Madrid roza la burbuja inmobiliaria mientras el precio cae en 23 capitales

MADRID.- La España a dos velocidades se acentúa. Mientras en la ciudad de Madrid hay barrios donde los precios apenas se encuentran un 10% por debajo de los máximos del boom, hay 23 capitales en las que los precios siguen cayendo, según el último informe de Tinsa.

La tasadora apunta que casi la mitad de las capitales españolas sigue sin mostrar signos de reactivación, dándose los descensos más acusados Ciudad Real (11,9%), la ciudad de Cáceres (9,2%) y Guadalajara (6,3%).

"El problema de incremento de precios está muy focalizado en Madrid, aunque también está en parte en Baleares, pero con otras connotaciones", explica Pedro Soria, director comercial de Tinsa, que asegura que otros mercados, que también tiraron bastante al principio de la recuperación ya están llegando a un horizonte de moderación de precios, con crecimientos menos desmedidos.  

Se trata de Cataluña, Málaga y Alicante, "que van en la senda de las previsiones que teníamos para este año, en el que esperamos que el precio de la vivienda crezca de forma moderada debido a que las que están tirando con más fuerza bajen un poco el ritmo de crecimiento", aunque en Cataluña se ha producido por otras circunstancias políticas. 

Por otro lado está Baleares, donde Palma de Mallorca se sitúa en el primer trimestre del año como la segunda capital con mayores incrementos interanuales, por detrás de Madrid, con un 14,5% de subida.

En este caso, el directivo destaca el impacto de la inversión extranjera, "que está produciendo esta subida de precios, pero en este caso el mercado lo absorbe perfectamente", reconoce.

El problema se está detectando en ciudades como Madrid, donde el bloqueo de grandes desarrollos urbanísticos como el de Distrito Castellana Norte, que plantea el desarrollo de unas 11.000 viviendas y los Desarrollos de Sureste, con 100.000 unidades, agravan notablemente el problema.

Esta situación de inactividad de la Administración sumada a una demanda creciente, ha llevado a la Capital española a registrar un incremento medio interanual al cierre de marzo del 17%.

"El concepto que tenemos de la burbuja a nivel profesional no se está produciendo, ya que la financiación está controlada y a nivel de promotor inmobiliario no se está tratando de descontar expectativas futuras, salvo alguna operación más vinculada a suelo", explica Soria.

Sin embargo, si nos centramos solo en precios "ya es otra cosa". 

"La gente que está comprando lo hace como reposición y, por lo tanto, tiene patrimonio o una propiedad que quiere mejorar y, por otro lado, está el inversor. 

En este último caso, el comprador, básicamente, está asumiendo ese incremento de precios porque busca una rentabilidad ligada a los alquileres que, de hecho, se la están dando. Hasta ahora, aparentemente no había demasiado riesgo, pero ahora ya empieza a haber ciertas señales de alerta", reconoce el experto.

"Lo que puede pasar es que gente que está comprando como inversión descontando esas expectativas futuras de incremento de rentas y rentabilidad, acabe pagando precios elevados y que después no haya capacidad por parte de la demanda de alquiler. En ese caso te quedas con un inmueble que cuando lo quieras vender ya no es líquido", explica.

Cerca de niveles del 'boom'

El foco del problema se encuentra principalmente en la almendra central de Madrid, en distritos que se acercan peligrosamente a los máximos del boom como es el caso de la zona Centro, Salamanca y Moratalaz, que han registrado incrementos interanuales del más del 20%. Igualmente, Chamberí (16,6%), Retiro (19,2%), Vicálvaro (19,4%) y Arganzuela (15,8%) son zonas muy calientes.

"Quizás no sea en todo el distrito, pero algunos códigos, los más centrales, están muy cercanos a los que fueron los precios de máximos, habiendo solo una diferencia del 10 o 15%, y esto ya nos da una cierta señal de alerta", explica Soria.

Barcelona, que permanecía estancada debido al efecto combinado de un descenso en la demanda a causa de la crisis política y el aumento de la oferta, ha retomado la senda de crecimiento de precios en el primer trimestre y se sitúa como la tercera capital con mayores incrementos interanuales de precios, con el 11%.

En este caso, los distritos que han registrado los mayores incrementos en el último año son Sant Martí (18,4%) y Sants-Montjuïc (18,2%), lejos de los incrementos del 28,5% y del 26% que se observaban, respectivamente, en Ciutat Vella y en Sants-Montjuïc en el tercer trimestre de 2017.

Si hablamos de precios medios por distritos, el de Salamanca en Madrid, lidera el ranking con 4.734 euros/m2 de precio medio y amplía la diferencia con el Sarriá-Sant Gervasi , el distrito más caro de la Ciudad Condal, que ha estabilizado su valor medio en 4.182 euros/m2. Éste es el único que supera la barrera de los 4.000 euros/m2 en Barcelona, mientras que en Madrid ya están por encima también Centro y Chamberí. 

Con estas cifras, para adquirir una vivienda de 50 metros cuadrados en los distritos más caros de Madrid y Barcelona habría que abonar 236.000 euros y 209.100 euros, respectivamente. Con este dinero, se podrían comprar cinco viviendas del mismo tamaño en Castellón, la capital con el precio medio más barato de España (851 euros/m2).

Esta diferencia abismal entre capitales lleva a una cifra media de crecimiento en España del 3,8%, frente al 17% de Madrid. "Cuando te vas a las medias todo queda un poco difuminado. En Madrid, hemos notado que el precio se ha recuperado desde mínimos más o menos un tercio, pero en los distritos destacados la recuperación es del 85%", explica Soria, que apunta que estas zonas "tienen mucha presión turística, mucho Airbnb, mucho alquiler de plataformas y mucha inversión extranjera".

Mayor esfuerzo financiero

Desde el valor máximo que tuvimos en el ciclo anterior, que se dio en el cuarto trimestre de 2007, el precio medio en España ha llegado a caer un 41%. Eso fue hasta el primer trimestre de 2015, desde entonces empezó a crecer y desde ese suelo se ha recuperado un 7,2% de media en los últimos tres años. De este modo, el precio actual todavía podría crecer un 37,2% hasta alcanzar máximos precrisis.

El directivo cree que incrementos tan acelerados como los que se están registrando hasta ahora "no son sostenibles. Si siguen creciendo a estas tasas interanuales probablemente empecemos a expulsar la demanda", advierte Soria.

En la parte de esfuerzo financiero, hay algunos distritos en Madrid y Barcelona -aunque en este caso se ha ralentizado el crecimiento- que están tocando el límite.

En la capital española, la media de esfuerzo es de un 24%. Comparando con el ciclo alcista anterior, "creemos que a partir del 25% es señal de alerta y si supera el 30% ya entramos en un situación muy complicada". En el Barrio de Salamanca el esfuerzo está en el 39,8%, mientras que en Barcelona, en el distrito de Sarriá-Sant Gervasi alcanza el 41%.

"En estos casos la gente que compra tiene unos ingresos más altos y también suele contar con un patrimonio detrás, por lo que nos preocupa algo menos, pero es cierto que estamos llegando casi a los máximos asumibles y que hay un crecimiento de los precios desmedidos", destaca el directivo.

Polémico correo de la Junta a los profesores de la región pidiéndoles que colaboren en un "fraude"

ALBACETE.- El sindicato de la enseñanza STE-CLM ha tenido acceso a un correo enviado desde la Consejería de Educación a los centros educativos que van a participar en las pruebas PISA en el cual se insta al profesorado a preparar al alumnado para esta prueba, que realizará una empresa externa privada.

El sindicato, a través de un comunicado de prensa, rechaza que se dedique parte del horario escolar al entrenamiento para obtener buenos resultados en este tipo de pruebas "que no tienen fiabilidad", ya que como la misma Consejería afirma en su correo  “está comprobado que cuando los alumnos se familiarizan con este tipo de pruebas más competenciales, los resultados de PISA mejoran”. Esto es un fraude, asegura STE-CLM, que solo busca "unos buenos resultados para reafirmar las supuestas bondades de las políticas educativas del gobierno regional, o para cuestionar la labor del profesorado en caso de no ser satisfactorio, como hemos denunciado en los últimos años".

En dicho correo, la Administración, concretamente el Servicio de Evaluación Educativa, recuerda al profesorado la importancia de preparar al alumnado que realizará esta prueba PISA, y facilita enlaces a pruebas. Además, insta al profesorado “a motivar y animar a su alumnado a que terminen las pruebas y a que se esfuercen por responder lo mejor posible”, recordando “informar y concienciar al alumnado del Informe PISA de la importancia que tiene su participación para la mejora de nuestro sistema educativo”.

Recuerda STE-CLM que en los últimos años han venido denunciando "el abuso por parte de las autoridades educativas de las pruebas de evaluación externa al alumnado (PISA; TIMSS, PIRLS, Evaluaciones externas en diversas Comunidades Autónomas), porque pueden provocar la pérdida del peso de las materias y competencias que no se evalúan, así como la infravaloración del carácter integral del currículo, además de que buena parte del tiempo escolar se dedique al entrenamiento para tener éxito en estas pruebas, como ahora estamos denunciando".

