sábado, 26 de enero de 2019
El niño malagueño, 'Julen,' localizado muerto esta noche en el pozo de Totalán
MÁLAGA.- Julen, el niño malagueño de dos años, vecino del barrio de El Palo, y que cayó a un pozo en Totalán el domingo 13 de enero, ha sido hallado muerto finalmente. La Brigada de Salvamento Minero ha encontrado el cuerpo sin vida del pequeño a la 1.25 de la madrugada de este sábado, después de trece jornadas de intensa búsqueda, en el punto donde se le buscaba, después de cavar manualmente y con gran dificultad los cuatro metros que separaban el pozo donde se encontraba el menor y el túnel paralelo -de casi 60 metros de profundidad y aproximadamente un metro y medio de ancho- perforado para que pudieran entrar los mineros para llegar hasta el pequeño.
El
pozo en el que estaba atrapado el menor tiene unos 110 metros de
profundidad y cerca de 25 centímetros de ancho. Un guardia civil era el
encargado de sacar el cuerpo del pequeño de fondo del pozo, tras recibir
la pertinente autorización judicial.
Una comisión judicial se ha activado ya para proceder al levantamiento del cadáver. Los padres del menor habían sido informados de la situación antes de que se hiciera pública la localización del cuerpo.
Una comisión judicial se ha activado ya para proceder al levantamiento del cadáver. Los padres del menor habían sido informados de la situación antes de que se hiciera pública la localización del cuerpo.
A pesar de lo avanzado de la hora en que se ha conocido el hallazgo del
cuerpo del pequeño, las muestras de pésame y de dolor se han sucedido de
manera inmediata.
Numerosas muestras de pésame a los padres del menor y de apoyo a los
equipos de rescate que han trabajado sin descanso hasta dar con Julen.
Los servicios funerarios ya están en la zona,
mientras la Guardia Civil se ha desplegado para asegurar el tránsito por
la zona.
El
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su "apoyo y
cariño" a los padres y seres queridos de Julen.
"Toda España se suma a la tristeza infinita de la familia de Julen. Hemos seguido de cerca cada paso para llegar hasta él. Siempre agradeceremos el incansable esfuerzo de quienes lo buscaron durante todos estos días. Mi apoyo y cariño a sus padres y seres queridos", ha comentado Pedro Sánchez en su cuenta oficial de Twitter.
"Toda España se suma a la tristeza infinita de la familia de Julen. Hemos seguido de cerca cada paso para llegar hasta él. Siempre agradeceremos el incansable esfuerzo de quienes lo buscaron durante todos estos días. Mi apoyo y cariño a sus padres y seres queridos", ha comentado Pedro Sánchez en su cuenta oficial de Twitter.
También la Casa Real ha enviado un mensaje de pésame a la familia del niño vía Twitter:
"Nuestro dolor más profundo y nuestro pésame más sentido a toda la
familia de Julen. Y nuestro reconocimiento a todas y cada una de las
personas que, sin descanso, han demostrado su solidaridad sin límites".
El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis,
ha confirmado la muerte de Julen y ha mostrado sus condolencias a
través de un tuit.
"Desgraciadamente A la 1.25 horas de esta madrugada,
los equipos de rescate han accedido al punto del pozo donde se buscaba a
Julen y han localizado el cuerpo sin vida del pequeño. Se ha activado
la comisión judicial. Mis condolencias y pésame a la familia", ha
tuiteado.
El rescate, en el que viene colaborando desde el primer día un operativo de más de 300 efectivos que trabajan por turnos,
se vienen sucediendo desde que el pasado 13 de enero se recibiera el
aviso de caída de un menor por un agujero de 25 centímetros de diámtro y
110 metros de profundidad en la zona conocida como Dolmen del Cerro de
la Corona de esta localidad malagueña.
El niño, que estaba con
unos familiares en una finca, cayó en un orificio de prospección para
buscar agua de pequeño diámetro pero gran profundidad. Desde entonces se
activó un operativo para rescatarlo formado por efectivos de distintos
cuerpos que han estado trabajando en el lugar día, tarde y noche sin
descanso y haciendo frente a las grandes dificultades técnicas que se
han ido encontrando, especialmente por la dureza del terreno.
Así, estos días ha habido efectivos de la Guardia Civil de diversas
unidades, como del equipo de montaña, unidades de la localidad de
Vélez-Málaga, del Seprona, de Actividades Subacuáticas, Tedax; así como
administraciones como el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la
Diputación malagueña y los ayuntamientos de Totalán y Málaga y
organismos dependientes de las mismas como 112 Andalucía, el Consorcio
Provincial de Bomberos y de la capital.
También han estado
participando en el rescate profesionales de distintos sectores, como del
Colegio de Ingenieros y Caminos de Málaga, de Minas, así como las
empresas Expoa, Actua, Civiliza, Cemosa, Rodio, Narval Ingeniería, OHL y
la empresa sueca SPT (Stockholm Precision Tools), encargada de
geolocalizar a los 33 mineros chilenos que fueron
rescatados en el año 2010.
Además han colaborado en estas labores la
empresa Pepe Nuñez, Acosol, Restitubo, SGO Obras y el Club de Montañismo
de Rincón de la Victoria, entre otros.
También la brigada de Salvamento Minero de Hunosa,
procedente de Asturias, se desplazó hasta la localidad malagueña para
ayudar en las tareas de rescate, un trabajo crucial para sacar al
pequeño y no exento de complicaciones que ha concluido finalmente en la
madrugada de este sábado.
Así, después de que una perforadora
fuese realizando la galería vertical paralela al pozo donde se
encontraba Julen, no sin encontrarse dificultades que ralentizaron los
trabajos por la roca, y en lo que se tardó 55 horas; se procedió al
encamisado.
Sin embargo, al llegar a la cota de 42 metros de profundidad
una desviación propició un cambio de planes, de manera que tuvieron que
sacarse de nuevo los tubos, reperfilar la perforación y volver a
iniciar las labores de entubado.
Tras ello, este jueves a las 17.33 horas estos especialistas, considerados un cuerpo de elite,
se introdujeron en la cápsula ideada por el director técnico del
Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, Julián Moreno, y ejecutada
por dos herreros malagueños, para ejecutar los trabajos con pala y
martillo neumático hasta llegar al menor.
Por turnos de entre 40
minutos y una hora fueron cavando la galería horizontal de cuatro
metros hasta conectar con el pozo al que cayó el pequeño.
En su trabajo
se fueron encontrando con dificultades, de nuevo por la extrema dureza
del terreno, siendo necesarias incluso microvoladuras controladas, que ralentizaron algo más los tiempos previstos.
Desde la Guardia Civil han insistido todos estos días en que se ha
estado trabajando con la idea de que Julen estaba vivo. El miércoles 16
de enero se conoció, además, que el mismo día de la caída al pozo se
extrajeron restos biológicos que, tras analizarse y casar con el ADN de
los padres y del propio biberón del niño, indicaron que eran del
pequeño.
También se constituyó un comité asesor formado por el
Colegio de Ingenieros de Málaga con técnicos diversos y empresas para
ayudar en todo momento durante las complicadas labores de proyección y
ejecución de las diversas medidas.
Estos días el delegado de dicho
Colegio en Málaga, Ángel García Vidal, ha sido el portavoz y ha estado
explicando los pasos que se han ido dando para localizar al niño.
La subdelegada del Gobierno, María Gámez,
ha recordado en diversas comparecencias el trabajo "sin descanso"
realizado y la complejidad de las actuaciones, además de dar todo su
apoyo y cariño a la familia de Julen; al igual que el delegado del
Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis o el nuevo
presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se desplazó al
lugar el sábado 19 de enero, destacando, asimismo, la labor sin descanso
realizada para sacar al niño del pozo y la magnitud de los trabajos
acometidos.
Mientras tanto, los padres del pequeño, José y
Victoria, han estado en todo momento en el lugar, primero en una carpa
en la zona y, después, por seguridad y dada la magnitud de las obras, en
una casa cedida por una vecina de la localidad. El pasado jueves
participaron en una vigilia en apoyo a los efectivos y para dar fuerza a los progenitores.
El padre del pequeño, José Roselló, que agradeció los trabajos que se
han estado acometiendo, confió, en unas declaraciones que hizo a los
medios de comunicación en los primeros días, que su hijo seguía vivo,
admitiendo que tanto su mujer como él estaban "muertos" tras tantos días
de espera pero con la esperanza de que tienen en el cielo un ángel, en
referencia a un hijo de tres años que falleció hace algo más de un año.
Después de casi 13 días de intenso e incesante trabajo, en el que se ha
utilizado maquinaria propia de una obra de ingeniería civil, que es lo
que se ha ejecutado para llegar hasta el pequeño Julen, no han cesado
las muestras de solidaridad con la familia del niño y todos los
participantes en estas arduas tareas de rescate, quienes han recibido,
además, el calor del pueblo de Totalán que ha llevado comida, bebida y otros útiles para todo el operativo.
Cronología
- Domingo 13: Julen cae a un pozo de más de 100 metros
- Lunes 14: Hallada una bolsa de chucherías en el agujero
- Miércoles 16: Hallado pelo de Julen en el pozo
- Viernes 18: Llega la perforadora a Totalán
- Lunes 21: Finalizado el pozo de rescate
- Martes 22: Los tubos se atascan: hay que ensancharlo
- Jueves 24: Los mineros bajan al pozo
- Viernes 25: Desesperación y nervios en las últimas horas
- Sábado 26: Hallado muerto Julen
martes, 27 de noviembre de 2018
El conocimiento del agua y la confrontación territorial / Ángel Tomás *
La
influencia de las filosofías políticas sobre planificación,
implantación y desarrollo de la economía de un país, supone en la
mayoría de los casos la paralización de las reformas anteriores y lo que
es aún más lamentable, el deterioro del “estado de bienestar”. Es
indudable que las reformas son imprescindibles, pero obstinarse en la
intervención de una ideología política, es un suicidio en economía.
