lunes, 16 de julio de 2018

La Universidad de Castilla-La Mancha convoca 44 plazas de profesores


ALBACETE.- La Universidad de Castilla-La Mancha ha abierto el plazo para la contratación de 44 profesores doctores para la realización de tareas docentes e investigadoras, para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que afectan al funcionamiento del servicio público de educación superior que tiene encomendado la entidad. 

La resolución, publicada hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, da un plazo de diez días hábiles para presentar las solicitudes, que podrán tramitar las personas que tengan el título de doctor y cuenten con la evaluación positiva de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad o de la Agencia de Calidad Universitaria de Castilla-La Mancha.
Mediante esta convocatoria de plazas se buscan, entre otros, profesores para las facultades de Bellas Artes y de Periodismo de Cuenca; para las facultades de Arquitectura, de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo y de Farmacia y Derecho de Albacete.  Además, también se buscan docentes para las facultades de Derecho y Ciencias Sociales y de Letras en Ciudad Real, entra otras.

La Inspección de Trabajo hará visitas nocturnas, en fin de semana y festivos, para frenar el empleo irregular

MADRID.- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizará visitas de inspección en horario especial (horas nocturnas, fin de semana y festivos) para evitar que prolifere el trabajo no declarado, según se recoge en el borrador del Plan Director 2018-2020.

Para llevar a cabo estas visitas, los funcionarios de la Inspección de Trabajo contarán con la colaboración activa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según el borrador del Plan.
También continuarán los refuerzos temporales de la inspección tanto en Baleares como en Canarias para incrementar las actuaciones de inspección durante la temporada alta de turismo con el objetivo asegurar que la mano de obra empleada se ajuste a las condiciones establecidas por la norma vigente.
Respecto a los 'falsos autónomos', el Gobierno quiere que los inspectores incidan en su control, tanto desde el punto de vista de la planificación de actuaciones como en lo que respecta al número de visitas de inspección. Además, desarrollará campañas de inspección focalizadas a los sectores más afectados por este fenómeno.
El Gobierno pretende poner en marcha en el mes de agosto, en el marco del Plan Director contra la Explotación Laboral 2018-2020, un plan de lucha contra el fraude en la contratación temporal y otro contra los abusos en la contratación a tiempo parcial.
El diseño y ejecución de estos dos planes tiene "muy en cuenta" planes similares que han tenido buenos resultados, como el realizado por el Gobierno de las Islas Baleares.
No obstante, estas no serán las dos únicas iniciativas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez llevará a cabo para erradicar el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, puesto que dentro de este Plan Director se incluyen medidas tanto inmediatas como a medio plazo.
El objetivo del Gobierno, según el borrador del Plan, es estar más presente en los centros de trabajo y utilizar las medidas sancionadoras y correctivas legalmente previstas para disuadir estos comportamientos en las empresas.

Revisión del cuadro de infracciones y sanciones

Además, el Plan pretende que las reformas de la legislación laboral sustantiva que deriven del diálogo político y del diálogo social estén acompañadas también de una revisión del cuadro de infracciones y sanciones de orden social, particularmente de las sanciones.
Esta revisión se hará con carácter general, pero con particular intensidad y agilidad en determinados ámbitos.
 Según el borrador, es "necesario reforzar las sanciones asociadas a la contratación temporal abusiva, no tanto con un carácter punitivo, sino con la finalidad de garantizar su carácter coercitivo y disuasorio".
Así, se apuesta por un modelo que establezca un equilibrio adecuado entre el efecto disuasorio de la sanción y el efecto de la actuación inspectora y porque se siga fomentando la conversión de los contratos temporales en indefinidos.
En general, el Gobierno cree que debe ponerse fin a la situación actual en la que las actuaciones inspectoras no llevan aparejada una sanción y solo dan lugar, en la mayoría de los casos, a la conversión de contratos temporales en indefinidos, porque ello "puede conducir a prácticas fraudulentas en determinadas empresas en materia de contratación temporal y desincentivar la realización de contratos indefinidos iniciales para cubrir necesidades permanentes de las empresas".

Diez grandes medidas contra el fraude

El Plan Director se articula entorno a 10 grandes medidas operativas que velan por luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales, contra los abusos en la contratación a tiempo parcial, los excesos de jornadas y las horas no pagadas o por corregir los incumplimientos en materia salarial y los derivados de la externalización de actividades.
También apuesta por frenar la discriminación de género, sobre todo la retributiva, y el acoso, por impulsar acciones contra la vulneración de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, por reforzar la lucha contra la economía irregular o por afrontar las nuevas modalidades de prestación del trabajo en el ámbito digital.
El plan también recoge medidas para regularizar la situación de los trabajadores que se encuentren bajo la figura del "falso becario", para reforzar las actuaciones para reducir la siniestralidad laboral y para garantizar los derechos sindicales para luchar contra la explotación laboral.
Para hacer todo esto posible, el Ejecutivo reforzará los medios humanos y materiales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Así, considera que es evidente reforzar las plantillas mediante la realización de ofertas de empleo público para este año y los dos próximos (2019-2020) que superen "notablemente" las realizadas hasta ahora que "apenas han servido para cubrir la tasa de reposición".
Por ello, el Ejecutivo incluirá un número de plazas de Inspectores y Subinspectores que se situará por encima del 100% de la tasa de reposición con el objetivo de permitir un incremento "neto y sostenido" de efectivos.
Asimismo, pondrá en marcha el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, constituirá el Consejo Rector del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en septiembre de este año y el Consejo General "inmediatamente después".
El Gobierno pretende realizar un seguimiento y evaluación del plan a través de la Comisión Permanente del Consejo Rector y de la Comisión Permanente del Consejo General del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Además, se realizará un seguimiento del plan en enero de 2019, con particular atención a los resultados de los planes de choque contra la temporalidad fraudulenta y la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial; en julio de 2019 y en enero de 2020.

Planes de choque

El Gobierno pretende aprobar "de manera inmediata" tanto el plan de choque contra el fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial en colaboración con las comunidades autónomas para actuar contra el fraude implantado tanto en estas dos contrataciones.
El objetivo en general de estos dos planes es el de afrontar y regularizar el fraude en estas dos materias y el de generar un efecto disuasorio en aquellos que promueven estos tipos de fraude que producen precarización y posibles situaciones de "explotación laboral". 
Además, supondrán un reforzamiento sustancial de las actuaciones inspectoras entre los meses de agosto y diciembre de este año.

La inversión en infraestructuras en 2018 será la segunda más baja del siglo en España

MADRID.- La inversión pública en infraestructuras que recogen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 contempla un importe de 8.461,5 millones de euros, lo que representa un 13% más que los 7.483,1 millones proyectados para 2017. A pesar de este incremento, la cifra se mantiene en niveles mínimos. No en vano, se trata de la segunda más baja de este siglo, dice elEconomista.