Asimismo entienden que "enfrentar al alumnado para obtener éxito en este tipo de pruebas, a costa de quitar tiempo a la impartición del currículo de las materias que se van a evaluar, es un fraude para el profesorado, alumnado y familias, y para la opinión pública, ya que los resultados no son fiables ni muestran los conocimientos o habilidades reales del alumnado, y en todo caso serán interpretados como suele hacerse con intereses partidistas". Desde STE-CLM rechazan esta prueba porque "no cumple con los más mínimos criterios de validez y fiabilidad, como mostramos con esta denuncia, y que  promueve rankings en virtud de los resultados".

STE-CLM también esta prueba realizada por estar realizada por una empresa externa y una organización mercantilista como la OCDE, y denuncia "la actitud del gobierno regional,  que se supone se ha opuesto a la LOMCE y a sus pruebas externas, pero que obra igual que el gobierno del PP en lo que se refiere a la evaluación tanto del profesorado como del alumnado, olvidando que la evaluación del alumnado ha de ser continua y partiendo del contexto socioeconómico, cultural y académico del alumnado".

Sólo once bancos aplican ya las transferencias inmediatas dos meses después de su estreno

MADRID.- El 14 de abril se cumplen dos meses de la puesta en marcha de las transferencias inmediatas en España. En lo que llevamos de año, Iberpay ya ha procesado más de un millón y medio de transferencias inmediatas, aunque su importancia en términos relativos es escasa: solo suponen el 1% del total de transferencias realizadas durante este período, publica hoy www.libremercado.com

 

La culpa del escaso impacto de este nuevo medio de pago, que en Europa se lanzó oficialmente el pasado 21 de noviembre, hay que achacársela a varias causas, explican los expertos del comparador de productos bancarios HelpMyCash.com. Primero, la escasa publicidad que han recibido por parte de las entidades; segundo, el hecho de que solo permitan transferir 15.000 euros, lo que deja de lado a los clientes que necesitan transferir importes elevados; y, tercero, el hecho de que tras dos meses solo una decena de bancos permitan a sus clientes realizarlas, a pesar de que hay unas 90 entidades españolas adheridas al sistema.

A pesar de lo revolucionario del nuevo esquema (las transferencias inmediatas se procesan en tiempo real y liquidan el importe en un máximo de 10 segundos cualquier día de la semana), la inclusión de este tipo de transferencia está llegando a cuenta gotas. Desde el Día de San Valentín "está en marcha en toda su capacidad la infraestructura interbancaria prevista para que las entidades financieras nacionales puedan intercambiar, compensar y liquidar estas transferencias inmediatas", recuerda Iberpay; sin embargo, el día de su estreno solo tres bancos las introdujeron: BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell.

Tras ellos se fueron sumando nuevas entidades a cuentagotas: Abanca, Banca March, Banco Pichincha, Banco Santander (solo para empresas), KutxaBank y EVO Banco (solo en oficinas), y Liberbank. Las últimas entidades en sumarse al nuevo esquema de pagos diseñado por el European Payments Council han sido las cajas rurales, que ya permiten hacerlas a través de Ruralvía.

Transferencias con comisión

Pero hay otra razón que puede justificar el deslucido estreno de este tipo de transferencias. Su precio. Mientras que Bankia, Banco Sabadell, Pichincha o EVO permiten hacerlas gratis, otros cobran comisiones. BBVA aplica una tarifa fija de 90 céntimos y Abanca, de un euro. En Banco Santander el coste es del 0,50 % con un mínimo de diez euros y en CaixaBank, de un 0,60 % con un mínimo de ocho euros. 

Caja Rural ha anunciado que este servicio "puede conllevar una comisión del 0,10 % con un mínimo de dos euros". No cabe duda de que muchos españoles optarán por seguir haciendo transferencias SEPA ordinarias, que en la mayoría de los casos salen gratis, antes que abonar esas tarifas.

¿Se esperan nuevas incorporaciones?

Lo cierto es que sí, sobre todo teniendo en cuenta que hay casi 90 entidades españolas adheridas a este esquema y que algunas, aunque no permiten realizarlas, sí permiten recibirlas. Lo que se desconoce es el calendario. ING anunció recientemente en Twitter que todavía estaban en "fase de implementación" y que esperaba comenzar a ofrecer este servicio a corto plazo. EVO Banco, por su parte, también usó twitter para comunicar que "próximamente" implementarían la posibilidad de realizar transferencias inmediatas desde la app y desde la banca electrónica.

Lo que está claro es que la implementación será progresiva. De hecho, esta es la opinión del European Payments Council. "El EPC siempre ha esperado una implementación de las transferencias inmediatas progresiva alrededor de Europa, ya que los proveedores de servicios de pago necesitan hacer mayores inversiones y cambios operaciones antes de poder procesar pagos en tiempo real", afirma Javier Santamaría, presidente del EPC, en una entrevista realizada por el comparador HelpMyCash. 

Santamaría añade que "el calendario de implementación de las transferencias inmediatas depende de la inversión y de los planes de marketing de cada proveedor".

Estados Unidos aprueba la venta a España de 17 helicópteros CH-47 Chinook de la versión F

MADRID.- La modernización de la flota de helicópteros de transporte pesado del Ejército de Tierra, cuya piedra angular son los helicópteros CH-47 Chinook, es uno de los objetivos que el Ministerio de Defensa ha incluido entre las inversiones pendientes para el nuevo ciclo inversor, que ha sido confirmado en los últimos meses por la ministra María Dolores de Cospedal y que busca mantener las capacidades de las Fuerzas Armadas, publica Libertad Digital.

En este contexto, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha dado luz verde en los últimos días a la posible venta a España de 17 helicópteros CH-47 Chinook en su versión F o Foxtrot, la más moderna que ha desarrollado la empresa estadounidense Boeing, que incorpora un sistema de gestión de cabina totalmente integrado y digital, capacidades avanzadas de la manipulación de la carga o mejoras que reducen notablemente el mantenimiento de la aeronave.

En la certificación enviada al Congreso norteamericano, que debe aprobar en votación la venta, un mero trámite tras los informes positivos del Departamento de Estado, se detalla que la transacción comercial también incluye 21 sistemas de detección de misiles CMWS del tipo AN/AAR-57A; 42 sistemas GPS integrables en los sistemas de navegación inercial; y equipos de misión, hardware y servicios necesarios para implementar modificaciones personalizadas para el comprador.

Se incluyen asimismo los equipos de superviviencia del helicóptero; el sistema de identificación amigo-enemigo (IFF); los sistemas de navegación, compuestos por radios multimodo AN/ARC-231, radios SINCGARS AN/ARC-201D, y radios de alta frecuencia (HF) AN/ARC-220; así como el paquete de detección de la señal radar AN/APR-39A(V)1; entre otros materiales como equipos de prueba, herramientas especiales, sistema de soporte terrestre o fuselajes y piezas de repuesto.

El Departamento de Estado dice que esta venta "apoyará la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de los Estados Unidos mejorando la seguridad de un aliado de la OTAN que ha sido, y sigue siendo, una fuerza importante para la estabilidad política y el progreso económico en Europa" y cifra el montanto económica de todo el paquete en 1.300 millones de dólares, algo menos de 1.060 millones de euros.

Varios pueblos de Castilla-La Mancha estudian denunciar a La 1 por la imagen que mostró en el Telediario

GUADALAJARA.- La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, han denunciado que "la principal cadena de RTVE ilustró la noticia del trasvase con imágenes de los embalses en 2011, generando la ilusión de que se encuentran a rebosar cuando la realidad es completamente distinta". "La asociación estudiará tomar medidas legales si la cadena pública no pide disculpas y muestra la realidad", añaden, según www.eldigitalcastillalamancha.es.

“Estamos acostumbrados a una criminal equidistancia y a que se prime la versión del Sindicato de Regantes del Trasvase”, explica el alcalde socialista de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla, “pero esto ha sido completamente vergonzoso, impresentable por parte de una televisión que pagamos todos los españoles y que debe servir para informar imparcial y verazmente”. Para los ribereños, "La 1 ha cruzado el límite".

“Es un escándalo”, sentencia Pérez Torrecilla. El vídeo, que fue emitido en el telediario del 4 de abril, muestra imágenes de su estado en el año 2011, cuando Entrepeñas tenía un 62 por ciento de capacidad total embalsada, muy lejos del 26 por ciento actual. 

“Si quieren, pueden poner imágenes del marques de Villaverde practicando deportes acuáticos, las tienen en su archivo, en la sección del NO-DO”.

“Entendemos que no tenemos la capacidad de seducción que pueda tener el Sindicato con todo el dinero que han ganado durante cuarenta años de solidaridad del Tajo, pero que la Televisión Pública manipule así las imágenes y, por tanto, la percepción que puedan tener de la historia el resto de los españoles, nos parece criminal, de primero de Goebbels”, finaliza  Pérez Torrecilla.

¿Auténtico cerdo de bellota? Las trampas de los grandes ganaderos

MADRID.- Los ganaderos españoles que cumplen estrictamente con la norma del cerdo ibérico han disparado las alarmas por las últimas cifras de sacrificios de cerdos ibéricos, según recuerda Economía Digital.