LAS DESALADORAS UN DESASTRE AMBIENTAL
Como consecuencia del desastre medioambiental sin precedentes que ha ocurrido con los efluentes de las desaladoras, y como antecedente de lo que va a suceder en las costas españolas, resulta imprescindible y urgente exponer con detenimiento el análisis de esta problemática ecológica por desalación:
a). Elementos tóxicos. b). Desequilibrios químicos en agua desalada relacionada con ésta antes del proceso. c). Evaluación del desastre ecológico y cambio ambiental que se está produciendo. d). Introversión por sobreexplotación en los acuíferos, y e).
Conclusiones. Todas las consideraciones que se exponen a continuación
están basadas en análisis llevados a cabo por laboratorios dotados de
autorización oficial.
a).ELEMENTOS TÓXICOS:
El boro, cuyo contenido en el agua de mar, (Mediterráneo y Atlántico Oriental), es de 3,3 ppm en contenido de sales totales de 38,2 g/l. Al desalarla se deja en 0,36 g/l, por tanto, se baja la salinidad 105 veces, pero el boro se mantiene en 1,5 ppm. Aplicado al cultivo agrícola es tóxico cuando rebasa el umbral en boro de 0,5 ppm, ya que es acumulativo en planta y suelo. Respecto a la calidad sanitaria del agua potable, la OMS, estableció en 2004 como límite máximo el 0,5 mg/l de boro.
a).ELEMENTOS TÓXICOS:
El boro, cuyo contenido en el agua de mar, (Mediterráneo y Atlántico Oriental), es de 3,3 ppm en contenido de sales totales de 38,2 g/l. Al desalarla se deja en 0,36 g/l, por tanto, se baja la salinidad 105 veces, pero el boro se mantiene en 1,5 ppm. Aplicado al cultivo agrícola es tóxico cuando rebasa el umbral en boro de 0,5 ppm, ya que es acumulativo en planta y suelo. Respecto a la calidad sanitaria del agua potable, la OMS, estableció en 2004 como límite máximo el 0,5 mg/l de boro.
El bromo,
su contenido en aguas desaladas del mar es de 0,69 ppm y en aguas
desaladas de pozos 1,48 ppm, debido a sus propiedades oxidantes y
cáusticas son de alta toxicidad y se encuentran como iones acompañantes
en los depósitos de potasio y sodio. El mayor contenido de bromuro en
las aguas subterráneas del litoral, se debe a la infiltración o
introversión del agua marina (ROTH 1989).
Según
las leyes de cada país, si comparamos aguas subterráneas, por ejemplo
en Alemania, es de dos microgramos/m3 (0,000002 ppm, LAU-BW 1989), y en
Países Bajos igual contenido según LAU-BW 1989. Por tanto, España en
aguas desaladas de mar contienen 345 veces más que en los dos estados
europeos citados, y mucho peor si consideramos las aguas de pozos.
Los bromuros son también perjudiciales para animales, siendo los efectos más importantes, daños en el sistema nervioso y en el ADN, aumentando las posibilidades de desarrollar cáncer, con efectos también en la baja fertilidad de los humanos.
El estroncio, cuyo contenido en aguas desaladas de pozo, según análisis realizados en Almería, es de 1,98 ppm, que es soluble en agua y como resultado de reacciones químicas de los productos aplicados al campo, es muy activo y amenaza la salud de los humanos, ya que se absorbe como si fuera calcio. El estroncio, en los niños puede acumularse en los huesos, en vez de calcio, convirtiéndolos en frágiles.
Hemos destacado estos tres componentes de alta toxicidad, si bien las aguas desaladas contienen otros metales pesados, también nocivos.
b). DESEQUILIBRIOS QUÍMICOS EN AGUA DESALADA
Emplear para el riego agroalimentario aguas desaladas del mar, prohibido en el mundo civilizado como California un país similar al nuestro, consigue en los suelos pérdida progresiva de su capacidad productiva con desequilibrios nutricionales, porque el agua desalada resultante tiene en proporción más sal común y por lo tanto más desequilibrada con pérdida de fertilidad en los suelos.
c). EVALUACIÓN DEL DESASTRE ECOLÓGICO Y
CAMBIO AMBIENTAL QUE SE ESTÁ PRODUCIENDOLos bromuros son también perjudiciales para animales, siendo los efectos más importantes, daños en el sistema nervioso y en el ADN, aumentando las posibilidades de desarrollar cáncer, con efectos también en la baja fertilidad de los humanos.
El estroncio, cuyo contenido en aguas desaladas de pozo, según análisis realizados en Almería, es de 1,98 ppm, que es soluble en agua y como resultado de reacciones químicas de los productos aplicados al campo, es muy activo y amenaza la salud de los humanos, ya que se absorbe como si fuera calcio. El estroncio, en los niños puede acumularse en los huesos, en vez de calcio, convirtiéndolos en frágiles.
Hemos destacado estos tres componentes de alta toxicidad, si bien las aguas desaladas contienen otros metales pesados, también nocivos.
b). DESEQUILIBRIOS QUÍMICOS EN AGUA DESALADA
Emplear para el riego agroalimentario aguas desaladas del mar, prohibido en el mundo civilizado como California un país similar al nuestro, consigue en los suelos pérdida progresiva de su capacidad productiva con desequilibrios nutricionales, porque el agua desalada resultante tiene en proporción más sal común y por lo tanto más desequilibrada con pérdida de fertilidad en los suelos.
c). EVALUACIÓN DEL DESASTRE ECOLÓGICO Y
La
Guía de Calidad del agua potable de la OMS destaca "la gran dificultad
de alcanzar los límites bajos del boro (menos de 0, 5 m/l) por medio de
la desalación, sólo posible mediante la osmosis interna en un segundo
paso, aumentando la necesidad de inversión y los costes de las plantas
desaladoras, que resultan muy superiores a las de los trasvases para
conseguir aguas de calidad", como requieren la salud humana y la
agricultura.
Los
vertidos que las desaladoras tienen sobre las biocenosis
(colectividades de seres humanos, de animales y plantas) son nefastos,
pues provocan un cambio medioambiental y la desaparición de especies
asentadas durante millones de años y la aparición de otras peores para
el medio ambiente.
Por
ello, son necesarios nuevos estudios y planteamientos urgentes para
prevenir las consecuencias futuras de este cambio medioambiental, sobre
el que ya ha advertido la UE porque las aguas subálveas, las que
convierten en impermeables los cauces de los ríos y en aprovechables las
de lluvias, son un componente de los suelos que necesitamos respetar.
d). INTROVERSIÓN POR SOBREEXPLOTACIÓN EN LOS ACUÍFEROS
La sobreexplotación de acuíferos costeros en donde los niveles “piezométricos” han descendido alarmantemente por insuficiencia de recarga, ha producido por introversión el aumento de la salinización de los pozos en las costas. Por eso, se recurrió inexplicablemente a la desalación, produciéndose niveles altamente excesivos en boro y bromo, dando lugar a efluentes contaminantes del medio ambiente.
e). CONCLUSIÓN
Una de las consecuencias ecológicas es que las desaladoras han hecho que se haya superado el umbral de tolerancia a la salinidad de la especie “Posidonia Oceánica”, y por tanto, desapareciendo los bosques de la misma en amplias zonas costeras españolas, por los efluentes que emiten más del doble de salinidad que se vierten al mar, haciendo cada vez más dificultosa la desalación continuada.
La sobreexplotación de acuíferos costeros en donde los niveles “piezométricos” han descendido alarmantemente por insuficiencia de recarga, ha producido por introversión el aumento de la salinización de los pozos en las costas. Por eso, se recurrió inexplicablemente a la desalación, produciéndose niveles altamente excesivos en boro y bromo, dando lugar a efluentes contaminantes del medio ambiente.
e). CONCLUSIÓN
Una de las consecuencias ecológicas es que las desaladoras han hecho que se haya superado el umbral de tolerancia a la salinidad de la especie “Posidonia Oceánica”, y por tanto, desapareciendo los bosques de la misma en amplias zonas costeras españolas, por los efluentes que emiten más del doble de salinidad que se vierten al mar, haciendo cada vez más dificultosa la desalación continuada.
Estamos
ocasionando desastres ecológicos en el equilibrio marino con la
proliferación de medusas y aparición del alga asesina “Caulerpa
Taxifolia” arruinando la pesca de bajura con desaparición de especies
que había tan sólo hace 10 años.
Las desaladoras y sus efectos incumplen la Directiva del Consejo 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992 relativos a la conservación de los hábitats naturales, como son la fauna y la flora silvestre, y con el instrumento de “Ratificación del Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica del Mediterráneo” adoptado en Barcelona el 10-6-1995, y en Montecarlo el 24-11-1996, sobre medidas que garantizan la biodiversidad.
Resulta de incompetentes, que en su día se impulsara e invirtiera en la construcción de una red de desaladoras marinas, que con independencia de los costos de energía y amortización, también se viertan al mar efluentes, entre otros detergentes y aceites industriales que se necesitan para su mantenimiento, con repercusión en las playas turísticas.
Por tanto, solo hay una solución, acometer con urgencia una red de trasvases e interconexión entre cuencas, que resuelva la España seca, la más rentable en producción hortofrutícola y derivados, y que tanto contribuye al PIB, a la creación de puestos de trabajo y a la balanza exterior.
Reactivemos el Plan Hidrológico Nacional, única manera de evitar desastres ecológicos, mantener la fertilidad de la tierra y seguir fomentando el turismo; teniendo siempre presente que toda gran obra es siempre contemplada con el más severo espíritu crítico.
Para quienes se oponen a los trasvases, antes de opinar o legislar, han de desplazarse, contemplar y analizar la razón de ser de los mismos en: California, desde el río Sacramento a Los Ángeles; el Del Río Colorado a los Ángeles; otro del mismo río a Arizona.
Las desaladoras y sus efectos incumplen la Directiva del Consejo 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992 relativos a la conservación de los hábitats naturales, como son la fauna y la flora silvestre, y con el instrumento de “Ratificación del Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica del Mediterráneo” adoptado en Barcelona el 10-6-1995, y en Montecarlo el 24-11-1996, sobre medidas que garantizan la biodiversidad.
Resulta de incompetentes, que en su día se impulsara e invirtiera en la construcción de una red de desaladoras marinas, que con independencia de los costos de energía y amortización, también se viertan al mar efluentes, entre otros detergentes y aceites industriales que se necesitan para su mantenimiento, con repercusión en las playas turísticas.