Superando la inversión en infraestructuras de 2017, el último año en que se fijó un importe tan bajo fue en 2000, cuando alcanzó los 7.011,8 millones de euros. En los ejercicios posteriores la cifra creció ininterrumpidamente hasta los 21.949 millones que alcanzó en 2009. Aquel nivel representa un 159,4% más que la previsión de 2018 (cerca de tres más).
Desde 2009, la evolución fue en decadencia hasta 2014. 
En 2015, experimentó un punto de inflexión al elevar la cifra de 8.657,8 millones a 9.438,1 millones. Una subida que se continuó en 2016, hasta los 9.519 millones, pero que se rompió en 2017 (con los 7.483,1 millones citados).
En la relación con el Producto Interior Bruto (PIB), la inversión en infraestructuras para este año supone el 0,7%, una décima más que en 2017. Sin embargo, se encuentra por debajo del 1,1% del año 2000. De hecho, se sitúa incluso por debajo los ejercicios previos cuando en términos absolutos las cifras eran mucho menores. 
Así, la proporción osciló entre el 0,8% y el 1,1% desde 1995 a 1999, años en los que el importe se ubicó en una horquilla de entre 4.009 millones y 5.479 millones (muy alejados de los 8.462 millones previstos para 2018).
En cualquier caso, aunque los Presupuestos marcan la línea, la verdadera medida de la inversión en infraestructuras la fija la ejecución. Y ésta suele distar bastante de las proyecciones. 
Como muestra, en 2017, la inversión real de los ministerios de Fomento y de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que abarcan el grueso del presupuesto para infraestructuras del Estado, ascendió a 5.709 millones de euros, lo que implicó 2.189 millones menos que lo previsto, es decir, un 27,7% menos, de acuerdo con el avance de liquidación de los PGE del último curso. 
De ellos, 1.891 millones corresponden al departamento que ahora dirige José Luis Ábalos y los restantes 297 millones al liderado por Luis Planas -ahora denominado Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-.

AVE y carreteras

De los 8.461,5 millones presupuestaso para este año, los dos ministerios aglutinan, a través de la gestión directa, un total de 2.834,3 millones, lo que representa el 33,5% del total. Acoge los programas de inversión en carreteras, transporte ferroviario, actuaciones en la costa o infraestructuras y calidad del agua. 
Los 5.627,2 millones restantes atañen a la gestión indirecta de Adif, Adif Alta Velocidad, Enaire, Puertos del Estado, Seittsa y Sociedades de Aguas. La evolución en los últimos treinta años de ambos parámetros ha ido acompasada.
La inversión en líneas de alta velocidad acapara casi la tercera parte, con 2.712,9 millones, lo que implica un aumento de cerca de 400 millones en relación a 2017. Le sigue la partida para carreteras (tanto obras como conservación), con 1.912,3 millones, casi 200 millones más. Entre ambas copan el 54,6% del total.
La semana pasada, el ministro Ábalos se comprometió en el Congreso de los Diputados a invertir más de 8.000 millones en lo queda de año para cumplir con lo recogido en los PGE, cuya publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se consumó a principios de este mes. "Nuestra voluntad es que, con carácter general, el cambio de Gobierno no afecte a los compromisos de inversión y de contratos", aseguró el titular de Fomento en su comparecencia ante la Comisión del ramo. 
 Ábalos incluso señaló que esta previsión es conservadora y que la cifra podría ser superior, aunque quiso ser prudente. "No quiero pillarme los dedos", afirmó.
De los más de 8.000 millones, el ministro concretó que más de 5.000 serán en obras y los restantes 3.000 en equipamiento, especialmente material rodante ferroviario. La intención de Ábalos es asumir los Presupuestos del anterior Gobierno. 
"Vamos a intentar que todo funcione", subrayó. "Aunque no he hecho loas al presupuesto, es el que tengo y tengo la obligación de gestionarlo", incidió. "Voy a cumplir con su mandato legal y ojalá tenga posibilidades de mejorarlo y actualizarlo", abundó.
Días atrás, el ministro se comprometió a continuar con las inversiones previstas en el Corredor Mediterráneo. Adif había proyectado licitar más de 2.000 millones para el presente ejercicio, con especial incidencia en la línea entre Murcia y Almería.

La banca cobra hasta 50 euros por cancelar una transferencia

MADRID.- ¿Cuántas veces comprueba que el número de cuenta a la que realiza una transferencia es correcto? Si no lo hace, debe saber que un error puede costarle hasta 50 euros, aunque hay varias entidades que realizan el trámite de forma gratuita, descubre hoy Cinco Días.

Sea cual sea el caso, lo esencial es actuar inmediatamente pues el banco podría dar aún la opción de anular la operación de forma online a través del apartado de histórico de transferencias. 
Si esto no es posible, hay que tener en cuenta otro factor, la hora de corte de los bancos, es decir, la hora a partir de la cual las entidades hacen efectivas las operaciones de la jornada, que pueden ser las 13.00 o las 17.00 horas. 
Si el error se ha cometido antes de este momento, es posible acudir al banco para que anule la operación (con o sin coste, según la entidad) y el importe no sea transferido. Algunas entidades también permiten realizar este trámite de forma online o por teléfono.
No obstante, hay que tener en cuenta, que en el caso de las transferencias inmediatas –incorporadas por la banca española en el mes de febrero–, no hay posibilidad de anular la operación una vez emitida, ya que es completada en 10 segundos.
Si la transferencia (instantánea u ordinaria) ya ha sido ejecutada, la operación es irrevocable, según explican desde el Banco de España, por lo que el cliente debe solicitar a la entidad su cancelación, en un plazo máximo de 10 días laborables. 
El banco se pondrá entonces en contacto con la entidad del beneficiario de la transacción solicitándole la devolución del dinero, que dependerá, en algunos casos, de la existencia de fondos en la cuenta bancaria de este. 
En el caso de que el recepto se niegue a devolver el importe recibido por error, sería necesario acudir a la vía judicial para reclamarlo.
No obstante, el proceso y los costes varían según el tipo de transferencia que se quiera cancelar. Desde CaixaBank explican que si es una transferencia SEPA (emitida en euros dentro del Espacio Económico Europeo), la operación se rige por la normativa establecida en el Rulebook del European Payment Council que deja a decisión del banco fijar o no una tarifa por el trámite.
Caixabank, BBVA, Ibercaja, ING y Banco Santander (para clientes de la Cuenta 1 2 3) no cobran ninguna comisión, mientras que Bankia y Evo Banco establecen un coste de 20 euros. Banco Sabadell lo eleva a 25 euros (también aplicables a las anulaciones), aunque la comisión más costosa es la fijada por Deutsche Bank, que asciende a 50 euros.
Asimismo, el banco también puede establecer una tarifa diferente para las transferencias emitidas a través del sistema Swift, es decir, para pagos al exterior o en moneda extranjera dentro del territorio nacional. 
En este caso, CaixaBank gestiona la devolución con la entidad del beneficiario y aplica una tarifa máxima de 36 euros.
El banco del beneficiario debe contestar a la petición realizada por la entidad del emisor en un plazo de 10 días laborables y, en algunos casos, el reintegro del dinero puede depender de que el destinatario tenga fondos en la cuenta bancaria. 
No obstante, si el receptor no acepta la devolución, el emisor está amparado por la ley. El Código Penal español lo considera un delito de apropiación indebida y establece penas de entre tres y seis meses de prisión si el importe recibido supera los 400 euros.

Santamaría y Casado, a la caza del 20% de compromisarios dudosos

MADRID.- El papel más preciado que tienen los candidatos entre manos estos días es la lista de los 3.082 compromisarios que votarán al presidente nacional del PP, con sus números de teléfono, y una pequeña casilla al lado. Están marcados con uno de estos tres colores: verde, amarillo o rojo, según se considere afín, dudoso o totalmente «perdido» a la candidatura correspondiente, según Abc

Los móviles echan humo en los equipos de Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, en la tarea de intentar convencer, uno a uno, a todos los delegados que tendrán en sus manos el futuro del partido a partir de las 11 de la mañana del próximo sábado, 21 de julio. Fuentes populares estiman que hay unos 600 compromisarios que dudan aún de su voto y pueden decidir el resultado.
La manera de acercarse a los compromisario cambia mucho según las circunstancias, pero las presiones existen, y el «trueque» de favores, también, según explican fuentes populares a Abc. No siempre llama el candidato. 
Según la importancia, o el nivel del compromisario, el contacto lo realizará el aspirante a la presidencia del partido o alguien de su equipo. La conversación también varía, desde un intercambio de impresiones sobre el proceso y una invitación al voto, hasta un regateo en toda regla.
La pregunta más básica, nada inocente, es «¿a quién vas a votar?», pero la cercanía de las próximas elecciones municipales y autonómicas favorece el «comercio» de votos y el compromiso con una candidatura específica. Se llegan a ofrecer apoyos a cambio de un puesto en una lista electoral, pero el precio puede subir.
 «A veces se puede ofrecer un paquete de votos, por ejemplo 40 o 50, a cambio de mantener un puesto orgánico o una candidatura electoral», aseguran fuentes consultadas, que forman parte del cuerpo de compromisarios.
Entre los compromisarios hay más de 500 que son miembros natos, entre diputados, senadores, alcaldes, y dirigentes territoriales, entre otros. El resto, hasta los 3.082, se reparten entre provincias, según el número de afiliados (75 por ciento) y el número de votos en las últimas elecciones (25 por ciento).