En una de las peores montaneras (la temporada de otoño-invierno en la que los cerdos ibéricos o cruzados salen al aire libre a engordar a base de hierba y bellotas), el sacrificio de animales ha aumentado hasta los 720.000, según las cifras del la asociación interprofesional del cerdo ibérico, Asici.

Y la lógica de los ganaderos denunciantes es aplastante: no hay bellota para tanto cerdo. Las cifras no salen, a juicio de los productores, que denuncian malas prácticas generalizadas en el sector. Forma parte del fraude que cerdos ibéricos coman pienso en el campo en una temporada en la que, por falta de lluvia, hubo poca hierba, escasa agua y bellotas de baja calidad.

La falta de controles estrictos, unidos a una época sin lluvias, hacen que el fraude y la picaresca se extienda entre los productores.

“Es imposible que se haya cerrado la temporada con 720.000 cerdos ibéricos de bellota. Estoy convencido de que la mayoría han sido complementados con pienso. Yo lo veo entre los productores vecinos de los cerdos de denominación de origen que yo produzco. La forma habitual de acometer este fraude es ingresar a los cerdos en la montanera ya gordos y alimentados con pienso. Otra picaresca habitual consiste en colocar una tolva con pienso en las fincas para que los cerdos se alimenten cuando no hay suficientes bellotas”, explica Francisco Espárrago, ganadero y presidente de la marca Señorío de Montanera.

Las cifras no salen a ojos de los productores. El año pasado, en una de las peores montaneras que se recuerde, se registró una cifra de unos 700.000 cerdos de bellota. “Lo del año pasado fue de escándaloso pero este año tampoco salen las cuentas. Me parece una cifra extraña”, explica Juan Luis Ortiz, portavoz de la Denominación de Origen de Los Pedroches.

Las picarescas

Los fraudes en el campo para abaratar los costes de la cría del cerdo ibérico de bellota son cada vez más conocidos. Una de las tácticas es dejar en el campo a cerdos por encima del peso fijado por ley.

La normativa establece que el cerdo debe tener entre 92 y 115 kilos en el período que sale al campo a ganar, como mínimo, los últimos 46 kilos a base de hierbas, bellotas y tubérculos. Pero si el cerdo sale más tarde y con más kilos, el coste de manutención será más económico.

El veterinario Vicente Rodríguez, de la Universidad de Córdoba, admite que este año ha sido uno de las peores montaneras que se recuerden en los campos españoles y, por ello, los cerdos han tenido grandes dificultades para alimentarse de bellota.

Y la escasez favorece la trampa. Pero, oficialmente, la asociación interprofesional del sector, encargada de ciertos controles sobre los cerdos, asegura que la calidad de la bellota ha aumentado este año en relación al otro. También asegura que la interprofesional no hace ningún tipo de controles. Simplemente verifica que los datos vertidos en el sistema por productores y certificadores de calidad sean correctos.

Las inspecciones son realizadas por empresas privadas que pagan los propios ganaderos y que –según algunas denuncias– son avisados sobre las visitas e inspecciones con antelación.

Precisamente, la falta de control es la causa del crecimiento del fraude, según explican algunos ganaderos. Pero otros productores no creen que el fraude sea generalizado. “Seguramente hay fraude como en todos los sectores pero creo que el 90% de las empresas certificadoras hacen bien su trabajo”, explica Domingo Eíriz, representante de Jamones Eíriz.

El resultado final de la actual temporada verá la luz en tres años cuando los jamones de los cerdos sacrificados en los últimos meses salgan a la venta.

El PSOE, la fuerza más votada en Castilla La Mancha, según 'SyM Consulting'

ALBACETE.- Si se celebraran ahora elecciones autonómicas en Castilla La Mancha, el PSOE sería la fuerza más votada, obteniendo el 35% por ciento. Así lo recoge la última encuesta de SyM Consulting, que refleja que el PP retrocede hasta 5 puntos y que Ciudadanos accede al Parlamento regional con 3 o 4 diputados, crece casi 6 puntos, según la Cadena SER.

A la vista de las conclusiones, la encuesta abre varias posibilidades de gobierno; desde la actual coalición PSOE-Podemos hasta la formación de una alternativa de centroderecha pasando por una mayoría absoluta de los socialistas y una unión PSOE-Ciudadanos.

El partido del presidente García-Page, el PSOE retrocede un punto en estimación de voto recabando el 35% por ciento y se movería en una horquilla de entre 13 y 17 escaños frente a los 15 actuales. 

De lograr el máximo de diputados previstos en el sondeo, los socialistas podrían gobernar en solitario. El PSOE se mantiene líder en Ciudad Real y Toledo.

El Partido Popular sufriría una caída superior a los 5 puntos porcentuales, lo que se traduciría en una pérdida de hasta 5 escaños. Sería el partido más votado en Albacete, Cuenca y Guadalajara.

Ciudadanos crecería casi 6 puntos y conseguiría acceder al parlamento regional con 3 o 4 diputados, lo que le permitiría dar estabilidad a un gobierno liderado por el PSOE o por el PP.

Podemos prácticamente repetiría su resultado electoral de 2015, manteniendo sus 2 escaños actuales o perdiendo 1 e Izquierda Unida, con algo más del 3% de los votos, se quedaría de nuevo sin representación.

El director de SyM Consulting, el politólogo Eduardo San José asegura que el hecho de que hasta ahora no haya entrado Ciudadanos en la Cámara regional, es consecuencia de la ley electoral en vigor.

Se abrirían pues varias posibilidades de Gobierno en Castilla-La Mancha: desde la continuidad de la actual coalición PSOE-Podemos hasta la formación de una alternativa de centroderecha pasando por una mayoría absoluta de los socialistas y una unión PSOE-Ciudadanos.
Según esta encuesta, llevada a cabo de manera telefónica entre los días 21 y 24 de marzo el PSOE sería la fuerza política más votada en la región. El partido del presidente García-Page retrocedería un punto en estimación de voto (35%) y se movería en una horquilla de entre 13 y 17 escaños frente a los 15 actuales.
De lograr el máximo de diputados previstos en el sondeo, los socialistas podrían gobernar en solitario. Se mantendrían líderes en Ciudad Real y recuperarían Toledo.
Por su parte, el Partido Popular sufriría una caída superior a los 5 puntos porcentuales, lo que se traduciría en una pérdida de hasta 5 escaños. Sería el partido más votado en Albacete, Cuenca y Guadalajara.
Ciudadanos crecería casi 6 puntos y conseguiría acceder al parlamento regional con 3 o 4 diputados, lo que le permitiría dar estabilidad a un gobierno liderado por el PSOE o por el PP.
Mientras, Podemos prácticamente repetiría su resultado electoral de 2015, manteniendo sus 2 escaños actuales o perdiendo 1, mientras que Izquierda Unida, con algo más del 3% de los votos, se quedaría de nuevo sin representación.

'Greenpeace' cree que se "ocultan" datos del Segura para justificar el trasvase

MADRID.- La organización ecologista Greenpeace ha asegurado que la cuenca del Segura dispone de entre 500 a 800 hectómetros cúbicos más de agua que harían innecesario el trasvase desde el Tajo a esta cuenca y considera que las administraciones han "manipulado y ocultado sistemáticamente datos" para justificar el trasvase.

El responsable de la campaña de aguas de la ONG, Julio Barea, ha manifestado que el trasvase Tajo-Segura nació por una "avidez de negocio" e interés económico más que por una necesidad real.
Por ello, afirma para justificar el trasvase "se han manipulado y ocultado sistemáticamente datos" y se ha mantenido la idea de la escasez de agua, tanto por políticos, como por administraciones y medios de comunicación "hasta que se ha grabado en el subconsciente de la ciudadanía".
En concreto, según el informe de la organización 'La trama del agua en la cuenca del Segura', la cuenca del Segura cuenta con entre 500 y 800 hectómetros cúbicos de recursos renovables más al año de los que la Administración reconoce, por lo que Barea afirma que "no tiene déficit" e incluso asumiendo las demandas de su plan hidrológico de cuenca vigente para el horizonte de 2021 y sin contar con el agua que procede del trasvase Tajo-Segura.
A su juicio, bastaría con hacer un uso responsable y sostenible de los recursos hídricos disponibles (entre ellos, los acuíferos) para mantener los actuales usos, aunque estos deben revisarse a la baja cerrando todos los regadíos ilegales y adaptando la agricultura al clima.
Sin embargo, advierte que desde entonces hasta la actualidad la política hidráulica de España se ha basado en "ocultar ese grave error y perpetuar un modelo totalmente insostenible" que está provocando una "grave crisis social y ambiental" tanto en la cuenca cedente como en la receptora.
Barea expone que en el estudio demuestra que el trasvase Tajo-Segura "puede cerrarse en tres años" sin poner en peligro el abastecimiento y los usos sostenibles de agua del Levante.
"No entendemos por qué se autoriza un nuevo trasvase, cuando los embalses de cabecera del Tajo rondan actualmente el 19 por ciento de su capacidad y no han comenzado a recuperar sus mínimos caudales ecológicos. Con el impacto del cambio climático, la solución de los trasvases es de una visión muy cortoplacista", destaca Barea. que insiste en que el Segura podría desengancharse del Tajo "en un plazo máximo de tres años".