Por tanto, solo hay una solución, acometer con urgencia una red de trasvases e interconexión entre cuencas, que resuelva la España seca, la más rentable en producción hortofrutícola y derivados, y que tanto contribuye al PIB, a la creación de puestos de trabajo y a la balanza exterior.
Reactivemos el Plan Hidrológico Nacional, única manera de evitar desastres ecológicos, mantener la fertilidad de la tierra y seguir fomentando el turismo; teniendo siempre presente que toda gran obra es siempre contemplada con el más severo espíritu crítico.
Para quienes se oponen a los trasvases, antes de opinar o legislar, han de desplazarse, contemplar y analizar la razón de ser de los mismos en: California, desde el río Sacramento a Los Ángeles; el Del Río Colorado a los Ángeles; otro del mismo río a Arizona.
En
Sudáfrica el del Orange al Fisco. En Israel, de norte a sur desde
Galilea a Eliath, verdadera columna vertebral del país, tomándose en el
Jordán hasta el Neguev. En México, uno atraviesa de norte a sur entre
dos de sus ríos, que riega más de 500.000 Ha.
Los de Canadá entre Alaska y la Columbia Británica. Los rusos del Caspio al Aral. En la India del Ganges y del Himalaya a su costa occidental. Y otros muchos mini trasvases acometidos en el mundo entero. Después se habla sobre trasvases.
Ejemplo de trasvase de rentabilidad probada, es el del Tajo al Segura, que beneficia a todas las regiones por las que discurre. Las Tablas de Daimiel, consiguió su rehabilitación y mantenimiento de Parque Nacional gracias a él, según se contempla en la placa de su zona de descanso.
(*) Economista y empresario
viernes, 12 de octubre de 2018
Referendos y liderazgo / Francisco Poveda *
En
Europa no entienden bien lo que realmente está pasando en España y lo
cierto es que nuestras embajadas no se han empleado casi nada en
explicar 'el procés' y sus causas profundas a las respectivas
opiniones públicas nacionales, de la Unión Europea al menos, y a sus más
relevantes medios en cada país, incluida la intervención y su
financiación exterior interesada por elevación para una balcanización de
la península Ibérica.
Y
quizás sea por el rubor que implica en una teórica democracia
parlamentaria occidental haber negado la libertad colectiva de expresión
a un grupo de ciudadanos españoles residentes en Cataluña a través de
un referendo consultivo (cuando el resultado implica únicamente la
manifestación de la voluntad general o popular de forma no vinculante)
que, en la fecha de su planteamiento, hubiese arrojado unos resultados
porcentuales previsibles y muy distantes de lo que significarían hoy de
realizarse tras un acuerdo político previo entre Madrid y Barcelona.
Ahí
Rajoy no estuvo políticamente muy fino entonces y de aquellos polvos...
estamos donde estamos y posiblemente a donde vamos. Aunque bien es
cierto que el Gobierno central no puede admitir, ni el sistema oneroso
de las autonomías regionales artificiales puede aguantar, que la
contribución fiscal del 20% del PIB español aspire a un sistema de
conciertos o cupo como el del País Vasco (5%) o Navarra (2%) a base de
aportaciones cuasi simbólicas al erario público de la Nación en el marco
de la reforma del Estatuto de Cataluña.
Explique
lo que explique y donde lo explique, Rajoy ha salido del Gobierno por
no asumir su responsabilidad política, personal y colegiada, ante el
desafío catalán. Y Sánchez entró de urgencia en Moncloa, presumiblemente de la mano
de Zarzuela y el Ibex, para encauzar un entuerto de tal envergadura
mientras se regenera una derecha conservadora estructuralmente corrupta,
se revela el escaso peso específico de un C's de plastilina y se
verifica el techo electoral de un neocomunista Podemos ante la
recuperación constatable del voto socialista antes de convocar unas
nuevas elecciones generales todo lo tarde en el tiempo que se pueda para
que el régimen del 78 pueda recuperar el aliento y apuntalar a la
Corona ante los crecientes embates republicanistas de diferentes
procedencias.
Porque
aquí entendemos cualquier referendo como plebiscito es por lo que no se
hizo en 1978, diferenciado del de la nueva Constitución, el del sistema
de Gobierno (monarquía o república) que hoy, en 2018, aún parece
pendiente para legitimar democráticamente a la Corona cuya única
decisión existencial actual proviene de las Cortes de Franco en primer
lugar y, en segundo, de la dinástica de don Juan de Borbón desde un
punto de vista de sucesión interna al entenderlo todo como una
reinstauración de lo desechado en 1931 por unas elecciones municipales
concluyentes.
Pero
la Corona puede y tiene que hacerse útil en tiempos tan turbulentos si
es que aspira a sobrevivir en España. Nunca entendí muy bien como no se
renovó por completo el equipo de Zarzuela con la ascensión al Trono de
Felipe VI. Y ahora aún lo entiendo menos al trascender que el
cuestionado desde Cataluña discurso real del 3-O se coció en los
entornos del monarca, lo que todavía puede resultar más problemático de
cara a las periferias del país y sus élites más liberales por
ilustradas.
El
resultado es que la sociedad española más inquieta por joven, bien
formada y progresista ha elegido este simbólico 12 de octubre para
debatir sobre la abolición de la monarquia parlamentaria tras el
cuestionamento que se ha producido horas antes en el Parlamento
catalán.
Y
puede continuar en algunos ayuntamientos de las llamadas nacionalidades
históricas, desde Galicia a las Vascongadas y hasta de Baleares, visto
el poco entusiasmo ante el llamamiento del constitucionalista PP para
cubrir hoy todas las fachadas de nuestras viviendas con la enseña
nacional con motivo del 12 de octubre. Su escasa capacidad de
convocatoria tiene mucho que ver con la corrupción sistémica, la
degradación general y la ascensión de los populismos, que explican el
fenómeno catalán y la falta de credibilidad, por agotamiento, del
régimen del 78 en todo su conjunto, hasta el desprestigio en Europa de
nuestra Justicia por su infiltración política definitiva al margen de la
Fiscalía.
Con
todo, lo más preocupante e inquietante es la falta de un liderazgo
nacional que tan bien supo encarnar el actual rey emérito Juan Carlos I.
Desde Pablo Iglesias hasta Felipe VI, pasando por Pablo Casado,
Albert Rivera, Pedro Sánchez y hasta Alberto Garzón, no se han revelado
como líderes en coyuntura tan propicia como la de ahora para poder
demostrarlo con un poco de esfuerzo. Y esa es la verdadera tragedia
nacional que puede dar lugar a todo tipo de riesgos interiores y
exteriores para conservar las esencias culturales e históricas que
sustentan identidad, folklores aparte.
Meses
después de la moción de censura en el Congreso, la derecha se ha
fraccionado en tres partidos extremos que han regalado el centro al PSOE
mientras la izquierda reformadora y transformadora reside en Podemos,
por lo que cabe concluir que en unas eventuales elecciones próximas, y
coincidiendo con el CIS, hoy ganaría con holgura el centro-izquierda
frente a los nacionalistas incluso, por un significativo deslizamiento
del voto con las posibles excepciones de Andalucía, Cataluña y puede que
hasta el País Vasco, según coinciden sociólogos expertos en
demoscopia.
(*) Periodista y profesor
(*) Periodista y profesor
La ‘Matrix’ de los partidos políticos / Guillermo Herrera *
La explicación es que la Verdad está fragmentada y dividida
entre las distintas propuestas de los partidos políticos. Si
votas una cosa, estás en contra de la otra, pero no existe un
pensamiento integral y holográfico que permita
comprender la razón de cada uno para recogerla en una síntesis
coherente y ofrecer soluciones integrales.
Lo ideal sería un centro político que recogiera las virtudes de
la derecha y de la izquierda para ofrecerlas en una síntesis
armónica, y ofrecer un modelo perfecto de sensatez y sabiduría,
pero el centro nunca se ha vendido bien en el mercado político
de España porque la opinión pública tiende siempre a la
polarización hacia los extremos según el problema que
defiendan.
La centralidad política hubiera evitado la guerra civil y
tantos extremismos políticos como se han dado en nuestra patria.
Pero cuidado, el centro no puede ser nunca una tibieza de mediocridad
y de indefinición como ha ocurrido a veces, sino un modelo bien
definido de soluciones sensatas.
Cada partido político está aglutinado en torno a unas verdades
fundamentales, pero a veces este núcleo está rodeado de una nube
de contradicciones que “donde dije digo que digo Diego”, y
ahí es donde se estrellan los talentos políticos.
Los que están a favor de la inmigración se olvidan de los
derechos de los ciudadanos españoles sin techo que están
instalados en la pobreza absoluta, duermen en la calle y piden
limosna como mendigos. ¡Todavía no he escuchado a ningún
partido político que quiera solucionar esto! El problema
fundamental es que no se cumple el contenido social de la
Constitución Española, y sin embargo se cumple a rajatabla el
derecho de los bancos a desahuciar a familias pobres.
Los que defienden los derechos de los animales (yo también lo
hago por compasión) se olvidan de los derechos de las personas,
y viceversa. Si amas a tu patria estás obligado a ser de derechas
(¡qué idiotez!) y
si defiendes los derechos de los trabajadores estás
obligado a defender el separatismo.
Otra idiotez, que se olvida que la izquierda nunca ha sido
nacionalista sino internacionalista.
Tampoco se acuerdan que el
nacionalismo separatista es un invento de la burguesía más
adinerada para defender sus
intereses egoístas, y ahora lo han convertido en bandera de la
izquierda. Esto es como mezclar las churras con las
merinas, porque una cosa no
tiene nada que ver con la otra.
A la pregunta clásica de si ¿hay algo más tonto que un obrero
votando a la derecha o que un millonario votando a la izquierda? mi
respuesta es afirmativa: un pobre adorando a un rico a través
de la llamada “prensa rosa”.
Todo está fragmentado y dividido para evitar soluciones
completas y dividir y enfrentar a la gente (divide y vencerás).
Por eso pienso que el sistema de partidos es una conspiración
como la copa de un pino para encerrarnos a todos en una ‘Matrix’
de soluciones parciales e incompletas. La palabra partido
viene de partir, dividir, fragmentar, enfrentar y crear
partidarios, es decir fanáticos sectarios dispuestos a todo.
