Bankia o Mare Nostrum supondría el reconocimiento explícito del fracaso de su labor de supervisión. Y de paso un segundo tropiezo sonado de De Guindos. En el propio grupo parlamentario popular, además, algunos reiteran que al día de hoy la reforma financiera sigue sin hacerse o que se trata de una reforma fallida. El objetivo fundamental de la misma, volver a facilitar el crédito a particulares y para que las empresas puedan mantener su actividad, no se ha conseguido.
 
No todos se muestran críticos con De Guindos. Existen algunos que consideran que, pese deberle toda su carrera política y parte de la personal al ex vicepresidente del Gobierno, se han pasado al enemigo, cuestionando incluso la meritoria labor que está desempeñando la Oficina Económica del Gobierno para tratar de encontrar una solución adecuada. 
Lo de solución rápida sería más complicado conseguirlo. Los más de 200.000 millones de activos tóxicos de muy difícil cobro que calculan se mantienen en los balances de los bancos y cajas españoles exigirán más de un quinquenio para ser absorbidos. La sugerencia cada vez más invocada es apelar al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera que entrará en vigor el próximo 1 de julio, pese a que hasta ahora se ha considerado tabú. 
El talón de Aquiles 
En cuanto al grupo Banco Mare Nostrum, Sistema Institucional de Protección (SIP) formado por Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedés y la balear Sa Nostra, ya admitía que necesitaba más de 1.000 millones para hacer frente a las nuevas provisiones exigidas por el Gobierno tras aprobarse el pasado 3 de febrero el Real Decreto de reforma del sistema financiero.
En la nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BMN cifraba en concreto en 1.039 millones sus necesidades en relación con la cobertura de las provisiones referidas a los activos en riesgo del grupo.
De ellos, 674 millones de euros corresponden a las nuevas exigencias relativas al reforzamiento del capital, mientras que los 256 millones restantes hacen referencia a las provisiones que el grupo debe alcanzar para cubrir así los activos tóxicos vinculados al sector del ladrillo.
Como ha venido siendo habitual desde la promulgación del decreto entre todas las entidades que necesitaban alcanzar los nuevos requisitos, también los gestores de BMN han confiado en que los excedentes redujeran en parte las necesidades de capital. Sus esperanzas se cifraban además en el saneamiento de las cuentas con la siempre socorrida apelación a la optimización de los recursos, el recorte de gastos y otras medidas para mejorar la eficacia de sus activos.
Y por supuesto confían en la prórroga a la que quieren agarrarse como clavo ardiendo si se hacen en la subasta con el Banco de Valencia. 
Las dificultades del grupo para poder cumplir con las nuevas exigencias no son nuevas. Ya hace ahora un año, cuando el Banco de España dio a conocer en marzo del 2011 las necesidades más modestas de recapitalización del grupo, según el plan ideado por Elena Salgado, llegó a hablarse de la renuncia de Carlos Egea que daría paso al prestigioso economista Luis de Guindos. Medios murcianos recordaban entonces que De Guindos era en ese momento consejero de la entidad y hombre muy cercano a Rodrigo Rato, con el que ocupó altos cargos en el Ministerio de Economía durante los gobiernos de Aznar. 
El relevo, decían entonces, tendría ya el visto bueno del propio Banco de España y de la sede central del PP en Génova 13, ante la no objeción del presidente del PP murciano y de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, en aras de un entendimiento posible para incorporar a Caja Duero y Caja España, ambas radicadas en Castilla-León, feudo del PP, al banco 'Mare Nostrum'. 
Los directivos de ambas entidades castellanas parecían esgrimir su falta de entendimiento con Egea Krauel para no terminar de rematar un acuerdo y verse obligadas a negociar con 'Unicaja', en la órbita del PSOE. 
Es evidente que se trata de un capítulo no cerrado. Cuando un ministro dice que no descarta que las entidades creen sociedades intermedias para depositar sus activos inmobiliarios, es que ya están en ello. Y será un proceso de más de un día.

(*) Periodista

Reflexiones sobre la Universidad / César García *

Una de las pruebas irrebatibles que se ha hecho imprescindible a la hora de denunciar la falta de calidad de las universidades españolas es la baja clasificación que obtienen en los rankings internacionales, donde siempre aparecen del puesto 200 para arriba. Aunque la metodología que utilizan estos rankings, basada fundamentalmente en la publicación de artículos en revistas académicas de ciencias y tecnología en detrimento de las humanidades o de otros aspectos relacionados con la enseñanza, pueda ser discutible, son una buena orientación. Llorar y lamentarse, como hace la Comisión Europea, de que estos criterios siempre favorecen a las universidades norteamericanas, no sirve de mucho cuando el resto del mundo los sigue a pies juntillas.
Sin embargo, en esta ocasión, me gustaría hablar de otros aspectos que se suelen dejar de lado acerca de la experiencia universitaria en España y que contribuyen activamente a su desprestigio.

El primero de ellos tiene que ver con el escaso interés que tiene como experiencia vital. Mientras, por ejemplo, en Estados Unidos, ir a la universidad supone un rito de paso, ya que suele implicar abandonar el hogar paterno y enfrentarse a los desafíos de la vida cotidiana (convivencia con otras personas, sexo, alcohol, trabajo, etcétera) en solitario, en España ir a la universidad apenas supone para una mayoría de estudiantes trasladarse a otro barrio y bajarse en otra parada de autobús o estación de Metro. El resto de las constantes vitales, como seguir viviendo en casa de los padres o salir con los mismos amigos, permanecen inalterables. El riesgo en términos monetarios o coste de oportunidad también es mínimo, ya que los alumnos españoles sólo vienen a pagar el 15% de la matrícula (desde ahora el 30%). Un hieratismo que se traslada a una enseñanza que empieza y termina en el aula y fundamentalmente basada en atender a las explicaciones del profesor, realizar exámenes y quizá escribir algún trabajo.