El Gobierno manchego habla de 'traición' de Tejerina en relación al trasvase Tajo-Segura

TOLEDO.- La consejera de Fomento del Ejecutivo manchego, Agustina García Élez, afirmó que la firma de la ministra Tejerina del trasvase es la muestra de «la traición a Castilla-La Mancha». 

Aseguró que «el Gobierno regional, desde que se anunció el previsible trasvase, venía intentando pararlo a través de la petición de incrementar la reserva mínima no trasvasable hasta los 510 hectómetros cúbicos», sin haber recibido respuesta por parte del Ministerio.

García Élez aseveró que «los servicios jurídicos de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha están ya trabajando en la interposición de un recurso a este nuevo ataque a los intereses de Castilla-La Mancha». 

En declaraciones realizadas en las Cortes regionales, la consejera dejó constancia de que el presidente manchego, Emiliano García-Page, «lo tiene muy claro: para defender el agua y los intereses de Castilla-La Mancha el primero que va a estar, por supuesto, va a ser el Gobierno regional y así lo estamos haciendo jurídicamente con los recursos».

«Consideramos -añadió- que la ley en la que se ampara el Ministerio, en la mesa de la Comisión de Explotación del trasvase, para poder firmar ese trasvase es una ley que también nos permite recurrir, porque viene a decir que hay que priorizar y garantizar los recursos a la cuenca cedente y con este trasvase no se está haciendo».

Por eso, insistió en que están pidiendo «revisar las reglas, porque, tal y como están contempladas, se ve que no funcionan». 

Así, recordó que, hace menos de un mes, «estábamos en situación de emergencia en los pantanos de cabecera, por lo que no se puede pretender que ahora, con un 19% de capacidad, se considere que hay agua que sobra».

Hacienda aprovecha el 'boom' de la vivienda para propiciar un 'catastrazo'

MADRID.- La letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE) alberga un nuevo golpe al bolsillo de los españoles. La disposición final décimo octava del proyecto de ley estipula que, a partir de ahora, el Catastro determinará el "valor de mercado" de la vivienda. Como este valor sube con fuerza actualmente, los ayuntamientos podrán usar el nuevo indicador como referencia para subir también la valoración catastral, que es la base para el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y para el impuesto de la plusvalía local, según publica hoy Expansión. 

Esta nueva valoración de mercado es algo que el Gobierno debería haber hecho durante la crisis, ya que, además de exigirlo la Ley del Catastro, habría sido más beneficioso para el bolsillo de los propietarios de vivienda. Lo que ocurre es que, en los años del pinchazo inmobiliario el precio de la vivienda caía con fuerza y ahora el ladrillo se revaloriza de forma notable. Por eso, el Ministerio de Hacienda ha decidido aplicar este criterio, que puede ser más favorable para las arcas de los ayuntamientos.

Los Presupuestos modifican el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario en varios puntos. El principal es que se introduce una nueva disposición final tercera en la que se establece que "la Dirección General del Catastro estimará de forma objetiva, para cada bien inmueble y a partir de los datos obrantes en el Catastro, su valor de referencia de mercado, entendiendo por tal el resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las transacciones inmobiliarias efectuadas, contrastados con las restantes fuentes de información de que disponga".

En el Presupuesto, Hacienda asegura que la actualización de las ponencias de valoraciones "permite la corrección a la baja de los valores catastrales en los municipios revisados en los años de tendencia alcista del mercado inmobiliario", pero lo cierto es que, a partir de ahora, los ayuntamientos tendrán un argumento más para revisar al alza las valoraciones. Se podría producir una gran corrección al alza de las viviendas revisadas en los años de tendencia bajista, los que van de 2007 a 2014. Hay que recordar que las ponencias de valoración se revisan cada 10 años, con lo que la incidencia de esta medida sería claramente alcista a partir de ahora.

El Ministerio de Hacienda ha emitido hoy un comunicado en el que asegura que "el proyecto de Presupuestos recoge el establecimiento de un nuevo valor de referencia del mercado inmobiliario, distinto al valor catastral, que no se altera y es el único que sirve de base para calcular el IBI, por lo que en ningún caso supondrá una subida de ningún impuesto, del que tienen única potestad los ayuntamientos". Efectiva y obviamente, son los ayuntamientos los que decidirán qué hacer.

Por otro lado, en 2018 los Presupuestos prevén la revisión de los valores catastrales de seis millones de viviendas en base a nuevos coeficientes de actualización, precisamente por las nuevas ponencias de valoración que deben aprobar los ayuntamientos. Los municipios objeto del procedimiento de regularización son 1.272 este año, según el proyecto de ley presentado el martes en el Congreso por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

"El problema radica en la valoración del mercado que se hace sobre las denominadas ponencias catastrales, y ahora se pretende que esa valoración se haga sobre la base de los precios comunicados por parte de los notarios en las escrituras de compraventa, contrastando estos datos con otras fuentes", asegura Lucio Rivas, director del departamento de Derecho Administrativo de Miana & Abogados.

Esto implica que el Catastro deberá elaborar "un mapa de valores que contendrá la delimitación de ámbitos territoriales homogéneos de valoración, a los que asignará módulos de valor de los productos inmobiliarios representativos en dichos ámbitos".

"Existe una voluntad de que los valores se ajusten fielmente a los de mercado con la nueva previsión, pero curiosamente esto llega cuando la vivienda comienza una más que evidente tendencia alcista", asegura Rivas.

Por otro lado, se establece un régimen transitorio en el que se aplicarán correcciones (al alza, hoy por hoy) para el suelo rústico no ocupado por construcciones.

¿Vamos hacia otra burbuja inmobiliaria? Esto es lo que dicen los datos

MADRID.- El año 2006 fue cuando se empezó a atisbar el primer indicio de crisis inmobiliaria en España, y 2008 fue el comienzo de la debacle definitiva. Recesión económica, caída de precios, fin de las promociones, parón de la construcción, medidas de recuperación que no llegaron a buen puerto... Una época, sin duda, a olvidar.

Sin embargo, tras la tormenta siempre llega la calma. Y en España, aunque quizás hayamos tardado más de lo que nos gustaría, también ha pasado. A día de hoy, el sector inmobiliario de nuestro país tiene motivos más que suficientes para asegurar, sin miedo alguno a equivocarse, que la crisis de 2008 ha tocado definitivamente a su fin. De hecho, el sector se encuentra en un claro ascenso que, por ahora, no tiene visos de frenada, según www.elconfidencial.com.

La recuperación: 550.000 transacciones

Así lo aseveran los datos oficiales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan la situación actual: en España se produjeron 464.423 operaciones de compraventa de viviendas en 2017, un 14,6% más que en 2016.

Es más, los crecimientos interanuales siguen subiendo. Según el informe 'Situación inmobiliaria en España 2018', elaborado por BBVA Research, el volumen de transacciones acumulado entre octubre de 2016 y el mismo mes de 2017 indica que en España se vendieron 521.846 viviendas, lo que supone el 15,8% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que mantiene la tendencia de crecimiento.

Y lo mejor está por llegar, ya que, según BBVA Research, se espera que en 2018 haya cerca de 550.000 transacciones. Todo vendrá acompañado de una revalorización de la vivienda, en promedio anual, del 2,5% y del 4,9% en 2017 y 2018, respectivamente.

Además, también habrá una actividad constructora acompasada con la demanda, lo que proyecta un crecimiento de visados alrededor del 20% cada año.

¿Burbuja? Ni está ni se la espera

En un contexto así, la pregunta sale sola: ¿no estaremos cayendo en una posible burbuja inmobiliaria? Los datos, sin embargo, desmienten esta teoría, a tenor de lo que observamos en el informe de Bankia Research, que aleja todo tipo de dudas en este aspecto.

Y es que mientras en abril de 2007 España alcanzó su máximo histórico de visados, con 885.181 documentos de obra nueva, los datos de octubre de 2017 apuntan apenas a 75.146 visados, una cifra que ni siquiera llega a representar el 10% de la cota máxima alcanzada en nuestro país.

En los certificados de obra pasa algo similar: mientras en agosto de 2008 fueron 656.733, en el mismo mes de 2017 la cifra se quedó en 49.410 certificados, también menos de una décima parte respecto al anterior récord.

Además, el sector de la construcción ha pasado de tener 2,65 millones de ocupados a los 1,14 millones de finales de 2017, lo que refleja que, en todos estos sentidos, España sigue lejos de sus mayores cifras históricas.

A Beatriz Toribio, directora de Estudios de Fotocasa, también le resulta arriesgado hablar de burbuja: "Los niveles de actividad actuales están todavía muy lejos de los de 2007. Las 464.423 compraventas de viviendas que ha habido en 2017 muestran un claro ascenso y una mejoría en el sector, pero aún están muy lejos de las 775.300 que hubo en 2007".