Censo «inflado»

Además, cada territorio tiene un número fijo, por lo que las comunidades con más provincias, como Andalucía o Castilla y León, salen ganando. En el caso andaluz, también le beneficia el censo de afiliados «inflado»: 169.602 militantes, de un total de 869.535, según datos del censo del PP, que todo el mundo acepta pese a que está desafasado. 
Madrid, en cambio, solo tiene 94.607 afiliados en ese censo. No es de extrañar que Andalucía tenga un peso decisivo en el congreso del PP, con casi un 20 por ciento de los compromisarios que votarán el próximo sábado, frente a menos del 8 por ciento de Madrid.
Son más de 3.000 delegados, pero en las provincias se conocen todos entre ellos. No se escapa ni uno al escrutinio y al acercamiento. Los equipos de los candidatos tienen un «cuentacompromisarios», con enlaces en cada territorio, y que va poniendo cruces según los apoyos ganados, o bien, de forma más visual, se señalan con colores. 
Los «barones provinciales» del partido tienen un poder decisivo en todo el proceso. Su influencia puede llegar a ser fundamental. Un pronunciamiento de este cabecilla provincial puede arrastrar el voto de todos, o una buena parte, de los compromisarios que están bajo su control.
Pero hay provincias divididas, como ocurre con Cádiz, por ejemplo, en Málaga también, o en toda la Comunidad Valenciana. Si un candidato, o su enlace provincial, sabe que un compromisario es afín, no perderá mucho el tiempo con él. Lo intentará si sabe que un delegado, pese a ser próximo a su contrincante, podría ceder o cambiar su voto a cambio de un «favor» o una promesa para el futuro.

«Algo más que 600 delegados»

Fuentes del cuerpo electoral calculan que habría entre un 20 y un 25 por ciento de compromisarios que se mueven en la «duda». Serían algo más de 600 delegados. De ellos, según las fuentes consultadas, unos están dispuestos a «negociar»: «¿Qué me das a cambio de mi voto?». Y otros son los que realmente no saben lo que es mejor, o peor, para el Partido Popular. Como es lógico, a todos los interesa después que su opción tenga capacidad de ganar las elecciones, para que sus expectativas se cumplan. El estreno del PP en este sistema de doble vuelta para elegir a su presidente nacional, primero con una votación entre afiliados inscritos y luego entre un cuerpo mucho más reducido de compromisarios, ha despertado ya voces críticas internas. «Hubiese sido mucho mejor una segunda vuelta con todos los afiliados», sostienen fuentes populares. «Los compromisarios siempre son más maleables a las presiones del aparato, y los afiliados, menos», explican.
La realidad es que las llamadas de las candidaturas a los compromisarios se intensificarán según avance la semana, y podrían incrementarse en la noche del viernes, tras el discurso de Rajoy. Los delegados no votarán hasta la mañana siguiente. La campaña está sirviendo para que los dos aspirantes exhiban sus «fichajes» en toda España, una manera de influir sobre el voto de los compromisarios.
En los últimos días, Casado ha presumido de forma especial con el «fichaje» del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, clave en «territorio enemigo», pero también con los exministros Rafael Catalá, Juan Ignacio Zoido o Isabel Tejerina. 
Soraya Sáenz de Santamaría fue fuerte desde el primer día con un equipo formado por exministros como Fátima Báñez, Alfonso Alonso, Íñigo Méndez de Vigo e Íñigo de la Serna. El apoyo más preciado para todos sería el de Alberto Núñez Feijóo, que ha preservado un mensaje de neutralidad.

Presión hasta las urnas

Las presiones a los votantes llegan hasta las mismas urnas. Ocurrió ya en la primera vuelta, cuando algunos afiliados tuvieron que votar bajo miradas escrutadoras en las sedes de los partidos. Se votó sin sobres y sin cabinas, algo que se va a subsanar el próximo sábado. Por primera vez, los compromisarios meterán sus papeletas en un sobre, algo que puede parecer irrelavante, pero que los populares han valorado como manera de garantizar la libertad de voto. Las dos candidaturas saben que las presiones pueden volverse en su contra. Hay compromisarios que responden en sentido contrario cuando se ven empujados a actuar de una manera. Y siempre les queda la «carta» del voto secreto. Por eso, aunque ambos candidatos aseguran a día de hoy que ya cuentan con una mayoría de «síes» entre los compromisarios, es obvio que alguien les ha mentido, y no lo sabrán hasta que se proclame el resultado, a la una de la tarde del sábado.

Borbonia / Ramón Cotarelo *

Toca juzgar al rey emérito. Toca juzgar su reinado. Por eso los poderosos se resisten como gato panza arriba a apear el mando. Porque saben que los van a juzgar. Y no suelen salir bien parados. Precisamente en estos días, la fundación de su nombre abre al público los papeles, el archivo de Felipe González. Es de suponer que debidamente expurgados de forma que quizá sea preciso esperar veinticinco años hasta saber qué pasó realmente con los GAL.

En el caso de la Monarquía, el juicio al rey está ya hecho hace mucho por la opinión pública y es devastador. El rey lleva el sobrenombre de su primer velero, Bribón. De reseñar el cortesanísimo comportamiento de los medios de comunicación, todos a una al quite y a encubrir las bribonadas del sujeto. Episodios ha habido en su vida que requerirían un Valle Inclán que retrató la de su tatarabuela Isabel II. Isabel es el nombre que acompaña a las dos Españas, la ascendente de la Iª y la desfalleciente de la IIª. 

Comienza una batalla mediática, política, con ambición de convertirse en judicial, por llevar al ciudadano Juan de Borbón ante los tribunales. A la defensa acuden prestos los tres partidos dinásticos PP, PSOE, C's y todos los medios de comunicación impresos y audiovisuales así como algunos digitales. Encabeza la cruzada por el trono y el altar el siempre fiel ABC que, en recuerdo de sus mejores tiempos, se inventa una encuesta con un 70% de ciudadanos en España dispuestos a dejarse matar por su rey que tanto lo merece. En contra, una alianza de la escasa izquierda republicana con el más escaso republicanismo muy fraccionado.

Más complejo es el juicio a la Monarquía, que ya afecta al sucesor. Una ministra del gobierno Sánchez ha señalado que el hijo no hereda los posibles pecados del padre y tampoco de la hermana y el cuñado. Sin duda, pero la Monarquía está tocada en todos sus flancos. La corte es un patio de monipodio con una autoridad moral nula. El ejercicio del monarca, perfectamente anodino. El incumplimiento de su función como árbitro y moderador de las instituciones, clamoroso. 

El desastre definitivo de la institución fue el discurso del tres de octubre de 2017 en el que el rey se alineó incondicionalmente con una de las partes del conflicto, respaldando su agresiva política de represión y, por ello mismo, alentando su intensificación. En esa amenazadora arenga perdió Felipe VI el poco recurso que le quedaba a una hipotética legitimidad. 