Lo que mejor saben hacer todos los partidos políticos es defender
sus propios intereses corporativos, aunque sea en contra de los
intereses de su pueblo al que dicen servir, y esto acaba con mucha
facilidad en la corrupción que todos conocemos.
Eso no quiere decir que yo defienda la dictadura, que tampoco. Quiere
decir que tenemos que inventar algo nuevo y armónico que acabe con
esta división y enfrentamiento entre la derecha y la izquierda,
entre azules, rojos, naranjas y morados. ¿Es que no hay imaginación?
Tanto es así que al final la gente acaba votando no lo que más
le gusta sino lo que menos le disgusta, aunque sea tapándose las
narices para no oler la podredumbre de tanta corrupción.
A mi me seduce el ideal platónico del sabio al poder, o la tradición
ancestral existente en todas las culturas de la humanidad de
comunidades autogestionadas y gobernadas por un consejo de ancianos
sabios, santos e iluminados que tome siempre decisiones sensatas para
no cometer los errores de los jóvenes.
¡Feliz Día de la Hispanidad y un abrazo muy fuerte a todos
mis hermanos hispanos!
lunes, 1 de octubre de 2018
miércoles, 18 de julio de 2018
Baleares paga el aeropuerto de Ciudad Real al empresario Rafael Gómez Arribas
MADRID.- La Comunidad Autónoma de Baleares pagará el aeropuerto de Ciudad Real. Rafael Gómez Arribas, el empresario al frente de la sociedad Cria, que se adjudicó hace más de dos años el aeródromo manchego, ha obtenido el apoyo del juez para ejecutar la adjudicación a través de una solución inédita en el complejo sistema concursal español, según revela hoy https://www.vozpopuli.com.
El magistrado, Carmelo Ordóñez,
del mercantil de Ciudad Real, ha aceptado la dación en pago consistente
en la entrega al juzgado por parte de Gómez Arribas, que figura en el listado de los mayores morosos de Hacienda
-su empresa Reformas de Pisos debe 13,5 millones- de la cesión del
derecho de cobro que tiene frente a la Comunidad Autónoma de Baleares.
Gómez
Arribas mantenía desde hace más de diez años un conflicto con Baleares
por la paralización de un desarrollo urbanístico que puso en marcha en Ibiza. A través de sus sociedades Punta de Ibiza y Mecron,
Gómez Arribas era propietario de una parcela en la isla, sobre la que
planteó y solicitó licencia para levantar un complejo residencial que
contemplaba la edificación de 244 apartamentos.
Cuando ya se estaban construyendo las viviendas, en julio de 2006, la
licencia obtenida fue suspendida. En 2009 las empresas de Gómez Arribas
reclamaron una indemnización de 85 millones de euros por los perjuicios
ocasionados por los efectos de la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de
14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial
sostenible en Islas Baleares.
A finales del pasado año el Tribunal Superior de Justicia de Baleares dictó sentencia en la que condenaba al Gobierno de la Comunidad Autónoma a pagar cerca de 80 millones de euros a las sociedades de Gómez Arribas.
La
sentencia llegó justo cuando Gómez Arribas apuraba el plazo para
entregar el dinero por la compra del aeropuerto de Ciudad Real, que se
adjudicó en una subasta organizada en abril de 2016 por el juez Carmelo
Ordóñez, quien se hizo cargo del concurso de acreedores de la empresa
que levantó el aeródromo manchego, CR Aeropuertos, a finales de 2015.
El empresario no había podido hasta entonces reunir la
cantidad debida por la adjudicación del aeropuerto, 56 millones de
euros. El pasado 19 de abril expiraba el
plazo otorgado por el juez a Gómez Arribas para que efectuara el pago,
pero este anunció que no podía hacerlo después de que un fondo británico con el que se había aliado no acudiera al acto de compra. El juez volvió a ampliar el periodo dado para completar la operación, hasta esta semana.
A
pesar de contar con la sentencia a favor de Baleares de noviembre del
pasado año, la misma debía ser confirmada para que adquiriera firmeza y
Gómez Arribas pudiera cobrarla. Hace dos semanas, el pasado 5 de julio,
se inadmitió recurso de casación contra la
decisión de la justicia balear de condenar a la comunidad autónoma al
pago a las empresas de Gómez Arribas, con lo que la sentencia ya es
firme, contra la que no cabe recurso alguno.
Gómez
Arribas propuso entonces al juez Ordóñez cumplir su compromiso de pago
del aeropuerto cediendo el derecho que tiene ahora para cobrar esa deuda
de Baleares, a lo que el magistrado ha accedido en un auto comunicado
ayer martes, poniendo fin al proceso de venta.
El juez justifica su decisión de admitir dicha dación en
pago asegurando que se trata de la mejor opción tras una labor
"extenuante" al frente del concurso del aeropuerto.
El
magistrado señala en el auto del martes que Cria, la empresa de Rafael
Gómez Arribas, es la única que hasta el momento ha ocupado la posición
de compradora, quien ha desembolsado el 5% del precio, "y quien ha
realizado mejoras, inversiones y que ha llevado a cabo una ingente labor
para la obtención de la rehabilitación de las licencias aeroportuarias y
la recuperación del espacio aéreo".
"Concluir el
proceso de venta en estos términos es sin duda altamente beneficioso,
desde luego para losintereses supremos del concurso", sostiene el juez.
La aceptación de la propuesta de Cria es una buena solución "para los
intereses generales de nuestra región, pues en poco tiempo el aeropuerto podría ya empezar a generar riqueza y puestos de trabajo, que tanto necesitamos".
El
magistrado añade que todo ello se conseguirá "a pesar de que algunos
hayan puesto todo su empeño y esfuerzo para que el proceso de venta del
aeropuerto de Ciudad Real fracasara poniendo palos en las ruedas, contaminado con su impronta inconfundible este proceso".
El juez Ordóñez se despacha contra los que considera han intentado que
fracasara el proceso para "desde la más absolutas de las inmundicias
generadas malograr y malvender la unidad por precio irrisorio y dejarlo
en manos de los querubines de la especulación".
El
juez afirma en el auto en el que da por finalizada la venta del
aeropuerto a Gómez Arribas que renunciar a la opción escogida haría
probable "que podamos volver al averno", un
escenario "que tiraría por tierra todo lo conseguido, por lo que ante
meros futuribles de cartón, consideramos que lo más beneficioso para los
intereses supremos del concurso no es sino aceptar la dación en pago y
tener por compradora definitiva a Cria (...)".
La Generalitat valenciana defiende que Castilla-La Mancha no puede modificar el trasvase Tajo-Segura
ALICANTE.- Con ánimo de no entrar en confrontación y anteponiendo el cumplimiento de la ley. Así se mostró el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, tras la última polvareda levantada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que defiende que no se destine «ni una sola gota para el regadío en el Levante» en relación al trasvase Tajo-Segura, según publica hoy el diario Información.
Para Rodríguez Mulero
no son las comunidades autónomas las que disponen de «las condiciones
para modificar una ley aprobada en las Cortes», en referencia a la norma
que regula los trasvases.
En este sentido, recordó, «son el Gobierno y
las Cortes quienes deciden qué hacer con el trasvase Tajo-Segura» y ninguno de ellos «ha manifestado nada que nos deba generar inquietud», al tiempo que
tachó las afirmaciones del día anterior hechas por el Gobierno de la
comunidad vecina de «anécdota y declaración sin fundamento».
El
secretario autonómico se pronunció así ante la prensa en el transcurso
de una reunión mantenida en Alicante con representantes del Sindicato
Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.
Con un nuevo trasvase pendiente para el
mes de agosto, el secretario autonómico de Agricultura llama a la
tranquilidad de los empresarios y cree que la llegada de agua hasta
la cuenca del Segura está garantizada a corto plazo.
«La disponibilidad
de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía está en el nivel 2, que
permitió hace unos días un trasvase de 38 hectómetros. Mientras sigamos
en el nivel 2 la propia normativa permite el trasvase».
A partir de
ahí, afirma Rodríguez Mulero, «si pasamos al nivel 3 hay otro sistema
para poder trasvasar. No hay motivo para pensar que en este nivel no se
puede trasvasar». Llegado el caso de alcanzar el nivel 4, entonces, «se
tiene que cumplir lo que dice la ley».
El secretario autonómico recuerda
el «déficit estructural de agua» que sufre el sur de
la provincia de Alicante y añade que «el Gobierno valenciano tiene claro
que se debe de cubrir» y para ello «tenemos una normativa que permite,
en determinadas circunstancias y situaciones hidrológicas, trasvasar».
En este sentido, y coincidiendo con las palabras del presidente Ximo Puig, Rodríguez Mulero cree que el trasvase es «irrenunciable mientras no haya alternativas».
Por
su parte, Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes
del Acueducto Tajo-Segura, lanzó también un mensaje de tranquilidad
acerca de la continuidad del trasvase.
«No hay razones para pensar que
no haya un trasvase en agosto. Estamos en nivel 2, con agua suficiente
para garantizar todos los usos de los embalses, tanto los propios de la
cuenca como los propios de abastecimiento».
El representante de los
regantes recuerda el papel que juega el trasvase a la hora de
«atemperar» el precio del agua y muestra su rechazo a depender del agua
desalada como alternativa a la del trasvase.
«Por un lado no se han
generado infraestructuras para que ese agua se pueda distribuir a lo
largo del regadío y por otro se verían incrementados los recibos en
hogares, comercios y regadíos».
Desde Asaja consideran «inaceptable» la
postura de Castilla La Mancha. La organización recuerda que esta
infraestructura es «imprescindible» para el mantenimiento de la
producción hortofrutícola de las tres provincias y que no puede
sustituirse por agua desalada, «ocho veces más cara».
El presidente de
Asaja, Eladio Aniorte, no comprende que «con una ley vigente
que prima los intereses de la cuenca cedente y que ha impedido que se
hayan podido realizar transferencias durante 11 meses, ahora tengan agua
y pretendan matarnos de sed».
Mientras,
el portavoz del PSPV en las Cortes, Manolo Mata, ha defendido la
continuidad del trasvase Tajo-Segura al considerar que «el agua de
España es de las españolas y de los españoles, no es de las comunidades
autónomas».