Además, "las hipotecas tampoco están creciendo al mismo nivel de aquellos años. Los bancos están controlando mucho más la financiación que dan y tienen más cautela al establecer los criterios de concesión de las hipotecas, no estamos en la misma situación que hace 10 años", asegura.

En cualquier caso, la posible subida de todos estos factores tampoco tendría por qué llevarnos hacia una nueva burbuja, según Toribio: "Los niveles de paro en España siguen siendo mucho más altos que en 2007, así que, aunque la construcción de nueva vivienda va a crecer en 2018, no cabe esperar que las compraventas e hipotecas alcancen los niveles de 2007".

¿Hay entonces algún motivo para permanecer vigilantes? En realidad, sí: "Hay zonas muy concretas dentro de grandes ciudades, las más turísticas y demandadas, en las que los precios sí están subiendo por encima de los dos dígitos. En la media nacional no hay que esperar una nueva burbuja, pero sí hay que tener cuidado con esas zonas, ya que los precios están subiendo bastante más rápido que en otros sitios".

También descarta una posible burbuja Juan Antonio Mora, 'general manager' de Grupo Jamsa, una promotora-constructora con 48 años de experiencia en el sector que, habiendo construido más de 10.000 viviendas por toda España y parte del extranjero, a día de hoy se posiciona con diferentes promociones en nuestro país, destacando sobre todo la Costa del Sol, donde tiene en cartera más de 500 viviendas en construcción y seis promociones en curso.

Según su punto de vista, "con los datos en la mano, las viviendas iniciadas entre finales de 2017 e inicios de 2018 siguen muy por debajo comparándolas con las iniciadas en 2006. Incluso siguen muy por debajo de la crisis de 1992 y apenas han recuperado niveles de 2011 antes del rescate, que provocó un desplome del crédito hipotecario", asegura.

Y para ello, según Mora, "es necesario incrementar el parque de viviendas nuevas, ya que la escasez de viviendas de nueva creación tuvo su efecto directo en el ritmo de crecimiento de la compraventa de inmuebles de segunda mano y, a su vez, en el precio de las operaciones". Por tanto, "la densidad con la que se cuenta actualmente no está preparada para absorber la demanda de la población".

A día de hoy, de hecho, Grupo Jamsa mantiene diversas promociones, como los proyectos de Lomas del Rey (Marbella), Jardinana (Mijas), Las Buganvillas (Córdoba), Velaia, Lobilla, CL9 (Madrid), Rocamar (Santander) o Santa Isabel (Córdoba), entre otros.

Pero ¿cómo evitar posibles burbujas? Juan Antonio Mora lo tiene claro: "Nuestra forma de trabajar abarca siempre lo que podemos soportar con nuestro propio pulmón financiero, la despensa siempre tiene que estar llena para cuando no haya. No tenemos una bola de cristal, pero si los bancos y el Gobierno siguen controlando los préstamos financieros y castigan a los deudores y premian a los pagadores, iremos por buen camino".

Así pues, "aún nos pueden quedar años de muy buenos resultados, siempre y cuando actuemos con cabeza. Pero todavía queda mucho trabajo por delante para mejorar".

Estos son los planes del Gobierno para sanear la Seguridad Social

MADRID.- La Seguridad Social tuvo unos números rojos de 18.800 millones de euros el pasado año. Y, siendo optimista, el Gobierno ha previsto en el cuadro macro con el que ha diseñado los Presupuestos de 2018 que, este año, el sistema vuelva a tener un déficit del 1,1% (unos 12.250 millones de euros), según publica hoy Cinco Días.

Para costear este déficit, el Ejecutivo ha dispuesto en las cuentas públicas presentadas el martes un total de 19.000 millones de euros. En concreto, han previsto un crédito del Tesoro de hasta 15.164 millones de euros y una nueva disposición del fondo de reserva de las pensiones de 3.826 euros para prestaciones contributivas y su gestión. Si bien fuentes gubernamentales aseguraban ayer que confían en no utilizar todas estas cantidades. Al tiempo estas mismas fuentes aclaraban que, en cualquier caso, el crédito es mayor que el de 2017 (10.200 millones) porque no quieren dejar el fondo de reserva a cero.

En cualquier caso, y a pesar de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quitó hierro el martes a estas necesidades financieras de la Seguridad Social, en el Ejecutivo son plenamente conscientes de que hay que sanear el sistema y están a la espera de que el Pacto de Toledo ciere sus recomendaciones para tomar medidas.

De momento, tienen claro cómo liberar o “limpiar” unos 8.000 millones de euros de gastos que ahora se costean con los ingresos de las cotizaciones y que podrían financiarse con impuestos (lo que se denomina separación de fuentes de financiación).

De esta forma se la Seguridad Social se acercaría más al equilibrio contributivo. Esto es que las cotizaciones (de empresarios y trabajadores) no costeen gastos que pueden pasar por universales (que se deben pagar por todos los contribuyentes). Según los datos del Ejecutivo en la actualidad el 94,1% de las pensiones se paga exclusivamente con cotizaciones.

Faltaría, por tanto, que una serie de gastos de la Seguridad Social se pagaran con impuestos para que esa cifra llegara al 100%. En ese momento, se podría empezar incluso a volver a destinar posibles excendentes de cuotas para nutrir otra vez el fondo de reserva.

Separación de fuentes

¿Cuáles serían esos gastos que se pasarían a pagar con impuestos para equilibrar la Seguridad Social? Desde el Gobierno creen que claramente podrían liberarse 1.500 millones de euros de reducciones de cotizaciones por incentivos a la cotización (tarifas planas entre otros), convirtiéndolos en bonificaciones, que Hacienda debe reingresar a la Seguridad Social.

Asimismo, las prestaciones de maternidad, paternidad y riesgo del embarazo también podrían pasar a considerarse “política social” y como tal financiarse con impuestos. Con esto las cotizaciones dejarían de pagar unos 2.559 millones, según las cifras del Presupuesto de este año.

Más complicado sería llevar a cabo la intención inicial del Ejecutivo de hacer esta misma operación con las pensiones de viudedad que, aunque supondría liberar mucho más dinero (unos 24.000 millones), su no contributividad es más dificil de justificar.

Finalmente, el Ejecutivo cree que los casi 4.000 millones de gastos de funcionamiento de la Seguridad Social también deberían de financiarse con la imposición general y no con cuotas sociales.

Sacar adelante esta separación de fuentes no debería ser difícil si se tienen en cuenta que en la comisión del Pacto de Toledo ya existía un acuerdo para llevarla a cabo, antes de que explotara la polémica y se interrumpieran las negociaciones por la cuestión de la revalorización de las pensiones, según fuentes parlamentarias.

De hecho, el Gobierno ve condiciones para cerrar un acuerdo en el Pacto de Toledo antes del verano. Solo entonces el Ejecutivo se plantearía reformar las pensiones.

Con este plan, que en teoría compartesn el Gobierno y los grupos parlamentarios, se liberarían los citados 8.000 millones pero aún quedarían más de 4.000 para cumplir con las previsiones de déficit para este año.

Estas fuentes confían en un aumento de los ingresos por cotizaciones que llegue por la mejora del empleo de forma que se llegue a los 20 millones de ocupados a finales de 2020, para lo que queda la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo hasta entonces. Y, sobre todo, en una mejora de los salarios mucho más generosa de lo que se está pactando en los convenios actualmente (1,51% en febrero). “Hay margen para subidas más generosas” aseguran dichas fuentes gubernamentales.

El papel del Ejecutivo en este asunto de los salarios se limita a “animar” a patronal y sindicatos a que cierren un acuerdo de negociación colectiva con recomendaciones de alzas salariales mayores a las citadas pero compatibles con la creación de empleo.

Es más, el Gobierno ha torpedeado a los agentes sociales desde distintos frentes pidiéndoles que emulen los pactos alcanzados por el Ejecutivo con los sindicatos para subir el salario de los funcionarios y aumentar el salario mínimo. Y no ve ni lejano ni imposible este acuerdo.

Dos prioridades

• Bono formación. La prioridad del Ministerio de Empleo será ahora el empleo de los jóvenes. Para ello ha incluido los bonos de formación de garantía juvenil y el de conversión de estos últimos contratos en indefinidos. Con el primero de ellos se otorgará un complemento de 430 eruos al mes a los jóvenes con contrato de formación durante 18 meses. Y si las empresas los convierte en fijos no pagarán cotizaciones los primeros tres años sin la contratada es una mujer y solo 15 euros al mes si es hombre.

• Paro de larga duración. Empleo ha presupuestado 258 millones para la inserción de quienes llevan más de un año parados.

Declaración de la renta: los 10 apartados que no se pueden pasar por alto

MADRID.- La hora de echar cuentas con el fisco ha llegado. A partir de hoy todos los contribuyentes pueden presentar la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2017. Lo pueden hacer a través de la app de la Agencia Tributaria, vía web o por teléfono, mientras que para recibir atención presencial en sus oficinas será necesario esperar hasta, al menos, el 10 de mayo, aunque ya es posible presentar una solicitud de cita previa, según El País.