Esta capacidad de decidir por parte del universitario también se manifiesta dentro del aula, donde la percepción de la autoridad del profesor no liquida la posibilidad de un intercambio de ideas u opiniones acerca de un determinado tema. El estudiante no siente complejo de recoger el guante de una determinada pregunta del profesor en voz alta y existe en general una buena predisposición a embarcarse en el método socrático de búsqueda de la verdad, algo lejano en la universidad española en la que el estudiante protege su libertad marcando distancias con los profesores.

El escaso entusiasmo que en España suscita la experiencia universitaria se agudiza por la inexistencia de un auténtico mercado universitario y la ausencia de competencia entre los centros, ya que los estudiantes no encuentran ningún motivo para ir a una universidad fuera de su ciudad o región, ya que todas ofrecen más o menos lo mismo. Los campus tienen todos más o menos la misma estética y el marketing y la construcción de marca huelgan por su ausencia al tener una clientela cautiva. No deja de llamarme la atención, en una de las universidades con más estudiantes del mundo como es la Complutense, no ver ni una sola sudadera con su logotipo por las calles o que en la facultad de Ciencias de la Información la librería todavía tenga un formato de ventanilla en el que los estudiantes ni siquiera tienen la oportunidad de tener contacto físico con los libros.

La creación de universidades a la puerta de casa ha promovido el localismo hasta niveles inimaginables hace décadas cuando al menos había universitarios que se desplazaban a Madrid, Barcelona u otras ciudades a ampliar horizontes. Este localismo también es favorecido por la disponibilidad de fondos públicos de carácter regional que hacen que el profesorado se centre en no pocas ocasiones en investigaciones de ámbito muy local como requisito para acceder a los mismos.

En Estados Unidos la competencia se manifiesta en varios aspectos fundamentales: la existencia de un mercado de profesores dispuestos a moverse y que pueden contratarse con la misma libertad con la que una empresa contrata a cualquier tipo de empleado; un mercado de estudiantes que buscan recibir la mejor educación posible; y un mercado de empresas y agencias que, en su mayoría con dinero privado, desarrollan actividades investigadores en campos diversos.

Frente al complejo entramado burocrático que requiere la contratación de profesores en la universidad española, la estadounidense se caracteriza por la libre contratación de docentes. Enviar un currículum y unas publicaciones, pasar una serie de entrevistas y realizar una demostración docente son los requisitos para optar a una plaza de profesor en cualquier universidad. La contratación es al 100% realizada a gusto de los departamentos y el porcentaje de doctores que suelen terminar en la misma universidad en la que realizaron el doctorado es mínimo, justo al contrario de lo que sucede en la universidad española donde la endogamia y las relaciones personales siguen poseyendo un alto valor añadido. Mientras que en España la vida universitaria se asemeja a la de un árbol, es decir, nacer, desarrollarse y morir en el mismo sitio, en Estados Unidos el aperturismo genera una dinámica de competencia entre las universidades por contratar a los mejores profesores y entre profesores por realizar los méritos suficientes para trabajar en los mejores centros.

La burocracia afecta fundamentalmente a la función pública, donde la política de ascensos y los plazos están fijados de antemano. Me pregunto qué motivación puede tener un profesor titular de universidad si tiene garantizada una plaza de por vida y unos suplementos salariales que se perciben en función de la antigüedad y con independencia de la calidad de las clases o el número de publicaciones. Es, como casi todo en España, una cuestión de dejar que pase el tiempo. Ello sin entrar en el tema del tipo de incentivos que se ofrecen: las promociones una vez que se tiene la plaza suponen 200 o 300 euros mensuales de diferencia. Al no existir mercado por las altas barreras burocráticas se da la circunstancia de que todos los profesores titulares cobran más o menos lo mismo en cualquier universidad. ¿Se imaginan un profesor laureado de la Universidad de Berkeley cobrando igual que otro en la Universidad estatal de West Virginia?

Al igual que sucede en el mundo de la empresa, en el mundo de la educación las universidades americanas tratan de ofrecer los mejores productos, es decir, programas más interesantes y la mayor cantidad y calidad de actividades posibles para captar los mejores estudiantes. Es un fenómeno que se retroalimenta y recíproco, cuanto más prestigio tienen los profesores de los departamentos, atraen mejores estudiantes y viceversa. El resultado es una alta capacidad innovadora y gran flexibilidad para adaptar los programas académicos a las necesidades de los estudiantes y de toda la sociedad .

No en vano, en Norteamérica existen multitud de rankings que establecen el prestigio de cada universidad según un conjunto de parámetros como relación calidad-precio, atención al alumno, la calidad del profesorado e incluso la calidad de vida en el campus. A diferencia de España, los universitarios americanos no saben en qué universidad van a terminar después de acabar high school (bachillerato). Lo normal es solicitar plaza en varias universidades al mismo tiempo teniendo como único criterio la calidad y no necesariamente la cercanía a su domicilio. De hecho, toda aquella familia que puede permitírselo suele enviar a sus hijos a estudiar a universidades fuera del área normal de residencia al entender que favorece el crecimiento individual.

Una experiencia vital más rica y un mercado más abierto redundaría en una mayor diversidad de estudiantes y de profesores que elevaría el nivel académico general. España, gracias al idioma, al clima y a la calidad de vida, podría tener opciones de atraer talento académico como sucede en EEUU, donde no siempre el salario es lo más importante para atraer a los mejores profesores. Pero para ello hay que tener el liderazgo necesario para hacer reformas de verdad y no sólo recortes.

(*) César García (Madrid, 1970), doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, es actualmente profesor de comunicación en la Central Washington University