El Sindicato de Estudiantes C-LM llama a tres jornadas de huelga

TOLEDO.- El Sindicato de Estudiantes de Castilla-La Mancha --que asegura que cuenta con cerca de 400 afiliados entre Toledo, Guadalajara y Talavera-- ha llamado a los alumnos a participar en las tres jornadas de huelga que se han convocado la próxima semana para protestar contra los "recortes" en Educación del Gobierno regional y contra el anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa planteado por el Gobierno central, y han advertido de que "puede plantearse de manera indefinida".

   Así lo han indicado en rueda de prensa el secretario general del Sindicato de Estudiantes a nivel regional, Rodrigo Pasero, el secretario de este sindicato en Talavera de la Reina, Juan Antonio Valverde, y la secretaria de este sindicato en Toledo, Sandra Turón.

   El próximo lunes se organizarán jornadas informativas en centros educativos de las tres provincias para concretar los detalles de las tres jornadas de huelga, que tendrán lugar el martes 16, el miércoles 17 y el jueves 18 de octubre. Finalmente, el viernes 19 se evaluará la participación de esta huelga para "así plantear acciones futuras".

   Para esos tres días de huelga, el sindicato ha organizado "piquetes informativos" para el martes en Toledo, Guadalajara y Talavera, y manifestaciones y concentraciones para el miércoles en la Plaza del Ayuntamiento en Toledo, en la Plaza de la Trinidad de Talavera, en la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, en Almansa (Albacete) y en Torrijos (Toledo).

   El jueves harán un llamamiento a toda la comunidad educativa  --profesores, padres y estudiantes-- para que también se manifiesten a las 18.00 horas en la Plaza de la Trinidad en Talavera y en Guadalajara en el Palacio del Infantado.

   En esta línea, han hecho un llamamiento a los sindicatos CCOO, UGT y STE-CLM para que también "participen y muestren su apoyo" en estas tres jornadas de huelga.

   Pasero ha criticado el anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa como "una vuelta a la educación franquista" por la implantación de "reválidas al finalizar 4º ESO y 2º Bachillerato". Además, a su juicio, la implantación de la Formación Profesional Dual "generará que el alumno haga prácticas en beneficio de la empresa y no en beneficio de su formación laboral".

   El secretario regional de este sindicato ha lamentado que con esta ley se "elimine la figura del Consejo de orientadores" y que el Consejo Escolar "pase a ser un órgano meramente consultivo".

   De su lado, Valverde ha señalado que en Talavera se han contabilizado "14 personas sancionadas con multas de entre 500 y 800 euros" por participar en manifestaciones en defensa de la educación pública. "Esto es un ejemplo del aumento de la represión de la Delegación del Gobierno en este año", ha aseverado.

   En concreto, Valverde ha explicado que él mismo está citado a juicio por "negarse supuestamente a enseñar el DNI" en una manifestación en Talavera "cuando es falso ya que sí le enseñé este documento de identidad a la policía" y él pidió a los agentes que "también se identificaran pero no lo hicieron".

   Aunque no han precisado datos concretos en otras provincias, el sindicato estima que "el número de sancionados asciende a una veintena en la región".

La UCLM se opone a eliminar titulaciones y dice que es competencia de la Junta

ALBACETE.- El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado, ha afirmado que los recortes presupuestarios en la UCLM "tienen un límite" y ha insistido en que la institución es contraria a la posibilidad de reordenar titulaciones, apuntada por el consejero de Educación, Marcial Marín, al tiempo que ha defendido el "actual modelo de universidad".

   Collado, que ha insistido en que la necesidad de financiación para la institución ronda los 125 millones de euros, ha dicho que la universidad está haciendo "ajustes en aquellos puntos débiles que tiene que mejorar" y ha puesto de relieve que cualquier actuación sobre el propio modelo de Universidad "corresponde a los representantes de Castilla-La Mancha y no a la Universidad".

    En relación al modelo actual, Collado ha admitido que tiene unas titulaciones que funcionan "bien", aunque "siempre se puede hacer un ajuste puntual", si bien ha reiterado que este modelo "ha funcionado bien y ha atendido la demanda de formación universitaria de la región, generando riqueza e investigación".

   El rector, que ha realizado estas manifestaciones en declaraciones a los medios en Albacete, donde ha acudido a la inauguración del Máster de Ingeniería Industrial, ha recordado que "hace meses" que la universidad ha reducido cargos directivos, retribuciones, y que sigue haciendo "ajustes" en la medida de sus posibilidades, pero sabiendo que "hay un límite".

   "Tenemos un modelo de Universidad que ha funcionado bien, el 30% de crecimiento de Castilla-La Mancha se debe a la universidad, y es un modelo que defendemos", ha insistido el rector.

   En otro orden de cosas y sobre su comparecencia en las Cortes regionales para explicar las necesidades de la UCLM que reclama el PSOE, Miguel Ángel Collado ha confirmado no haber recibido una petición "formal" del Parlamento y que conoce "solo" la petición "directa" del Partido Socialista.

Ibercaja Banco rompe su fusión con Liberbank y Caja3

MADRID.- Ibercaja Banco ha decidido romper su proceso de fusión con Liberbank y Caja3, que se había iniciado a finales del pasado mes de junio, informó la entidad.

   En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ibercaja Banco señala que "ha decidido, con esta fecha, no aprobar la segregación de sus activos y pasivos a favor de Libercaja Banco en los términos previstos en el proyecto común de segregación".

   Ibercaja Banco indicó en un comunicado que ha entendido que las circunstancias sobrevenidas desde esa fecha alteran las condiciones bajo las que se subscribió el acuerdo con Liberbank y Grupo Banco Caja3.

   En esa sucesión de hechos destacan el programa de asistencia financiera a España para la recapitalización del sector bancario, recogido en el Memorando de Entendimiento del Banco Central Europeo, de 20 de julio; el Real Decreto Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, de 31 agosto, que desarrolla dicho Memorando, y los resultados de las pruebas de estrés del sistema financiero español realizadas por Oliver Wyman y hechos públicos el pasado día 28 de septiembre, y en los que se plasmaban las necesidades de capital de la banca española.

   Liberbank, Ibercaja y Cajatres debían cubrir por sus propios medios las necesidades de capital en un escenario muy adverso de hasta 2.108 millones de euros identificadas por la consultora independiente Oliver Wyman.

   La prueba de resistencia encargada por el Gobierno dio unas necesidades de capital superiores (2.203 millones de euros) si se sumaban las que registran cada una de las tres entidades por separado: Liberbank (1.198 millones), Ibercaja (226 millones) y Cajatres (779 millones).

   En los próximos días, Ibercaja Banco comunicará al Banco de España que dichas necesidades de capital van a ser cubiertas en su totalidad individualmente por la entidad, antes del 30 de junio de 2013 y sin ningún tipo de ayuda pública.

   Liberbank ya había aplazado a este mes de octubre la junta general de accionistas que estaba convocada para finales de septiembre para aprobar el proyecto de integración con las dos entidades.