Bien es verdad que el plazo para entregar la declaración a Hacienda es muy amplio: la fecha límite es el 27 de junio, en el caso de querer domiciliar el resultado, o el 2 de julio, en las demás situaciones. Para evitar contratiempos en la recta final, sin embargo, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aconsejan a los contribuyentes fijarse desde ya en los olvidos más frecuentes en la campaña del IRPF y recabar todos los datos que puedan afectarles desde el punto de vista fiscal.

Con la advertencia de “tener escrupulosamente en cuenta las peculiaridades que pueda presentar cada Comunidad Autónoma en estas materias”, añaden. “Aunque sean a menudo desconocidas, las deducciones autonómicas pueden suponer importantes beneficios fiscales en lo que se refiere a gastos por estudios de los hijos, adopción, alquiler de vivienda, entre otros”, señalan desde Gestha. Por ello, recomiendan descargar el Manual de la Renta en la web de la Agencia Tributaria, donde se pueden repasar los apartados que interesen a cada contribuyente, según su situación.

Gastos deducibles

Las cuotas sindicales o de alta en colegios profesionales (siempre que la inscripción sea obligatoria para ejercer la profesión y con un límite de 500 euros) se pueden deducir de los rendimientos del trabajo, subrayan desde Gestha. De la misma manera, es posible restar los gastos en abogados para defenderse frente a la empresa (por no más de 300 euros al año) o los que un trabajador tuvo que sostener para la movilidad geográfica, si estaba inscrito en la oficina de empleo antes de aceptar el puesto por el que se muda. Esta deducción se aplica tanto en el periodo impositivo en el que se produzca el gasto, como en el siguiente, con un límite de 2.000 euros.

Los trabajadores con discapacidad podrán desgravar entre 3.500 euros y 7.750 euros, según el grado de minusvalía que padezcan.

Viviendas vacías

En las comunidades autónomas de régimen común —es decir, todas menos País Vasco y Navarra, aunque Canarias también presenta algunas particularidades— las viviendas y los locales vacíos generan la llamada imputación de rentas inmobiliarias, es decir, un ingreso que equivale a cierto porcentaje del valor catastral del inmueble. En este caso, “habrá que revisar que estas imputaciones no incluyan viviendas que ya no sean de nuestra propiedad, que sean de varios titulares o que estén habitadas por el ex cónyuge”, sugieren desde Gestha.

Los inmuebles urbanos que no sean vivienda habitual tributarán entonces al 2% de su valor catastral si el valor ha sido revisado en el marco de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general del municipio en algún momento anterior a 2007.

Ganancias por la venta de inmuebles

En las ganancias patrimoniales por transmisión de bienes que no estén relacionados con actividades económicas se aplican unos coeficientes de abatimiento solo a la parte obtenida hasta el 20 de enero de 2006 y solo hasta un importe de 400.000 euros, destacan los técnicos de Hacienda.

En este capítulo existen, sin embargo, exenciones para mayores de 65 años o personas en situación de dependencia severa que transmitan su vivienda habitual. Los contribuyentes que tengan más de 65 años podrían aprovecharse también de una exención por vender cualquier tipo de bien, si el importe de la venta se destina a la creación de una renta vitalicia asegurada, con el límite de 240.000 euros y en un plazo de seis meses.

Otra exención está reservada a las ganancias originadas por la venta de una vivienda habitual cuyo importe se reinvierta en la adquisición o rehabilitación de otra vivienda habitual en un plazo de dos años. Estará exento también el 50% de las ganancias patrimoniales cuando se transmitan inmuebles urbanos adquiridos entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012.

Cambios en la situación familiar

“Nacimientos, defunciones y cambios en el estado civil afectan en bastantes casos no solo al mínimo familiar y a algunas deducciones familiares, sino también a la posibilidad de reducir la base imponible con el importe fijado judicialmente de las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos”, afirman desde Gestha. Por ello, habrá que poner especial esmero en reflejar estos datos en la declaración, así como los contribuyentes que no tienen derecho a aplicar el mínimo por descendientes podrán reducir la progresividad del impuesto a través del importe fijado judicialmente de las anualidades satisfechas por decisión judicial a sus hijos.

Uno de los errores más comunes es que hijos menores de 25 años o de otra edad pero con una discapacidad igual o superior al 33%, y que conviven con sus padres, presenten la declaración por pequeñas rentas de entre 1.800 euros y 8.000 euros, con el objetivo de beneficiarse de una devolución que será, sin embargo, muy modesta. A cambio, los padres pierden la posibilidad de incluirlos en el mínimo por descendientes de su propia declaración y obtener, de esta manera, una ventaja que podría ser más jugosa, advierten desde Gestha. Si los ingresos del hijo no superan los 1.800 euros, sin embargo, este derecho se conserva.

Familias numerosas y discapacidad

Los miembros de las familias numerosas con ascendientes o descendientes con discapacidad, y los hogares monoparentales con dos hijos sin derecho a anualidades por alimentos, pueden beneficiarse de unas deducciones en la cuota estatal del IRPF. En el caso de un hijo o un ascendiente con discapacidad, las condiciones para obtenerla es que este tenga su propio NIF y no perciba rentas superiores a 1.800 euros, si presenta declaración, y a 8.000 euros, en el caso opuesto.

El importe de esta deducción será de 1.200 euros al año (100 euros al mes, si se solicita anticipadamente; 2.400 euros al año para familias numerosas de categoría especial). Las madres trabajadoras con hijos menores de tres años recibirán también 1.200 euros al año o 100 euros al mes.

Alquiler de vivienda habitual

La deducción estatal por alquiler de vivienda habitual ha desaparecido, pero se mantiene para los contratos firmados hasta el 31 de diciembre de 2014. Los inquilinos que vivan de alquiler con un arrendamiento firmado antes de 2015 y cuya renta sea inferior a 24.107,20 euros pueden deducir el 10,05% de las cuotas pagadas el año pasado.

De todas formas, en la mayoría de las Comunidades Autónomas existen deducciones por el alquiler según los requisitos establecidos por cada región.

Adquisición de la vivienda habitual

Todos los contribuyentes que hayan comprado su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013 también pueden seguir beneficiándose de una deducción estatal de hasta el 15% de las cantidades invertidas, con un límite de 9.040 euros, siempre y cuando ya hayan deducido por esta razón en 2012 o en años anteriores. Por ello, desde Gestha señalan que “es imprescindible comprobar que esta deducción consta en el borrador, ya que, por errores de la entidad financiera, podrían no aparecer los datos de la hipoteca”. Un problema podría surgir también si se tiene más de un préstamo: “Al no saber cuál se destinó a la compra de la vivienda, Hacienda podría no incluirlo”, avisan los técnicos del Ministerio.

Una atención especial al borrador la dedicarán también todos aquellos que hayan realizado algunas obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual antes de 2013, siempre que hayan terminado antes de 2017, así como los contribuyentes que hubiesen adecuado sus viviendas a las personas con discapacidad en el mismo plazo. El ex cónyuge que haya dejado la vivienda familiar comprada antes de 2013 y que sigue pagando la hipoteca donde residen los hijos menores deberá corregir el borrador para incluir la parte de deducción por vivienda habitual. “Esta es compatible con la deducción de alquiler a la que pueda tener derecho o con la de su propia vivienda habitual si fue adquirida antes de 2013, con el límite conjunto de 9.040 euros de inversión”, aclaran desde Gestha.

Afiliaciones políticas y donativos

Las aportaciones a partidos políticos dan derecho a una reducción del 20% de las cuotas de afiliación, con una base máxima de 600 euros anuales. La última reforma fiscal, además, introdujo importantes mejoras en algunas deducciones por donativos, con la condición de haber sido certificadas por la entidad beneficiaria.

Planes de pensiones

Las aportaciones a planes de pensiones permiten rebajar la base imponible, por lo que Gestha sugiere verificar con detenimiento que el borrador refleje correctamente estos datos. La reforma fiscal redujo la cantidad máxima que se puede aportar, desde 10.000 euros a 8.000 euros, siempre que dicha aportación no supere el 30% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas, apostillan los técnicos de Hacienda.

Las aportaciones realizadas por el cónyuge del contribuyente también reducen la base imponible, si este percibe menos de 8.000 euros de rendimientos al año. Gesta recuerda que el ahorro fiscal que suponen estas aportaciones oscila entre el 19% y el 48% de la inversión, según las variaciones de escalas de gravamen aprobadas en cada Comunidad Autónoma.

Cláusula suelo

La devolución del dinero cobrado por el banco por una cláusula suelo abusiva “es el reintegro de un pago indebido”, subrayan desde Gestha, “por lo que no constituye renta”. Por la misma razón, tampoco se tendrán que incluir en la base imponible los intereses que la entidad financiera haya eventualmente entregado al cliente como indemnización por una cláusula suelo.

No obstante, si estos intereses hubieran formado parte de deducciones por inversión en vivienda habitual o las establecidas por las Comunidades Autónomas, se deberán regularizar para los cuatro ejercicios no sujetos a prescripción, es decir, desde 2013 hasta 2016. Lo mismo se debe hacer si los intereses hubieran sido considerados gastos deducibles en rendimientos del alquiler o actividades económicas.