Catalunya triunfante será republicana. La insistencia de Torra en que el Borbón se disculpe por el discurso de marras y, por tanto, por el 1-O, le da la base para poco menos que declarar Catalunya entera tierra libre de Borbones. El rey tiene el extraño privilegio de ser persona non grata en algunos municipios catalanes. Un poco más y consigue que lo declare persona non grata el Parlament.

Otra cosa será el destino de la Monarquía en España. Pero eso es algo que habrán de decidir los españoles cuando se decidan a decidir algo.  



(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

martes, 3 de julio de 2018

Sindicalistas corporativistas pueden tomar el poder en la Confederación Hidrográfica del Segura


MURCIA.- Aunque no se ha producido hasta el momento, todo parece indicar que los próximos máximos responsables de Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) serán dos sindicalistas del sindicato corporativista y de derechas Fedeca, que representa solo a los altos funcionarios del Estado, según dice en nota de prensa la sección sindical de CC OO en la CHS.


"Desde hace días en la prensa regional se viene anunciado que el próximo presidente del Organismo Autónomo será Mario Urrea, interventor de Fedeca en el último proceso electoral, por lo tanto, alguna vinculación con esta Organización tendrá, además de que tiene la “bendición de los jerarcas” del SCRATS, lo que, a nuestro juicio, no es la garantía de autonomía e independencia que debiera presidir la gestión del Organismo.

Para la Secretaría General del Organismo se anuncia como posible a Mónica Gonzalo, actualmente delegada sindical electa de Fedeca y representante de este sindicato en las reuniones de la CHS. Contraria, entre otros, a la funcionarización de los titulados superiores y medios del personal laboral que accedieron por el principio de mérito y capacidad a plazas reservadas para funcionarios, algo que es una auténtica discriminación en la AGE.

Por si a alguien se le escapa que tipo de sindicato es Fedeca, basta leer su denominación: Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, una organización corporativa, conservadora de la que suelen formar parte los que se auto consideran la “elite” de los funcionarios y que, con este perfil, lógicamente tiene la representación que tienen.

Actualmente Fedeca recibe un trato especial del Segura, mantiene un espacio sindical en la web del Organismo, cuando por la representatividad obtenida en las últimas elecciones sindicales no les corresponde, algo que, en su día, CC.OO., denunció ante los responsables del Ministerio, pero probablemente el Gobierno y sus adláteres de derechas prefirieron mantener; por lo tanto, no hubo sorpresa.

Lo que si sorprende es que, el nuevo “Gobierno de izquierdas”, opte en su caso, por nombrar
máximos responsables del Organismo de cuenca a sindicalistas de Fedeca, aunque cuenten con el beneplácito de los jerarcas del SCRATS que deben haber optado por “bendecir” lo conocido antes que nombren desde el Ministerio a alguien con criterio propio que no vayan a coincidir con los intereses de esa jerarquía".

La Guardia Civil investiga a 'Comapa', el proveedor de jamones de 'Carrefour'

MADRID.- Comapa, el proveedor de jamones de Carrefour está en el ojo del huracán. Según han confirmado distintas fuentes a El Economista, la Guardia Civil está investigando la distribución de forma fraudulenta, sin los oportunos controles de calidad y trazabilidad de una de las marcas de la compañía, Oro de la Ermita, que podría haber sido utilizada sin la autorización de la compañía.

La semana pasada la Agencia de Seguridad Alimentaria activó la alerta sanitaria sobre esta enseña, que, según admiten desde Comapa, se distribuye en exclusiva en Carrefour. La empresa asegura que cumple con todos los requisitos legales de trazabilidad, pero desde Carrefour se procedió el pasado viernes a la retirada de cientos de jamones y Sanidad ha activado la alerta de seguridad alimentaria ante el presunto farude.
Fuentes próximas a la investigación consultadas por este periódico confirman que la empresa está bajo sospecha desde hace más de un año tras haber sacado al mercado jamones, supuestamente ibéricos, por menos de 80 euros la unidad. 
"Se podría haber estado vendiendo jamón ibérico cuando en realidad no lo es y, sobre todo, producto caducado", aseguran las fuentes consultadas. 
Sanidad insiste, no obstante, en que "en el marco de la gestión de la alerta alimentaria las autoridades competentes de las comunidades autónomas continúan realizando las investigaciones oportunas para tratar de determinar los productos implicados y clarificar la situación de los mismos, evitando de este modo implicar productos que con la misma marca pudieran haber sido comercializados legalmente y en cumplimiento de la normativa vigente". 
La Guardia Civil está investigando, en concreto, una trama de más de 30 empresas que habrían creado una red para reetiquetar de forma fraudulenta productos ibéricos, lo que ha obligado ya a la retirada de más de 400 toneladas de productos por incumplir las mínimas condiciones sanitarias. 
La causa está siendo instruida ahora por los juzgados de Alcira (Valencia) y Fregenal de la Sierra (Badajoz) y no se descarta que en los próximos días pudieran ser llamados a declarar directivos de Comapa. Sanidad mantiene que tras el desmantelamiento de una nave en Valencia se detectó la "existencia de un posible riesgo para la salud pública".  
El grupo francés Carrefour y el británico Tesco, líderes de la distribución en sus respectivos mercados domésticos, anunciaron este lunes un acuerdo de largo plazo con proveedores para hacer compras en común. 
El acuerdo, que debe quedar finalizado en un plazo de dos meses, estará regido por ciclos operativos de tres años, según explicaron las dos compañías en un comunicado conjunto. También cubrirá "las relaciones estratégicas con los proveedores, así como la compra en común de productos de marca propia" y de otros bienes. 
El objetivo declarado es "mejorar el aprovisionamiento y la calidad de los productos a precios todavía más bajos en beneficio de los clientes" e incrementar así la competitividad de las dos marcas. 
También reforzar los vínculos con los proveedores "abriéndoles nuevas oportunidades". 
Tras el acuerdo, tanto Carrefour como Tesco puntualizaron, sin embargo, que cada una seguirá trabajando por su parte con sus propios productores locales y nacionales.

Investigadores de la UPCT analizan un sistema de evaporación de aguas salobres para desaladoras

CARTAGENA.- Un grupo multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), liderado por Francisco Vera y en el que han participado expertos en hidráulica, energías renovables y máquinas y motores térmicos, ha llevado a cabo un estudio del sistema de evaporación y eliminación de aguas salobres.

Los investigadores han evaluado el funcionamiento del prototipo de evaporador de salmuera EVACOLD en distintas condiciones meteorológicas, caracterizando sus consumos energéticos y proponiendo mejoras para aumentar su rendimiento y aplicabilidad.
El sistema utiliza un ventilador para que el aire absorba y evapore el agua y está ideado para resolver el problema del agua concentrada de nitratos que generan las desaladoras, lo que ha provocado que hayan sido cerradas todas las del Campo de Cartagena, salvo la de la Estación Experimental Agroalimentaria Tomás Ferro de la UPCT, en la que se han realizado los ensayos y que cuenta con permiso de la Confederación Hidrográfica al contar con un depósito donde gestionar la salmuera sin riesgo medioambiental.
El equipo industrial que han estudiado los expertos de la UPCT es también de aplicación para diversas industrias que generan residuos líquidos. Los investigadores creen que con un futuro modelo E-2000 mejorado “se podría evaporar hasta 2.000 litros por hora a un coste reducido si se  dispone de energías renovables y/o calor residual, por ejemplo de plantas de cogeneración o calderas de biomasa”, explica Vera.
Los investigadores han utilizado los equipos para el tratamiento experimental con salmuera que tiene en la diputación de La Palma la cátedra de Agricultura Sostenible de la UPCT, que también está coordinando otros ensayos para dar con soluciones tecnológicas al problema de la salmuera en el Campo de Cartagena.