«Tiene que regir un principio: Que el agua está para quien
más la necesita, y nosotros la necesitamos más que nadie», afirmó ayer
Mata.
El alcalde de Elche, el
socialista Carlos González, ha rechazado los planes del gobierno de
Castilla-La Mancha y ha considerado que el trasvase Tajo-Segura es
«insustituible» para la Comunidad Valenciana y el campo ilicitano.
González se ha mostrado preocupado por la posición adoptada por
Castilla-La Mancha en torno al trasvase, al considerar que se trata de
«una posición de máximos que genera incertidumbre y que nos devuelve a
un escenario marcado por la conflictividad entre territorios».
Por
último, el secretario general de Podemos, Antonio Estañ, ha abogado por
abrir el debate sobre el agua en unos términos en los que se contemple
el escenario del cambio climático.
El TSJCV tumba el decreto de la Generalitat Valenciana que marginaba el uso del castellano
VALENCIA.-
La
Justicia ha tumbado los aspectos esenciales del decreto del Gobierno
valenciano que marginaba el uso del castellano en la Administración.
Así, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV)
ha declarado la nulidad parcial del Decreto 6/2017 de la Generalitat
Valenciana que regula el uso del castellano y del valenciano en la
Administración pública autonómica, según recoge hoy Abc.
La Generalitat ya ha anunciado que estudia la presentación de un recurso ante una resolución judicial que no es firme.
La sentencia declara contrarios a Derecho los preceptos que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en las notificaciones, la rotulación de edificios y la comunicación entre los empleados públicos y con los ciudadanos.
Asimismo, también considera nulos los artículos relativos al uso del valenciano en publicaciones y publicidad institucional, en los concursos públicos con proveedores, en la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales.
De acuerdo con fuentes del TSJCV, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal valenciano estima parcialmente el recurso interpuesto por dos diputados del Grupo Popular y anula 11 artículos y una disposición final que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en aspectos como las notificaciones en los trámites administrativos, la rotulación de edificios y dependencias públicas, la comunicación entre los empleados públicos y la de éstos con los ciudadanos, las publicaciones y publicidad institucional, los contratos con proveedores, así como en la la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales. Sobre algunos de estos artículos ya había emitido informe desfavorable el Consejo Jurídico Consultivo.
Los magistrados de la Sección Cuarta validan el resto de la norma cuya nulidad íntegra reclamaban los recurrentes, que mantenían que la discriminación positiva a favor del valenciano no garantizaba el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración en la lengua oficial de su elección.
El Tribunal considera contrario a Derecho el artículo que impone al personal de la Administración de la Generalitat que atiende a la ciudadanía la obligación de iniciar en valenciano la comunicación con los particulares.
Siendo las dos lenguas oficiales medio normal de comunicación, “imponer de manera general y en toda circunstancia y sin justificación conocida”, el uso de una contraviene el Estatuto de Autonomía, la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano y la doctrina del Tribunal Constitucional, que considera inconstitucional que el uso preferente de una lengua sea impuesto por la norma en detrimento de la otra lengua oficial.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso del TSJ consideran que los documentos o expedientes emitidos por la Generalitat en valenciano sólo tienen validez dentro de la Comunidad Autónoma.
La sentencia declara contrarios a Derecho los preceptos que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en las notificaciones, la rotulación de edificios y la comunicación entre los empleados públicos y con los ciudadanos.
Asimismo, también considera nulos los artículos relativos al uso del valenciano en publicaciones y publicidad institucional, en los concursos públicos con proveedores, en la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales.
De acuerdo con fuentes del TSJCV, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal valenciano estima parcialmente el recurso interpuesto por dos diputados del Grupo Popular y anula 11 artículos y una disposición final que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en aspectos como las notificaciones en los trámites administrativos, la rotulación de edificios y dependencias públicas, la comunicación entre los empleados públicos y la de éstos con los ciudadanos, las publicaciones y publicidad institucional, los contratos con proveedores, así como en la la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales. Sobre algunos de estos artículos ya había emitido informe desfavorable el Consejo Jurídico Consultivo.
Los magistrados de la Sección Cuarta validan el resto de la norma cuya nulidad íntegra reclamaban los recurrentes, que mantenían que la discriminación positiva a favor del valenciano no garantizaba el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración en la lengua oficial de su elección.
El Tribunal considera contrario a Derecho el artículo que impone al personal de la Administración de la Generalitat que atiende a la ciudadanía la obligación de iniciar en valenciano la comunicación con los particulares.
Siendo las dos lenguas oficiales medio normal de comunicación, “imponer de manera general y en toda circunstancia y sin justificación conocida”, el uso de una contraviene el Estatuto de Autonomía, la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano y la doctrina del Tribunal Constitucional, que considera inconstitucional que el uso preferente de una lengua sea impuesto por la norma en detrimento de la otra lengua oficial.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso del TSJ consideran que los documentos o expedientes emitidos por la Generalitat en valenciano sólo tienen validez dentro de la Comunidad Autónoma.
Esto
implica que para
que tengan eficacia en otras regiones han de ser traducidos al
castellano también cuando van dirigidos a aquellas autonomías que la
Generalitat denomina del “mismo ámbito lingüístico” que la valenciana,
es decir Cataluña y Baleares, porque el valenciano no es lengua
cooficial en las mismas.
Tras analizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, la Sala concluye que el Decreto impugnado contraviene el Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano que pretende desarrollar, motivo por el cual declara nulos aquellos artículos del decreto que pretenden validar el uso del valenciano en los trámites con otras comunidades a las que se alude como “pertenecientes al mismo ámbito lingüistico”.
“Con independencia de la naturaleza, concepto o consideración que se pueda mantener sobre el valenciano y/o catalán, aun en la tesis de que una y otra lengua cooficial en las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares y Valencia forman parte del mismo sistema lingüístico, que conforman una comunidad lingüística y ámbito lingüístico, que desde el punto de vista de la filología, valenciano y catalán sean la misma lengua, o incluso aunque se admitiera sin matices que científicamente son lo mismo valenciano y catalán y no lenguas similares– esta Sala no se define en ese punto- se juzga que el Decreto impugnado contraviene el sistema de fuentes determinado en la Constitución, aparte de no respetar el principio de jerarquía dentro del subsistema normativo autonómico valenciano”.
Tras analizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, la Sala concluye que el Decreto impugnado contraviene el Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano que pretende desarrollar, motivo por el cual declara nulos aquellos artículos del decreto que pretenden validar el uso del valenciano en los trámites con otras comunidades a las que se alude como “pertenecientes al mismo ámbito lingüistico”.
“Con independencia de la naturaleza, concepto o consideración que se pueda mantener sobre el valenciano y/o catalán, aun en la tesis de que una y otra lengua cooficial en las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares y Valencia forman parte del mismo sistema lingüístico, que conforman una comunidad lingüística y ámbito lingüístico, que desde el punto de vista de la filología, valenciano y catalán sean la misma lengua, o incluso aunque se admitiera sin matices que científicamente son lo mismo valenciano y catalán y no lenguas similares– esta Sala no se define en ese punto- se juzga que el Decreto impugnado contraviene el sistema de fuentes determinado en la Constitución, aparte de no respetar el principio de jerarquía dentro del subsistema normativo autonómico valenciano”.
Puntos de la norma que avala la Justicia
El TSJCV avala la norma del Consell en lo que afecta al resto de aspectos relacionados con las notificaciones por
cuanto, en contra de lo sostenido por el PP, sí garantiza el derecho de
los ciudadanos a elegir la lengua cooficial de las comunicaciones con
la Administración, tanto en los procedimientos iniciados de oficio como
en los iniciados a solicitud del interesado.
De modo que, según subraya el Tribunal, tal solicitud de la persona interesada para que se redacten los escritos en castellano se entiende implícita en el caso de que el procedimiento se haya incoado a petición del particular con una solicitud cumplimentada en castellano;y en los procedimientos incoados de oficio, a partir de la presentación de algún escrito en esa misma lengua cooficial.
Lo mismo ocurre con los certificados. No es ilegal expedirlos por defecto en valenciano, salvo que el solicitante pida que se hagan en castellano.
El Tribunal, en una sentencia notificada este miércoles a las partes, tampoco considera ajustado a Derecho el artículo que establece que las actuaciones administrativas internas, las que se entablan fundamentalmente entre empleados públicos, se redacten exclusivamente en valenciano como prevé la norma aprobada por el Consell, por cuanto no todos tienen la obligación de conocer el valenciano.
Sobre este punto, la sentencia señala que “las actuaciones internas se entablan fundamentalmente entre empleados públicos, sin que una gran parte de ellos tenga legalmente la obligación de conocer el valenciano, menos hasta el punto de poder comunicarse por escrito en dicha lengua”.
Al respecto, el Tribunal explica que la norma anulada parcialmente ignora la realidad plurilingüe de la Comunidad Valenciana reconocida en el Estatuto de Autonomía, en la que existen territorios predominantemente castellanoparlantes, con dependencias y servicios de carácter administrativo de la Generalitat. El artículo declarado nulo impone que “las actuaciones internas, también en esos casos, porque nada se salva en el precepto, se redactarán en valenciano”.
Según la sentencia, “la protección y recuperación del valenciano, como medida de fomento para su uso en todas las actividades administrativas son objetivos del todo consecuentes con el carácter de lengua propia de la Comunidad Valenciana” según el artículo 6 del Estatuto de Autonomía.
De modo que, según subraya el Tribunal, tal solicitud de la persona interesada para que se redacten los escritos en castellano se entiende implícita en el caso de que el procedimiento se haya incoado a petición del particular con una solicitud cumplimentada en castellano;y en los procedimientos incoados de oficio, a partir de la presentación de algún escrito en esa misma lengua cooficial.
Lo mismo ocurre con los certificados. No es ilegal expedirlos por defecto en valenciano, salvo que el solicitante pida que se hagan en castellano.