En 2017 aumentó un 4% la morosidad de arrendamientos en España

MADRID.- El 'X Estudio FIM sobre morosidad de arrendamientos en España', realizado por Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), y desvela que los morosos adeudaron en España una media de 6.032 euros el año pasado, casi un 4% más que en 2016.

Por comunidades, Madrid, con una media de casi 9.718 euros adeudados, lidera la clasificación tras haber registrado los impagos más elevados en 2017. 

Por detrás le siguen Baleares (8.235 euros), País Vasco (6.951 euros) y Cataluña (6.600 euros). 

Según FIM, en todos estos territorios la subida del precio de los arrendamientos en los últimos meses ha influido en el alza de las cuantías de adeudamiento registradas.

En el lado opuesto, entre las regiones con las cuantías más reducidas, se sitúan Extremadura (3.307 euros), Castilla y León (3.489 euros), La Rioja (3.706 euros) y Aragón (3.933 euros).

El estudio también pone de relieve que la morosidad se incrementó durante el año pasado en 15 de los 19 territorios analizados. 

Las menores subidas de la morosidad se produjeron en comunidades con escaso volumen de pisos alquilados y precios moderados. Entre ellas, destacan La Rioja (0,20%), Galicia (1,8%), Extremadura (2,6%) y Castilla-La Mancha (2,7%).

Los impagos se han reducido en cuatro territorios por el progresivo desplazamiento del arrendamiento residencial tradicional en favor de los alquileres turísticos, como Baleares (-6,45%) y Cataluña (-2,76%).

Seis autonomías crecerán por encima de la media en 2018

MADRID.- Seis autonomías crecerán por encima de la media en 2018, sobre todo Aragón (3,3%), Cataluña y Murcia (ambas con el 3,1%), según el último informe del Centro de Predicción Económica (Ceprede), hecho público este jueves.

Ceprede cifra en el 2,7 por ciento el repunte medio de la economía nacional, por encima del cual estarán las tres comunidades citadas, así como Andalucía (3 %) y Baleares y Galicia (las dos con el 2,8 %). Por debajo de la media se sitúan el resto de comunidades, que se concentran especialmente en el rango 2,1 a 2,6 %.

La menos dinámica serán Canarias, con un crecimiento del 1,9 %, y Castilla y León y La Rioja, que rozan el 2 %. Ya en el 2,1 % se colocan Extremadura, Asturias, Cantabria, mientras que País Vasco y Navarra ascenderán hasta el 2,4 %; la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, hasta el 2,5 %, y Madrid, hasta el 2,6 %.

Para obtener sus predicciones, Ceprede tiene en cuenta quince indicadores de la actividad económica, como los afiliados a la Seguridad Social, el índice de precios industriales, el consumo de combustibles, las matriculaciones, el comercio exterior o las pernoctaciones, con los que después elabora una estimación del crecimiento regional del Producto Interior Bruto (PIB).

El BOE publica la autorización del trasvase del Tajo al Segura

MADRID.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente del pasado día 3 por el que autoriza transferir 60 hectómetros cúbicos de agua en tres meses, a razón de 20 mensuales, a través del acueducto Tajo-Segura.

La resolución, firmada por la ministra Isabel García Tejerina señala que los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas (Guadalajara) y Buendía (Cuenca), se encuentran en nivel 3, de situaciones hidrológicas excepcionales, y que el pasado 1 de abril ambos acumulaban un total de 463 hectómetros cúbicos (hm3).

La situación hidrológica excepcional fija que la autorización de trasvases en este nivel 3 le corresponde al Ministerio que tenga atribuidas las competencias en materia de agua, previo informe de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura.

Por tanto, en esta situación de nivel 3, el Ministerio de Medio Ambiente ha autorizado, de forma discrecional y motivada, de un volumen mensual de hasta 20 hm3/mes para abril, mayo y junio.

Sin embargo, el escrito advierte de que si durante los meses de mayo y/o junio se constatara una modificación de la situación del nivel 3, se procedería a la convocatoria de la Comisión Central de Explotación para revisar los acuerdos adoptados en el trasvase.

UGT se rompe por Cataluña: miles de bajas en los últimos días

MADRID.- El malestar en la estructura y las bases de UGT por el “coqueteo” con el independentismo en Cataluña se ha acrecentado en los últimos días. Y ha desatado los primeros movimientos soterrados para forzar un golpe de mano cuanto antes del secretario general, Josep María Álvarez, como única forma de resolver la crisis.

Según fuentes del propio sindicato, a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital, el apoyo de UGT Cataluña a la manifestación para reclamar la liberación de los “presos políticos”, convocada en Barcelona el próximo 15 de abril, ha colmado la paciencia de la organización a todos los niveles, pero sobre todo en las provincias.

“O les para Pepe Álvarez o les paramos nosotros”. Es el clamor que empieza a dominar en algunas federaciones importantes. Citan especialmente a las organizaciones de Madrid, Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura.

El sindicato, afín al PSOE y el PSC, ya había coqueteado anteriormente con los soberanistas. Pero es ahora, en calidad de convocante de esta manifestación, cuando han saltado las alarmas.

“No podemos parar más bajas. Nos desangramos”

Las federaciones de UGT que exigen que Josep María Álvarez salga a dar un “golpe de mano”, para frenar la avalancha diaria de miles de bajas de afiliados, manejan ante él un argumento incontestable: “No podemos parar más salidas. Nos estamos desangrando cada día que pasa. Hay que acabar con esto cuanto antes”.

Han alertado a la cúpula del sindicato de que los movimientos en la región a favor de quienes están convirtiendo a Cataluña en un lastre económico, tras ser la principal locomotora de España, están defraudando a numerosos afiliados.

“Este coqueteo amenaza por primera vez en la historia con romper la unidad de UGT”, advierten. “No recuerdo que jamás hayan circulado con tanta intensidad en Seat modelos para darse de baja de UGT como tras la Semana Santa”, añade otro afiliado.

Las bases están cansadas y sienten vergüenza

El deterioro de la imagen de UGT es “galopante” y las bases de la organización, muy incómodas, aseguran que “empiezan a sentir vergüenza” del sindicato tras varias décadas de afiliación.

Están cansados de tener que decir que “el problema es la UGT de Cataluña “ y de distinguir constantemente entre la “UGT de aquí y la de allá” para que no les salpiquen los gestos de cercanía de sus colegas catalanes con la causa independentista.

Miles de militantes en toda España se ven obligados, día sí y día también, a dar explicaciones ante la opinión pública, en las empresas y ante los compañeros de otros sindicatos. “Y esto es ya es insostenible. La gente no aguanta más”, insiste un veterano dirigente de la federación de Madrid.

Pérdida de afiliados desde antes del 1 de octubre

Según las fuentes consultadas por ECD, el fenómeno se ha intensificado en la última semana con “miles de bajas diarias”. Pero las peticiones de afiliados para abandonar UGT, tanto independentistas como partidarios de la unidad de España, se han sucedido desde las semanas previas al referéndum del 1-O.

En el mundo sindical no ha pasado por alto que algunos de estos militantes históricos de UGT estén decidiendo darse de alta en los principales sindicatos independentistas de Cataluña, como por ejemplo la Intersindical-Confederació Sindical Catalana (CSC) y la Coordinadora Obrera sindical (COS).

Contagiado por el magma interno en el PSOE

Hay dirigentes de UGT que trazan un paralelismo entre esta crisis y las graves discrepancias que han mantenido el PSOE y el PSC sobre la respuesta al desafío independentista en Cataluña. Se tiene en cuenta que muchos de los afiliados al sindicato lo son también del partido que lidera Pedro Sánchez.

La crisis catalana ha logrado también embarrancar la fuerza con la que Sánchez se impuso en las primarias a Susana Díaz. La dirección socialista, como los dirigentes territoriales del partido, han venido rechazando la celebración de un referéndum vinculante en Cataluña.

La posición del PSOE es coherente con el apoyo prestado al Gobierno para la intervención de la Generalitat con la aplicación del 155. Pero se produce después de años de vaivenes y ambigüedad, y de desencuentros entre PSOE y PSC.

El documento de referencia del PSOE en materia territorial sigue siendo la Declaración de Granada, que pivota sobre la base de una reforma constitucional en sentido federal. Este paso supondría garantizar la soberanía nacional, pero también abordar la distribución del poder político.

En el último Congreso Federal, los socialistas asumieron la plurinacionalidad del Estado. “Sin embargo, una cosa es reformar el Estado autonómico y otra convertirlo en un Estado federal plurinacional”, critican varios dirigentes regionales.

Los barones han criticado el “egoísmo” que “pone en riesgo” la igualdad de España. En cambio, Miquel Iceta ha llegado a proponer la creación de una Hacienda catalana que gestione todos los impuestos.

El 73% de los manchegos, dispuestos a desplazarse por trabajo

MADRID.- La inestabilidad política también le está pasando factura a Cataluña a nivel laboral. Así, de ser la tercera comunidad autónoma preferida por los españoles para trabajar ha pasado a ser la octava, según la Guía del Mercado Laboral 2018 del grupo de selección de personal de Hays. Por el contrario, Madrid lidera el ránking, seguida de Andalucía, la Comunidad Valenciana y el País Vasco, publica hoy El Mundo. 