La patronal territorial murciana exige a la ministra Ribera una rectificación inmediata sobre el déficit hídrico

MURCIA.- La patronal territorial CROEM ha exigido hoy en un comunicado rectificaciones inmediatas sobre sus delaraciones de ayer en 'El País' y le insta a visitar cuanto antes la Región de Murcia para comprobar su déficit hídrico puesto en duda por ella de forma genérica.

"La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró en una entrevista publicada recientemente por el diario El País, y citamos textualmente, que los trasvases deben ser "aportaciones extraordinarias" y que el déficit hídrico es "un mito" y "no hay cuencas deficitarias ni excedentarias".

Esto contradice de forma manifiesta el Plan de cuenca del Segura, donde se subraya el déficit estructural de la citada cuenca.

Las declaraciones de la ministra, a entender de la confederación empresarial, no son casuales. Más bien, pensadas y premeditadas por quien las dice. Las mismas cuestionan la viabilidad en un futuro próximo del trasvase Tajo-Segura y las posibles aportaciones entre cuencas, y condicionaría un posible Pacto Nacional del Agua ya puesto en marcha por el anterior Gobierno.

El trasvase Tajo-Segura es intocable para CROEM y así lo han manifestado también Partido Popular, PSOE y Ciudadanos al suscribir en la Asamblea el Pacto Regional por el Agua.

Estas declaraciones solo generan intranquilidad, temor e incertidumbre en una Región donde los regadíos del trasvase generan miles de empleos y son el sustento de muchas familias.

Exigimos por lo tanto rectificación inmediata de la ministra y le invitamos a que visite cuanto antes la Región de Murcia para que conozca de primera mano la realidad que viven empresarios, regantes y agricultores por la falta de recursos hídricos.

En este sentido, pedimos asimismo al Partido Socialista de la Región de Murcia una declaración que despeje cualquier duda al respecto y tenga en cuenta los intereses de esta Región por encima de cualquier posicionamiento de partido a nivel nacional", concluye el comunicado.

Sánchez, ¿por qué nos persigues? / Inocencio Arias *

Fidel Castro llevaba un año en el poder cuando una noche en la televisión cubana (noviembre, 1960) lanzó una soflama contra España. Soltó que nuestra Embajada y varios sacerdotes españoles conspiraban contra su régimen. El embajador español, el vasco Lojendio, veía el programa en su residencia y no daba crédito. 

Indignado salió corriendo hacia el estudio de televisión y, bien porque el tráfico en La Habana era escaso o porque las peroratas de Castro eran muy largas –el cantante Antonio Molina confesó que una vez, sin poder marcharse, se orinó en los pantalones oyendo a Fidel predicar durante horas– nuestro representante tuvo tiempo de irrumpir en el estudio e increpar al político cubano repitiendo que estaba soltando una sarta de mentiras. La imagen dio la vuelta al mundo. Fue declarado persona nongrata y abandonó el país en 24 horas.

Aunque tardamos quince años en enviar un embajador, Franco nunca quiso romper relaciones con Cuba, siguió comerciando y mantuvo la línea de Iberia con La Habana, prácticamente la única occidental, resistiendo las «presiones imperialistas yanquis» como declararía «ostentóreamente» un agradecido Fidel cuando Suárez lo visitó en 1978. 

El general, sin embargo, no pareció entusiasmado con el arranque de Lojendio que sería recibido aquí en loor de multitud. Lo congeló unos meses y luego lo envió a Suiza lo que, para nosotros, no es un premio si lo comparas con Cuba. Alguien del Pardo filtró que el Generalísimo había comentado: «un buen español, un mal diplomático».

Hace tres días nuestro embajador en Washington fue un buen español y un excelente diplomático . No conozco verdaderamente a Morenés, no he estado con él en ningún Ministerio, ni en ningún partido ni siquiera de fútbol. Ahora bien, reaccionó impecablemente y dijo lo que tenía que decir para refutar unas afirmaciones torticeras y calumniosas contra España. 

Aunque Lojendio estaba lleno de amor patrio interrumpió un programa al que no estaba invitado y soliviantó al dirigente cubano. Morenés asistía como invitado destacado a un acto en una institución estadounidense, no interrumpió a nadie, y, cuando llegó su turno, puso los puntos sobre las ies en las invenciones que había fabricado Torra. 

No lo insultó, no lo llamó racista o payaso, algo que muchos catalanes habrían hecho, simplemente desmontó las invenciones separatistas de que en España no hay libertad, que el gobierno de Madrid tiene presos políticos etc… Pulverizó con serenidad la conocida y falaciosa retahila victimista. Torra y su increíble por lo copioso séquito abandonaron la sala cantando Els segadors. Inaudito. Rebates las mentiras y se marchan muy ofendidos.

Morenés actuó de libro. Y esto no sé si no lo ha entendido nuestro presidente o mejor dicho, sí lo ha entendido pero ha preferido hacer el avestruz para que no se le encrespen los separatistas catalanes cuyos votos necesita. 

Es penoso que en momentos en que Borrell da a entender que una parte esencial de su actividad sea destejer las infamias vertidas por la Generalitat en el extranjero, en época en que nuestros embajadores reciben instrucciones claras para sofocar la campaña intoxicadora separatista atajando que «España nos roba», que hay una crisis humanitaria catalana causada por Madrid, que no hay garantías jurídicas, etc... un embajador, en un escaparate mediático privilegiado, sale eficazmente al paso de esas memeces difundidas por Torra y la respuesta de nuestro presidente al ser interrogado sea sólo que no quiere la confrontación con los catalanes. 

Don Pedro, ¿no podía usted añadir que su representante en Washington, aunque sea un pepero, manifestó lo que debía para detener la propaganda separatista que a lo mejor estamos pagando?

¿Tanto valen los votos de los separatistas que no se deba enfadar a Torra lo más mínimo? Detecto una obsesión malsana con hacer todo lo contrario que el PP en cualquier tema y circunstancia incluso en aquellos que no cabe actuar distintamente. Resulta raro no amparar más al Rey, ahora que los golpistas dicen «que rompen relaciones», extraño que digan que ellos vienen a negociar un referéndum y no se responda fulminantemente que se negocia todo menos eso, curioso que se prefiera evitar un sucinto comentario, bastaba uno tópico, sobre nuestro embajador.

No me irrita lo del dedazo en televisión, ni el chalaneo, ni el cambio milagroso de chaqueta con los presupuestos. Son gajes rutinarios de nuestra política. La cuestión catalana me subleva más. Que cuando usted publicó su programa de gobierno hace años le dedicara, en un documento, con ideas interesantes, de 18.000 palabras, sólo cinco, repito sólo cinco, a la cuestión catalana me dio un escalofrío. 

Varios amigos socialistas me repitieron que en ese tema usted era totalmente de fiar. No lo cuestiono, pero sus primeros pasos catalanes y el calculado desdén hacia la actuación de Morenés me han traído de nuevo los escalofríos. No como diplomático, sino como español. 


(*) Diplomático


https://www.abc.es/opinion/abci-sanchez-persigues-201807020935_noticia_amp.html

lunes, 2 de julio de 2018

Los supermercados Lidl venden el 10,5% de la producción hortícola española


BERLÍN.- Los supermercados de Lidl incrementaron sus compras en España un 20% en 2017, hasta alcanzar los 4.650 millones de euros, con especial relevancia del sector hortofrutícola al que destinaron un 1.940 millones de euros (+35%), lo que supone el 10,5% de la producción total española.

En un comunicado, la compañía ha subrayado la relevancia de la venta de esos productos en el extranjero, que supusieron 1.668 millones de euros, un 13% de toda la exportación del sector.

En términos generales, Lidl compra en España más de lo que vende, con un volumen total de 3.900 millones de euros en compras.