   Según los planes que Liberbank comunicó a finales de agosto, la nueva sociedad fruto de la fusión, con la denominación provisional de 'Libercaja', contaría con un patrimonio de 2.120 millones de euros tras recibir los negocios bancarios de las tres entidades.

   Concretamente, el accionariado de 'Libercaja' quedaría formado por Ibercaja (46,5%), Liberbank (45,5%) y Grupo Caja3 (8%). La entidad que presidiría Amado Franco y que contaría con Manuel Menéndez como consejero delegado tendría un volumen de negocio de 181.000 millones de euros y un volumen de activos de 117.000 millones de euros.

La recentralización del Estado y sus consecuencias

MADRID.- Según el CIS, el 40% de los españoles está a favor de regresar al centralismo y devolver a Madrid las competencias de las autonomías. Pero esto implicaría reformar la Constitución, afectaría a la clase política y obligaría a seguir pagando los sueldos de cerca de medio millón de funcionarios sin tarea, según http://arndigital.com

El Estado autonómico vive sus horas más bajas de los últimos años. Por un lado, su viabilidad está siendo puesta constantemente en duda por los partidarios a favor de la separación de Cataluña o de la implantación de un modelo federal. Por el otro, cada vez están cobrando más fuerza las propuestas de aquellos que exigen lo contrario. Cuatro de cada diez ciudadanos entrevistados por el CIS se muestran favorables a la supresión de las comunidades, o, al menos, a que pierdan alguna de las competencias que les han sido transferidas. El principal argumento que esgrimen los partidarios de la recentralización es que esto supondría un importante ahorro y pondría fin a las duplicidades. Pero, según los expertos, dicho ahorro solo empezaría a notarse tímidamente al cabo de un mínimo de cinco años y, en el corto plazo, supondría duplicidades y serios problemas políticos, jurídicos y de deuda.
La pasada primavera, mucho antes del viraje hacia el soberanismo del Gobierno catalán, la por entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, propuso que se devolviesen al Gobierno central competencias como la Sanidad, la Educación o la Justicia. Tan sólo unos meses después, un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) señalaba que la mayoría de los ciudadanos veía con buenos ojos una recentralización. Algo que, en un momento en que Madrid ha establecido límites de déficit y endeudamiento de las comunidades, y en el que casi todas las regiones con mayor peso en la economía española han acudido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), podría ser visto por algunos como una oportunidad política inmejorable.

Un proceso políticamente imposible…

El problema es que, como señala el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Ramón Punset, “salvo que se trate de llevar a cabo un cambio revolucionario, cualquier intento de suprimir una Comunidad Autónoma requeriría una reforma de la Constitución por la vía agravada del artículo 168”. Y, si lo que se pretende es que el Estado recupere competencias que han sido asumidas por una Comunidad, habría que modificar ineludiblemente su Estatuto, para lo que también sería necesario cambiar la Carta Magna, aunque, quizás, por el procedimiento del artículo 167, mucho más sencillo.

La reforma constitucional sólo podría eludirse en un número de casos muy limitado: en aquellos en los que, como sucede con la policía de tráfico en Cataluña, se haya utilizado una ley orgánica de transferencia o delegación.

Pero, según Punset, la recentralización es “políticamente imposible”. Esto se debería, como explica Juan Aitor Lago, director del Strategic Research Center de la escuela de negocios EAE, a que, si se viesen privados de todas sus competencias, lo más probable es que las instituciones de las comunidades autónomas dejasen de existir, lo que afectaría seriamente a la clase política. Según los expertos, si en España se adoptase un Estado centralista similar al francés, el número de políticos se reduciría de 400.000 a 100.000.

… y complicado para la economía

Éste motivo, el mismo que haría que la clase política española se opusiese en todo momento a una vuelta total al centralismo, es precisamente uno de los más utilizados por sus partidarios. Los otros dos son el ahorro y la supresión de duplicidades entre administraciones. Ahora bien, en el plano económico la recentralización también tendría una serie de consecuencias que no serían precisamente positivas.

Y es que, como señala el catedrático de Economía de la Universidad Complutense Mikel Buesa, “todo puede ser económicamente viable: todo depende de los costes y de los beneficios”. En la actualidad, las competencias que tienen un mayor peso en el gasto público del Estado y de las autonomías son, como se ha venido recordando insistentemente, las relacionadas con la Sanidad y la Educación, ya que la justicia mantiene aún un notable grado de centralización. Se calcula que el gasto público en estas dos materias ascendía en 2009, antes de los últimos recortes, a cerca de 110.000 millones de euros.

Si Madrid recupera la titularidad de estas competencias, el gasto repercutirá en la Administración central, y también quedarán a su cargo los empleados públicos autonómicos que hasta entonces las desempeñaban. Pero, como explica el también profesor de la Complutense Alfonso Utrilla de la Hoz, es muy posible que, en vez de generar ahorro, a corto plazo la vuelta al centralismo produzca más costes, derivados, paradójicamente, de la aparición de nuevas duplicidades.

Nuevas duplicidades

Esas duplicidades estarían causadas, según Juan Aitor Lago, porque, aunque se queden sin tarea, los funcionarios que ocupan puestos administrativos en las autonomías seguirán manteniendo sus plazas fijas de trabajo, y, por lo tanto, cobrando los salarios correspondientes del Gobierno central, aunque no desempeñen ninguna función. Esto se vería de una forma especialmente acusada en la Sanidad y en la Educación, sobre todo en las universidades públicas autonómicas.

En este sentido, otros especialistas añaden que, si bien una recentralización supondría inequívocamente el despido de gran parte del personal laboral, el problema de los funcionarios no tendría solución. Estos mismos analistas indican que, de acuerdo con el último Boletín de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el número de dichos funcionarios –descontando al personal sanitario y los maestros, cuya inserción en un sistema centralizado sería mucho más sencilla– ronda el medio millón de personas.

Pagar más por la deuda

El otro gran problema vendría asociado a la deuda autonómica, que este año ha ascendido a 140.000 millones de euros. De la Hoz apunta que, una vez se hubiesen visto privadas de sus principales competencias, las comunidades seguirían teniendo que hacer frente a sus endeudamientos millonarios, pero podrían muy bien no tener ingresos para ello. Para salvarlas del ahogamiento, los expertos coinciden en que sólo quedaría una solución: que la Administración central hiciese suya dicha deuda. El problema es que, entonces, los elevados intereses de los bonos autonómicos podrían hacer que el Tesoro español tuviera que pagar mucho más para colocarlos en los mercados.

¿Y el ahorro?