Factores como la magnitud de la ciudad, la concentración de empresas, la posibilidad de una mayor oferta laboral, de servicios, de acceso a la vivienda, el clima o la calidad de vida son los principales argumentos esgrimidos por los profesionales para escoger una u otra región para trabajar, además, por supuesto, del proyecto laboral en sí.

Pese a que Cataluña cumple muchos de estos requisitos (de hecho, hasta hace poco era la ciudad preferida por las grandes compañías para establecer sus centro de servicios compartidos), la inestabilidad política de los últimos meses ha jugado en su contra y le ha hecho perder más de 15 puntos y situarse por detrás de regiones como el Principado de Asturias, Cantabria y las Islas Baleares.

Movilidad laboral

En España todavía la movilidad laboral es muy reducida, sobre todo, dentro del país. De hecho, en el último año sólo el 29% de los trabajadores cambió de territorio por cuestiones de trabajo, un porcentaje, no obstante, ligeramente superior al de 2016 (27%), según revela el estudio.

Quienes más se desplazaron, con un porcentaje muy superior a la media (50%) fueron los profesionales de más de 67 años, seguidos por los más jóvenes menores de 34 años, con un 36%. Por contra, los trabajadores con edades comprendidas entre los 55 y los 66 años fueron los que menos cambiaron de región en el último año, tan solo un 21%.

Sin embargo, aunque las cifras de desplazamientos sean bajas, el número de personas dispuestas a cambiar su lugar de residencia por un proyecto laboral interesante es mucho mayor, el 65% de los trabajadores encuestados.

Por otra parte, si se analizan los datos por sexos, un 68% de los hombres asegura estar dispuesto a dejar su ciudad y moverse a otra localidad, frente a un 61% de mujeres.

Mientras, por franjas de edad, de nuevo son los más jóvenes, con menos de 24 años, y los mayores de 67 los más dispuestos a desplazarse con un 75%, 10 puntos por encima de la media. En cambio, el porcentaje baja al 61% en los trabajadores que tienen entre 35 y 44 años, coincidiendo con la época en la que se tienen más responsabilidades familiares, lo que, sin duda, condiciona un posible traslado.

En cuanto a la procedencia, los más dispuestos a desplazarse por trabajo son los profesionales de La Rioja (86%), seguidos de Castilla y León (80%), Extremadura (77%), Baleares (77%), Galicia (76%), Andalucía (76%), Castilla la Mancha (73%), Cantabria (71%), Aragón (70%) y Murcia (70%).

Y, por el contrario, los que menos interesados están son aquellos que viven en las comunidades más atractivas para trabajar. Así, el País Vasco lidera la cola con 8 puntos por debajo de la media (57%), precedido por Cataluña (58%), el Principado de Asturias (58%), Navarra (61%), la Comunidad Valenciana (65%), Islas Canarias (66%) y la Comunidad de Madrid (66%).

Una cuarta parte de los jóvenes quiere ser funcionario

MADRID.- Uno de cada cuatro jóvenes quiere estudiar una oposición para ser funcionario, el mismo porcentaje que aquellos que quieren montar su propio negocio. Así lo ha constatado un estudio llevado a cabo por Círculo de Formación entre los 17.872 asistentes a la última edición de Unitour en España.

El documento revela también que el 52% de los estudiantes encuestados elegirá su carrera por vocación, mientras que un 38% del total de los jóvenes de bachillerato se ve desarrollando su carrera profesional en una empresa privada.

Por provincias, los más interesados en ser funcionarios son los alumnos cordobeses, ya que un 34% estudiaría una oposición después de su grado, seguidos de los leoneses (33%), los coruñeses, los murcianos y logroñeses (31%), los alicantinos (29%) y los zaragozanos, vallisoletanos y ovetenses (28%).

En el otro extremo, los jóvenes malagueños destacan como los más emprendedores de España, ya que un 32% quiere montar su propia empresa, seguidos por los estudiantes de Las Palmas y Valencia, ambos con un 28% de jóvenes que desean ser emprendedores.

En cuanto a los más vocacionales, el 56% de los estudiantes de La Coruña afirma que escogerá carrera porque es lo que le gusta desde siempre, seguidos por los de León y Córdoba (ambos con 55%), y San Sebastián, Vigo, Cádiz y Valladolid (54%).

Por el contrario, un 35% de los estudiantes españoles consultados se fijaría antes en las salidas profesionales que le ofrece su futuro grado. En esta línea, los que otorgan más peso a las salidas profesionales son los madrileños, ya que 38% se fijará en que su grado tenga alta empleabilidad, seguidos por los ovetenses, grancanarios, logroñeses y zaragozanos (37%).

Sobre el lugar de sus estudios, el estudio asegura que los españoles son «caseros» pues el 50% asegura que le gustaría estudiar en su propia provincia o comunidad, mientras que un 35% estudiará fuera de su región, y un 13% tiene pensado irse fuera de España.

El 33% se irá donde haya trabajo

En cuanto al destino por trabajo, el 33% ha señalado que le es indiferente dónde trabajar, pues se trasladará donde encuentre empleo, mientras que un 19% lo buscará directamente fuera de España. Este porcentaje ha descendido respecto al pasado año, cuando un 21% señalaba que desarrollaría su carrera profesional fuera de España. Por otro lado, un 25% prefiere quedarse en su provincia o comunidad, y un 23% trabajará en cualquier parte de España.

Por provincias, los estudiantes más propensos a buscar trabajo fuera de España son los malagueños, ya que un 28% quiere ejercer su profesión fuera de España. En el otro extremo se encuentran los estudiantes donostiarras, pues un 37% quiere trabajar en su comunidad o provincia. Les siguen los bilbaínos, con un 34% y valencianos con un 33%.

Por último, según datos del estudio, el 49% de los jóvenes se informa de los temas que le interesan navegando por internet, ya sea en medios de información online o a través de distintas redes sociales. Por otro lado, un 31% revela que se mantiene al día charlando con su familia y amigos, mientras que un 13% ve la televisión, un 5% lee el periódico impreso y un 2% tiene por costumbre escuchar la radio para conocer las noticias.

Adif Alta Velocidad ya supera en deuda al Fondo de Rescate de los bancos: 17.900 millones

MADRID.- El Gobierno prevé que el año termine con una deuda de 63.170 millones de euros en el conjunto de los grupos empresariales públicos, un 3,6% menos que lo previsto para el cierre de 2017, según figura en el proyecto de ley de  Presupuestos Generales del Estado presentado el martes en el Congreso de los Diputados.

La lista de empresas más endeudadas la encabeza por primera vez desde su creación Adif Alta Velocidad. La sociedad encargada de la construcción y gestión de las líneas ferroviarias de alta velocidad en España prevé cerrar el año con una deuda de 17.924 millones de euros. Supone elevar todavía más la deuda prevista para 2017, que era de 17.660 millones, según eldiario.es.

De este modo, la sociedad supera por vez primera al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), sociedad utilizada por el Gobierno para el rescate financiero, que cerrará el año, según las previsiones del Ejecutivo, con una deuda de 15.439 millones de euros, un 16% menos de lo presupuestado en 2017. 

Las siguientes empresas más endeudadas son Enaire -primer accionista de Aena- con casi 8.000 millones, y la SEPI, con 7.520 millones.

Adif-Alta Velocidad fue creada en 2013, separándose de Adif, cuya actividad estaría centrada en las líneas convencionales. De este modo, la primera se hacía cargo de toda la deuda de acumulada de la expansión de la red de transporte AVE durante los años previos, abriéndola a lanzar emisiones para captar nuevas vías de financiación.

Adif Alta Velocidad es también la que tiene el peor resultado previsto para este ejercicio. El Gobierno estima que la sociedad cierre el año con 229 millones de euros de pérdidas. Con ello, la empresa acumularía 1.198 millones de euros en pérdidas presupuestadas los últimos cuatro años, aunque las reduciría frente a los 353 millones de resultado negativo previsto para 2017.

Respecto al resto de empresas públicas, Loterías del Estado se mantiene como la empresa con mayores ingresos previstos, con 9.220 millones de euros, y también en beneficios, con más de 1.800 millones. Le sigue la Sepi, con más de 5.000 millones de cifra de negocios, cifra casi idéntica a Enaire. Renfe Operadora y Adif son la cuarta y quinta empresas en cuanto a previsión de negocio para este año, con 2.700 y 1.200 millones respectivamente.

La sociedad Adif-Alta Velocidad es, a su vez, la empresa pública que tiene una mayor inversión prevista para este ejercicio. En concreto, el Gobierno prevé que invierta 2.700 millones, el 39% de los más de 7.000 millones que las compañías estatales prevén invertir en el presente año. 

Según figura en los Presupuestos, los trabajos en ferrocarriles de alta velocidad se centrarán este año en el corredor norte-noroeste, en el del Mediterráneo, en la línea Madrid-Murcia, en Extremadura y en el eje Mediterráneo-Cantábrico.