Además, durante el pasado año, la cadena ha mejorado sus exportaciones un 30% hasta los 2.200 millones de euros, de manera que ha llevado los productos españoles a 30 países a través de su red internacional de 10.500 establecimientos.

Según el director general de compras de Lidl en España, Miguel Paradela, las razones de este crecimiento son "la excelente calidad de los productos españoles" que genera "cada vez una mayor demanda, especialmente a nivel internacional".

España, único país del euro donde se está adelantando la edad efectiva de jubilación

MADRID.- España es la única potencia de la eurozona donde se está adelantando la edad efectiva de jubilación tras haberse impulsado las reformas en pro de la sostenibilidad del sistema público de pensiones que pretendían justo lo contrario: retrasar el grueso de las jubilaciones. En el resto de socios del euro, con la única excepción de los Países Bálticos, las vidas laborales se alargan y se pospone la edad de retiro. De este modo, se agranda la brecha entre la edad real y la edad legal de jubilación, según recoge elEconomista.

Lejos de demorarse las jubilaciones, como pretendió la reforma de 2011 y, en general, el marco normativo al que se aferran las economías avanzadas, en España se está adelantando la fecha efectiva de retiro. 
Según los últimos datos completos y comparables de la OCDE, las jubilaciones anticipadas se han adelantado seis meses frente a los registros de 2011 situándose la edad media de retiro española en los 62,4 años frente a la pretensión de llevar la jubilación gradualmente hasta los 67 años en 2027 y frente a los 62,9 años en que se situaba en 2011.
Mientras, en el mismo periodo, Alemania ha conseguido retrasar la edad media de jubilación un año y medio (de 61,7 a 63,2 años); Francia, un año (de 59,2 a 60,2); Italia un año y ocho meses (de 60 a 61,7 años); Portugal, un año y dos meses (de 65,7 a 66,9); Grecia, en medio de sus rescates, ha logrado un ensanchamiento de 4 meses (de 60,8 años a 61,1); y el conjunto de la eurozona un año y cuatro meses (de 61,7 a 63 años).
Estos retiros anticipados son otro de los factores que presionan al alza el gasto en pensiones, unidos a la mayor esperanza de vida. Como explica el secretario general de Ocopen, Manuel Álvarez, esta deriva es sumamente significativa. 
"Antes de las reformas, la edad de jubilación había ido aumentando y estaba más próxima al tope legal de retiro. "La evolución lógica hubiera sido que siguiera subiendo", justifica.
Nuestro país pincha en la consecución de esta meta, lo que engorda el desafío de las cuentas de la Seguridad Social y pone de manifiesto que nos alejamos de la pretensión de la reforma de 2011, que incluía un retraso gradual de la edad legal de jubilación hasta llegar paulatinamente de los 65 años anteriormente vigentes a los 67 en 2027.
Diversos expertos y organismos, como el Fondo Monetario Internacional recomiendan que se alarguen las vidas laborales ante el desafío que supone la pirámide poblacional envejecida, la baja natalidad, y la mayor esperanza de vida para los sistemas públicos de pensiones.
El fracaso español en la consecución de esta meta pone de manifiesto, además, uno de los grandes hándicaps de los gobiernos en materia de pensiones: la presión electoral de pasar por las urnas cada cuatro años rebaja la intensidad pedagógica a la hora de explicar con nitidez a los ciudadanos la situación exacta que aguarda al Sistema Público e implicar a los distintos actores en el reequilibrio de las maltrechas cuentas de la Seguridad Social. 
En parte, explican los expertos consultados por elEconomista, sucede que no ha calado el mensaje de demora en la edad de jubilación. Por otro lado, tanto la reciente crisis, como la incertidumbre normativa, ha propiciado que crecieran las jubilaciones anticipadas.
España no solo se queda sola en la eurozona en esta deriva al acortamiento de la vida laboral; también se queda rezagada en la comparativa con la OCDE, el club de las economías más avanzadas. En EEUU, en Reino Unido, Australia, Chile, Japón, y en la media del club de las economías más potentes, la edad efectiva de jubilación se ha ido retrasando, con la excepción de México, donde ha descendido ligeramente, pero por motivos no comparables, ya que ha bajado de 70,2 años a 69,5 en un país que ha experimentado una fuerte modernización de su estructura económica.
La bajada continuada de la edad promedio de jubilación real en España se debe, sobre todo, al auge de las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas que se han producido de forma transversal y generalizada en la mayor parte de los sectores de actividad, amén del impacto que los ERE acaecidos durante la crisis que propiciaron la salida anticipada de numerosos efectivos del mercado laboral español.
Como explica el investigador de la Universidad de Essex Javier Santacruz, mientras las prejubilaciones se sigan manteniendo como una de las principales vías para salir del mercado laboral antes de la edad legal de jubilación, la edad real seguirá reduciéndose hasta los 62,2 años en 2018. 
Solo cambios normativos que impidan su aplicación y el fin de la reestructuración de sectores como el bancario u otros sectores regulados (eléctrico, telecos...) que son grandes emisores de salidas del mercado antes de la edad, pararán la tendencia a la baja de la edad real y, por tanto, irá convergiendo a la edad legal como sí está ocurriendo en el resto de países comparables de la eurozona, explica Santacruz.
Los datos del Ministerio de Trabajo constatan la caída de la edad efectiva de jubilación, pero arrojan una cifra diferente a la reflejada por la OCDE. Según los registros estadísticos oficiales del Gobierno español, la edad media de retiro cae desde 2013, fecha de la más reciente reforma de las pensiones, y se sitúa en los 64,1 años en el último ejercicio con datos cerrados (2016), frente a los 62,4 años que recoge la estadística del club de las mayores economías del planeta. 
La razón es que la estadística de la OCDE 'limpia' y homogeneiza las diferencias entre regímenes singulares que no coexisten en todos los países, como pueden ser, entre otros, el del carbón o el de clases pasivas. Como explica el secretario general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen), Manuel Álvarez, la metodología de la OCDE es la más consistente. Mide las variables en todos los países de la misma forma, de manera que puedan ser completamente comparables y fieles a la realidad del tejido económico y social.

Lo dicho por la ministra para la Transición Ecológica en 'El País'


MADRID.- La gestión del agua es uno de los retos medioambientales de España, según Teresa Ribera. La ministra para la Transición Ecológica advierte hoy en El País: "estamos a punto de recibir la notificación de multas coercitivas muy importantes por el incumplimiento de las obligaciones de saneamiento y depuración".

El anterior Gobierno intentó lograr un pacto nacional del agua, que incluyó negociaciones entre PP y PSOE. Ribera no renuncia a buscar lo mismo. "Me encantaría y me comprometo a intentarlo. Creo que el anterior Gobierno trabajó en muchos temas de agua, algunos pueden formar parte de elementos que se ofrezcan para el pacto del agua". 
Sin embargo, añade: "Repasando los 30 últimos años de nuestra historia, por no remontarnos más atrás, uno se da cuenta de lo que nos cuesta como país, como sociedad, entender la trascendencia que tiene este recurso y la trascendencia que tiene ponerse de acuerdo en cómo utilizarlo". 
Y, ¿pondrá fecha de caducidad al trasvase del Tajo al Segura? "Las aportaciones extraordinarias deben ser eso. Durante muchos años hemos tenido delante el mito del déficit hídrico, cuando en realidad no hay cuencas deficitarias ni excedentarias, porque cada cuenca tiene lo propio de cada una. Puede ser que en algún momento se necesite un apoyo extraordinario, pero hay que dimensionar las cosas y que no pase a ser la regla: lo extraordinario no se puede convertir en ordinario, que todos los meses o todos los años tengamos que hacerlo. 
Eso plantea problemas muy serios en cuanto al caudal ecológico, de calidad del recurso. Claro que tenemos que garantizar un acceso a agua potable para consumo humano en las regiones más secas, y pensar en cuáles son las necesidades para otros usos industriales y económicos. 
Pero, en ese caso, las soluciones tienen que ser distintas, más eficientes y hay que partir de una premisa fundamental: no podemos pensar en una política de agua basada en aquello que se demande se tiene que ofertar. (...) No tiene sentido pensar en que vamos a impulsar macrodesarrollos urbanísticos o grandes explotaciones de regadío porque, aunque no haya agua, ya nos la darán".