El proceso de recentralización sería especialmente complejo y dificultoso, ya que las comunidades podrían oponerse a perder unas competencias que les fueron transferidas a lo largo de quince años. Y además, en una situación de problemas de costes y pagos de los intereses de la deuda, únicamente podría esperarse una reducción de gastos en un plazo mínimo de un lustro. Y todo ello dependería, no obstante, de las condiciones que Alemania impusiese de cara a una posible petición de rescate por parte de España y del modo en que se llevasen a cabo las conocidas como ‘economías de escala’, es decir, conseguir que la actividad de la Administración llegase al mayor número de usuarios al menor coste posible. Lo malo es que, como recuerda Xavier Cuadras, profesor del departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra, en determinados servicios, como la Sanidad, su elevada territorialidad hace muy difícil que estas ‘economías de escala’ puedan tener una gran implantación. Por todo ello, los expertos coinciden en que, en lugar de impulsar un proceso involutivo hacia el centralismo, la opción más adecuada estaría en apostar por la reducción de gastos y la coordinación entre entidades territoriales.

Por qué no quieren a los políticos / José Oneto

La crisis institucional se agrava conforme se complica la situación económica y social del país, según reflejan dos de las más importantes encuestas que se elaboran periódicamente: la del oficial CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) y la que para el periódico “El País”, realiza Metroscopìa.

Los datos de los dos sondeos proporcionan una radiografía bastante aproximada de la grave deriva económica, política, social, constitucional e institucional en la que está el país, hasta el punto que, por ejemplo, en la serie histórica que viene elaborando el CIS, la preocupación por la clase política ha ido en aumento y ha alcanzado su récord, ya que más de la cuarta parte de los españoles creen que los políticos y la denominada clase política, constituyen el tercer problema del país, después del paro y de la situación económica.

Pero es que, además, casi el 89 por ciento está convencido de que la situación económica del país es mala o muy mala, el 67 por ciento que es peor que hace un año, y el 77 % que el año que viene será igual o peor que éste, al tiempo que más del 77 por ciento piensa que la situación política es mala o muy mala, más del 87 por ciento que es igual o peor que el año pasado y el 76 por ciento que el año próximo será igual o peor que hoy.

El cuadro lo completa Metroscopia al señalar que quizás, debido a esa desconfianza en la clase política, se desploma la fidelidad de los ciudadanos a los dos grandes partidos, que se hunden respecto a los resultados de las últimas generales, mientras sus líderes cosechan un gran rechazo. Más el líder de la oposición, Pérez Rubalcaba, ya que el 90 por ciento de los encuestados confían poco o nada en él, frente al 84 por ciento de disconformidad frente a Mariano Rajoy. Dos cifras realmente preocupantes.

De los dos sondeos se deduce que el malestar social que ha provocado la crisis económica y sus devastadores efectos, han terminando dañando a los partidos políticos, a sus dirigentes, a los gobernantes, al sistema democrático, e incluso al modelo de Estado autonómico, al que se acusa de ser uno de los causantes del despilfarro que ha complicado, en alguna medida, la actual crisis, que ha terminado por condicionar el futuro político del país, en tanto hemos ido perdiendo soberanía frente a Europa a la que, para agudizar más la “gran crisis” en la que estamos, se quiere incorporar Cataluña, después de independizarse y escindirse de España, mientras tenemos que cumplir unas durísimas condiciones económicas -endurecidas en caso de un rescate de la Deuda soberana- que nos han conducido, por el momento, a una de las mayores recesiones económicas desde el final de la guerra civil de l936-1939. Aunque el ministro de Economía y Competencia, Luis de Guindos, acaba de asegurar en Luxemburgo, en la reunión del Eurogrupo, que “España no necesita más austeridad”.

Al final, ese gran despilfarro, la falta de un mínimo consenso para hacer frente a una crisis que se puede llevar todo por delante; los numerosos casos de corrupción que hace que, por ejemplo, en el Parlamento valenciano el tercer grupo parlamentario sea el de los “imputados” en numerosos casos de corrupción; que muchos imputados puedan volver a presentarse a las elecciones, como si no hubiese pasado nada; que representantes partidos políticos tengan una gran responsabilidad en el gran escándalo del hundimiento de las Cajas de Ahorros que han tenido que ser rescatadas con el dinero de los ciudadanos; que conocidos los datos de su desprestigio ante la ciudadanía, la única reacción que hayan tenido haya sido en vez de hacer la mínima autocritica, echarse la culpa uno a otro, el PP al PSOE, el PSOE al PP, Carlos Floriano a los gobiernos socialistas y Oscar López al gobierno de Rajoy, explica muy bien esa falta de sensibilidad con lo que realmente está pasando, ese desprestigio que está afectando gravemente al sistema, esa ausencia de liderazgo, en uno de los momentos más graves de nuestra democracia.

http://www.republica.com/2012/10/08/por-que-no-quieren-a-los-politicos_559523/

La compraventa de viviendas repunta tras 17 meses de caídas

MADRID.- La compraventa de viviendas aumentó un 3% en agosto respecto a igual mes de 2011, hasta un total de 27.708 operaciones, de las que el 49,8% se realizaron sobre viviendas de segunda mano y el 50,2% sobre inmuebles nuevos, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   El repunte interanual de las compraventas de vivienda registrado en agosto pone fin a una racha de descensos que ya duraba 17 meses y se debe al empuje de las transacciones de pisos nuevos.

   En concreto, la compraventa de viviendas nuevas subió un 6,2% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar 13.922 operaciones, mientras que la de usadas no registró variación alguna, con 13.786 operaciones.

   La mayor parte de las viviendas transmitidas por compraventa durante el octavo mes del año, en concreto el 90,3%, fueron viviendas libres. En total, la compraventa de este tipo de viviendas aumentó un 7,3%, hasta 25.022 operaciones, en tanto que las operaciones sobre viviendas protegidas sumaron 2.686, con un descenso del 25% respecto a agosto de 2011.

   En tasa intermensual (agosto sobre julio), la compraventa de viviendas se incrementó un 1,2%, frente al repunte del 7,8% que experimentó en julio. En los ocho primeros meses del año, las compraventas de viviendas acumulan un retroceso del 16,3%.

   En agosto, el mayor número de compraventas de viviendas por cada 100.000 habitantes se dio en La Rioja (106), Baleares (101) y Comunidad Valenciana (99).

   El 60,5% de las compraventas de viviendas efectuadas en el octavo mes de 2012 se registraron en Andalucía (5.526 operaciones), Comunidad Valenciana (4.073), Cataluña (3.835) y Madrid (3.343).

   Las comunidades que realizaron un menor número de compraventas de viviendas en agosto fueron Navarra (245 operaciones), La Rioja (273) y Cantabria (393).

   Las regiones donde más se incrementó la compraventa de viviendas en valores interanuales fueron Extremadura (+19,2%), Baleares (+18%) y Castilla-La Mancha (+16,9%), mientras que las que presentaron los mayores retrocesos fueron Cantabria (-16,3%) y Asturias (-12,3%).

   Sumando las fincas rústicas y las urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana), el total de fincas transmitidas en agosto fue de 129.133, con un alza del 6,5% sobre agosto de 2011 y un descenso del 3% respecto al mes anterior.

   Por compraventa se transmitieron un total de 60.643 fincas, un 6,4% más que en agosto de 2011, mientras que 4.842 fincas se transmitieron por donación (+8,5%), 740 por permuta (-28,4%) y 28.917 inmuebles por herencia (+4%).