Rotulación ilegal
La sentencia también considera ilegal la regulación que hace el decreto de la Generalitat sobre el idioma a utilizar en los rótulos informativos de oficinas e instalaciones de la Administración de la Generalitat. El uso exclusivo del valenciano para las zonas valencianoparlantes y la posibilidad de emplear ambas lenguas para los territorios de predominio lingüístico castellano “no preserva el equilibrio entre las dos lenguas oficiales”, señalan los magistrados que apelan a las sentencias del Constitucional para recordar que “no existe el deber de conocer el valenciano y sí el castellano”. “El precepto es ilegal por dos razones: no preserva el equilibrio entre las dos lenguas oficiales, con la consecuencia de que no se dispensa el mismo trato a los ciudadanos castellanohablantes que a los valencianohablantes; no se olvide que no existe el deber de conocer el valenciano y sí el castellano, como se recuerda en las sentencias constitucionales citadas”, razonan los magistrados.El Tribunal, en una sentencia notificada este miércoles a las partes, tampoco considera ajustado a Derecho el artículo que establece que las actuaciones administrativas internas, las que se entablan fundamentalmente entre empleados públicos, se redacten exclusivamente en valenciano como prevé la norma aprobada por el Consell, por cuanto no todos tienen la obligación de conocer el valenciano.
Sobre este punto, la sentencia señala que “las actuaciones internas se entablan fundamentalmente entre empleados públicos, sin que una gran parte de ellos tenga legalmente la obligación de conocer el valenciano, menos hasta el punto de poder comunicarse por escrito en dicha lengua”.
Al respecto, el Tribunal explica que la norma anulada parcialmente ignora la realidad plurilingüe de la Comunidad Valenciana reconocida en el Estatuto de Autonomía, en la que existen territorios predominantemente castellanoparlantes, con dependencias y servicios de carácter administrativo de la Generalitat. El artículo declarado nulo impone que “las actuaciones internas, también en esos casos, porque nada se salva en el precepto, se redactarán en valenciano”.
Según la sentencia, “la protección y recuperación del valenciano, como medida de fomento para su uso en todas las actividades administrativas son objetivos del todo consecuentes con el carácter de lengua propia de la Comunidad Valenciana” según el artículo 6 del Estatuto de Autonomía.
“Faltaría más”, apostillan los magistrados, que, matizan que esto “ha de
acometerse en el marco estatutario y legal conforme a la doctrina del
Tribunal Constitucional y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que
niegan la viabilidad jurídica de que lleve consigo proscribir el
castellano, porque ha de permitirse utilizar también esa lengua oficial y
normal en todas las administraciones públicas”.
Los magistrados también anulan parcialmente el artículo que establece que las publicaciones periódicas de la Generalitat y la publicidad institucional se redactarán en valenciano.
Los magistrados también anulan parcialmente el artículo que establece que las publicaciones periódicas de la Generalitat y la publicidad institucional se redactarán en valenciano.
Tras recordar “la inexistencia de un deber
de conocer el valenciano”, la Sala concluye que “la previsión de que
sólo obligatoriamente hayan de redactarse en valenciano los folletos,
carteles y avisos de cáracter informativo o divulgativo en cualquier
soporte y, en general, todas las publicaciones, conculca el régimen de
cooficialidad que deriva de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y
de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano”.
Según explica en un comunicado el TSJCV, igualmente discriminatorio es el artículo que impone el empleo del valenciano a los licitadores que opten a los concursos públicos. “Esto supone desconocer que la opción lingüística no solo viene reconocida a la ciudadanía”, sino que “también alcanza a los contratistas o aspirantes a serlo, domiciliados dentro o fuera del territorio autonómico”.
Según explica en un comunicado el TSJCV, igualmente discriminatorio es el artículo que impone el empleo del valenciano a los licitadores que opten a los concursos públicos. “Esto supone desconocer que la opción lingüística no solo viene reconocida a la ciudadanía”, sino que “también alcanza a los contratistas o aspirantes a serlo, domiciliados dentro o fuera del territorio autonómico”.
Establecer el valenciano entre los
requisitos de los pliegos de condiciones de los concursos públicos
carece de “cobertura legal” porque la regulación de la materia relativa a
contratos del sector público es una competencia estatal; no autonómica.
El Tribunal también declara nulo el artículo que establece el valenciano como la lengua que se ha de utilizar en la señalización de carreteras, caminos, estaciones de autobuses y dependencias de interés público que depende de las entidades locales. El precepto, según la sentencia, es contrario a Derecho porque, con el resto de administraciones con sede en la Comunidad y con otras Administraciones públicas, establece que la señalización en el territorio han de serlo en valenciano mientras que en los territorios de predominio castellano no se establece la regla de que deba hacerse, al menos en castellano.
El Tribunal también declara nulo el artículo que establece el valenciano como la lengua que se ha de utilizar en la señalización de carreteras, caminos, estaciones de autobuses y dependencias de interés público que depende de las entidades locales. El precepto, según la sentencia, es contrario a Derecho porque, con el resto de administraciones con sede en la Comunidad y con otras Administraciones públicas, establece que la señalización en el territorio han de serlo en valenciano mientras que en los territorios de predominio castellano no se establece la regla de que deba hacerse, al menos en castellano.
Esto “supone un trato inmotivadamente desigual y en
perjuicio de los territorios de predominio lingüístico castellano sobre
los de predominio valenciano”.
La Sala rechaza el recurso del PP en aquellos extremos en los que pretendía la nulidad de otros artículos como el que regula la lengua que se utiliza en las relaciones con las instituciones estatutarias y con las entidades locales valencianas.
La Sala rechaza el recurso del PP en aquellos extremos en los que pretendía la nulidad de otros artículos como el que regula la lengua que se utiliza en las relaciones con las instituciones estatutarias y con las entidades locales valencianas.
El hecho de que
las primeras, las comunicaciones con instituciones estatutarias, se haga
en valenciano “no merece reproche de juridicidad”; la misma
consideración es aplicable a las comunicaciones con el resto de
administraciones con sede en la Comunidad y con otras Administraciones
públicas.
Con respecto a las segundas, el hecho de que las comunicaciones con entidades locales de territorios de predominio lingüístico castellano se redacten también en valenciano, “es una medida de fomento” de esta última lengua “perfectamente ajustada” a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.
Por este motivo, según la Conselleria, "todos los artículos del decreto contemplan la premisa señalada en el artículo 4 y, por tanto, en ningún caso se excluye una lengua oficial respecto a la otra. Todas las referencias que se detallan en el decreto se hacen sin limitar el uso del castellano en la administración de la Generalitat".
Por su parte, la Portavoz de Justicia del Grupo Popular en Les Corts, Maria José Ferrer San-Segundo, ha señalado que “el TSJCV ha desmontado una nueva ilegalidad del Botànic, gracias al recurso presentado por el PPCV sobre el uso de lenguas cooficiales en la administración”.
Para la portavoz popular, “la sentencia del TSJ demuestra que el Consell actúa ilegalidad tras ilegalidad y que los ciudadanos valencianos merecen libertad, no imposiciones. Los tribunales han vuelto a poner de manifiesto que Puig y Oltra actúan desde el sectarismo, con prohibiciones y, además, dictando normas contrarias a Derecho”.
Con respecto a las segundas, el hecho de que las comunicaciones con entidades locales de territorios de predominio lingüístico castellano se redacten también en valenciano, “es una medida de fomento” de esta última lengua “perfectamente ajustada” a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.
La Generalitat estudia recurrir y el PP celebra el fallo
La Generalitat estudia la posibilidad de recurrir la anulación por el Tribunal Superior de Justicia de once artículos del decreto que regula el uso del valenciano en la Administración autonómica por considerar que la norma ignora la realidad plurilingüe de la Comunitat reconocida en el Estatuto de Autonomía.Un comunicado de la Conselleria de Educación, que recuerda que la sentencia no es firme, destaca que no comparte los preceptos por los que se han anulado los once artículos. A continuación precisa que el artículo 4 del decreto, que no se ha anulado, dice que el valenciano es la lengua propia de la Administración de la Generalitat y, como tal, será la lengua destacada de uso normal y general, sin que se pueda entender de esta declaración ninguna limitación respecto a la otra lengua oficial. Las referencias que se hacen al uso del valenciano en este decreto se entienden hechas en el sentido mencionado".Por este motivo, según la Conselleria, "todos los artículos del decreto contemplan la premisa señalada en el artículo 4 y, por tanto, en ningún caso se excluye una lengua oficial respecto a la otra. Todas las referencias que se detallan en el decreto se hacen sin limitar el uso del castellano en la administración de la Generalitat".
Por su parte, la Portavoz de Justicia del Grupo Popular en Les Corts, Maria José Ferrer San-Segundo, ha señalado que “el TSJCV ha desmontado una nueva ilegalidad del Botànic, gracias al recurso presentado por el PPCV sobre el uso de lenguas cooficiales en la administración”.
Para la portavoz popular, “la sentencia del TSJ demuestra que el Consell actúa ilegalidad tras ilegalidad y que los ciudadanos valencianos merecen libertad, no imposiciones. Los tribunales han vuelto a poner de manifiesto que Puig y Oltra actúan desde el sectarismo, con prohibiciones y, además, dictando normas contrarias a Derecho”.
Las antiguas cajas de ahorro han dinamitado la mitad de sus oficinas durante la crisis
MADRID.- Las cajas de
ahorros han sido las tristes protagonistas de la crisis y la
reestructuración de la banca en España. Prueba de ello es que su
número de oficinas se ha se ha reducido en un 51% desde los máximos
que sus redes alcanzaron en 2008, un recorte superior al de los
bancos ya que muchas cajas existentes entonces han desaparecido en
distintas integraciones. No obstante, su compromiso
territorial se demuestra con un 32% de las sucursales en
poblaciones con menos de 10.000 habitantes, con CaixaBank a la
cabeza, según publica hoy www.capitalmadrid.com de la mano de José Luis Marco.
Un
total de 12.789 sucursales de las antiguas cajas de ahorros han
desaparecido en la última década, lo supone un 51% menos de las
existentes en 2008 como consecuencia de la profunda crisis y la
reestructuración de todo el sector bancario. Justo en ese año, el sector
de las cajas de ahorro alcanzó la mayor dimensión de su red con más de
25.000 sucursales abiertas.
Así se desprende del anuario estadístico de 2017 difundido por la
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). La reducción de las
redes de estas entidades ha sido constante y ya en 2012, cuando se
agudizó la crisis y se tuvo que pedir el rescate bancario a Bruselas, el
número de oficinas de las antiguas cajas de ahorros se situó por debajo
de las 20.000 sucursales.