El Gobierno plantea una revolución fiscal para que los autónomos paguen por sus ingresos reales

MADRID.- El Gobierno quiere dar un vuelco a la fiscalidad de los trabajadores autónomos. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha planteado la necesidad de revisar la cotización de los trabajadores por cuenta propia para ligarla a los ingresos reales que perciben. “No es razonable que un autónomo que tenga unos ingresos en un mes de 150 euros tenga que pagar una cuota de 300 euros”, ha apuntado.

Valerio ha advertido de que algunos autónomos “están sobrecotizando y otros infracotizando”. Y es que mientras algunos no tienen ingresos suficientes siquiera para abonar la cuota mensual, “tres de cada cuatro autónomos están cotizando por debajo de sus ingresos”, ha apuntado antes de participar en el foro Nuevos retos para autónomos y emprendedores, organizado por la Asociación de Trabajadores Autónomos de Madrid (ATA) y el Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM) dentro de los cursos de verano de El Escorial.
“Debería haber un acuerdo para que los autónomos pudiesen cotizar en función de sus ingresos reales” como ocurre con los trabajadores por cuenta ajena, que pagan en función de sus salarios. Además, Trabajo propone que los autónomos puedan pagar sus cotizaciones trimestralmente y aplicar correcciones a lo largo del año, dado que sus ingresos pueden ser muy diferentes entre un mes y otro.
Valerio ha adelantado que su departamento trabaja en un plan de lucha contra la explotación laboral. “Suena a que es algo de países del tercer mundo, pero en este país se están dando casos”, ha indicado.
En un momento de auge de nuevos modelos empresariales, amparados en la etiqueta de economía colaborativa o de gig economy (pequeños encargos esporádicos), la ministra ha apuntado “está genial siempre y cuando no se utilice sólo como eslogan” porque en ocasiones “esconde un abuso al autónomo”. 
“No se debe utilizar la legislación laboral de manera abusiva cuando implica peores condiciones de trabajo”, ha sentenciado.
La ministra de Trabajo  ve “absolutamente intolerable” la proliferación de los falsos autónomos. “Están utilizando a personas que necesitan un empleo y que quieren salir de situación de desempleo ofreciéndoles que coticen como autónomos, para que sean ellos los que adquieran los medios que necesitan para hacer ese trabajo”. 
Valerio ha adelantado que la Inspección de Trabajo intensificará su labor para combatir la proliferación de la figura de los falsos autónomos.

COAG Murcia recuerda a la ministra Ribera que la cuenca del Segura es "deficitaria estructuralmente"

MURCIA.- La Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas de Murcia, (COAG), ha recordado a la ministra de la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que "sí existen cuencas deficitarias en nuestro país y el Segura es una de ellas" y ha manifestado que "el agua que recibimos los regantes no es gratis, sino que la pagamos bien".

COAG Murcia se ha referido de esta forma a las declaraciones efectuadas por Ribera en una entrevista concedida al diario 'El País', en las que afirma que "algo extraordinario, como los trasvases, no se puede convertir en ordinario".
El presidente de COAG, Miguel Padilla, se pregunta "si las declaraciones de la ministra quieren decir que nos van a retirar las desaladoras, o si olvida que el agua que recibimos también se destina a consumo humano", según informaron fuentes de esta organización agraria en un comunicado.
Las afirmaciones de la titular de Transición Ecológica llevan a los agricultores de la Región de Murcia a dudar sobre un posible pacto del agua, que hoy ven más lejos que nunca, "pese a las grandes inversiones realizadas por el Estado, la Unión Europea y los propios agricultores para consolidar la producción agrícola en la Región".
Padilla asegura tener dudas sobre el futuro de los regadíos en la Región de Murcia "puesto que con estos planteamientos tienen los días contados".

López Miras pide una reunión urgente con Ribera para aclarar la posición sobre trasvases

MURCIA.- El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, ha exigido hoy una "reunión urgente" con la ministra de Energía y Medio Ambiente, Teresa Ribera, para aclarar la posición del gobierno central sobre los trasvases y le ha pedido también que visite la región para rectificar la idea de que en el país no hay cuencas deficitarias.

López Miras ha respondido así a la entrevista con la ministra que publica hoy el periódico "El País" en la que Ribera considera en relación con los trasvases que "lo extraordinario no se puede convertir en ordinario" y habla del "mito del déficit hídrico cuando en realidad no hay cuencas deficitarias ni excedentarias".
"No salgo de mi asombro", ha asegurado el presidente al respecto, y ha lamentado que esas declaraciones generan "incertidumbre" y "ponen fin a las esperanzas de los murcianos para el futuro", por lo que ha insistido en que la entrevista le genera "perplejidad y asombro".
Por eso, ha exigido una "reunión urgente" con el Gobierno central para abordar esta cuestión y ha pedido a la ministra que visite en persona la Región de Murcia para conocer de peimrea mano su situación respecto a la falta de agua.
Además, ha pedido al PSOE murciano que "cumpla el Pacto Regional del Agua", que en su artículo 35 marca el compromiso de todos los partidos firmantes a trasladar ese acuerdo a sus direcciones generales.
"Un gobierno con estos planteamientos y que defiende estas cuestiones me va a tener siempre en frente", ha advertido, y ha insistido en el déficit estructural de la cuenca del Segura, que recogen incluso los planes de cuenca, y se no existiría si hubiera "interconexiones" entre cuencas, ha subrayado.

La ministra Teresa Ribera resucita el fantasma de la caducidad del Trasvase

MURCIA.- La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, vuelve a agitar el fantasma de la caducidad del trasvase Tajo-Segura. En una entrevista publicada hoy por El País la titular de Medio Ambiente del Gobierno de Pedro Sánchez defiende que las aportaciones de caudales entre cuencas deben ser "algo extraordinario" y pone en duda la existencia de cuenca defitarias, lo que ha sembrado la alarma entre los regantes. 

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto, Lucas Jiménez, espera reunirse lo antes posible con la ministra y con los altos cargos del Gobierno que tomaron posesión la semana pasada para invitarles a visitar los regadíos de la cuenca. 
Lucas Jiménez recuerda también que la existencia del déficit del Segura está recogida en los Planes de cuenca y resalta que se trata de "documentos técnicos", que deben ser tenidos en cuenta por el Ministerio.
Ocho años después de que el Congreso de los Diputados paralizara las pretensiones de Castilla-La Mancha de poner fecha de caducidad al Acueducto, la nueva ministra reabre un debate que se saldó con el aumento del caudal mínimo para trasvasar caudales del Tajo al Segura de 240 a 400 hectómetros cúbicos.
Teresa Ribera sostiene que "algo extraordinario, como los trasvases, no se puede convertir en ordinario".
En concreto, a la pregunta de si pondrá fecha de caducidad al trasvase del Tajo al Segura, afirma que las aportaciones extraordinarias "deben ser eso", y ha recordado que "durante muchos años hemos tenido delante el mito del déficit hídrico, cuando en realidad no hay cuencas deficitarias ni excedentarias, porque cada cuenca tiene lo propio de cada una".
La ministra ha reconocido que "puede ser que en algún momento se necesite un apoyo extraordinario, pero hay que dimensionar las cosas y que no pase a ser la regla: lo extraordinario no se puede convertir en ordinario, que todos los meses o todos los años tengamos que hacerlo".
"Eso plantea problemas muy serios en cuanto al caudal ecológico, de calidad del recurso", según la ministra, quien asegura que "claro que tenemos que garantizar un acceso a agua potable para consumo humano en las regiones más secas, y pensar en cuáles son las necesidades para otros usos industriales y económicos".
Sin embargo, en ese caso, puntualiza que "las soluciones tienen que ser distintas, más eficientes y hay que partir de una premisa fundamental". A su juicio, "no podemos pensar en una política de agua basada en aquello que se demande se tiene que ofertar".
"No tiene sentido pensar en que vamos a impulsar macrodesarrollos urbanísticos o grandes explotaciones de regadío porque, aunque no haya agua, ya nos la darán", ha aclarado.
Al ser preguntada por el Pacto Nacional del Agua que emprendió el anterior Gobierno, incluyendo negociaciones entre PP y PSOE, la ministra no renuncia a buscar lo mismo. "Me encantaría y me comprometo a intentarlo", ha garantizado.
Ha considerado que el anterior Gobierno "trabajó en muchos temas de agua", y "algunos pueden formar parte de elementos que se ofrezcan para el pacto del agua". 
Sin embargo, añade, "repasando los 30 últimos años de nuestra historia, por no remontarnos más atrás, uno se da cuenta de lo que nos cuesta como país, como sociedad, entender la trascendencia que tiene este recurso y la trascendencia que tiene ponerse de acuerdo en cómo utilizarlo".