   En el apartado de compraventa, el 87,2% de las transacciones efectuadas en agosto correspondieron a fincas urbanas y el 12,8% a rústicas. Dentro de las urbanas, el 52,4% fueron compraventas de viviendas.

   Según los datos del INE, el número de compraventas de fincas rústicas aumentó un 2,5% en agosto, hasta las 7.752 operaciones, mientras que el de fincas urbanas repuntó un 7%, hasta las 52.891.

   El número total de fincas transmitidas en agosto por cada 100.000 habitantes fue mayor en Castilla y León (549), Castilla-La Mancha (521) y Aragón (519).

   Las comunidades con mayor tasa de variación interanual fueron Baleares (+28,9%) y Castilla-La Mancha y La Rioja (+28,8% en ambos casos), mientras que los mayores descensos se los anotaron Navarra (-33,1%), País Vasco (-20,5%) y Cantabria (-20,3%).

Las CC.AA. que se acojan al FLA podrán endeudarse

MADRID.- Las comunidades autónomas que se acojan a la línea de financiación directa ICO-CCAA 2012 y al fondo de liquidez autonómico podrán realizar operaciones de endeudamiento a través de certificados de deuda que se sometan a las leyes alemanas, según la disposición general que acaba de publicar el Ministerio de Economía.

   De esta forma, las comunidades autónomas que voluntariamente se adhieran al fondo de liquidez sólo podrán endeudarse a través de distintos instrumentos, entre los que se encuentran los certificados de deuda bajo ley alemana, los conocidos como 'schuldschein', instrumentos híbridos entre préstamos y bonos, que se rigen por el ordenamiento jurídico alemán y con plazos de devolución amplios, de entre diez y quince años.

   Pero las comunidades adheridas al fondo de liquidez no sólo podrán financiarse a través de este instrumento, sino que también podrán realizar operaciones de endeudamiento en valores negociables o no, emitidos mediante emisión pública o privada, en mercados mayoristas o dirigidos al segmento minorista, o bien instrumentos de financiación a corto plazo, préstamos a largo plazo u otros instrumentos que autorice expresamente la Secretaría General del Tesoro.

   Lo que no podrán hacer es acudir a los mercados para realizar operaciones instrumentadas en valores ni operaciones de crédito en el extranjero y, además, el coste total máximo de las operaciones de endeudamiento, incluyendo comisiones y otros gastos, no podrá superar en 250 puntos básicos el rendimiento de la deuda pública del Estado al plazo equivalente.

   En el caso de las operaciones en derivados financieros, Economía prohíbe a las comunidades que se adhieran al fondo de liquidez contratar derivados financieros sin un coste máximo cualquiera que sea el escenario, derivados donde se asuma el riesgo de cualquier índice de precios, derivados que supongan un diferimiento de la carga financiera o derivados contratados a precios fuera de los precios razonables de mercado.

   Asimismo, la realización de derivados financieros exigirá la firma de un contrato estándar por el que se recojan los derechos y obligaciones asociadas a estas operaciones, y se prohíben las cláusulas de resolución anticipada de cualquiera de los instrumentos de financiación como consecuencia de una bajada de la calificación crediticia.

   Igualmente, si las comunidades deciden realizar una emisión en divisa distinta del euro, el riesgo cambiario deberá cubrirse con un contrato de permuta financiera, cuyo coste se incorporará al coste total de la emisión.

   La resolución del Ministerio de Economía indica que con carácter excepcional se podrán autorizar operaciones de endeudamiento que no se ajusten a estas condiciones, siempre que la comunidad autónoma que lo solicite presente una memoria en la que se detallen las circunstancias extraordinarias de mercado y se justifique que la operación no pone en peligro su solvencia financiera.

   Por último, las regiones que se acojan al fondo de liquidez tienen la obligación de comunicar mensualmente las condiciones finales de todas las operaciones de endeudamiento, y dichas comunicaciones se acompañarán de un certificado del interventor general de la comunidad.

La Federación Caza se opone "frontalmente" a la subida de tasas de la Junta

TOLEDO.-   La Federación de Caza de Castilla-La Mancha ha asegurado que se opone "frontalmente" a la aplicación de la subida de tasas que pretende implementar la Junta de Comunidades para los cotos de caza de la región, con la que pretende recaudar 14,6 millones. 

   El presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Juan de Dios García, ha señalado que la federación está totalmente en contra de esta medida que, "no sólo no ha sido consensuada, sino que puede suponer la desaparición de la inmensa mayoría de los cotos de caza que pertenecen o gestionan las distintas sociedades de cazadores de la región".

   Así, ha recordado que estas sociedades de caza están constituidas por cazadores "de poder adquisitivo modesto que, además, realizan una importantísima labor social y ecológica puesto que mantienen estos espacios naturales con unas poblaciones cinegéticas silvestres muy cuidadas y saludables".

   "La imposición de estas tasas sería un problema más añadido a los muchos que tienen estas sociedades modestas, entre los que se encuentran en la actualidad el hecho de que se les hace responsables de daños causados a la agricultura, cuando en muchos casos no se ajustan a la realidad", ha explicado.

   La imposición de esta tasa conllevaría a la desaparición de muchas de estas sociedades de cazadores y cotos que "mantienen con mucho esfuerzo puestos de trabajo en forma de guardería y que podrían perderse de manera irremediable", ha dicho.

   La Federación de Caza de Castilla-La Mancha va a pedir a la Junta de Comunidades que "recapacite y entienda que no todos los cotos de caza de la región son iguales", y que debería "diferenciar entre los que tienen ánimo de lucro y los que no lo son y pertenecen a las sociedades de cazadores".

   Por último, el presidente de la Federación de Caza ha subrayado que el Gobierno regional debería "consensuar" esta subida y le ha recordado que esta institución fue en su día uno de sus mayores impulsores tanto en la matrícula de cotos, como de las licencias de caza, pero siempre de manera moderada y racional.

Marín cree que la UCLM tiene que reordenar titulaciones

TOLEDO.- El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, ha asegurado que, aunque no se va meter "en qué debe cerrar o no" la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), ésta "tiene que hacer" una reordenación de titulaciones, "o lo que considere oportuno", para dar ejemplo a los ciudadanos en época de crisis como ha hecho el Gobierno regional reorganizando empresas públicas o reduciendo altos cargos.

   Así lo ha asegurado Marín a preguntas de los medios sobre el hecho de que el PSOE haya pedido la comparecencia urgente del rector de la UCLM en las Cortes después de que la Junta haya mantenido en los presupuestos de 2013 una subvención de 98 millones de euros a la institución universitaria.

   "La universidad no es una isla aislada para estos esfuerzos y estoy convencido, y así me lo ha trasladado el rector, que los van a hacer también", ha indicado el consejero, que ha añadido que lo que le toca a la Universidad es, en un momento "donde todos estamos haciendo un esfuerzo en época de crisis, poner su granito de arena".

   Sobre el dinero que el Gobierno de María Dolores de Cospedal ha ido dando a la Universidad, Marín ha afirmado que "la prueba del algodón no engaña" y que la Junta ha cerrado 2012 con más de 118 millones inyectados en la institución universitaria.