Algunas de las entidades adheridas a la patronal de las cajas, como
Bankia, tuvieron que acometer un drástico recorte de su red como
imposición por las ayudas públicas recibidas para su recapitalización.
En paralelo, la reducción de cajeros ha sido algo similar en términos
absolutos (12.997 menos desde 2008), aunque porcentualmente es algo
inferior (-36,52%). El parque de cajeros automáticos de las antiguas
cajas de ahorros llegó a rozar los 36.000 terminales en 2008 y las
entidades aún mantenían 22.850 al cierre del pasado ejercicio.
Exclusión financiera
La profunda reestructuración de la banca española, con mayor
incidencia en el caso de las cajas de ahorros, ha dejado algunas
poblaciones en riesgo de exclusión financiera al haberse quedado sin una
oficina bancaria en su territorio. Sin embargo, las antiguas cajas de
ahorros han mantenido en buena medida su compromiso territorial.
El número de sucursales presentes en poblaciones con menos de 10.000
habitantes asciende hasta las 3.894 al cierre de 2017, lo que supone un
31,79% del total de sus redes. Ese número es superior al existente en
municipios con mayor población y, en teoría, con un mayor potencial de
negocio.
Un claro ejemplo de ese compromiso es el de CaixaBank, como suelen
defender sus principales directivos en numerosas ocasiones. El grupo
presidido por Jordi Gual, que cuenta con una red de casi 5.000 oficinas,
está presente en 1.347 municipios con menos de 10.000 habitantes.
Ibercaja se sitúa en el segundo puesto, con presencia en 583 de este
tipo de poblaciones, lo que representa más del 50% sobre el total de su
red con 1.147 sucursales.
Coste laboral
La menor dimensión de las antiguas cajas de ahorro también se ha
visto acompañada de una importante reducción de empleo en el sector. Las
entidades pertenecientes a CECA alcanzaron el máximo de 134.867
empleados en 2008, una cifra que se ha reducido en más de 62.500 puestos
de trabajo en la última década.
Esos datos suponen un ajuste de plantilla del 46,35%, un porcentaje
muy superior al 32% que se estima como media en el conjunto del sector
bancario. Pese a todo, los supervisores insisten en una nueva vuelta de
tuerca en el proceso de reducción del exceso de capacidad instalada. Los
responsables del sector asumen que, tal vez, sea necesario un nuevo
ajuste aunque de una dimensión muy inferior al ya realizado.
Hacienda quiere reimplantar un voraz Impuesto de Sucesiones en toda España
MADRID.- El Gobierno pretende armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en España. Este
tributo lo gestionan al 100% las comunidades autónomas, que deciden si
exprimen a sus ciudadanos con elevados gravámenes, como Asturias, o si
por el contrario, la presión fiscal tras la muerte de un familiar es
casi inexistente, como Madrid o Canarias, como recuerda hoy Libre Mercado.
A la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no le gustan los
impuestos bajos de estas regiones. De hecho, cuando era consejera de
Hacienda en el Gobierno de Susana Díaz llegó a calificar a la Comunidad de Madrid como un "paraíso fiscal". Y tras su llegada al Ministerio, Montero quiere coartar la libertad fiscal de Madrid o Canarias cuanto antes.
Según ha publicado El Economista,
Montero hará saber este jueves en el Consejo de Política Fiscal su
intención de establecer un tipo fijo de Sucesiones para todo el país.
Lo hará "después de que el nuevo Ejecutivo haya sugerido en varias
ocasiones en privado que desea dar este paso, respaldado con mayor o
menor entusiasmo por dirigentes autonómicos socialistas de la talla de
Javier Lambán, Emiliano García Page o Susana Díaz", asegura la
publicación.
La ministra buscará
consenso entre las regiones para llevar a cabo sus planes, aunque es
improbable que lo consiga. Regiones como Extremadura o Andalucía han
rebajado este año el Impuesto de Sucesiones y es probable que se pongan del lado de Madrid y Canarias en el debate.
La crisis de los interinos dinamita los primeros presupuestos de Sánchez
MADRID.-
Los primeros presupuestos con los que trabajará Pedro Sánchez están
amenazados por la nueva crisis de los interinos, que podría afectar a
más de 300.000 trabajadores en toda España. Las oposiciones masivas que
se harán públicas la próxima semana dejarán en la calle a un enorme
número de trabajadores interinos que no podrán aprobarlas, según
concluye www.economiadigital.es
Muchos de los interinos cuentan con más de tres años en sus puestos
de trabajo, lo que excede el máximo fijado por ley. Ahora, un tribunal
de Madrid ha dado la razón a un trabajador interino que reclamaba a la
Comunidad de Madrid una indemnización por despido.
El
juzgado de lo social de Madrid número 33 elevó el caso al Tribunal de
Justicia Europeo,
que ha determinado que no todos los interinos tienen derecho a ser
equiparados a un puesto fijo, pero dejó en manos de los jueces españoles
determinar si los interinos deben ser indemnizados si se quedan sin
trabajo porque otro aspirante ganó una plaza por una oferta de empleo
público.
Y el tribunal madrileño ha dado la razón al trabajador en cuanto a su
indemnización. Considera que, después de haber desempeñado un puesto de
trabajo durante más de tres años (el máximo legal para este tipo de
plazas) tiene derecho a una indemnización, que, en este caso, ha sido
fijada en algo más de 10.000 euros.
Indemnizaciones sin presupuestos
La sentencia sienta un precedente de máxima importancia (o gravedad)
para el Gobierno de Pedro Sánchez. Los tribunales comienzan a cuestionar
el acuerdo al que llegó el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
con los sindicatos, que pactaron que los trabajadores interinos que
pierdan sus puestos porque no pueden aprobar las oposiciones, no tienen
derecho a ningún tipo de indemnización.
Por tanto, el ejecutivo anterior
no tiene previsto en los presupuestos la indemnización para unos
350.000 trabajadores afectados que podrían quedar en el paro en breve.
El nuevo ministerio de Hacienda, en manos de María Jesús Montero, ha explicado a Economía Digital
que su intención es pagar a todos los trabajadores que ganen en los
tribunales la indemnización que Montoro y los sindicatos no le habían
reconocido. El ministerio asegura que el Estado cumplirá con todas las
obligaciones exigidas por sentencias adversas, aunque en este caso
pueden resultar mil millonarias.
“Nos parece una irresponsabilidad que el gobierno anterior no haya
incluido partidas presupuestarias para estos casos, pero también nos
parece que han tenido muy poca sensibilidad con trabajadores con más de
50 años que si no logran aprobar las oposiciones, quedarán en el paro
con muy pocas posibilidades de reinserción”, explica Miguel Ángel
Lorenzo, portavoz de Somos Sindicalistas, agrupación que criticó el
pacto entre Montoro y los sindicatos.
El gobierno de Mariano Rajoy evitó la convocatoria
de ofertas públicas de empleo durante los años de crisis por las
restricciones presupuestarias. Este año, se esperan las mayores
oposiciones de los últimos años tanto en los ayuntamientos y comunidades
autónomas como en el gobierno central.
La monarquía y los gobiernos anteriores, amenazados por el “arsenal Villarejo”
MADRID.- La filtración de las grabaciones del comisario Villarejo a Corinna Zu
Sayn-Wittgenstein, en las que la alemana acusaba al rey Juan Carlos del
cobro de comisiones y de usarla como testaferro, han aumentado la
inquietud en torno al Gobierno y a la Monarquía. El Ejecutivo de Pedro
Sánchez asume que no podrá evitar nuevas “bombas” relacionadas con el
“arsenal Villarejo”, revela hoy www.elconfidencialdigital.com.
Así lo reconoce altos cargos gubernamentales, que se preparan para el peor escenario posible. “Lo de Corinna solo es el principio.
En los próximos meses se conocerán más cosas, tanto por parte de
Villarejo, como por parte de la Audiencia Nacional, que ha acumulado un
material explosivo”, dicen esas fuentes.
Una filtración en el momento clave
Las
fuentes consultadas no tienen ningún género de duda que el ex
comisario, ahora en prisión, se oculta detrás de la difusión de las
grabaciones que él mismo hizo a Corinna Zu Sayn-Wittgenstein hace tres
años. Villarejo “ha elegido un momento clave para sacarlas a la luz en una coyuntura más que delicada”, afirman.
Desde el Gobierno recuerdan que el juez de refuerzo del número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, al frente de la instrucción de la llamada “operación Tándem”,
que mantiene en prisión a Villarejo, tiene que ser renovado en el cargo
este mes para poder seguir en dicho juzgado. Una circunstancia que
conocía Villarejo.
El
ex comisario “ha lanzado su nueva amenaza” con el objetivo de que la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial no renueve al
magistrado. O que, en caso de que De Egea sea ratificado, este decida
sacarle de prisión a la espera del fin de la instrucción. Una maniobra
que, sin embargo, “no va a tener efecto” pero que “es el inicio de algo
aún más preocupante”.
“Nadie puede comerse 40 ‘terabytes’”
Los
cargos gubernamentales con los que ha hablado ECD dan por hecho que el
CGPJ mantendrá a Diego de Egea en el juzgado número 6 de la Audiencia
Nacional y, por tanto, al frente de la “operación Tándem”. Y añaden que el juez está decidido a “ir hasta el final”, lo que “puede desencadenar toda una guerra”.
En
Moncloa saben que, dentro del Cuerpo Nacional de Policía, Asuntos
Internos, está analizando, desde hace meses, los 40 ‘terabytes’ de
grabaciones, informes y documentación que
Villarejo ha ido guardando durante años y que fueron incautados en la
operación policial que el propio De Egea autorizó el año pasado. Se
trata de una información muy delicada y que “tarde o temprano verá la
luz”.
En ese sentido, en el Gobierno dan por hecho que el informe
que Asuntos Internos entregará al juez sobre ese material “va a ser
demoledor”. Y De Egea utilizará todas esas grabaciones para acusar a
Villarejo. Una decisión totalmente comprensible, ya que “nadie puede
comerse 40 ‘terabytes 'y no usarlos contra el acusado”, pero que puede representa “un problema muy gordo”.