La Corona agoniza / Ruth Toledano *

Para las cosas esenciales nunca es el momento ni hay tiempo, así que es obvio que el gobierno de Sánchez no va a hacer nada que ponga en cuestión la Jefatura del Estado, el Reino de España. Los socialistas monárquicos (esa contradicción en sus términos) dirán que no es el momento. Los socialistas republicanos dirán (entre dientes) que en esta legislatura no hay tiempo. O viceversa. Tanto monta monta tanto. Tiempo tampoco hubo ni era el momento en las legislaturas anteriores. Acaso en las del más allá.

Pero se pongan como se pongan unos y otros socialistas o no la Corona agoniza. Se la puede mantener como se mantuvo a Franco: enchufada al aparato para mantenerla con vida, aunque vegetativa; entubada para que le llegue el oxígeno a un cerebro de encefalograma plano. Me refiero a la muerte orgánica de la monarquía, a la expiración gráfica del régimen (no vaya a ser que acabe en la cárcel acusada de faltar a los Borbones, cosa a la que, por otra parte, tengo todo el derecho, faltaría más). Otra cosa es la imposición, que nos obliguen a tener una muerta encima (no hay más que verla, por lo suelos, valga la paradoja). Se impone con provocación: el exhibicionismo de la fuerza necrófila.


La última escenificación de esta muerte tan poco apasionante ha tenido lugar en un recóndito paraje de Catalunya. Allí, en un salón de bodas de los célebres cocineros para omnívoros hermanos Roca (ni siquiera en su muy exclusivo restaurante, donde la factura asciende a unos 300 euros por barba hipster) se hizo entrega este año del Premio Princesa de Girona, que concede la Fundación homónima. 

La transacción tuvo lugar allí porque el jefe no electo o rey solo fue bien recibido en un salón de bodas de pueblo (no se me ofendan los de pueblo, que yo también lo soy, a ver si nos entendemos). Tras la entrega de estos exóticos galardones (para quien no lo sepa, la princesa de Girona es Leonor de Borbón y Ortiz, 12 años, heredera del trono no electo de España, y dejo  aquí la Wikipedia para los más noveleros) solía celebrarse en el Auditori de Girona un encuentro llamado  Rescatadores de Talento (baste decir que es patrocinado, entre otros, por Ferrovial, Nestlé, Novartis, Gas Natural, Abertis, Indra, BBVA… En fin, gente talentosa que sabe lo que rescata). Pero este año no pudo ser: el Auditori de Girona se encontraba en obras. Work in progress.

Fue todo muy pedestre y tan premonitorio como la chupa de agua que cayó el día de la boda entre Felipe de Borbón y Letizia Ortiz hace catorce años. Tanto ha llovido desde 2004 que hasta tienen un cuñado en chirona y una hermana que fue infanta de todo y es duquesa de nada. En Girona también llovía el otro día. 

La escena exhalaba una atmósfera de acto semiclandestino que solo rompió la llamativa apariencia de la ahora llamada reina (vestido rojo como rosa de un logo, pelo tirante como negociación de un divorcio). Felipe y Letizia llegaron juntos en un coche que no conducían y se trataron como si no se hubieran dirigido la palabra jamás. Parecían esos invitados a una boda incapaces de ocultar que se han pasado la noche discutiendo.

El aspecto terrible que ambos lucían, esa mezcla entre soberbia y tristeza, entre altivez y desolación, es la viva imagen de la monarquía, la representación más gráfica de un régimen que, aunque se desmorona, se aferra a su existencia como a un paraguas gris. Todo en su espacio es falso y falaz. La presunta calma de él. La presunta autonomía de ella. Todo es tan presunto. Ya no está arriba la Corona: flota en una altura abismal que solo conduce al precipicio, al vacío. Por algo los acompañaba un astronauta.

¿Por qué seguimos haciendo el paripé? ¿Por qué seguimos diciendo que el rey está vestido? ¿Por qué se nos obliga a simular que no nos damos cuenta de que esa institución (esa familia, esas personas, esa gente) a nadie sirve  ya ni nada une? ¿Por qué no reconocer que son perjudiciales o, al menos, que agonizan? ¿Por qué esos patrocinios? ¿Nadie que llega al poder va a hablar nunca con sinceridad? ¿No es el momento? ¿No hay tiempo? ¿Cuándo es el tiempo de la evolución? ¿Cuándo el tiempo de la dignidad? 

Si es tiempo de exhumar los restos del dictador que nos legó a los Borbones, es tiempo de liquidar su herencia. Todo ante notario, por supuesto (no se me vaya a malinterpretar y acabe en Brieva).


(*) Periodista


jueves, 28 de junio de 2018

'Pacma' pide una Ley ‘Cero’ que acabe con los toros y los circos con animales


MADRID.- El Partido Animalista Pacma ha entregado este jueves en el Congreso de los Diputados las 220.000 firmas recogidas en apoyo de su Ley Cero de bienestar animal, que sigue siendo "asignatura pendiente" del Congreso un año después de haberla presentado en la Cámara Baja.

El documento, articulado en su integridad por el Partido Animalista, supone una “ley muy completa” que habla en “todos los términos en los que se maltrata y perjudica a los animales en nuestro país”, ha indicado su portavoz, Laura Duarte.
Duarte ha destacado como puntos “más perjudiciales” para los animales y que la sociedad “más demanda” la prohibición de la tauromaquia, la caza, los circos con animales o el sacrificio en perreras.
La petición llevada por Pacma al Congreso en mayo de 2017 instaba a los grupos con representación parlamentaria a que se comprometieran y sacaran adelante esta ley “imprescindible”, aunque hasta ahora, según Duarte, “ninguno” se ha mostrado dispuesto a llevarla a trámite.
No obstante, la portavoz de Pacma ha reconocido ciertos “signos de aparente interés” en el nuevo Gobierno, ya que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, “ha dado a entender” su preocupación sobre la situación de los animales “a nivel general, no solamente en circos, granjas o perreras”.
Duarte confía en que esta voluntad se materialice, ya que, “a pesar de que el arco parlamentario está igual repartido y las cosas no son fáciles”, es posible llegar a acuerdos con el resto de grupos.
En mayo de 2017, Pacma lanzó una campaña de recogida de firmas a través de la web leycero.es que en sólo dos horas, según sus promotores, recabó 5.000 apoyos, y publicó en su página web un calendario de acciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Málaga.