   Por ello, el consejero ha afirmado que "la apuesta" del Ejecutivo castellano-manchego por la Universidad se define de dos formas: dando presupuestos --más de 118 millones en 2012, ha insistido-- y pagando. "Nosotros hemos pagado ya 173 millones de euros desde hemos entrado y todos los meses hemos garantizado las nóminas", ha añadido.

   Preguntado por el hecho de que la Comunidad de Madrid haya planteado que la educación no obligatoria deje de ser gratuita, el titular de Educación ha señalado que el caso de la comunidad madrileña "no es el mismo ejemplo" que en Castilla-La Mancha.

   En este sentido, ha manifestado que en Castilla-La Mancha se ha ampliado de 3 a 16 años la gratuidad del transporte escolar y se ayuda a que las familias con dificultades puedan acceder a subvenciones para libros de texto o comedores.

Los Presupuestos de la Junta para 2013 podrían estar listos el 21 de diciembre

TOLEDO.- La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha ha calificado este lunes el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2013, de tal forma que las cuentas se puedan aprobar los días 20 y 21 de diciembre, según el calendario provisional que maneja el Parlamento.

   Según ha explicado en rueda de prensa la secretaria primera de la Mesa de las Cortes, Inmaculada López, el propio presidente de la institución, Vicente Tirado ha detallado los plazos previsibles que debe afrontar a partir de ahora el texto.

   López, que ha pedido que estas fechas se acojan "con prudencia", ha manifestado que este miércoles se publicará el Proyecto de Ley y se abrirá un plazo de diez días para la presentación de la enmienda a la totalidad, que concluirá el martes 23 de octubre, a las 18.30 horas.

   Previsiblemente, ha continuado López, el día 8 de noviembre se celebrará el pleno que servirá para debatir esa enmienda a la totalidad y, en ese momento, se abrirá el plazo de presentación de enmiendas parciales, que se extenderá hasta el día 26 de noviembre.

   Entre el 12 y el 19 de noviembre se producirán, según la diputada del PP, las comparecencias del Gobierno para informar de las cuentas y se calificarán las enmiendas parciales, estando previsto que la Comisión que elaborará finalmente el dictamen del Proyecto de Ley se celebre entre el 11 y el 12 de diciembre, de tal forma que el pleno para la aprobación se celebraría los días 20 y 21 de diciembre.

La CECAM "entiende" las medidas que está tomando el Gobierno de Cospedal

TOLEDO.- El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), Ángel Nicolás, ha asegurado que los empresarios de la Comunidad Autónoma "entienden" las medidas que está tomando el Gobierno de María Dolores de Cospedal porque "no tiene más margen de maniobra".

    Así lo ha asegurado Nicolás en declaraciones a los medios, tras la reunión de casi dos horas que ha mantenido con Cospedal, donde ha estado acompañado por el responsable de la comisión gestora de CEOE-CEPYME Ciudad Real, Carlos Marín y los presidentes de las federaciones de empresarios de Albacete, Guadalajara y Cuenca, Artemio Pérez, Agustín de Grandes y Abraham Sarrión, respectivamente.

   "No nos gustan los efectos de estas medidas pero entendemos que no hay más camino y que lo urgente es cortar el déficit para afrontar la inversiones de futuro con más garantía", ha indicado el presidente de los empresarios de la región, quien ha insistido en que "entiende" la situación de Ejecutivo castellano-manchego y que su capacidad de reacción "es muy limitada".

   No obstante, a preguntas de los medios, ha dejado claro que no coincidirá con el Gobierno castellano-manchego en todo aquello que suponga una subida de impuestos o de tasas, porque los empresarios creen que quitando presión fiscal la economía se expande y que si se aumenta se contrae.

   También a preguntas de los medios sobre si han trasladado a la presidenta regional alguna petición concreta, Nicolás no ha especificado ninguna más allá de que han solicitado a Cospedal que la inversión que se genere en la región sea para los empresarios de la Comunidad Autónoma y que vaya en beneficio de los ciudadanos y en la senda de la creación de empleo.

   Ha afirmado que la reunión ha sido "muy amable", "fructífera" y con "mucha sintonía", y ha definido el encuentro como un "ofrecimiento de colaboración mutua" en el que se han tratado diferentes asuntos como el Plan de Inversión y Creación de Empleo, el turismo o el comercio.

   Asimismo, ha afirmado que esta reunión "es un punto y coma" en los encuentros que pretende tener CECAM con el Gobierno regional y ha destacado que por primera vez ha habido representantes de los empresarios de las cinco provincias. "Es un ofrecimiento sin fisuras al Gobierno regional para colaborar en el sostenimiento del empleo", ha añadido.

   Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban,  ha señalado que el encuentro mantenido con los empresarios ha sido "provechoso" y ha agradecido a los representantes de los empresarios de las cinco provincias su disposición, las ideas y la colaboración para desarrollar el Plan de Inversión y Creación de Empleo.

   En este sentido, ha asegurado que tanto la Junta como los empresarios se han emplazado a desarrollar cada una de las cuatro líneas estratégicas de este plan. "Creemos que es importante el valor de la unidad y de desarrollar una estrategia común", ha sentenciado.

   Preguntado por cuál será el camino a seguir después de esta última reunión con los agentes sociales, Esteban, que ha destacado la "voluntad decidida" de todos ellos por colaborar con el Gobierno regional, ha dicho que tendrán lugar reuniones individualizadas con cada uno --algunas de las cuales ya se han sustanciado-- para establecer una metodología de trabajo.

   Finalmente, preguntado por cuándo espera que el Plan de Inversión y Creación de Empleo genere puestos de trabajo, el consejero portavoz ha dicho que le "encantaría" que fuera "cuanto antes", afirmando que, aunque hay muchas cosas por resolver, los últimos datos del paro o la afiliación a la Seguridad Social comienzan a ser "positivos".

AENA defiende que las tasas aéreas son las "más competitivas" de Europa a pesar de la subida del 7,5% en 2013

MADRID.- El presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), José Manuel Vargas, defendió este lunes que a pesar de la subida prevista de entorno al 7,5% de las tasas aeroportuarias en 2013, seguirán siendo "las más competitivas del continente" y "más baratas que la media europea", y recordó que se establecerán "estrictamente cumpliendo la ley".

   Durante su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, el presidente de AENA, José Manuel Vargas, señaló que la situación era "insostenible desde el punto de vista empresarial", por lo que se procederá a una subida de las tarifas aeroportuarias del 7,5%, a pesar de que "permite recuperar solo el 76%" de los costes.

   Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013 recogen un incremento de cinco puntos por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente al mes de octubre de 2012, lo que según Vargas supondría aproximadamente un ascenso del 7,5% en las tarifas.

   Vargas indicó además que la "capacidad de subir tasas está limitada por la ley" y espetó al diputado socialista, Rafael Simancas, que "si se quería que no se subiesen las tasas, que no se hubiesen hecho las inversiones o que no se hubiese hecho la ley".