Amenaza contra la Monarquía y el Estado
Las fuentes consultadas recuerdan que Villarejo “ha dedicado toda su vida a realizar grabaciones como las de Corinna”.
Por
tanto, “todas las instituciones”, empezando por la Monarquía pero
también por los gobiernos anteriores, “están amenazados”. No solo por
las nuevas filtraciones que pueda hacer el propio ex comisario, sino
porque, “más pronto que tarde”, la Audiencia Nacional hará pública gran
parte de esa documentación para proceder contra Villarejo.
Los
especialistas de Asuntos Internos de la Policía Nacional tienen hasta
el 30 de septiembre para analizar las grabaciones (sonido e imágenes) a
personalidades relevantes de la vida pública incautadas a Villarejo. Y
será entonces cuando, con el informe policial en la mano, el juez De
Egea decide si continúa con la investigación e, incluso, si se abren nuevas causas en otros juzgados competentes.
El
material, por tanto, podría distribuirse a otras dependencias
judiciales, lo que amplía, aún más, las posibilidades de su difusión. Un
escenario que inquieto al Gobierno.
Tal como se adelantó en estas páginas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya sabe que los 40 ‘terabytes 'analizados relacionan a Villarejo con cientos de políticos,
desde la Transición hasta prácticamente hoy, lo que puede provocar toda
una grave tormenta institucional en España que el Ejecutivo de Pedro
Sánchez no desea.
En ese sentido, las fuentes consultadas
reconocen que “incluso” hay información que sería positiva para sus
intereses (los del Gobierno), como por ejemplo “la demostración de que había una policía política que
se inventó la cuenta en Suiza de Trias y un informe contra Pablo
Iglesias”.
Pero “lo cierto es que nadie quiere que ahora se revuelva el
pasado de los anteriores gobiernos o de la Monarquía”.
“La Audiencia Nacional decide”
Las fuentes gubernamentales consultadas por ECD aseguran que existe interlocución directa entre Moncloa y Casa Real para
abordar éste y otros asuntos. No obstante, y pese a la gravedad de la
amenaza, “hay conciencia de que no se debe intervenir”.
El Gobierno, tal y como contamos ayer, no tiene intención de abrir una investigación contra la monarquía y Juan Carlos I. Pero tampoco puede evitar que la Justicia actúe en un proceso judicial, contra el comisario Villarejo que ya está abierto.
Por tanto, señalan desde Moncloa, “es la Audiencia Nacional la que decide” hasta dónde quiere llegar en este asunto.
En
el Ejecutivo dan por hecho que “usará los documentos” para poder acusar
al veterano policía. “La clave va a estar en qué se difunde y qué no”.
Ramón Luis Valcárcel apoya a Sáenz de Santamaría en contra de la apuesta pública de López Miras por Casado
MURCIA.-
El diputado del Parlamento europeo y expresidente de la Región de
Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha defendido este miércoles una lista
unitaria liderada por la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de
Santamaría. Según ha asegurado el "mejor legado" de Mariano Rajoy es un
"partido unido" y se trata de llegar al XIX Congreso del PP "con
ilusión" y no con un partido "roto" y "dividido".
"Apuesto por la unidad y una lista unitaria de consenso, donde no vayamos al congreso con un partido roto",
ha declarado Valcárcel, dos días antes de que arranque el cónclave del
PP en el que 3.083 compromisarios elegirán al sucesor de Mariano Rajoy.
Aunque ha dicho que tanto Santamaría como Pablo Casado son "dos magníficos candidatos",
ha lamentado que la reunión que mantuvieron ambos este miércoles en la
sede del PP no diera los "frutos deseados" y no se cerrase un acuerdo
para una lista de integración.
Sin embargo, ha aplaudido que la
exvicepresidenta diga que quiere seguir intentándolo hasta el último
momento.
En este punto, el
eurodiputado ha subrayado que el PP ha defendido siempre que gobierne el
más votado, en especial tras los comicios de 2015 cuando perdió muchos
ayuntamientos por los pactos de izquierda para echarle del poder.
A
su entender, eso no quiere decir que no pueda tener representación la
candidatura de Casado sino que hay que "buscar fórmulas" de integración.
Según ha añadido, el exvicesecretario de Comunicación del PP tiene la
opción de "seguir en primera línea de la política".
Tras
insistir en que es "muy necesario" el entendimiento entre los dos
candidatos, Valcárcel ha señalado que ése es el "mejor reconocimiento
que se puede hacer a Mariano Rajoy". "Estoy convencido de que Rajoy es
lo que desea", ha manifestado.
Valcálcel,
que ha saludado que Santamaría defienda "la idea de un partido de
centro reformista" que en el pasado llevó al PP "al triunfo", ha
indicado que los pasos que ha empezado a dar el socialista Pedro Sánchez
exigen que el PP esté listo para hacer una "oposición fuerte" y sea
"capaz de recuperar cuanto antes las responsabilidades de Gobierno".
Al
ser preguntado si cree que el pronunciamiento del presidente de Murcia,
Fernando López Miras a favor de Casado puede influir en el voto de los
compromisarios murcianos, Valcárcel ha admitido que aunque esas palabras
puedan "incidir en una cierta orientación", él "conoce" el PP murciano y
está formado por personas con "mucho criterio".
Por eso, se ha mostrado
convencido de que los compromisarios murcianos "no se dejarán influir" y
habrá libertad de voto.
La 'Cueva Negra' de Caravaca centra la atención de científicos internacionales como lugar clave para el estudio de la evolución humana
CARAVACA DE LA CRUZ.- En la 29ª campaña de excavación realizada en este yacimiento de Cueva Negra, con cerca de un millón de años, se ha hallado una variada industria lítica, así como numerosos restos de mamíferos. En la Cueva Negra se localizó el hacha de mano europea más antigua y la primera presencia de fuego hecho por el hombre en Europa.
Entre las numerosas acciones de investigación y divulgación del
yacimiento impulsadas por la asociación Mupantquat, se encuentra la
reciente investigación publicada por la prestigiosa revista 'Historical
Biology' y el documental rodado por Arqueomanía para La 2 de TVE
La Cueva Negra continua aportando a la comunidad científica
internacional valiosa información sobre el comportamiento de los
primeros homínidos, consolidándose como un lugar clave para el
conocimiento de la evolución humana y para el estudio de la
Paleontropología.
Así lo ha asegurado el profesor Michael Walker durante la presentación de las conclusiones de la 29ª campaña
de excavación realizada en este yacimiento caravaqueño, ubicado en la pedanía de La Encarnación, en el estrecho del río Quípar.
Con cerca de un millón de años de antigüedad, la cueva fue en su
origen frecuentada por seres humanos que dejaron huellas de su presencia
en forma de restos del fuego y un hacha de mano, siendo ambos los más
antiguos de Europa, además de otros útiles paleolíticos y abundantes
restos de fauna. Hasta la excavación de la Cueva Negra no habían sido
hallados en Europa ni restos del fuego ni tampoco un conjunto
paleolítico con un hacha de mano 'achelense' en sedimentos del
Pleistoceno Antiguo.
Entre los restos aparecidos este año, cabe destacar una variada
industria lítica, similar a la aparecida en otras campañas, que muestra
un tratamiento y procesado del material muy llamativo y avanzado para la
época tan antigua en que fue frecuentado el abrigo.
En cuanto a los
restos de fauna, aparecen numerosos restos de micromamíferos que aportan
información biocronológica, así como también restos de grandes
mamíferos de los que se pueden extraer conclusiones sobre los modos de
vida y subsistencia del ser humano de tan remota época.
"En la campaña del 2018 hemos recogido restos paleolíticos como
implementos de sílex con retoque. También han sido recuperados restos de
los animales que fueron la base de subsistencia de los cazadores y
recolectores que habitaban la cueva, desde mamíferos grandes a animales
menores", ha destacado Walker.
La cueva ha proporcionado una interesante
fauna, con notable presencia de restos de especies extintas de
rinoceronte, elefántidos (probablemente mamut), bisonte, un cérvido
gigante, gamo, corzo, caballo, caprinos, jabalí, macaco, conejo, liebre,
ardilla, erizo, pika, ratas de agua, musaraña, tortuga, lagartija,
rana, sapo, culebra, y 66 especies de aves. La identificación de 7
especies de aves acuáticas implica la cercanía de pantanos y la
presencia de bosque ribereño.
Durante los casi treinta años de investigación en la cueva, los
diversos trabajos de investigación efectuados por científicos de
renombre internacional en la cueva y elaborados posteriormente en sus
laboratorios, especialmente en Berkeley (EE.UU), han aportado resultados
asombrosos en relación con la definición cronológica del depósito
sedimentario en la cueva.
La gama de técnicas, junto con el dominio del fuego, amén del
aprovechamiento de recursos minerales y biológicos presentes, ofrece una
visión importante sobre la destreza manual, la aptitud técnica, y sobre
todo, la versatilidad cognitiva de los frecuentadores del yacimiento
hace casi un millón de años.
Estos aspectos han atraído la atención del
mundo científico en diversas publicaciones de referencia como la
prestigiosa revista internacional 'Historical Biology', así como del
divulgador Manuel Pimentel y su productora Arqueomanía, cuyo programa se
emite por La 2 de TVE, que han rodado un documental de la cueva durante
la presente campaña de excavación.
"Debido al enorme interés internacional suscitado por la antigüedad
del fuego descubierto en 2011 y de la profundidad del sedimento del
Pleistoceno Antiguo final acumulado encima, mantenemos una entusiasta
colaboración con numerosos científicos internacionales y nacionales,
algunos de los cuales han efectuado visitas personalmente, y otros
estudian en sus laboratorios muestras enviadas", según ha señalado el
profesor Michael Walker.
Entre las colaboraciones recientes, destacan
las realizadas por paleontólogos de la Universidad Rovira i Virgili de
Tarragona, el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid o el
Berkeley Geochronology Center de California.
Para la realización de las campañas de excavación que se llevan a
cabo cada verano, la Asociación Murciana para el Estudio de la
Paleoantropología y el Cuaternario (MUPANTQUAT) tiene un convenio de
colaboración con el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Universidad
de Murcia.
La Cueva Negra es idónea para la preparación científica de
alumnos y licenciados, tanto biólogos como arqueólogos y antropólogos.
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