   No obstante, el presidente de la entidad pública empresarial destacó que con la subida del 2% en la tasa de ruta, la congelación "absoluta" de la tarifa de aproximación, así como las bonificaciones que las aerolíneas recibirán por la apertura de rutas a nuevos destinos, el impacto por asiento será de 0,84 euros y la subida media general será del 6%.

   En este sentido, subrayó que las compañías aéreas obtendrán una deducción del 50% en el primer año y del 25% en el segundo al iniciar rutas a nuevos destinos, y los "incentivos por estacionalidad", en referencia a la bonificación del 20% en las cuantías unitarias de las prestaciones públicas por salida de pasajeros y seguridad en los aeropuertos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla  durante los meses de la temporada de menor tráfico.

   Asimismo, el presidente de AENA dijo haber tenido noticias de que las bonificaciones por nuevas rutas han sido "muy bien recibidas" por el sector y pidió a las aerolíneas un "esfuerzo significativo" en aras de "equilibrar el volumen existente y las bonificaciones", además de abogar por aumentar el "diálogo" con las mismas. "Estaremos abiertos a negociar muchas más cosas", aseveró Vargas.

C-LM insiste en que la adhesión al FLA no supondrá nuevas condiciones fiscales

TOLEDO.- El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, ha insistido en que la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) no supondrá nuevas condiciones fiscales.

   El consejero ha reaccionado de esta manera al ser preguntado por la información que publica el diario 'La Tribuna' asegurando que la adhesión a este fondo conllevará la obligatoriedad de racionalizar el gasto e incrementar el ahorro en materia sanitaria, educación, recursos humanos, gasto corriente y gestión administrativa, entre otros capítulos.

   "No hay nuevas condiciones fiscales", ha recalcado Romaní, quien ha afirmado que "una de las condiciones es participar en un grupo de trabajo que se va a dedicar a analizar buenas prácticas en materia de racionalización del gasto", en educación, sanidad, gestión administrativa, recursos humanos o gasto corriente.

   Además, ha destacado que la condición fiscal "fundamental" es el cumplimiento del objetivo de déficit, fijado en el 1,5 por ciento este año y en 0,7 para 2013.

   Romaní ha hecho estas declaraciones durante su visita a la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) que estos días se celebra en la ciudad de Toledo.

ATA denunciará a las administraciones que se retrasen en pago a proveedores

MADRID.- La Federación de Autónomos (ATA) ha anunciado que denunciará a las administraciones públicas que se retrasen más de 30 días en los pagos a proveedores a partir del próximo 20 de marzo, día en que entra en vigor la directiva europea de morosidad, que obliga a los entes públicos a pagar sus facturas en ese periodo de tiempo.

   Durante la presentación del 'Barómetro sobre la situación de los autónomos y expectativas 2012', realizado por el Observatorio del Trabajo Autónomo, el presidente de la federación, Lorenzo Amor, ha afirmado que la asociación denunciará los posibles impagos, "pues si un autónomo se retrasa 24 horas con el pago de las cotizaciones sociales, le recargan un 20%, y si los demás se retrasan, no pasa nada".

   Según Amor, hay una "diferente vara de medir" para los trabajadores por cuenta propia y el resto de empresas y corporaciones, "y eso es algo inasumible".

   El barómetro revela que cinco de cada diez autónomos (55,3%) tarda más de seis meses en cobrar sus facturas. De entre ellos, el 24,1% tiene que esperar más de 361 días, "es decir, más de un año". Solo uno de cada diez trabajadores por cuenta propia espera un plazo de entre 60 y 90 días para poder cobrar.

   A pesar de que para el presidente de ATA el Plan de Pago a Proveedores que entró en vigor el pasado mes de junio "es una de las medidas más importantes que se han tomado desde el inicio de la crisis", la morosidad sigue creciendo. En concreto, el colectivo cifra en más de 5.000 millones de euros la cantidad que ya se le adeuda.

   "No entiendo por qué una Administración tarda de media 160 días en pagar sus facturas y que a un autónomo se le penalice por retrasarse un solo día", ha insistido Amor, quien ha destacado que País Vasco, Navarra, La Rioja y Galicia cumplen la ley de morosidad, "y si estas comunidades pueden, el resto también".

   "Ya está bien de cargar sobre los ciudadanos los problemas de gestión de otros", ha clamado el presidente de ATA, quien ha asegurado que la federación va a ejercer su derecho a denunciar, "tal y como le ha animado el comisario europeo de Industria y Emprendedores, Antonio Tajani".

   Casi nueve de cada diez de los encuestados (89,7%) por el Observatorio del Trabajo Autónomo no ve posible contratar nuevos trabajadores en lo que queda de año. El motivo principal para casi la mitad (45,6%) reside en la caída de la actividad.

   Además, el 87,3% de los emprendedores tiene la sensación de que el paro seguirá aumentando en 2012, frente a un 5,4% que cree que las cifras de desempleo se empezarán a reducir este año.

   El presidente de ATA ha resaltado que el pesimismo ha crecido entre los autónomos desde el último barómetro del mes de mayo, "ya que la situación sigue siendo bastante compleja". De hecho, tres de cada cuatro trabajadores (77,6%) manifiesta que la actividad económica de su negocio es negativa y un 65,9% cree que la situación irá a peor.

   En cuanto a la financiación, "otro de los principales problemas del colectivo", el 61,4% reconoce necesitar financiación para su negocio, mientras que el 30,9% no ve necesario apoyo financiero. Sin embargo, de los autónomos que admite necesitar esa ayuda de los bancos, el 65,5% no se ha dirigido a las entidades financieras para solicitar liquidez.

   De los que sí lo han hecho (33,8%), a casi la mitad (46,4%) le han denegado la financiación, al 23,5% sí se la han concedido, pero por un importe inferior al solicitado, y únicamente el 27,6% "la ha obtenido sin cortapisas".

   "A pesar de todo y conscientes de la difícil situación por la que atraviesa la economía, la mayoría (60,2%) del colectivo ha decidido no repercutir el aumento del IVA en sus productos y servicios", ha aseverado el presidente de ATA, quien ha especificado que el 42,6% ha asegurado que no lo hará nunca, mientras que el 17,6% lo hará a partir del 1 de enero de 2013.

   Para siete de cada diez autónomos (71,5%), las subidas del IVA y del IRPF "no son las medidas más indicadas para salir de la recesión". No obstante, la reforma laboral está vista "con muy buenos ojos" por el colectivo, ya que el 78,6% la apoya.

   Asimismo, la reducción de las cotizaciones a las nuevas altas de familiares colaboradores es la segunda medida mejor valorada, con un 68% de aceptación entre el colectivo.

   Sin embargo, Lorenzo Amor ha advertido de que "seguir apretando la llave de la economía, que son los autónomos, asfixiará más a este país". El presidente de la federación ha subrayado que el colectivo no pide que le regalen nada, "sino que no le pongan trabas a la hora de generar empleo".

Fomento lleva a los tribunales las expropiaciones de las autopistas en quiebra

MADRID.- El Ministerio de Fomento está planteando en los tribunales los sobrecostes que supusieron las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron las autopistas de peaje que actualmente afrontan problemas financieros o se han declarado en quiebra.

   "Estamos acudiendo a los tribunales y planteando declaraciones de lesividad", indicó el secretario general de Infraestructuras, Gonzalo Ferre, quien apuntó que algunas de estas expropiaciones se pagaron a importes "hasta veinte o treinta veces" superiores a los estimados.

   El secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, ya indicó el pasado viernes que Fomento trabaja en los procesos aún abiertos en los tribunales sobre los justiprecios de algunas de estas expropiaciones, para que se basen en otros argumentos jurídicos y no generen importes tan altos para las concesionarias.

   Catalá también indicó que el Ministerio está investigando las cuantías que se pidieron por estas expropiaciones, al estimar que en muchos casos fueron "desorbitadas", por si pudieran ser susceptibles de ser declaradas "lesivas o abusivas".

   Los sobrecostes que una decena de concesionarias de autopistas pagaron por las expropiaciones de los terrenos sobre las que se construyeron constituye, junto a la caída de los tráficos por la crisis, uno de los factores del riesgo de quiebra que actualmente afrontan.

   Durante su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso, el secretario general de Infraestructuras indicó que el Ministerio también trabaja en diseñar medidas adicionales para ayudar a estas vías de pago a afrontar su "complicada situación", tras constatar que las ya articuladas "no serán suficientes".

   "Somos conscientes de la complicada situación económica que actualmente atraviesan las autopistas radiales y otras sociedades concesionarias, y por ello le venimos aplicando una medicina, pero también somos conscientes de que esta medicina no será suficiente", indicó Ferre en referencia a la articulación las cuentas de compensación que ofrece a estas vías para que amortigüen la caída de los tráficos y a la línea de préstamos participativo para que hagan frente a las expropiaciones.

   "Por ello, trabajamos en determinar otras medidas para solucionar este problema", añadió, para después admitir que "hace unos meses" desde el Ministerio pensaban que "se iba a dar solución a este problema de una forma más rápida".

   Por el momento, según recordó Ferre, los presupuestos de Fomento para 2013 contemplan una partida de 200 millones de euros para conceder préstamos participativos a estas vías.

   En la actualidad, cuatro de las nueve autopistas con problemas ya han solicitado acogerse a procesos concursales. La Madrid-Toledo y la R-4 Madrid-Ocaña han solicitado el concurso, y la Cartagena-Vera y las radiales de Madrid R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, el preconcurso.

   Las cuatro sociedades concesionarias de estas vías, participadas por grandes constructoras y entidades financieras, suman un pasivo de 2.171 millones de euros y realizaron una inversión para la construcción y puesta en marcha de las autopistas de 3.338 millones de euros.

Según Beteta, las CCAA aumentaron sus funcionarios en casi 9.600 personas este año

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado este lunes que las comunidades autónomas han aumentado sus plantillas a lo largo de 2012 en casi 9.600 personas, mientras el Estado y los ayuntamientos reducían el número de sus trabajadores.

   Así lo ha explicado durante su intervención ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre las cuentas de su departamento previstas para 2013, que una vez más son "austeros por necesidad y por la convicción de que la salida de la crisis pasa inevitablemente por la reducción del déficit público y el cumplimiento de los objetivos comprometidos".

   Por eso, la tasa de reposición se fijó en cero de forma general para este ejercicio --con excepciones en algunos departamentos, donde se aceptó un 10% máximo--. Pese a esta medida, "el empleo público sigue creciendo en las administraciones públicas", que actualmente suman 2.685.837 empleados.

   De hecho, entre enero de 2011 y enero de 2012 la plantilla pública se incrementó un 0,09% (+2.467 trabajadores) como consecuencia del incremento en 9.598 personas (+0,72%) de las plantillas autonómicas. Frente a ese comportamiento, se ha reducido tanto el número de trabajadores de la Administración General del Estado (-11.000 trabajadores, -1,85%) como de las haciendas locales (-50.000 personas, -7,76%).

   En 2013, la tasa de reposición se mantiene congelada en el 0% excepto para algunos servicios como la Acción Exterior del Estado, la Seguridad Social, la Intervención General o la Agencia Tributaria (AEAT).

   En este contexto se enmarcan las medidas adoptadas, que "duelen" y que "no se hubieran tomado si hubiera habido alternativa", según ha dicho Beteta, citando decisiones como la asignación de los recursos, la congelación de las ofertas de empleo público, la congelación de los salarios, la postergación de la paga extraordinaria de Navidad o los cambios en la negociación colectiva.

   "En julio tomamos medidas no sólo para ahorrar, sino también para racionalizar el empleo público equiparándolo con el resto de trabajadores en esas condiciones de forma general", ha explicado, reclamando a renglón seguido el "máximo apoyo de los empleados públicos" para poder lograr los objetivos de 2013.

   En cualquier caso, Beteta ha apuntado que, tras el "esfuerzo" que ya se ha exigido al colectivo de empleados públicos este año, en 2013 se "garantizan las pagas extraordinarias", aunque sus sueldos se vuelven a congelar.

   De esta manera, el gasto en personal activo cae un 3,8%, si bien el dato queda en un +1,2% si se tiene en cuenta el aumento del 8,9% previsto en las clases pasivas.

   Por último, Beteta ha afirmado que estas constricciones presupuestarias no son óbice para que el objetivo fundamental de su departamento sea la "modernización" de la función pública a través fundamentalmente de dos reformas en las que ya trabaja el Gobierno: la Ley de la Función Pública y el Estatuto del Directivo Público.

   "Estos proyectos de ley engarzarán con un futuro modelo más dinámico, sin descuidar el acerbo acumulado y que cerrarán el círculo del marco jurídico para la función pública. Y procuraremos que sean fruto del consenso parlamentario y sindical", ha afirmado.

   Por último, el secretario de Estado ha recordado que "el futuro se está escribiendo ahora" y que "el compromiso con la reducción (del gasto) y la modernización, las menores cargas administrativas y el incremento de la administración electrónica son imprescindibles para este objetivo". "Necesitamos volver a creer en nosotros y en nuestras posibilidades. Podemos vencer a la crisis y lo vamos a hacer", ha zanjado Beteta.

Cuatro de cada diez españoles apuestan por revertir el Estado autonómico

MADRID.- Cuatro de cada diez españoles son partidarios de revertir el Estado autonómico, bien suprimiendo directamente las comunidades autónomas o reduciendo su nivel de autonomía, según revela el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de septiembre hecho público este lunes. 

   La encuesta se basa en 2.472 entrevistas realizadas en 236 municipios de 47 provincias entre los días 3 y 11 de septiembre, en vísperas de la manifestación soberanista de la Diada de Cataluña.

   El CIS ha incluido en este estudio una pregunta específica sobre el modelo de Estado que pone de manifiesto que casi el 30 por ciento de los entrevistados considera que no deberían introducirse cambios en el sistema autonómico.

   Pero también recoge que el 24,5 por ciento de los españoles defiende "un único Gobierno central sin autonomías" y que, además,  hay un 14,5 por ciento que apuesta por que las comunidades "tengan menor autonomía que en la actualidad".

   En el otro extremo se sitúa un 18 por ciento de los entrevistados. Estos se reparten casi a partes iguales entre el 9,1 por ciento que plantea la conveniencia de dotar de mayor autonomía a los distintos territorios y el 8,9 por ciento que reivindica un Estado en el que se reconozca a las comunidades autónomas la "posibilidad de convertirse en Estados independientes".

Miles de personas se manifiestan en C-LM contra recortes sociales

TOLEDO.- Miles de personas (15.000 según sindicatos y 5.400 según la Delegación del Gobierno) se han manifestado este domingo en las cinco capitales de Castilla-La Mancha convocadas por la Cumbre Social bajo el lema 'Más Paro, más recortes, menos prestaciones sociales. Hay que impedirlo'. 

   En Toledo, donde han salido a la calle 3.500 personas según sindicatos y 1.400 según la Delegación del Gobierno, se han podido leer pancartas con insignias como 'No es una crisis, es una estafa' o 'No a la impunidad de políticos y banqueros', y cánticos como 'Cospedal, divina, trabaja de interina'.

   Al inicio de la marcha, que ha partido de la plaza de Toros a las 12.20 horas y ha culminado en la plaza de Zocodover, el secretario general de CCOO en la provincia, Jesús García Villaraco, ha manifestado que las organizaciones sindicales y sociales pedirán un referéndum, y en caso de no tener respuesta "se está valorando la opción de ir a una huelga general".

   El líder sindical ha exigido a la Unión Europea para que "relaje la presión" a España, y ha asegurado que la deuda española "es la más pequeña de Europa", solo que "hay mucha presión de intereses mientras en otros países no".

   Por su parte, su homólogo en Toledo de UGT, Rubén Martín, ha subrayado que el Gobierno de Zapatero "ya empezó a poner palos en las ruedas con su reforma laboral" y "puso las bases para que la reforma de Rajoy haya agravado mucho más la situación de asfixia social y laboral de la población".

   En la capital albaceteña, donde se han concentrado 6.000 personas según sindicatos y 2.300 según la Delegación del Gobierno, la marcha ha recorrido las calles desde la Subdelegación del Gobierno hasta la Plaza del Altozano.

   En ella, la presidenta del PSOE en la región, Matilde Valentín, ha manifestado que los socialistas están "como siempre en la calle" porque la sociedad está "decepcionada con Cospedal y Rajoy".

 "Son incapaces de dar respuesta ni esperanza de cara al futuro". A su juicio, los gobiernos de Rajoy y Cospedal "no pueden seguir cargando la crisis a los mayores, a los empleados públicos y a los dependientes, siempre a la misma gente".

   Valentín ha abogado por crear un impuesto a los bancos, "los responsables de la crisis", o un nuevo gravamen para grandes fortunas o empresas "contaminantes". "Hay alternativas para solventar una crisis que la cargan personas que no la han creado. Basta ya de recortes y de cargar a los más necesitados las consecuencias", ha dicho.

   Por su parte, en Ciudad Real se han manifestado 2.000 personas según los organizadores y 700 según la Delegación del Gobierno desde la estación de autobuses hasta la Plaza Mayor, donde se ha podido escuchar el 'Canto al a libertad' de José Antonio Labordeta entonado por los manifestantes. En la marcha, el secretario regional de CCOO, José Luis Gil, ha reivindicado como "un derecho democrático" que la gente se manifieste en la calle contra la política del Gobierno.

   Para Gil, esta manifestación es también la constatación de que la ciudadanía "está perdiendo el miedo y muestra su hartazgo ante una situación que se degrada día a día y ante un Gobierno que no escucha y que no dialoga".

   Por último, en Guadalajara, 1.500 personas según sindicatos --700 según la Delegación-- han marchado desde el Palacio del Infantado hasta la Subdelegación del Gobierno, mientras que en la capital conquense han sido un millar de personas las que han salido a la calle según la organización y 300 según la Delegación, en una protesta que ha partido de la estación de ferrocarril hasta la calle Juan Correcher, frente a la Subdelegación del Gobierno.

María Mora, de IU nueva, alcaldesa de Ossa de Montiel

ALBACETE.- En el pleno extraordinario celebrado en Ossa de Montiel se ha llevado a cabo la moción de censura presentada por los grupos IU y PSOE contra el equipo de Gobierno del exalcalde José Nemesio Tello, del Partido Popular, tras la que María Mora Oliver se ha erigido como nueva primer edil del municipio. 

   Según ha informado IU en nota de prensa, de esta manera "se pone fin a un año de nefasto gobierno del PP y que ha dejado en una difícil situación al Ayuntamiento", ya que el anterior gobierno "se caracterizaba por una deficiente gestión y falta de participación y diálogo, a la que se ha sumado una actitud de falta de respeto a los concejales y a más de la mitad de los ciudadanos de Ossa de Montiel".

   En dicho pleno, ha prometido su cargo María Mora por un periodo de año y medio, y será sustituida, por igual periodo, por la socialista Luisa Clemot Martínez, para acabar la legislatura.

   Según la nueva alcaldesa, con este hecho se abre "una nueva vía de esperanza para los ciudadanos en estos tiempos de crisis", y ha dejado claro que los valores del partido son "el trabajo, la trasparencia y la participación de toda la ciudadanía".

   En el mismo acto, María Mora ha agradecido la asistencia a los sindicatos, organizaciones y medios de comunicación, y especialmente ha mostrado agradecimientos a Simón Royo "por su empeño para la instalación de la fábrica de biomasa en la localidad" y a José Moreno "por su éxito en el equipo de ciclismo de Ossa".

   "Es imprescindible mencionar el hecho de que ningún miembro del grupo Popular asistió al pleno, cosa que lamentamos desde IU, por considerar que responde a un acto de falta de democracia y respeto hacia los vecinos de la localidad y a la institución en sí", ha sentenciado.

Agricultura abona 387.000 euros en ayudas de Pago Único

TOLEDO.- La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ha procedido al pago de 387.144 euros en ayudas de Pago Único de la Política Agraria Común (PAC), correspondientes al año 2009 y que el anterior Gobierno socialista dejó sin abonar.

   El número de beneficiarios asciende a 736 productores. Por provincias, 249 son de Ciudad Real (209.742 euros); 242 de Toledo (82.985,82 euros); 150 de Cuenca (62.004 euros); 88 de Albacete (28.892 euros); y 7 de Guadalajara (2.519 euros), ha informado la Junta en nota de prensa.

   El Pago Único es una ayuda europea que se asigna a los agricultores y ganaderos independientemente de su producción. Para percibirla los productores deben simplemente tener activados los derechos para su cobro.

   Este nuevo pago es un ejemplo de que la Consejería de Agricultura mantiene su compromiso de abonar las ayudas atrasadas que el anterior Gobierno dejó a deber a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.